sábado, 23 de octubre de 2021

Déjà vu

 


Confieso que me cuesta activarme tras las primicias informativas y los recurrentes luctuosos sucesos y suelo esperar un tiempo prudencial, a que pase el vértigo que genera la estruendosa estela mediática de los acontecimientos, antes de abandonar la confortable pereza intelectual del “déjà vu”. La edad nos va situando en una posición protectora de sano escepticismo, que nos invita en primer lugar a preguntarnos, pero ¿Qué tiene esto de nuevo para que precisamente ahora mis neuronas tengan que correr?

Hace tres semanas que las alarmas globales resonaron en los medios con el escándalo Pandora Papers, tendiendo la pasarela del oprobio a presuntos delincuentes de cuello blanco con importantes cuentas offshore en territorios que en algún momento vendieron su soberanía económica a poderes globales. La vendieron para que grandes rentistas pudieran movilizar sus capitales en busca de sumideros fiscales, las corporaciones globales en pos de ventajas fiscales competitivas y que delincuentes transfronterizos, tras el secreto protector a sus desmanes económicos y humanitarios, no tuvieran que pasar por caja o por juzgados. No me sentí especialmente sobrecogido, es más, apenas me inmuté y eso que ya estábamos más que avisados desde hace años, o tal vez precisamente por eso.

En los años posteriores a la crisis de 2008 la ciudadanía ha podido estar al corriente de una sucesión de noticias sobre delitos fiscales asociados a la corrupción social y política. Ello ha sido posible debido a filtradores de información, trabajadores de banca como Hervé Falciani o a grupos de periodistas de investigación que han filtrado, a algunos medios periodísticos, el resultado de sus investigaciones. Como consecuencia hemos podido conocer la actuación delictiva de un elenco de personas de renombre social o político. Han sido divulgados asuntos como Swisleaks, Luxleaks, Panamá Papers o Paradise Papers, ahora Pandora Papers, que han abierto una vía para conocer a personas o grupos empresariales, con depósitos en cuentas opacas offshore para evadir el pago de impuestos a las haciendas públicas. No obstante, los asuntos desvelados, no son sino la punta del iceberg de un sistema opaco, parasitario y corrupto que utiliza sistemáticamente estos refugios fiscales como instrumento para redistribuir las rentas desde el trabajo y la ciudadanía hacia la optimización de los beneficios del capital.

Habríamos de ir más allá de la anécdota contemplativa sobre los pillos particulares. En general, los medios nos informan periódicamente de esta realidad fiscal y financiera, como un asunto anecdótico. Sitúan el centro de la noticia en hechos recurrentes sobre evasores fiscales, cosa que no ayuda a desentrañar la dimensión estructural del enorme problema que supone el offshore promovido por el actual capitalismo financiero globalizado. Los refugios fiscales son estructuras mantenidas en su beneficio por los poderes económicos globales y naturalizadas por los gobiernos, que imposibilitan el desarrollo de la justicia fiscal y financiera. Los árboles informativos, no nos dejan ver el bosque.

Estos territorios están perfectamente sincronizados dentro del sistema financiero global y se retroalimentan mutuamente con unas entidades financieras internacionales fundamentalmente privadas y desreguladas, con la banca en la sombra, con un sistema fiscal regresivo, con el aumento del endeudamiento público y privado y con el abuso de la titularización financiera, los derivados financieros, el apalancamiento crediticio y la especulación global con todo tipo de activos. Todo ello constituye un entramado financiero que ha sido diseñado por la plutocracia global del dinero.

La economía opaca hoy, a través de estos refugios fiscales o territorios offshore para no residentes, representa el paradigma de la corrupción. Su existencia es promovida por las mismas oligarquías internacionales que dicen defender los derechos humanos y la democracia, pero que se sirven de estos territorios para imponer un sistema injusto y corrupto. Si la democracia liberal se fundamenta ante todo en el “imperio de la ley”, podríamos decir que un sistema económico global que se apalanca en estas jurisdicciones jamás puede ser constitutivo realmente de una democracia, por lo que los poderes democráticos están obligados a abolir los sistemas jurídicos offshore que dan carta de naturaleza a la injusticia económica global.

 

 

lunes, 10 de mayo de 2021

La privatización de Bankia, un grave despropósito

 
 
 
La evolución de las instituciones bancarias en España desde los años 60 ha pasado por distintas fases, que tienen que ver con diversos estímulos sociales y económicos. En una primera fase fue necesario expandir el sistema financiero para avalar el desarrollo endógeno de nuestro país a través de su industrialización. Son los años del despegue desarrollista, momento en que la Dictadura nacionaliza los llamados Bancos Oficiales, que, junto a las Cajas de Ahorro y la importante banca privada, constituyen entonces nuestro sistema financiero. Estos años suponen un gran cambio sociológico, el crecimiento exponencial de las ciudades paralelo al éxodo de la España vaciada. El sistema financiero pasa a constituir el centro en el proceso de acumulación, ya que los bancos son los principales avaladores y accionistas de las empresas industriales, comercializadoras y constructoras.

Recién entrada la democracia se inicia en 1977 un periodo de desregulación y liberalización financiera, es en este año cuando el Gobierno de la UCD inicia un cambio normativo que supone el comienzo de la desterritorialización de las Cajas de Ahorro y diversos cambios en sus prácticas financieras. Por otra parte, un nuevo proceso se inicia en la banca privada a partir de los 80, responde a la necesidad de abrirse a la competencia a nivel internacional y aprovecha la corriente de fondo liberalizadora que llega a Europa procedente de las finanzas USA y que se extiende a la banca internacional bajo la presión de la OCDE, de los organismos financieros internacionales - BM y FMI - y de la Comunidad Económica Europea, de la que España forma parte a partir de 1986.

La presión constante ejercida por la banca privada sobre los sucesivos gobiernos populares y socialistas, para expandir su negocio acaparando el conjunto del ahorro y el crédito en España, supone lo que podríamos denominar un lento y sigiloso golpe de estado del capital financiero desde los años 90 hasta el presente, marcado por la entrega a la banca privada de una nada despreciable banca pública, entre 1991 y 1998 y posteriormente por el operativo desplegado para malvender las cajas rescatadas y nacionalizadas, tras la crisis del ladrillo, a las finanzas privadas. Durante décadas los gobiernos han actuado bajo la premisa de que lo que era bueno para los accionistas de bancos como BBV, BSCH, Banco Sabadell, o CaixaBank, era bueno para España. Supongo que las decisiones políticas que “bendijeron” las operaciones se tomaron al albur de dos tipos de estímulos, unos positivos: la participación en consejos de administración, vía puertas giratorias, la financiación de los partidos o la exención del pago intereses en los créditos formaban parte de la trastienda de las operaciones; otros negativos ante chantajes o amenazas de externalizaciones de servicios, entidades o capital (es curioso que en las sucesivas memorias corporativas del BSCH el monto de sus beneficios en nuestro país, no ha llegado nunca al 15% en los últimos años, un banco en que prácticamente la mitad de su valor accionarial pertenece a sociedades privadas extranjeras y que sigue considerándose un banco español, lo que sí está claro es que cada vez más “nuestros” grandes bancos son bancos sistémicos globalizados). Ha sido precisamente su condición de grandes bancos demasiado grandes para caer ("to big to fail") la que ha prevalecido a la hora de implementar el rescate de las grandes entidades del sistema financiero, cajas, pero también bancos. Rescate que el erario público, o sea la ciudadanía, no ha recuperado a fecha de hoy. Y habría que hacer en este punto algunas consideraciones: La primera es que en ningún momento se ha planteado ante las crisis bancarias que sean los accionistas (nunca los depositantes) quienes asuman en primer término el impacto de la crisis, a ellos no habría de salvarles el Estado, cualquier juego entraña un riesgo. Otra es que cualquier cantidad empleada por el Estado en un rescate bancario es un dinero que la ciudadanía presta a su sistema financiero y que como préstamo ha de ser devuelta al erario común. Respecto a la forma de devolución cabrían diversas formas posibles: A través de la devolución del dinero prestado más intereses acumulados, mediante traspaso de acciones al Estado a cambio del débito, o bien podría ser en este momento muy pertinente que la Nueva Caixabank, que debería asumir la devolución de los 24.000 millones de euros del rescate de Bankia, utilizara su inmenso parque de vivienda para ponerlo a disposición del Estado con el fin saldar su deuda y que éste pudiera así ser destinado a alquiler social, tan necesario en este momento en nuestro país.

Sin embargo, a pesar de la experiencia pasada de desregulación, descontrol y crisis bancarias, tanto la UE, como el BCE, siguen orientando al Gobierno de España a continuar aún con más fusiones bancarias, manifestando que aún hay margen para la competencia en el sistema bancario español, con un índice de concentración bancaria de los más elevados de Europa (28 puntos porcentuales por encima de la media ponderada de la eurozona según un reciente estudio del Banco de España), algo tendría que decir al respecto la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. De 62 entidades financieras que había en 2007, antes del inicio de la crisis, quedan 10, de las cuales 4 están en proceso de fusión. En este momento 4 grandes entidades (Santander, BBVA, Caixabank-Bankia y Sabadell) controlan el 80% de nuestro sector financiero.

El proceso que se ha cerrado con la privatización de la mayoritariamente nacionalizada Bankia, y el traspaso de su patrimonio y acciones a Caixabank, ha sido una operación bien revestida, por la mayoría PSOE del Gobierno actual, de justificaciones y “motivaciones doradas” como de costumbre, es manifiesto que en ningún momento se ha sopesado la más remota posibilidad de convertir Bankia en una Banca Pública de depósitos, como reiteradamente ha estudiado, manifestado su viabilidad y pedido al Gobierno la Plataforma por una Banca Pública. A nivel operativo, esta fusión por absorción de Bancaixa sobre Bankia ha supuesto que una entidad con un 62% de participación mayoritaria del Estado, que por lo tanto mantenía el poder de decisión sobre ella, ha sido anexionada por otra de carácter privado en la que el Estado, a través del FROB, mantendrá una participación minoritaria del 16’1% de la nueva Caixabank, que se sitúa en el número uno del rànquing de las entidades financieras por número de activos en nuestro sistema bancario, con aproximadamente 650 mil millones de euros.

Hemos de analizar la decisión a la luz de la actual situación del sistema financiero internacional. Desde 1999, en que Clinton derogó la Glass Steagall Act por la que la banca de depósitos y préstamos se mantenía separada de la banca de inversión y sus prácticas especulativas, la llamada banca universal añade a sus prácticas de banca tradicional las de inversión especulativa. Es este uno de los motivos más importantes del gran descontrol financiero del sector bancario actual, junto al exceso de titulización y la creación de sofisticados productos derivados. Por otra parte, las normas reguladoras bancarias vigentes a nivel internacional, las de Basilea III, son insuficientes dada la existencia de una buena parte del sistema financiero internacional que permanece en la sombra, en sistemas jurídicos offshore y oculto a la mirada de los supervisores, lo que dificulta la supervisión consolidada de las entidades sistémicas, cada vez más globalizadas. Los observadores financieros hablan desde hace años de una nueva acumulación de riesgos en un sistema que paradógicamente sigue concentrándose, lo cual multiplica las posibles consecuencias devastadoras de las crisis bancarias para las economías en el futuro, especialmente dado el importante crecimiento de la deuda privada.

Otro problema de gran importancia es el actual precio del dinero, las tasas de intereses negativos de facto (si tomamos en cuenta la inflación anual) que viene estableciendo el BCE y que suponen que los bancos, ante las perspectivas de no beneficio, no tengan interés en promover el crédito a empresas y familias. Esto desplaza el negocio bancario en dos direcciones nocivas, económica y socialmente. Una busca un incremento de ingresos en base al aumento de toda clase de comisiones de apertura, mantenimiento y operatividad, que recaen sobre la ciudadanía y que son especialmente sufridas por las personas más vulnerables. La otra busca en el trading especulativo lo que no obtiene por vía del crédito, lo cual aumenta los riesgos sistémicos.

La fusión, por absorción de Caixabank sobre Bankia, significará la desaparición de 1400 oficinas y 8300 despidos solicitados por la entidad, que se suman a los miles de oficinas y a los 100.000 empleados despedidos en el sector desde 2008, lo que dejará en la exclusión financiera a un gran número de personas y a más de 4000 municipios sin oficinas bancarias. Mientras esto pasa, es indignante que la nueva entidad haya decidido asignar altos sueldos a sus máximos representantes (El Presidente Goirigolzarri ha triplicado su sueldo respecto al anterior en Bankia) y una política de bonus a sus ejecutivos que ya ha sido cuestionada por Nadia Calviño, si bien corresponde al Banco de España y en parte al BCE respaldar, o no, las medidas tomadas.

El actual oligopolio bancario es deudor de un considerable número de ayudas directas e indirectas, sin que se vislumbren perspectivas de recuperación y la ciudadanía sufre ahora las consecuencias de las fusiones. La privatización de Bankia significa un nuevo y grave despropósito político, económico y social, ya que aumenta el poder del oligopolio bancario sobre un Estado que se ha desprendido de las finanzas públicas, aumenta el riesgo sistémico en la economía al orientar su actividad al trading financiero y finalmente contribuye a minimizar el servicio tradicional de intermediación bancaria, con las negativas consecuencias previsibles sobre las empresas y la sociedad en su conjunto.


 

sábado, 1 de mayo de 2021

La voracidad financiera. Abrir espacios comunes de resistencia (3)

 
 
 
 

Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas…

                                                                                                      Tolkien

 

Parafraseando al Tolkien del “Señor de los anillos”. Hoy nos dirigimos aceleradamente hacia un mundo regido por el poder tiránico de la plutocracia global del dinero, que gobierna con mano de hierro haciendas y vidas, aquél que, en continua expansión, domina, esclaviza y al mismo tiempo desnaturaliza todo lo que envuelve. Las finanzas constituyen un anillo de poder para dominar al resto de anillos económicos y atarlos a su destino.

La falta de límite al derecho negativo a la propiedad incentiva a los grandes actores económicos a mantener una carrera competitiva sin límites y escasos obstáculos regulatorios por hacerse con todo soporte o recurso económico y en esa carrera los grandes poderes financieros están acaparando los resortes económicos del mundo de la vida.

Una mayoría de riesgos económicos, ecológicos y sociales cotidianos en la actualidad vienen de la mano de la codicia extractiva y depredadora de las finanzas globales: La preocupante escalada de la deuda soberana y privada y la presión de los acreedores sobre los estados;  La acaparación, por los grandes gestores de fondos ubicados en la sombra,  de acciones de las grandes corporaciones; la creciente concentración oligopólica bancaria a nivel internacional; los excesos de titulización y la exultante especulación con todo tipo de activos; la opacidad, los negocios offshore y la evasión y elusión fiscal; la adquisición de fondos buitre de la deuda de los países o, junto a las socimi, de grandes parques de vivienda privada y social; la adquisición de empresas por los “private equity” o grandes fondos de capital riesgo, con el propósito de “sanearlas”, desguazarlas o fraccionarlas y obtener beneficio del proceso y de su venta; la gestión financiera global de los fondos de pensiones; el dominio sobre los medios de comunicación a través de su accionariado; la creciente implantación de los fondos  en el sector sanitario y de servicios; la perseverante inversión financiera en la extracción de combustibles fósiles; la compra y acumulación de tierras y grandes reservas de agua por fondos soberanos y privados; el dominio comercial de grandes marcas, distribuidores globales y grandes superficies, que pone en situación crítica al comercio de proximidad; la presión corporativa para reducir los derechos sociales y laborales…etc, constituyen una buena muestra de la codicia financiera. Son procesos que generan gran acumulación de riqueza en pocas manos, creciente desigualdad y degradación económica, ecológica y social.

La obsesión de los poderes financieros por acumular dinero y, a través de él poder para seguir acumulando más dinero, no tiene con el capitalismo límite ni cortapisa, está impresa en los resortes que mueven la estructura sistémica y es el motivo del crecimiento continuo de las desigualdades que socavan las sociedades en países con democracia formal. Fue el mismo Presidente Roosevelt quien, en su discurso de toma de posesión en 1937, manifestó que una codicia excesiva no era solo moralmente reprobable, sino también era nociva para la economía. Mientras los diferentes gobiernos no realicen un giro radical en sus políticas y adopten medidas para limitar la propiedad y el poder que la oligarquía financiera ejerce sobre las economías, seguirán creciendo las desigualdades y la ingobernabilidad. Los gobiernos no están hoy a la altura de los requerimientos democráticos orientados al bien común.

A la injusta distribución de la riqueza del capitalismo, el capitalismo financiero añade su compulsión enfermiza al beneficio especulativo inmediato, con una gran ineficiencia en la distribución de los recursos y gran descontrol y poniendo en grave desequilibrio y riesgo las economías. Se generan burbujas financieras y crisis recurrentes que implosionan sobre las sociedades, que acaban pagando la factura de estas crisis debidas a la falta de regulación sistémica. En la base que nutre esta situación está la existencia de un entramado internacional de poderosos intereses financieros, económicos y políticos que se resisten a la mínima regulación del sistema, pasando de cualquier consideración orientada al interés general. ¡Es el sistema amigos!

El dominio de las finanzas es pues un “hecho total” que afecta hoy, en mayor o menor grado, a todas las facetas de la vida, creando todo tipo de riesgos sociales y ecológicos e imponiéndose a los gobiernos y a la democracia. Hemos de preguntarnos necesariamente si como sociedad vamos a seguir asumiendo en adelante los costes de esta tiranía de los mercados globales, con cáscara democrática, o si por el contrario vamos a organizar la resistencia y construiremos colectivamente respuestas necesarias para fortalecer y disponer de una auténtica democracia.

Dentro del reto de esta resistencia democrática contra el denominado 1% caben y habría que reunir un amplio consenso de fuerzas sociales y políticas diversas. Lo primero que es necesario consensuar es que hay que comenzar un largo, pero inaplazable proceso para reconquistar la democracia, entendida, en una primera fase, como la capacidad de los países, o unión de países, de autogobernarse sin estar sometidas a poderes políticos o económicos no democráticos. Pero este reto, en el contexto de la globalización actual, no puede ser estrictamente nacional, menos en la Unión Europea. Significa un reto que trasciende las fronteras nacionales y en el que habrían de comprometerse un conjunto de fuerzas antineoliberales: políticas, sindicales y movimientos altermundistas diversos. Una amplia “Comunidad del anillo”, capaz de enfrentarse al Señorío oscuro de las finanzas.

Europa está tensionada por dos fuerzas sistémicas una de raíz liberal, otra la de los populismos crecientes de extrema derecha y la izquierda heredera de la Ilustración se va disolviendo, como sujeto de cambio, por falta de proyecto. Perdida en cien luchas parciales e incapaz de generar un relato edificante e ilusionante. Desprestigiados y obsoletos los referentes históricos políticos y sindicales, la multiplicidad de luchas reactivas se pierden en la inoperancia de tener que afrontar continuamente problemas sociales concretos que estallan un día sí y otro también. Ante ello el discurso de la sociedad reactiva es la lucha en sí, pero fragmentada, sin estrategia, sin cuestionamiento unitario profundo del propio sistema.

Es ahora, cuando los riesgos a los que se enfrentan las sociedades adquieren diversidad y proporciones alarmantes, cuando se manifiesta absolutamente necesario desprenderse de aquellas mochilas ideológicas de la izquierda que no tienen en cuenta el actual contexto histórico marcado por la globalización financiera, en que las oligarquías transfronterizas dominan las reglas del juego económico y político en nuestras vigiladas democracias, tableros de juego bajo su dominio.

Quizá sea hora de volver la vista atrás y reflexionar sobre tantas batallas perdidas por la Ilustración, por la Modernidad, por los ideales republicanos, por aquellas ideas universales que nos interrogan como especie, por los derechos humanos, por las utopías de los siglos XIX y XX. Todo ello necesario para afrontar colectivamente la actual distopía. Aunque supongo que habrá que desvestirse de muchos prejuicios sectarios, fragmentaciones ineficaces y en algunas ocasiones narcisistas, doctrinas o formas organizativas obsoletas cuyo objetivo cotidiano es justificarse. Es apremiante organizar conjuntamente foros y espacios de encuentro, reflexión y debate para ir construyendo discurso y herramientas proactivas de lucha, más allá de la reactividad fragmentaria al uso.

Es patente que el sentimiento de comunidad y los valores republicanos han sido corroídos por cuatro jinetes del apocalipsis sistémico: el individualismo, la competencia, el consumismo y la tecnocracia. ¿Podremos construir colectivamente una nueva utopía, asentada en la fuerza de un sujeto plural y diverso de cambio?