Una nueva oleada de privatizaciones

María del Pilar Barceló - ATTAC Mallorca

Recién finalizadas las jornadas del III Foro Social de Mallorca dedicado a la defensa de los servicios públicos, nos topamos con las declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien en la clausura de unas jornadas organizadas por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha propuesto para España una Agenda Nacional de Reformas que incluye, entre otros, el recorte del gasto público, una “nueva oleada de privatizaciones de empresas públicas, sobre todo de ámbito local y autonómico”, la reforma laboral y la reapertura del debate sobre la energía nuclear . Con ello está siendo coherente con su propia historia ya que la privatización de las empresas publicas es una de las políticas que él aplico durante su mandato.

En realidad Aznar lleva años identificando el discurso del Partido Popular con el más puro neoliberalismo, la propuesta económica que considera contraproducente la intervención del Estado en materia social o en la economía y defiende el libre mercado capitalista como el mejor sistema para garantizar el crecimiento económico de un país, o lo que es lo mismo, “la creencia de que los mercados libres son instrumentos más eficientes que la política pública en la asignación de los recursos productivos de una economía”

En aplicación de esta doctrina el primer Gobierno de Aznar inició el desmantelamiento de la actividad económica del Estado mediante la privatización del sector público empresarial y la eliminación de la situación de monopolio en que operaban algunas de estas empresas (Viajes Marsans, Seat, Campsa, Transmediterránea, Gesa, Endesa, Repsol, Gas Natural, Telefónica, Argentaria…). Ahora que el sector público empresarial ha quedado reducido a mínimos se han de buscar nuevas áreas de negocio y el objetivo claro son las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en las cuales durante estos años (1985-2000) no sólo no se produjeron privatizaciones relevantes sino que se incrementaron notablemente las empresas públicas constituidas para gestionar las competencias que las Comunidades han ido asumiendo.

Así el XIV Congreso Regional del PP Madrid propone “el desafío de impulsar una tercera ola de modernización del sector público” abriendo la gestión de los servicios de titularidad pública a la competencia, fundamentalmente en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Educación, sanidad y atención a las personas dependientes se señalan como los objetivos prioritarios, ya que “baste señalar que el peso de la Sanidad y de la Educación sobre la economía es incluso superior al que hace una década tenían los monopolios de las empresas públicas en los sectores de las telecomunicaciones, la energía o el transporte aéreo”. Como indica George Lakoff, el lenguaje acaba dejando traslucir el marco conceptual que hay detrás, y aunque empiezan hablando de eficiencia en realidad lo que les obnubila es el volumen potencial de negocio, el peso económico de los sectores que pretenden privatizar. En la misma línea se sitúan las recientes declaraciones de Aznar, sobre la necesidad de una “nueva oleada de privatizaciones de empresas públicas, sobre todo de ámbito local y autonómico”.

Es evidente que este discurso privatizador no es de ahora, sino anterior a la crisis, y por tanto apelar a la necesidad de esta política por la actual situación económica de crisis constituye una mera excusa para pone sobre la mesa, una vez más, las propuestas neoliberales de privatización que nunca han dejado de aflorar.

Las privatizaciones que se avecinan ya no se ajustan a la mecánica tradicional de transferir pura y llanamente la propiedad de las empresas públicas al sector privado, sino que ahora en nombre de una mayor eficacia se propone la instauración de un nuevo modelo de regulación de la titularidad y gestión de los servicios públicos mediante diversos mecanismos jurídicos: la constitución de entidades públicas sometidas al Derecho privado, el desglose de la gestión de determinadas actividades o áreas de negocio, o la fijación de objetivos financieros anuales para cada unidad de negocio en base a principios de autofinanciación.

Sin embargo la evidencia empírica es que la privatización puede traducirse eventualmente en un costo económico menor de los servicios, pero ineludiblemente a costa de reducir la extensión y la calidad de los que se prestan. En expresión tradicional, nadie da duros a cuatro pesetas, y el servicio que se ofrece por cuatro pesetas no tiene la misma calidad que el que vale un duro. Se ahorra en personal, en condiciones laborales adecuadas, en medios necesarios para la prestación del servicio, en el listado de servicios que se proporcionan, y al final es el usuario quien paga los platos rotos.Por ello y tras la reflexión que nos ha permitido efectuar el III Foro Social de Mallorca, sería bueno que las organizaciones y movimientos sociales que en él hemos participado constituyéramos una Plataforma o Coordinadora de defensa de los servicios públicos, permanentemente amenazados por la pandemia neoliberal.