ATTAC ACORDEM
La ineludible responsabilidad política y técnica de regular y controlar los mercados financieros ha sido demanda recurrente de prestigiosos economistas desde hace un siglo y de los movimientos sociales por la justicia económica desde más de dos décadas, dado los grandes riesgos para la economía y las sociedades de unos mercados financieros desbocados.
El Crash de 1929, que dio paso a la Gran Depresión, tuvo su origen en la falta de regulación en Wall Street, donde se dejó a los inversores operar apalancados crediticiamente hasta un 90%. En 1936 J.M.Keynes asegura que la absoluta falta de regulación en la Bolsa de New York permitió la voracidad especulativa y el Crash y dice que las transacciones especulativas, en beneficio público, han de resultar inaccesibles y caras. Propone entonces un impuesto a las transacciones financieras, que tendría un efecto estabilizador sobre los precios de los activos financieros y mejoraría el crecimiento económico y el empleo.
Las regulaciones de Bretton Woods en 1944 suponen, entre otras, medidas para el control de capitales y un nuevo patrón monetario, se establece el sistema de paridad dólar – oro (35 dólares por onza) manteniéndose fijos los tipos de cambio del dólar con respecto al resto de monedas. Pero a finales de los años 60 EE.UU tuvo que sufragar gastos extraordinarios, entre ellos la Guerra de Vietnam y el Gobierno de Richard Nixon abole la paridad en 1971. Básicamente con ello lo que EE.UU hace es dejar de pagar su deuda imprimiendo dólares sin ningún tipo de cortapisas y sin relación con sus reservas de oro. La pérdida de convertibilidad dólar-oro supone, entre otras cosas, fluctuaciones imprevisibles en los tipos de cambio, inestabilidad de las monedas y campo libre a la especulación.
Los inversores ven una oportunidad en las posibilidades de la industria financiera que se inicia y tienen necesidad de diversificar los riesgos que asumen “no meter todos los huevos en la misma cesta”, consecuentemente se han de liberalizar los mercados para pasar libremente de unos activos a otros. Para ello se promueve a nivel internacional durante los 70 y 80 la liberalización de los mercados de capital y de cambio, a ello contribuyen en la OCDE, el FMI y el BM. Esto da alas a una economía especulativa que cambia la naturaleza del mercado, ya que se impone el motivo especulativo. Attac sitúa el inicio del proceso de globalización financiera en la pérdida de paridad dólar-oro junto a la libertad de circulación de capitales.
En 1972, el economista James Tobin, al observar el espectacular crecimiento de la especulación con monedas (divisas) desde la pérdida de paridad, propone grabar con un impuesto de 0’5% los intercambios de divisas en muy corto tiempo, aquellos que no tenían por objeto la inversión productiva, sino la especulación con las monedas, dice que hay que “introducir un grano de arena” en los engranajes excesivamente lubricados de las finanzas internacionales. Coincide con Keynes en que la excesiva movilidad de capitales socava la acción de los gobiernos impidiéndoles seguir políticas autónomas y soberanas, los estados perdían soberanía económica con la especulación ya que la explosión consecuente en los mercados de cambio conlleva una excesiva liquidez y una desconexión con la economía real. Cree que hay que reactivar la capacidad de los bancos centrales para intervenir de forma efectiva en los mercados de divisas. La llamada a partir de entonces Tasa Tobin habría de contribuir a ello, si bien Tobin no se opone a la liberalización de capitales, sino que trata de combatir su efecto más perverso: La especulación cortoplacista. El impuesto habría de recaudarse a nivel mundial, al menos en todos los centros financieros importantes, lo recaudado iría a un fondo central controlado por una institución internacional. En este punto hay que reseñar que en la actualidad hay varios refugios fiscales opacos (centros offshore) entre los mayores centros financieros.
Años después, episodios, como el crash de las bolsas internacionales de octubre de 1987, la crisis del Sistema Monetario Europeo de 1992 y 1993, la del peso mexicano de finales de 1994 o la crisis de los mercados asiáticos de 1998, cuestionaban el aparente consenso que existía sobre el proceso de liberalización financiera, y relanzaron el debate sobre la conveniencia de limitar los movimientos de capital especulativo a corto plazo.
El ITC ( Impuesto a las transacciones cambiarias) es el impuesto que ATTAC promueve y defiende a partir de 1998, durante años su tasación a las transacciones financieras se concretó en los mercados de divisas que constituía el mayor mercado especulativo, entonces 1500 millardos $ cita Ignacio Ramonet y dice “El desarme del poder financiero debe convertirse en un objetivo de interés cívico de primera magnitud, si se quiere evitar que el mundo del próximo siglo se transforme en una jungla donde los predadores impongan su ley” así ha pasado ante la falta de impuestos a la especulación financiera. Más adelante, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, ATTAC amplía la necesidad de este impuesto a todo tipo de transacciones financieras especulativas, mediante un ITF – Impuesto a las transacciones financieras, que tendría dos objetivos: 1.- Disuadir, en lo posible, la especulación cortoplacista con todo tipo de activos y 2.- Generar un fondo para ayuda al desarrollo, preservación de la biosfera y de los bienes comunes de la humanidad.
La movilización social y política en la comunidad internacional por el ITF tiene un tope en 2004. El signo del impuesto se desplaza entonces desde un sentido fundamentalmente disuasor de los movimientos cortoplacistas a un sentido más de base recaudatoria. La Cumbre de la Alianza contra el Hambre (New York 2004) hace un llamamiento a la comunidad internacional a conseguir fuentes de financiación contra el hambre y la pobreza. Emerge toda una red de instituciones, movimientos y ONGs que promueven la necesidad de conseguir nuevas fuentes de financiación contra la pobreza. Este movimiento acaba liderándolo Oxfam Intermon con su Taxa Robin Hood cuyo objetivo fundamental no pretende ya controlar los mercados financieros, aunque la evolución del impuesto haya caminado colateralmente al del ITF hasta llegar a fusionarse en la actualidad en un ITF común que, en parte, ha encontrado eco en las instituciones de la Unión Europea.
Ante el boicot activo de EE.UU (Wall Street) y otros estados a nivel internacional a promover de un ITF global, actores políticos y de la sociedad civil en Europa promueven la posibilidad de un ITF en la Unión Europea, dado el importante volumen financiero negociado. Redes como ENOFAD (European network on Finance and Developmen) o Regulate Global Finance NOW! en la UE o ITF YA! En España trabajan haciendo presión ciudadana e institucional y en 2010 es ampliamente aprobado en el Europarlamento un informe colectivo presentado por Ani Podimata y que pide a la Comisión establecer un ITF en la UE. El resultado de esta iniciativa no se hace esperar, en septiembre de 2011 se inicia el proceso para la implementación de la propuesta de directiva 2011/0261 de la Comisión Europea sobre un ITF común en la UE.
La directiva 2011/0261 plantea un impuesto internacional que todos los sistemas tributarios de la UE habrán de aplicar a sus finanzas, para garantizar el buen funcionamiento del mercado financiero interior, limitar los comportamientos indeseables del mercado y promover así la estabilidad financiera. La imposición tendrá lugar en el Estado miembro en cuyo territorio esté establecida la entidad financiera operante y se establece la armonización del impuesto en la UE, cuya base impositiva se centra en transacciones en el mercado de capitales y monetario (excluyendo instrumentos de pago), participaciones o acciones en organismos de inversión colectiva y productos derivados en general. Quedarían excluidas de este ITF las operaciones de divisas en los mercados Spot al contado, ya que según la Comisión se obstaculizaría la libre circulación de capitales. Los tipos mínimos impositivos serían del 0’1%, excepto en el caso de productos derivados que sería del 0’01%, dejando a los estados pequeñas modificaciones.
Desde su anuncio, la presión contraria de EE.UU, dado el liderazgo y preeminencia de sus entidades financieras en el sistema financiero internacional y la oposición de los lobbies financieros mundiales a un impuesto de este tipo fue frontal. Por ello el debate de los gobiernos se produjo y se sigue produciendo marcado por fuertes presiones de cabildeo hacia los actores políticos. Tampoco fue visto bien este impuesto por estados de la UE como Gran Bretaña u Holanda, que ligados a la City de Londres o a territorios off-shore de ultramar, obtienen un considerable porcentaje de su PIB de operaciones financieras especulativas. Por este motivo el ITF no pudo prosperar dentro del marco de la Unión europea.
Ha hecho falta la voluntad de 11 estados para que el Parlamento aprobara y el Consejo recogiera la iniciativa, por el método de cooperación reforzada contemplado en el TFUE, de tirar adelante un ITF en estos estados, que son Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Grecia, Italia, Portugal, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia y España. La Comisión articuló para tales Estados dicha Cooperación reforzada con un contenido análogo al de la frustrada Directiva de 2011 y, por fin, la trasladó al Consejo, donde se aprobó al más alto nivel, el del Consejo Europeo, mediante la Decisión 2013/52/UE. No obstante la falta de acuerdo entre los diversos estados a la hora de armonizar las bases impositivas ha frustrado diversos intentos por hacer efectiva dicha directiva. A instancias del ECOFIN se ha venido tratando periódicamente sin mucho entusiasmo unos presupuestos aceptables por todos, pero los intereses particulares y la presión de los lobbies financieros en Bruselas y los diversos Gobiernos, han acabado dejando el debate en punto muerto. Ante el vacío existente países como Francia o Italia han acabado implementando un mínimo impuesto. En Francia del 0’03% sobre compra-venta de acciones y un 0’01 sobre algunos derivados. Esta no es claramente una medida efectiva.
La financierización de la economía se ha asentado globalmente, máxime con el desarrollo de la industria de productos financieros derivados, mediante la cual cualquier bien, título financiero o servicio pueden convertirse en activos subyacentes sobre los que se fabrican sofisticados productos derivados con los que se especula en todas las bolsas de valores. Este fenómeno nos explica episodios como la “Crisis de las subprime” que originó el Crash del 2008 o que el 30% del precio del petróleo sea atribuible a la especulación financiera “barril papel” o la financierización de la naturaleza y los productos financieros con “marca verde” (bonos de capital natural, bonos catástrofe, materias primas o commodities, mercados del carbono). El dato real más significativo que debería hacernos recapacitar es el que nos da en 2018 el BIS (Banco de pagos internacionales de Basilea) sólo un 2% de las transacciones financieras internacionales se dan en la economía real, en el intercambio de bienes y servicios, el 98% restante lo constituyen flujos de capitales especulativos.
Otro aspecto a destacar es que se ha desarrollado en la última década el llamado “Comercio de alta frecuencia” en las grandes plazas financieras. En él las órdenes de inversión corren a cargo de grandes ordenadores con programas algorítmicos, capaces de recoger información de las diferentes bolsas de valores en microsegundos y realizar miles de transacciones especulativas. La especulación es hoy la industria más rentable, si bien no crea valor de uso, sino solo acumulación dineraria.
Las medidas de creación del primer ITF y de combate de la opacidad ligada a los refugios fiscales son complementarias y necesarias para erradicar una economía de casino que socava la soberanía de los estados y la democracia. La razón fundamental por la que los poderes financieros se oponen a un ITF, es la que muy bien ha descrito Susan George mediante la imagen del “vampiro financiero”. No desea transparencia, no soporta la luz, que se siga la pista o el trazado de sus maniobras. Por ello se oponen a cualquier impuesto internacional por pequeño que sea, porque su implementación supondría a continuación la necesidad de establecer medidas de transparencia y esto acabaría con su negocio.
Ningún control será posible si las instituciones financieras son, como en la actualidad, privadas y no sometidas a control social. Es necesario avanzar en la creación de una banca pública, ética y con control social, paralelamente que se regulan y supervisan las entidades bancarias privadas, separando al mismo tiempo la banca de depósitos de la banca de inversión. Hoy los grandes inversores institucionales (bancos sistémicos, fondos de inversión y de pensiones, aseguradoras, hedge funds,…etc) que son los que mueven cantidades de dinero enormes en la especulación alrededor del mundo, contaminan el flujo financiero en su beneficio, crean inestabilidad y crisis económicas y finalmente los estados socializan las pérdidas de estas entidades contrayendo deuda y acabando con el Estado social y democrático de derecho.
Es una gran injusticia que mientras la ciudadanía paga sus impuestos regularmente, los grandes capitales móviles promueven el negocio especulativo internacionalmente, recurriendo a menudo a la opacidad de los refugios fiscales y creando una economía de casino sin ningún valor social, que crea burbujas financieras y crisis económicas y sociales que paga la ciudadanía generando un aumento de las desigualdades. Sin embargo estos grandes negocios financieros internacionales no están sujetos a impuestos. Las políticas de los gobiernos consienten esta gran arbitrariedad, sabiendo que los mercados financieros desregulados provocan su pérdida de soberanía. Por eso ATTAC lleva dos décadas reclamando a la comunidad internacional un ITF para desarmar la dictadura de los mercados financieros. Hoy es más necesaria que nunca la organización y la acción ciudadana para conseguirlo.