miércoles, 30 de diciembre de 2009

El silencioso golpe de Estado


Extractos del ensayo publicado en mayo 2009 por la revista The Atlantic Monthly bajo el título The Quiet Coup (EL SILENCIOSO GOLPE (DE ESTADO) cuyo autor, Simon Johnson, es profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y economista jefe que fue del FMI hasta 2007.

Traducción del texto íntegro:


“Si los expertos del FMI pudieran expresarse libremente, dirían a las autoridades de los EEUU lo que les dicen a todos los países en esa situación: que fracasará la recuperación a menos que se quebrante la oligarquía financiera que está bloqueando las reformas esenciales”.
(…)
A lo largo de la crisis, el gobierno ha puesto un cuidado extremo en no perturbar los intereses de las instituciones financieras; sin cuestionar las líneas básicas del sistema que nos ha traído hasta aquí.
(…)
Contemplando solo la crisis financiera y dejando a un lado los problemas de las grandes economías, nos enfrentamos al menos a dos principales problemas interrelacionados. El primero es un sector bancario desesperadamente enfermo que amenaza con ahogar cualquier recuperación incipiente que puedan generar los estímulos fiscales. El segundo es un equilibrio político de poderes que concede al sector financiero un poder de veto sobre la política pública, aun cuando ese sector pierde apoyo popular.
(…)
Los retos con que se enfrentan los EEUU son un territorio familiar para la gente del FMI. Si usted oculta el nombre del país y solamente les muestra los números, no cabe duda que los veteranos del Fondo le dirían que se nacionalicen los bancos en apuros y que se fragmentaran del modo que fuera necesario.
(…)
Y que para la salida de la crisis hay que afrontar dos problemas interrelacionados; el primero es la existencia de un sector bancario desesperadamente enfermo que amenaza con ahogar cualquier recuperación; y el segundo, un equilibrio político de poderes que concede al sector financiero un poder de veto sobre la política pública. Porque se trata de una oligarquía financiera, resurgida no hace mucho, que es única como la más avanzada del mundo y que, a pesar del daño que ha causado, se considera en una posición segura basada en la creencia generalizada aún de que lo que es bueno para Wall Street es bueno para los EEUU.
(…)
La sabiduría convencional entre la élite todavía sostiene que la actual depresión “no será tan mala como la Gran Depresión”. Y esa visión es errónea. La realidad es que lo que nos enfrentamos podría ser peor que la Gran Depresión, porque el mundo está ahora mucho más interconectado y el sector bancario es mucho más grande actualmente. Nos enfrentamos a una disminución sincronizada de la actividad económica en casi todos los países, a la debilitación de la confianza de personas y países y a problemas importantes en las finanzas de los gobiernos. Si nuestro liderazgo hace frente a las consecuencias potenciales, es posible que todavía veamos la adopción de acciones espectaculares en el sistema bancario y la ruptura de la vieja élite. Esperemos que no sea demasiado tarde.-



(Párrafos tomado de la traducción íntegra disponible en la web de la Red por la Justicia Fiscal)

lunes, 28 de diciembre de 2009

PRIMEROS PASOS DEL MOVIMIENTO GLOBAL DE PERSONAS PARADAS



Una veintena de asambleas de personas paradas responde al llamamiento por una coordinación global

El llamamiento por un Movimiento Global de Personas Paradas, a sólo cuatro días de su convocatoria, ha sido un éxito. Integrantes de distintos colectivos que hasta ahora desarrollaban su actividad sin ninguna relación entre sí están dando pasos para establecer una coordinación global que permita ampliar los vínculos de apoyo mutuo y darle al movimiento una mayor proyección social. En Málaga, Jerez, Rota, Cáceres, A Coruña, Barcelona, Molina de Segura y Badía del Vallés, entre otras, las personas paradas debatirán en sus próximos encuentros las posibilidades que abre la nueva iniciativa. Varias consideraciones se van asentando con el debate horizontal:

1º. El movimiento de personas paradas es un movimiento plural con dos denominadores comunes: la preferencia por la democracia participativa como forma de organización y la crítica al sistema capitalista como causa y origen de la miseria mundial y los problemas de la clase trabajadora.

2º. El propósito de una coordinación global no es reducir la autonomía de las asambleas locales, sino establecer vínculos de solidaridad, intercambiar información y experiencias, y realizar acciones conjuntas en torno a aquellas reivindicaciones en las que estamos de acuerdo.

3º. La situación de extrema necesidad por la que atraviesan las personas paradas podría dar lugar a un catálogo muy amplio de reivindicaciones comunes, desde el ámbito laboral, a los ámbitos social y educativo. Pero quizás podríamos dar un primer paso estableciendo una reivindicación común en torno al cumplimiento de los artículos 23 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que regulan, respectivamente, el derecho de toda persona al trabajo y a la subsistencia, incluida la salud y el bienestar, y especialmente, la alimentación, la vivienda, los servicios sociales necesarios y el seguro de desempleo.

4º. Como primera acción común, se ha planteado la concertación de un día para la iniciativa global de las personas paradas. Se trataría de trabajar para una amplia convocatoria de una jornada donde las personas paradas salieran a manifestarse en sus respectivas localidades de forma simultánea. Para ello, naturalmente, se debería recabar el apoyo de muchas organizaciones sociales que están trabajando frente a la crisis y que podrían sentirse involucradas en una convocatoria de esta naturaleza.

Nada se decidirá sin contar con las aportaciones de todos y todas. Ayúdanos distribuyendo nuestra información y participando en el debate. Si conoces algún colectivo o persona que pueda estar interesadA en recibir noticias nuestras, háznoslo saber.

muevetecontralacrisis@yahoo.es

Asamblea de Personas Paradas y Afectadas por la Crisis

martes, 22 de diciembre de 2009

Richard Sennett: La desglobalización ha empezado, no volveremos al viejo régimen






Entrevista: Richard Sennett. Sociólogo

J. M. Martí Font – “El País. Cultura" . Barcelona - 22/12/2009



"La desglobalización ya ha comenzado", asegura el sociólogo Richard Sennett (Chicago, 1943); la salida de la crisis será lenta y en ningún caso volveremos al "ancient régime", al espumoso paisaje de las dos últimas décadas en las que el sistema estaba creando su propio colapso porque había "abandonado la economía real, la que se nutre de trabajadores cualificados, de artesanos".

El artesano (Anagrama) es precisamente el título de su último libro, el primer volumen de una trilogía dedicada, según sus palabras, a la "cultura material". Para este discípulo de Hannah Arendt que ayer estuvo en Barcelona, "hacer es pensar" y la palabra artesanía (craftmanship) designa "un impulso humano, duradero y básico; el deseo de realizar bien una tarea, sin más". Esto supone, explica, dedicación para aprender y para desarrollar las habilidades, para crecer como un trabajador competente, un concepto que ha brillado por su ausencia estos los últimos 20 años en los que no se invirtió en los trabajadores, sino que lo que se hacía era comprar lo más barato que había. El resultado, concluye, es que cuando llegó el colapso, "la economía real no tenía ningún tipo de resistencia para enfrentarse a la explosión financiera".

Pero cuando habla de artesanos, Sennett no sólo se refiere al estereotipo del trabajador altamente cualificado de una empresa tecnológica, sino a los conocimientos adquiridos, por más simples o banales que parezcan, que forman la textura misma de la sociedad y de la economía. Uno de los efectos del sistema imperante estas últimas décadas, denuncia, ha sido "la ceguera" ante las habilidades de la gente a la que denominamos como poco cualificada, pero de cuyas capacidades somos "socialmente dependientes".

"Si usted es cuidador en un hospital o trabaja en la limpieza, su ficha laboral le definirá como no cualificado, pero no será cierto. Se trata de gente con muchas habilidades: conocen el hospital, saben a quién llamar cuando hay una emergencia, saben cómo conservar el lugar limpio, incluso detectan si alguien ha empeorado súbitamente y llaman al médico o la enfermera. Hay muchos trabajadores así. Parece muy simple, pero esto se va adquiriendo con tiempo y dedicación y no se valora. La visión neoliberal consistía básicamente en que el trabajo era una serie de tareas sin relación.Las habilidades pueden ser simples, pero las instituciones son complejas. ¿A quién llamar cuando algo se rompe? Eso es artesanado. Olvidarlo es olvidar que la vida tiene una narración, que la competencia en algo es una narración, no sólo para el individuo, sino también para la sociedad".

Hombre de izquierdas, desencantado de la práctica política de los partiodos socialistas europeos y concretamente del laborismo británico en el que ha dejado de militar, Sennett considera que en nuestras sociedades hay una profunda desconfianza ante las clases dirigentes. En el trabajo de campo que está realizando para el segundo libro de esta trilogía entrevistó a trabajadores de niveles medios de Wall Street en paro. "Los jefes no tienen ninguna autoridad", descubrió, "son muy ricos, pero quienes trabajan para ellos en la sala de máquinas creen que son muy incompetentes, que no sabían lo que estaban haciendo y tampoco les importaba con tal de que siguiera entrando dinero".

Sin embargo, el poder político, incluida la izquierda, denuncia, sigue pensando "que todo sigue igual que en los años locos del boom y que lo más importante es salvar al sector financiero porque es lo que hace funcionar a la economía real. Hay una ironía en todo esto, creo que la izquierda debe centrarse mucho más en las empresas locales, hay que desglobalizar, focalizarse en los pequeños negocios. Vamos a entrar en un largo periodo de actividad económica deprimida y es una fantasía que se vende a la gente eso de que una vez que los banqueros recuperen sus bonos la economía se reactivará".

jueves, 17 de diciembre de 2009

Taghjijt: represión brutal por reclamaciones triviales




por Attac/Cadtm Maroc
17 de diciembre de 2009





Sentencias de 12 meses de prisión. Un activista de Attac Marruecos condenado a seis meses de prisión


Taghjijt es un oasis de unos 7000 habitantes, situado al sureste de Agadir en el sur de Marruecos.



Para la fiesta de los corderos, varios jóvenes de Taghjijt, estudiantes en otras ciudades de Marruecos, regresaron al país para pasar las vacaciones con sus familias. Pero hay problemas de transporte para regresar a sus universidades. Treinta de ellos se dirigen el 1 de diciembre, al caidato (oficina del Caïd o governador) exigendo transporte y algunas otras reivindicaciones de orden social (una biblioteca para la Casa de la Juventud, etc ...). En respuesta, el Caid hace detener a tres jóvenes que habian ido a presentar el dossier reivindicativo.






La delegación se convierte en manifestación masiva de protesta y el caidato hace intervenir a la policía, que dispersa violentamente a los manifestantes para evacuar a los detenidos a la capital provincial, Guelmim.






Durante varios días la ciudad está bajo asedio, se llama a refuerzos de la policía y fuerzas auxiliares, se controlan las entradas y salidas de Taghjijt y se busca activamente una lista de personas designadas por el Caïd. Hay mas arrestos: el propietario de un cibercafé será ingresado durante dos días en el hospital de Guelmim después de ser torturado en uno de los locales de la municipalidad.


En total 5 personas fueron detenidas y de víctimas se transforman en agresores porque están acusados de desacato a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones y de destrozos en establecimientos públicos (recordemos que tres de ellos ya estaban detenidos antes de la intervención de la policía ¡como parte de una delegación pacífica!).



El jueves, 10 de diciembre, una caravana procedente de todas las ciudades y aldeas de los alrededores acude a la llamada de los grupos de Attac en la región, para demostrar su solidaridad con los presos y los habitantes de Taghjijt.



El martes, 15 de diciembre se celebra el juicio a los 5 detenidos en el tribunal de 1 ª instancia de Guelmim. Muchos parientes y amigos vinieron para asistir al juicio, así como los miembros de Attac y de organizaciones de derechos humanos. El veredicto al final de la jornada es:



Abdellah Boukfou condenado a un año de prisión
Abdelaziz Selami (de la dirección de Attac Guelmim) y Habib Ahmed y Mohamed Chouis son condenados a 6 meses de encierro
Bashir Hizam, blogger, fue condenado a cuatro meses de prisión
Todos también fueron multados con 500 dirhams cada uno.



Una represión y un proceso de una severidad inverosímil que transforma un simple problema de transporte ante el Caïd en un escándalo nacional e internacional y confirma el giro hiper-securitario adoptado por el gobierno marroquí. Después de las luchas de Sidi Ifni y frente a un movimiento social de múltiples facetas que crece por todo Marruecos, sobre todo en muchas localidades del sur de país, el Estado marroquí manifiesta un nerviosismo evidente ante cualquier contestación organizada, por trivial y benigna que sea, lo que es coherente con su incapacidad para ofrecer soluciones a la inseguridad, el desempleo y la marginación que vive la región.



En cuanto a la justicia, tales procesos confirman una vez más su carácter expeditivo y su total dependencia de las decisiones del poder. Porque no es un incidente aislado: un proceso similar se llevó a cabo ante el mismo tribunal la semana anterior: jóvenes desempleados de Assa (a unas pocas decenas de kilómetros de Taghjijt) fueron procesados por pedir las tarjetas de solidaridad Nacional (que dan acceso a puestos de trabajo de interés público, de corta duración).



En cuanto a juicios a estudiantes, se multiplican en toda la geografía de Marruecos. En Fez, Marrakech, Agadir, se celebran juicios, uno tras otro, imponiendo a decenas de estudiantes detenciones durante largos meses en prisión "de facto", porque se les niega la solicitud de libertad bajo fianza.



Selami Aziz y sus compañeros deben ser liberados. Haced circular la información. Escribid cartas de protesta a






M. Abdelwahab Radi Ministerio de Justicia: Fax 00 212 0377 23710 courrier@mj.gov.ma
M. Abbas El Fassi, Primer Ministro: Fax: 00 212 0377 61777 courrier@pm.gov.ma
M. Chakib Benmoussa - Ministro del Interior: Fax 00 212 0377 6686 1 o 212 037767404 courrier@mi.gov.ma

lunes, 14 de diciembre de 2009

Políticas neoliberales en los servicios sociales de Barcelona


Reproduzco aquí la transcripción de la intervención de Pepe Adelantado, profesor de Sociología de la UAB, en la jornada de presentación del documento "Servicios sociales versus Nuevo Modelo" elaborado por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Primaria de la ciudad de Barcelona.



Dentro del sistema de bienestar social en España ha habido importantes cambios estructurales en los últimos años que han significado una contracción de hecho en el acceso a diversos sistemas de protección social como son el sanitario, el de la educación, el de la vivienda, el laboral o el cuestionamiento del sistema de pensiones. Es esta insuficiencia para acoger la demanda en estos sistemas la que hace necesario un crecimiento en las prestaciones de servicios sociales dirigidos a los colectivos vulnerables.

El desarrollo normativo de los servicios sociales ha sido sobre todo posible por diversos factores: El acceso de las clases medias como demandantes, la necesidad de las mujeres de incorporarse al mercado de trabajo para liberarse del patriarcado y también por la perdida del poder adquisitivo de los salarios, y el envejecimiento de la población. La mujer cuidadora tradicional de hijos y ancianos dependientes, al incorporarse al mercado de trabajo, deja un vacío que se ha de cubrir con servicios de atención a las personas dependientes. Estos factores han generado una gran demanda de servicios sociales.

Estos servicios a las personas no han figurado apenas hasta hace poco en las agendas políticas o académicas, hasta ahora constituían un “cul de sac” donde iban a para los pobres y marginados. Ha hecho falta que las capas medias sean demandantes de prestaciones para que se les haya dado importancia.

Han sido los factores mencionados los que han contribuido al desarrollo en España de lo que ya se viene llamando 4ª pata del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación, y el sistema de pensiones). El desarrollo como un derecho ciudadano universal de las prestaciones propias de los servicios sociales es lo que está en la base de leyes como la 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia o la 12/2007 de Servicios Sociales en Cataluña.

Es un hecho y las cifras lo avalan que el gasto en servicios sociales, al menos en Cataluña está creciendo. No obstante este crecimiento es insuficiente, pues las necesidades crecen más rápidamente que los recursos.

Así que todos los factores que originan el crecimiento de los servicios sociales son de carácter estructural y no transitorio y con cuestiones paradójicas como es el caso de que todos estemos pagando prejubilaciones y EREs por una parte y por otra nos estén diciendo que se ha de retrasar hasta los 70 la edad de jubilación.

Esta situación estructural lo que hace muy a menudo también es convertir a las víctimas en culpables. La expansión de las políticas neoliberales ha originado esta culpabilización de las víctimas, si hay un problema de paro se tiende a responsabilizar a los propios parados. Al mismo tiempo estos mecanismos de expansión de los s.sociales, también de la asistencia social- léase la expansión a través de la Renta Mínima de Inserción, o la Renta Mínima de Ciudadanía..etc. Son procesos necesarios de transferencias de rentas ya que el sistema laboral o el sistema educativo no son capaces de conformar biografías normalizadas.

Este sistema neoliberal, lo que hace es transformar necesidades sociales en diferencias individuales, de forma que los problemas de los parados, los que abandonan tempranamente el sistema educativo, los enfermos ..etc se reconstruyen por los servicios sociales como problemas personales. Así que lo que se plantean son tratamientos individualizados muchas veces en términos de corregir las “desviaciones” de los sujetos respecto a la “norma” se trata a estas personas muchas veces como patologías que hay que corregir.

También se está haciendo mucho hincapié en los tratamientos sociales en la parte de las obligaciones que conllevan los derechos, es decir que para obtener prestaciones de derecho se exigen cada vez más contraprestaciones de los usuarios de los servicios. Esto es una situación muy peligrosa ya que los derechos tienden a dejar de ser universales y a ser cada vez más condicionados. De esta forma el Estado tiende preferentemente a gastar dinero con aquellas personas en que este gasto es una inversión. Se pasa así de un Estado de bienestar a un Estado inversor, que mira mucho a quien le transfiere los recursos, exigiendo a las personas una contrapartida de compromiso, de cambio de actitud, de ser buen chico bajo riesgo de perder prestaciones o recursos. El derecho pasaría a ser graciable y subjetivo, condicionado por la relación profesional-usuario.

Al mismo tiempo esta situación traslada una enorme presión a la comunidad, la acumulación de problemas sociolaborales, de emigración, de dependencia,..etc hacen que el espacio físico y social de los barrios se complejice.

En esta situación se viene a re-encontrar un antiguo campo que es el de la comunidad. Las prácticas de carácter comunitario, de empoderamiento democrático de la sociedad civil, existentes en los años 70 acaban perdiéndose a lo largo de la Transición democrática. Se pasó del trabajo comunitario al trabajo individual, es decir a la dispensación de recursos, que era el papel que a los trabajadores sociales les toca jugar. Al mismo tiempo las propias leyes, comenzando por la de servicios sociales de 1985 tienen una vocación de universalidad y además se aceptaba una responsabilidad exclusivamente pública, se niega la iniciativa privada.

Sin embargo todo esto con el devenir del tiempo, con el auge de la ideología neoliberal y la debilidad de las políticas de izquierda para fundamentar eso como derechos subjetivos y por lo tanto exigibles judicialmente, fue deteriorando la universalidad de responsabilidad pública y se va dando paso a la iniciativa privada y sin ánimo de lucro y simultáneamente al re-descubrimiento de la comunidad como un espacio al que se le van asignando responsabilidades, pero sin recursos, un poco que los pobres se vayan cuidando ellos mismos.

Esta situación obedece al mismo tiempo a la lógica de transferencia a las Comunidades Autonómicas, transferencia de responsabilidades pero sin recursos. Lo mismo pasa con las Administraciones Locales.

Al mismo tiempo es muy importante contemplar que la presión fiscal en el Estado Español es 4 puntos por debajo de la media europea. Que la economía sumergida representa el 25% del producto interior bruto y que la evasión y el fraude fiscal son muy importantes y menguan los recursos públicos. Pero está claro que no hay una voluntad política de poner orden en todo ello.

Así que los ayuntamientos están funcionando con unos presupuestos muy bajos, en el franquismo funcionaban con un 10% a 11% del total del gasto público, pero ahora no llega ni siquiera al 13 % y todo esto cuando las problemáticas a nivel local se desbordan
Quiero hacer una llamada a los y las trabajadoras sociales porque el papel que institucionalmente juegan los servicios sociales es un papel de gestionar y contener el conflicto con lo que se está colaborando (sin ánimo de ofender) a que la ciudadanía no se agrupe para defender sus derechos. Claro que a vosotros no se os paga por organizar a la ciudadanía sino para que las demandas se canalicen.

También la visión actual de la ciudadanía y de la comunidad como un espacio asignado a un tercer sector que se pretende sea un sinónimo de los intercambios sociales de la comunidad. Un tercer sector al que se le están asignando muchos servicios externalizados y ello con una idea de contención de costes por parte de la administración. Lo que está claro es que tanto en la sanidad como en los servicios sociales las EBAs (entidades de base asociativa) unas entidades de carácter privado y auspiciadas por el Colegio de médicos, que cuando pierden dinero lo paga el ICS y si lo ganan se lo quedan los médicos y cambian contractualmente el estatuto de las enfermeras que son fundamentalmente quienes pierden.

Pues bien, este proceso de externalización afecta no solamente a la calidad del servicio, sino también a la identidad de los derechos. No es lo mismo ejercer un derecho a través de la administración pública que como un derecho que es como regalado, ya que también se está poniendo en marcha una neo-filantropía, lo cual no es más que otra forma de lavarnos la conciencia paralelo a lo que pasa con África.

También está el tema de la responsabilidad social corporativa que hace mucha gracia, ya que las empresas que roban lo que roban, después parece que se sienten culpables y emplean un dinero a limpiar su imagen, cosa que además les desgrava fiscalmente.

Pues bien esta neo-filantropía que está interceptando con este tercer sector, representa un conjunto de recursos a los que no se accede por derecho. La persona que atiende puede dar el recurso o no en función de su percepción muchas veces personal y poco fundamentada.

Actualmente en el conjunto del Estado se está en un proceso de sustantivar este derecho subjetivo a los derechos sociales, cosa que no existe aún a nivel de todo el Estado. En Cataluña, la Nueva Ley contiene avances importantes y claroscuros. Como elementos positivos se han de destacar que el derecho se des-familiariza, de ser un derecho a la prestación de carácter familiar, lo cual no tenía más fundamento que la cultura religiosa, pasa a ser un derecho de carácter más individual en muchos aspectos. En la nueva ley no se tienen en cuenta para ciertas prestaciones los recursos de la familia, sino los recursos solo de la persona.

Otro aspecto positivo es el reconocimiento del derecho subjetivo, que es la garantía de que si el Estado no satisface dichos derechos, los ciudadanos pueden recurrir judicialmente. Pero este derecho es a las prestaciones básicas de los servicios sociales en los servicios sociales de atención primaria. Por ejemplo la prestación de la Renta Mínima de Inserción en Cataluña, no funciona exactamente como derecho subjetivo. Por otra parte la población emigrada extracomunitaria y no regularizada, que es una población altamente vulnerable, será atendida en clave de beneficencia y según las restrictivas y discriminatorias leyes de extranjería.

Otro aspecto que trata de introducirse mediante esta ley catalana, igual que en la estatal de “la dependencia”, es el del co-pago. Estos sistemas de co-pago normalmente devienen en una injusticia desde el punto de vista de la financiación, también significan un importante coste burocrático añadido para poderlos gestionar, ya que para cada persona se necesita hacer un complejo estudio individualizado, lo cual sobrecarga mucho el coste administrativo de gestionar este derecho. O sea que este derecho que en la educación se financia por presupuestos generales, se va a administrar por co-pago. En esto se valorará de acuerdo a la renta y el patrimonio de las personas. Lo que eso quiere decir es que en un país como Cataluña, en un Estado como el español y en el que un 90% de la vivienda es vivienda en propiedad, pues esa vivienda puede ser utilizada para financiar las necesidades de la dependencia de las personas. La jugada es clara lo que vamos a hacer es universalizar este derecho, antes los hijos tenían que cuidar a los abuelos y se quedaban con el piso, ahora los hijos no tienen que cuidar a los abuelos, pero es muy probable que se queden sin piso. Se hace una hipoteca inversa con el piso como garantía y ya está. En cualquier caso lo que sobre se lo quedarán los hijos.

Esto significa claramente una expansión a los servicios sociales de esta ideología neoliberal que lo que hace es culpabilizar a las propias víctimas, además de una manera absolutamente cínica.

Creo que aún estamos arrastrando las consecuencias de anteriores crisis 70 y 90, en las que en vez de lo que hubiera sido lógico, que es reducir la jornada laboral, se tradujo en un desempleo estructural, con jubilaciones anticipadas que pagamos todos los que contribuimos a la seguridad social. Y sobretodo teniendo en cuenta que los fondos de la seguridad social son sobre todo de rentas laborales, no de los empresarios, lo que se hace cuando hay una jubilación anticipada es facilitarle a los empresarios la sustitución de trabajadores con derechos, de trabajadores con antigüedad, por trabajadores jóvenes con peores contrataciones y seguramente sin cultura ni tradición sindical,..etc.

Pues bien, estos procesos de modernización capitalista, a través de la seguridad social, los estamos pagando los trabajadores y en cambio no hay recursos estatales adecuados para financiar el desarrollo de estas leyes que entrañan derechos. Es escandaloso que se hayan destinado 30000 millones de euros en rescatar a la banca y que han servido para financiar las deudas que la banca española tenía con sus financiadores internacionales. O sea que toda esta orgía inmobiliaria se ha financiado no con ahorro autóctono, aparte de que España no es un país que ahorre porque nos tienen encadenaos a la deuda y no hay bastantes recursos para financiar esta orgía especulativa. Se ha tenido que importar dinero de otros bancos europeos, que es el que han tenido que devolver los bancos. De forma que el estado, es decir todos los ciudadanos lo que hemos hecho es ayudar a los bancos a que paguen sus deudas y mientras tanto la ley de atención a la dependencia está infra-financiada.

El desarrollo de esta ley hubiera sido una ocasión propicia para que se expandiera el empleo y especialmente el empleo femenino. Sin embargo se están empleando mayoritariamente recursos para que las cuidadoras que ya cuidaban antes puedan seguir haciéndolo cobrando por hacerlo.

En cualquier caso este es el país en el que estamos y así están las cosas, por lo que habrá que poner cuidado en lo que está siendo esta transformación de las políticas pasivas en lo que se llaman políticas activas. Ahora el concepto de moda es el de cohesión social, que es un concepto de activación. Los que somos más mayores recordareis que en los 70 hablábamos de desigualdad social, ya en los 80 comenzamos a hablar de pobreza. Claro que como las políticas que luchan contra la pobreza, que yo siempre pensé que lo que se tenía que haber hecho eran políticas que lucharan contra el enriquecimiento, lo que favorecían eran políticas que promovieran la inclusión social, por aquello de que políticamente no quedaba bien estar en contra de algo y había que obrar a favor.

Así que hay que poner cuidado de cómo utilizamos estos antónimos de pobreza- riqueza, igualdad-desigualdad, inclusión-exclusión y luego se ha lanzado este término de cohesión social que es un término muy bonito, nadie puede estar en contra en teoría, o cuesta mucho estar en contra del concepto de cohesión social, a no ser que se conozca la historia del concepto que es muy conservadora.

Al mismo tiempo con la transformación de las desigualdades en diferencias, lo que se va a acabar es el derecho a obtener unos mínimos recursos para la subsistencia a cambio de nada, es decir a usted lo vamos a ayudar pero a cambio va a tener que satisfacer un montón de contrapartidas u obligaciones. Es decir que se está pasando de unas políticas pasivas a unas activas y el concepto de activación está en el centro de todo esto. Pero este no es el concepto de activación propio de una ciudadanía crítica y participativa y que no sustituya con su activación al propio Estado en la prestación de servicios, sino que estimule el debate público político.

Así que está claro lo que se pretende que es disciplinar aún más a los más débiles a base de ponerles más difícil el acceso a unos recursos cada vez más escasos. En cualquier caso se está haciendo más énfasis en las obligaciones que conllevan los derechos que no en los derechos en sí mismos. De forma que cada vez más se culpabiliza a los propios individuos de su situación y por ello es consistente este tratamiento individualizado, este tratamiento de despacho, este tratamiento terapéutico, que siendo necesario, también hay que estar al tanto de que no se amplíe.

sábado, 12 de diciembre de 2009

Aminetu, antes y después


Francisco Morote – ATTAC Canarias

Sea cual sea el desenlace, a vida o muerte, de la lucha de Aminetu Haidar, habrá un antes y un después para la causa del pueblo saharaui. No sugiero que de la noche a la mañana y como por arte de magia se vaya a enmendar una injusticia histórica que dura ya casi 35 años, pero sí que la valiente y dolorosa decisión de Aminetu está rescatando del olvido interesado y culpable un problema al que la llamada ” comunidad internacional” más que no poder, no había querido dar solución. Aminetu ha desenterrado la cuestión del Sahara Occidental, del derecho del pueblo saharaui, en el exilio o bajo la opresión del gobierno marroquí, a ejercer su derecho inalienable a elegir, en referéndum de autodeterminación, su propio destino.

La historia da estas sorpresas. Cuando con la culpabilidad, la complicidad y la inoperancia de gobiernos como los de Marruecos, España, Francia, Estados Unidos o la misma ONU parecía que la causa saharaui estaba condenada a seguir languideciendo hasta desaparecer, un suceso inesperado, la práctica deportación de Aminetu Haidar desde el Sahara ocupado hasta Lanzarote, ha puesto de relieve la flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional de los gobiernos marroquí y español en la persona de esta mujer admirable. Pero es que ella se ha convertido, la han convertido, sin posible alternativa para su sentido de la dignidad, en símbolo del derecho de todo un pueblo a una tierra y a una patria que les fue arrebatada dolosamente.

Tiene que haber un antes y un después del sacrificio que está afrontando con una entereza ejemplar Aminetu Haidar. La cuestión del Sahara Occidental no puede volver a ser enterrada en las gavetas de los despachos de la diplomacia internacional. La ONU y los países implicados directa o indirectamente en el problema, España, Francia y Estados Unidos tienen que ” convencer ” al gobierno marroquí de que antes o después tendrá que aceptar y reconocer la legalidad internacional. Marruecos no es dueño del Sahara Occidental, solo su administrador provisional y no puede seguir entorpeciendo indefinidamente la celebración de un referéndum que, aún dando lugar al nacimiento definitivo de un nuevo estado africano, a la larga será más beneficioso para él que mantener el yugo de su opresión sobre un pueblo que no está dispuesto a rendirse.

El mérito de la nación saharaui es incalculable. Tras una valerosa guerra de independencia que se prolongó hasta 1991 y ante la alevosa actitud del gobierno marroquí y sus cómplices internacionales, que dilataron sine die u ” olvidaron” la obligación de realizar un referéndum de autodeterminación, el pueblo saharahui no reaccionó apelando a un terrorismo ciego, sino que con inteligencia y determinación emprendió la lucha pacífica por su derecho a la libertad e independencia en los territorios ocupados.

Después de muchos días de huelga de hambre, la situación de Aminetu Haidar es muy delicada, pero en cierto sentido aún lo es más la de los gobiernos de Marruecos, España, Francia, Estados Unidas y la propia ONU que no pueden seguir predicando el respeto y la defensa de los derechos humanos y, al mismo tiempo, mirando hacia otro lado cuando se trata de ejemplos concretos como los de esta mujer y este pueblo.

La vida de Aminetu Haidar pende de un hilo, pero si el gobierno de Marruecos, tan calculador siempre, sabe lo que le conviene, no dejará morir a Aminetu Haidar, en este caso será para él el mal menor.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

La ayuda social de los municipios, en peligro


Fuente: Público


La crisis económica ha incrementado la demanda de servicios, pero el gasto sigue congelado

La atención inmediata a los más desfavorecidos peligra. Los servicios sociales municipales están al borde del colapso: no hay dinero para dar más ayudas económicas ni para contratar profesionales. El porqué se explica con una de las reglas básicas del mercado: ha crecido la demanda, pero la oferta, dependiente del dinero que se le destina, está estancada. Así lo denuncia el Consejo General de Trabajadores Sociales, formado por los profesionales de referencia en los servicios que los ayuntamientos destinan a atender a quienes más lo necesitan. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también alerta del "endeble sistema de servicios sociales".

Los trabajadores sociales calculan que el porcentaje de personas que acude a las oficinas municipales pidiendo ayuda se ha disparado en torno a un 50% en apenas unos meses. Los 52 colegios profesionales de este colectivo coinciden en que es la tónica dominante en toda España. En cambio, el dinero que se destina a este asunto está estancado.

"La Dependencia ha copado las ayudas", denuncian los afectados

Los centros sociales municipales se financian entre el Estado, las comunidades y los propios ayuntamientos. Así está regulado en el Plan Concertado que las tres administraciones acordaron en 1988. El documento establece las prestaciones básicas que los consistorios deben prestar a los ciudadanos más desfavorecidos.



Los servicios sociales básicos son, por ejemplo, la ayuda a domicilio; la gestión de los albergues; las actuaciones en los barrios más marginales para prevenir la exclusión de sus vecinos; o la gestión de una ayuda económica para quienes no tienen ni un céntimo.

Inversión estancada

La inversión lleva tres años estancada, pero el pico de demanda registrado en los últimos meses ha hecho que la situación ahora sea "insostenible", según denuncian los trabajadores sociales.

El Gobierno lleva tres años destinando prácticamente la misma cantidad, a través de subvenciones y convenios anuales, que es como se financian estos servicios. En 2007, el Estado invirtió 94.892.360 euros a las "prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales". En 2008, la cifra ascendió a 95.092.360 euros y este año, la aportación es de 96.174.030 euros.

Las prestaciones básicas municipales se financian con subvenciones

Cada comunidad autónoma contabiliza sus propios conceptos, lo que impide hacer comparaciones fiables. Unas incluyen en el gasto social las cuentas de Sanidad (porque ambas áreas las gestiona la misma consejería) y otras incluyen en este gasto, por ejemplo, las partidas que se destinan a programas del área de Juventud.



No obstante, el cálculo del Ejecutivo, que sólo contabiliza el gasto en servicios básicos municipales de las comunidades, revela que también los gobiernos autonómicos han cerrado el grifo. En 2007, el año que entró en vigor la Ley de Dependencia, las comunidades destinaron 232.870.664 euros. Un año más tarde, aportaron 272.108.337 euros.

Como las autonomías hacen los cálculos de sus gastos sociales a año vencido, hasta dentro de unas semanas no se sabrá cuánto han aportado en total este año, ya que algunas administraciones aún no han facilitado sus datos al Ministerio de Sanidad y Política Social. De todos modos, a tenor de los datos de las comunidades que ya han informado de sus cuentas, el ejercicio finalizará como el anterior, con un incremento mínimo en el gasto en servicios básicos.

Las cuentas de la aportación de los ayuntamientos (que tampoco se han zanjado aún) también revelan que estos han ajustado el presupuesto, siguiendo la dinámica de los últimos años. La inversión que hicieron en 2007 fue de 530.802.167 euros. En 2008, los municipios aportaron 565.011.620.

Conflicto entre las ayudas

Al estancamiento de la inversión en los servicios sociales que prestan los ayuntamientos hay que sumar que parte de ese dinero se está destinando a servicios que ahora están incluidos en la Ley de Dependencia. Es el caso de la asistencia a domicilio: desde hace decenios, los trabajadores sociales municipales la gestionan y desarrollan. Ahora, la ayuda a domicilio también está incluida dentro de la cartera de servicios de la Ley de Dependencia. La norma cuenta con una partida presupuestaria propia, pero los servicios municipales siguen prestando la ayuda a domicilio y se sienten ahogados.

"La Ley es fantástica, pero olvidan la base de los servicios municipales"

Los trabajadores sociales explican que, dado que las comunidades reciben dinero del Estado para financiar la Ley de Dependencia, esto se debería ver reflejado en un incremento de la cantidad que aportan a los servicios básicos municipales. Como esto no ocurre en la mayoría de autonomías, eso significa que "alguna comunidad está haciendo caja", critica la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, Ana Lima. También los sindicatos denuncian esta perversión del sistema. "La dependencia está parasitando el andrajoso sistema de servicios sociales", critica el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

"La Ley es fantástica, pero olvidan la base de los servicios municipales. Están desvistiendo a un santo para vestir a otro", denuncia Lima. Desde que entró en vigor la norma, hace casi tres años, los sindicatos y los colectivos que trabajan en programas sociales denuncian que el cuarto pilar del Estado de bienestar también lo forman los servicios básicos que prestan los ayuntamientos.

"Para el Ministerio sólo existe la Dependencia. No es una casualidad. Si reconocieran a los servicios sociales en global como cuarto pilar del Estado de Bienestar, los tendrían que apoyar y financiar. Lo que gastan son las migajas", insiste Lima. "La Dependencia ha copado la mayor parte de las ayudas", añade. Ramírez lamenta que esto sea así. En menos de dos años, la gestión de Política Social ha pasado por tres ministerios distintos.

Expertos saturados

Por otra parte, la inmensa mayoría de solicitudes para beneficiarse de la Ley de Dependencia se presentan en las oficinas de los ayuntamientos. Esto satura aún más a sus trabajadores sociales, cuyo número no ha aumentado, y han visto cómo el volumen de trabajo se ha elevado hasta tal punto que dedican casi todo su tiempo a tramitar ayudas.

El colapso, denuncia Lima, les impide realizar trabajo de campo, basado en visitas diarias, por ejemplo, a barrios marginales, para evitar la exclusión. Y, consecuentemente, ha precarizado, aún más, los servicios sociales municipales.

Sin financiación fija no hay programas fijos

Los trabajadores sociales demandan, desde hace años, que los servicios básicos municipales se financien por ley. Una partida fija, argumenta la presidenta del Consejo General que aglutina a los colegios profesionales, Ana Lima, ayudaría a crear programas estables. En la actualidad, los servicios sociales municipales se financian con subvenciones y convenios anuales. “Esto impide que haya un compromiso a largo plazo”, denuncia Lima. “Es fácil crear un servicio y, al poco tiempo, retirar la subvención”, argumenta.