Pero ¿Quien manda aquí? (1) ¡Danzad, danzad malditos!

 

Las batallas reales van por trincheras, las políticas, en España, avanzan desde las autonomías prefigurando el espacio político en que se dirime la “batalla de todas las batallas”, la final en el Estado. El escenario en Castilla- León viene siendo actualidad desde hace semanas, como muchos otros escenarios lo han sido antes y lo seguirán siendo.

Como en la película ¡Danzad, danzad malditos! De Sydney Pollack, mientras, la música sigue sonando en la pista de las maratonianas performances democráticas, controladas por los que siempre han hecho negocio con todos los espectáculos, los plutócratas de turno mantienen sus apuestas políticas preferentes bien situadas desde los altavoces mediáticos del recinto patrio bajo su control accionarial.

Focos y cámaras cubren de continuo a los líderes representantes de este espectáculo, que acaparan así la atención y las expectativas políticas de las gentes. El mañana se está jugando mediante un baile maratoniano de declaraciones, posicionamientos, cifras y pactos que se nos muestran como el universo de las propuestas políticas con respecto a lo posible. Por lo enconado de la contienda podría deducirse que los vencedores habrían de ser, de facto, los líderes que en el futuro pudieran cambiar nuestra situación, respondiendo a los intereses de quien en ellos confiamos; que fueran a ostentar el poder de decisión sobre lo sustancial que afecta a la colectividad.

El premio, para estos aventureros del espectáculo electoral, será poder ejercer su profesión política en el Gobierno Autonómico, durante un tiempo estipulado en el que tendrían el honor de servir al bien común de la comunidad política que los ha elegido y muy especialmente el privilegio de priorizar y favorecer el de sus votantes y/o fuerzas sociales o económicas que les dan apoyo.

Hasta aquí se podría argumentar el guion pre-diseñado de este “momento estelar de la democracia”, el de la elección de las candidaturas más apoyadas por la ciudadanía y el consiguiente proceso de investidura, en un ejercicio necesario como ritual de delegación de la soberanía popular. No obstante este ritual tiene una forma y un fundamento muy bien establecidos desde el sistema que periódicamente monta esta “fiesta” democrática.

Guy Debord y el movimiento Internacional Situacionista, que alimentó el espíritu del Mayo del 68 francés, argumentaron sobre lo que denominaron Sociedad del Espectáculo. Lanzaron este constructo contra la cara-espectáculo de la sociedad y sus ritos y en concreto también en lo que afecta a la máscara de las categorías políticas representativas. Las elecciones en esta sociedad del espectáculo se producirían como una realidad ritual, una forma procedimental caracterizada y pre-establecida desde el Poder. La representación se muestra así como algo más real que la experiencia vivida y somete al individuo a la condición de espectador pasivo y a aceptar pasivamente el estado de cosas existente. Los ritos de la sociedad del espectáculo retroalimentan continuamente los aspectos míticos del poder.

El mito demócrata liberal del poder como soberanía popular es el más extendido y compartido de la política desde las revoluciones francesa y americana hasta nuestros días. Como todo mito cumple una función de anclaje de la representación en un ideario, que es el ideario que acompaña a los procedimientos implícitos en los rituales democráticos.

Contrariamente a la idea de soberanía popular plasmada en los ordenamientos legislativos, un buen número de autores desde la política, la sociología, la economía o la filosofía han abundado en el aspecto ritual y mítico de la democracia liberal o formal. En realidad muchos son los autores que han hablado de la realidad elitista de las democracias occidentales. Las élites políticas, militares y económicas, decía el sociólogo norteamericano Wraight Mills en los años 60 del siglo pasado, poseen un punto común sobre el Mundo que hacen prevalecer e imponen socialmente, pero por encima de todas está la élite económica que predomina sobre todas las demás. Fue un politólogo, precisamente liberal, Robert A. Dahl quien en los 70 habló de que el ordenamiento democrático constituía en realidad una Poliarquía, en donde diferentes oligarquías políticas competían por obtener el poder. Aunque el caso es que como muy bien señaló Wraight Mills, el poder político siempre ha sido subsidiario del económico en los actuales sistemas democráticos.

Tal como ha ilustrado el marxismo epistemológico, la democracia liberal hoy no es sino el telón de fondo donde se reproduce la lucha de clases como motor de la historia, en el sistema capitalista actual. En esta democracia formal, el logro democrático igualitario de facto vendría dado por la derrota parlamentaria de las fuerzas capitalistas oligárquicas, siendo que, cada vez más, se constata cómo una democracia real es estrictamente incompatible con el sistema capitalista. Como explicitaron teóricos sobre la democracia en diversas épocas, como Alexis de Tocqueville o Norberto Bobbio, la democracia, aparte de con la libertad de voto, tiene mucho que ver con las cuotas de igualdad conseguidas en la sociedad; ha de ser procedimental y sustancial.

Finalmente, las teorías anarquistas desde el socialismo libertario desconfiarían de cualquier forma de estado como garante de la democracia posible y propondrían organizar la sociedad en torno a confederaciones de comunidades o comunas libres y autogestionadas. El mayor valor de las corrientes diversas de pensamiento libertario, ha sido los valores que han proyectado en diversos movimientos sociales y sociedad crítica. La democracia directa, radical, participativa y la crítica de la representación, reivindicando otras formas de hacer política, más consultas ciudadanas y una democracia informada y de base. Estos han sido avances sociales teñidos en parte de algunos valores que los movimientos libertarios han ido imprimiendo en la sociedad.

Pero llegados a este punto de posibles, surgen preguntas inevitables que nos enfrentan a la verdad desnuda de la política ¿Quién tiene auténtico poder y cómo lo ostenta? *

*Lo trataremos en una próxima entrega

La privatización de Bankia, un grave despropósito

 

 

 

 

La evolución de las instituciones bancarias en España desde los años 60 ha pasado por distintas fases, que tienen que ver con diversos estímulos sociales y económicos. En una primera fase fue necesario expandir el sistema financiero para avalar el desarrollo endógeno de nuestro país a través de su industrialización. Son los años del despegue desarrollista, momento en que la Dictadura nacionaliza los llamados Bancos Oficiales, que, junto a las Cajas de Ahorro y la importante banca privada, constituyen entonces nuestro sistema financiero. Estos años suponen un gran cambio sociológico, el crecimiento exponencial de las ciudades paralelo al éxodo de la España vaciada. El sistema financiero pasa a constituir el centro en el proceso de acumulación, ya que los bancos son los principales avaladores y accionistas de las empresas industriales, comercializadoras y constructoras.

Recién entrada la democracia se inicia en 1977 un periodo de desregulación y liberalización financiera, es en este año cuando el Gobierno de la UCD inicia un cambio normativo que supone el comienzo de la desterritorialización de las Cajas de Ahorro y diversos cambios en sus prácticas financieras. Por otra parte, un nuevo proceso se inicia en la banca privada a partir de los 80, responde a la necesidad de abrirse a la competencia a nivel internacional y aprovecha la corriente de fondo liberalizadora que llega a Europa procedente de las finanzas USA y que se extiende a la banca internacional bajo la presión de la OCDE, de los organismos financieros internacionales - BM y FMI - y de la Comunidad Económica Europea, de la que España forma parte a partir de 1986.

La presión constante ejercida por la banca privada sobre los sucesivos gobiernos populares y socialistas, para expandir su negocio acaparando el conjunto del ahorro y el crédito en España, supone lo que podríamos denominar un lento y sigiloso golpe de estado del capital financiero desde los años 90 hasta el presente, marcado por la entrega a la banca privada de una nada despreciable banca pública, entre 1991 y 1998 y posteriormente por el operativo desplegado para malvender las cajas rescatadas y nacionalizadas, tras la crisis del ladrillo, a las finanzas privadas. Durante décadas los gobiernos han actuado bajo la premisa de que lo que era bueno para los accionistas de bancos como BBV, BSCH, Banco Sabadell, o CaixaBank, era bueno para España. Supongo que las decisiones políticas que “bendijeron” las operaciones se tomaron al albur de dos tipos de estímulos, unos positivos: la participación en consejos de administración, vía puertas giratorias, la financiación de los partidos o la exención del pago intereses en los créditos formaban parte de la trastienda de las operaciones; otros negativos ante chantajes o amenazas de externalizaciones de servicios, entidades o capital (es curioso que en las sucesivas memorias corporativas del BSCH el monto de sus beneficios en nuestro país, no ha llegado nunca al 15% en los últimos años, un banco en que prácticamente la mitad de su valor accionarial pertenece a sociedades privadas extranjeras y que sigue considerándose un banco español, lo que sí está claro es que cada vez más “nuestros” grandes bancos son bancos sistémicos globalizados). Ha sido precisamente su condición de grandes bancos demasiado grandes para caer ("to big to fail") la que ha prevalecido a la hora de implementar el rescate de las grandes entidades del sistema financiero, cajas, pero también bancos. Rescate que el erario público, o sea la ciudadanía, no ha recuperado a fecha de hoy. Y habría que hacer en este punto algunas consideraciones: La primera es que en ningún momento se ha planteado ante las crisis bancarias que sean los accionistas (nunca los depositantes) quienes asuman en primer término el impacto de la crisis, a ellos no habría de salvarles el Estado, cualquier juego entraña un riesgo. Otra es que cualquier cantidad empleada por el Estado en un rescate bancario es un dinero que la ciudadanía presta a su sistema financiero y que como préstamo ha de ser devuelta al erario común. Respecto a la forma de devolución cabrían diversas formas posibles: A través de la devolución del dinero prestado más intereses acumulados, mediante traspaso de acciones al Estado a cambio del débito, o bien podría ser en este momento muy pertinente que la Nueva Caixabank, que debería asumir la devolución de los 24.000 millones de euros del rescate de Bankia, utilizara su inmenso parque de vivienda para ponerlo a disposición del Estado con el fin saldar su deuda y que éste pudiera así ser destinado a alquiler social, tan necesario en este momento en nuestro país.

Sin embargo, a pesar de la experiencia pasada de desregulación, descontrol y crisis bancarias, tanto la UE, como el BCE, siguen orientando al Gobierno de España a continuar aún con más fusiones bancarias, manifestando que aún hay margen para la competencia en el sistema bancario español, con un índice de concentración bancaria de los más elevados de Europa (28 puntos porcentuales por encima de la media ponderada de la eurozona según un reciente estudio del Banco de España), algo tendría que decir al respecto la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. De 62 entidades financieras que había en 2007, antes del inicio de la crisis, quedan 10, de las cuales 4 están en proceso de fusión. En este momento 4 grandes entidades (Santander, BBVA, Caixabank-Bankia y Sabadell) controlan el 80% de nuestro sector financiero.

El proceso que se ha cerrado con la privatización de la mayoritariamente nacionalizada Bankia, y el traspaso de su patrimonio y acciones a Caixabank, ha sido una operación bien revestida, por la mayoría PSOE del Gobierno actual, de justificaciones y “motivaciones doradas” como de costumbre, es manifiesto que en ningún momento se ha sopesado la más remota posibilidad de convertir Bankia en una Banca Pública de depósitos, como reiteradamente ha estudiado, manifestado su viabilidad y pedido al Gobierno la Plataforma por una Banca Pública. A nivel operativo, esta fusión por absorción de Bancaixa sobre Bankia ha supuesto que una entidad con un 62% de participación mayoritaria del Estado, que por lo tanto mantenía el poder de decisión sobre ella, ha sido anexionada por otra de carácter privado en la que el Estado, a través del FROB, mantendrá una participación minoritaria del 16’1% de la nueva Caixabank, que se sitúa en el número uno del rànquing de las entidades financieras por número de activos en nuestro sistema bancario, con aproximadamente 650 mil millones de euros.

Hemos de analizar la decisión a la luz de la actual situación del sistema financiero internacional. Desde 1999, en que Clinton derogó la Glass Steagall Act por la que la banca de depósitos y préstamos se mantenía separada de la banca de inversión y sus prácticas especulativas, la llamada banca universal añade a sus prácticas de banca tradicional las de inversión especulativa. Es este uno de los motivos más importantes del gran descontrol financiero del sector bancario actual, junto al exceso de titulización y la creación de sofisticados productos derivados. Por otra parte, las normas reguladoras bancarias vigentes a nivel internacional, las de Basilea III, son insuficientes dada la existencia de una buena parte del sistema financiero internacional que permanece en la sombra, en sistemas jurídicos offshore y oculto a la mirada de los supervisores, lo que dificulta la supervisión consolidada de las entidades sistémicas, cada vez más globalizadas. Los observadores financieros hablan desde hace años de una nueva acumulación de riesgos en un sistema que paradógicamente sigue concentrándose, lo cual multiplica las posibles consecuencias devastadoras de las crisis bancarias para las economías en el futuro, especialmente dado el importante crecimiento de la deuda privada.

Otro problema de gran importancia es el actual precio del dinero, las tasas de intereses negativos de facto (si tomamos en cuenta la inflación anual) que viene estableciendo el BCE y que suponen que los bancos, ante las perspectivas de no beneficio, no tengan interés en promover el crédito a empresas y familias. Esto desplaza el negocio bancario en dos direcciones nocivas, económica y socialmente. Una busca un incremento de ingresos en base al aumento de toda clase de comisiones de apertura, mantenimiento y operatividad, que recaen sobre la ciudadanía y que son especialmente sufridas por las personas más vulnerables. La otra busca en el trading especulativo lo que no obtiene por vía del crédito, lo cual aumenta los riesgos sistémicos.

La fusión, por absorción de Caixabank sobre Bankia, significará la desaparición de 1400 oficinas y 8300 despidos solicitados por la entidad, que se suman a los miles de oficinas y a los 100.000 empleados despedidos en el sector desde 2008, lo que dejará en la exclusión financiera a un gran número de personas y a más de 4000 municipios sin oficinas bancarias. Mientras esto pasa, es indignante que la nueva entidad haya decidido asignar altos sueldos a sus máximos representantes (El Presidente Goirigolzarri ha triplicado su sueldo respecto al anterior en Bankia) y una política de bonus a sus ejecutivos que ya ha sido cuestionada por Nadia Calviño, si bien corresponde al Banco de España y en parte al BCE respaldar, o no, las medidas tomadas.

El actual oligopolio bancario es deudor de un considerable número de ayudas directas e indirectas, sin que se vislumbren perspectivas de recuperación y la ciudadanía sufre ahora las consecuencias de las fusiones. La privatización de Bankia significa un nuevo y grave despropósito político, económico y social, ya que aumenta el poder del oligopolio bancario sobre un Estado que se ha desprendido de las finanzas públicas, aumenta el riesgo sistémico en la economía al orientar su actividad al trading financiero y finalmente contribuye a minimizar el servicio tradicional de intermediación bancaria, con las negativas consecuencias previsibles sobre las empresas y la sociedad en su conjunto.

 

Un ICO a la altura de lo que España requiere

 

Siguiendo la consigna neoliberal de privatizar las finanzas para maximizar su libre mercado, los gobiernos socialista y popular privatizaron, entre 1991 y 1998, mediante la operación Argentaria el entramado de bancos públicos e institutos de crédito existentes, sólo reservaron el ICO para el Estado. Con la venta de Bankia nacionalizada a Caixabank nos queda el ICO como ente financiero público.

El Instituto de Crédito Oficial funciona como banco público y como agencia financiera del Estado, que ejerce el control efectivo sobre sus decisiones, funcionamiento y organización. Al tener consideración de entidad pública empresarial, puede financiarse a través de préstamos del BCE, aparte de financiarse en los mercados de capitales mediante emisión de deuda. Aunque raramente el ICO ha aprovechado la financiación que el BCE realiza a entidades bancarias sin apenas interés, lo cual, por pasiva, aumenta su dependencia de los mercados.

La aportación del ICO actual significa una ínfima parte para las necesidades crediticias de nuestro país, su inversión crediticia en 2019 fue de 21.441 millones de euros, lo que representa el 1% de los créditos totales concedidos por las entidades de depósito españolas. En todo caso sus activos son muy inferiores a los de otros bancos públicos de inversión o de desarrollo en Europa; en 2019 su activo era de 32 mil millones frente a los 503 mil millones del KfW alemán o los 181 mil millones de la Caisse de Dépôts francesa.

Ningún gobierno habría de permitir que España se convierta en una finca abierta de par en par al beneficio privado en la gestión de lo público. La planificación del desarrollo sostenible social, territorial y ecológico es una absoluta necesidad hoy, especialmente ante la crisis sanitaria y económica creada por la Covid19 y la crisis medioambiental y climática. Por este motivo es urgente priorizar y planificar a corto, medio y largo plazo los fundamentos de dichas sostenibilidades, mediante la financiación del Estado hacia sectores estratégicos de nuestra economía y el control democrático y social de dicha inversión, que en algunos casos requerirá nacionalizar sectores estratégicos y/o garantistas del Estado de derecho.

En lo financiero las actuaciones de gobiernos anteriores han dejado el crédito mayoritariamente en manos de un mastodóntico oligopolio privado, que persigue exclusivamente su beneficio y que actúa regularmente como elemento amplificador de las crisis, ya que la banca privada se caracteriza por una mínima planificación social de sus inversiones, al mismo tiempo que por su funcionamiento procíclico al no proveer de crédito a la sociedad en su conjunto cuando más lo necesita, en tiempo de recesión económica, cuando más necesario es relanzar la producción y el consumo de las familias. Es perentorio financiar sectores no cubiertos por otras instituciones de crédito, una banca pública de desarrollo solvente podría ejercer un rol anticíclico sobre la economía, financiando proyectos que recojan los retos más actuales que hoy son necesarios para salir con buen pie de la multiforme crisis económica, social, sanitaria, medioambiental y climática.

Es necesario financiar, mediante un ICO reforzado y proactivo, proyectos de proximidad que enriquezcan el tejido económico y social:  Construir parques públicos de vivienda social, otros que actúen sobre el desequilibrio territorial afrontando los retos de la España vaciada, planes de reconversión industrial hacia la transición ecológica, reforzar la gestión pública de los servicios de bienestar, financiar la investigación básica, construir las infraestructuras socialmente necesarias etc. Y es necesario acabar con la falta de crédito a familias y pymes y con la exclusión financiera de personas y de territorios. En este sentido el ICO puede servirse de instituciones como Correos, que ya ofrece servicios financieros básicos online y en sus múltiples oficinas. Incluso algunas Diputaciones Provinciales cederían espacio al ICO para localizar sus sucursales provinciales.

En resumen, el ICO puede ser un valioso instrumento para llevar a cabo necesarias reformas, para ello hace falta consenso social y político. Todo ello con herramientas potentes de gestión, y dentro de una línea de democracia económica, entendida como el control social sobre la asignación de recursos.

Para que este país no sea más, en adelante, pasto de la codicia y cortas miras de algunos, estamos a tiempo de construir unas finanzas a la altura de lo que necesitamos, comenzando por el ICO.

¿Un golpe de estado silencioso en España?

 

En 2009 el execonomista jefe del FMI Samuel Johson, describía en un artículo la crisis financiera de Wall Street como el fatal desenlace de un “golpe de Estado silencioso”. Durante años y bajo el lema “Lo que es bueno para Wall Street es bueno para el país” la élite financiera marcó el rumbo de la economía ante las manos caídas o complicidad de los gobiernos, convirtiendo finalmente la principal economía del mundo en una “república bananera” que acabó implosionando con la crisis de 2008.

En España podríamos igualmente hablar de un golpe de estado del capital financiero desde los años 90 hasta el presente, lento y revestido de “motivaciones doradas” por nuestros diversos gobiernos. La entrega a la banca privada de una nada despreciable banca pública en los 90 y posteriormente el operativo desplegado para malvender o regalar las cajas nacionalizadas a las finanzas privadas, constituyen una parte sustancial de la toma silenciosa del poder económico-financiero en España por las corporaciones bancarias. Del mismo modo que en los USA, lo que era bueno para los accionistas de BBV, BSCH, Banco Sabadell, o CaixaBank, era bueno para España. Supongo que las decisiones políticas que “bendijeron” las operaciones se tomaron al albur de dos tipos de estímulos, unos positivos: la participación en consejos de administración, vía puertas giratorias, la financiación de los partidos o la exención del pago intereses en los créditos formaban parte de la trastienda de las operaciones. Otros negativos ante chantajes o amenazas de externalizaciones de servicios, entidades o capital.

Las fusiones y absorciones forman parte del código genético del capitalismo, las empresas que no crecen acaban desapareciendo o no contando en el reparto del mercado. Consecuencia de ello es la formación de oligopolios que acumulan poder dentro de sus sectores, en este caso el financiero. Tres décadas han supuesto el proceso de acumulación de un oligopolio que ya ostenta uno de los índices de concentración bancaria más altos de Europa, seis veces el de Alemania, con el coste que ello lleva para la competencia y para los consumidores. Después de la fusión (absorción en la práctica) Bankia-CaixaBank, el oligopolio adquirirá proporciones de dominio total sobre el sistema financiero y acabará con el sueño de una banca pública como única forma de disponer de una parte del sector financiero democratizada al servicio de los ciudadanos y capaz de desplegar líneas de crédito que no asume la banca privada. Una Banca pública al servicio de una economía social y ecológica, que combata los excesos de la banca privada movida por el beneficio, mediante el crédito, o bien a muy corto plazo mediante la especulación, la domiciliación de filiales en refugios fiscales, la comercialización de productos estafa y activos tóxicos, el empleo de comisiones abusivas, la reducción de plantillas, el cierre de oficinas y la exclusión financiera.

La codicia sin límites de la banca privada no podía tolerar en los años 90 un sector público que en algún momento equiparó su capacidad crediticia, ni más tarde la competencia de las cajas en cuanto a depósitos y crédito. La presión o el cabildeo con los sucesivos gobiernos está a punto de conseguir gran parte de sus objetivos con esta “fusión”, con la privatización casi total del sector financiero condicionarán sustancialmente las decisiones en política económica. Se habrá cerrado en España el “golpe de estado silencioso” y afianzado una dictadura corporativo-financiera en el seno de una “monarquía bananera”

Pedro Sánchez - siendo que a los ministros de UP se les ha mantenido ajenos a las negociaciones - ha manifestado que se pretende que la fusión se realice de tal forma que se maximicen los activos del Estado en beneficio de la ciudadanía. Lo que no ha explicado es que la fusión entierra definitivamente un proyecto de banca pública en España y que el Estado pasa, de tener el control de una banca nacionalizada con el 61% de acciones a ser accionista minoritario en una entidad privada. Olvida asimismo hablar de qué parte de los 24.600 millones de euros del rescate de Bankia, de los que hasta el momento solo se han devuelto 3000, va a recuperar o no la ciudadanía.

Se ha mantenido a la ciudadanía deseducada y ajena a los problemas económicos que le afectan, sin saber analizar sus causas. Es hora de despertar.

 

 

No hay atajos hacia el cielo

 

La lucha por “conquistar el cielo” ha sido desde Marx recurso semántico habitual en la izquierda política, para caracterizar el momento revolucionario en el que las fuerzas populares logran acceder al poder o al autogobierno de su propia existencia. La base de la democracia liberal, incorporaba la soberanía popular como ícono político de la misma y la llamada cuestión social, que movió durante los siglos XIX y XX a la ciudadanía para la conquista de derechos, promovió, en las llamadas democracias avanzadas, el Estado social y democrático de derecho.

No es mi intención enumerar y menos analizar las frecuentes crisis económicas y sociales que el sistema político de la democracia liberal – del que Winston Churchill dijo “es el menos malo de los sistemas”- ha padecido desde los años 70 hasta la actualidad. Sí doy por supuesto la profunda contradicción actual con sus enunciados y principios en lo que atañe al eje de soberanía, debido a la hegemonía del mercado capitalista sobre el estado y la sociedad. Dicha contradicción ha supuesto su progresiva deslegitimación sistémica y desafección ciudadana.

“La llaman democracia y no lo es” “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros” clamaban en las plazas de España los indignados del 15 M en 2011. Este momento representó la explosión patente de la indignación social ante las consecuencias lamentables de la crisis e interpelaba a los agentes económicos y políticos por la conjunción de vulnerabilidades sociales y falta de perspectivas vitales de buena parte de la población, muy especialmente de la juventud. De la popularidad de este movimiento nos ilustra el hecho de que los sondeos de opinión del momento situaran en un 65% su aceptación social. Su réplica en diferentes ciudades del Mundo internacionalizó su prestigio. El fragor de la democracia deliberativa en las plazas, bien hubiera podido producir un momento “constituyente” organizativo de la sociedad civil más consciente, a pesar del resquemor institucional del que llamaron el Régimen del 78 y de la represión policial.

La sociedad cautiva del mercado, desarmada por la interiorización de valores del sistema y bombardeada por los medios de comunicación, precisa momentos de encuentro de sensibilidades y visión cara a cara, de autopercepción como conjunto de voluntades y construcción del sujeto colectivo, conformado mediante la acción deliberativa y más allá de la observación pasiva de los espectáculos de masas. El 15M reunía elementos proclives para   el encuentro social deliberativo. La conjunción de voluntades e inteligencia colectiva hacían viables las condiciones para comenzar un proceso de ruptura con la sociedad atomizada y la construcción de iniciativas de desarrollo social autónomas del Estado y del mercado. Sin embargo las prisas por adquirir poder para cambiar las cosas llevaron a parte de actores del movimiento a organizarse políticamente para litigar por el acceso a las instituciones.

“Vamos poco a poco porque vamos lejos” observaban los más conscientes del potencial de acción colectiva inherente en la multitud indignada. El poeta Marcos Ana, ya fallecido, el preso político que más años pasó en una cárcel franquista decía que “la única forma de que cambien las cosas es que los cambios sean lentos” y es que no hay que dejarse deslumbrar por la voràgine del espectáculo político, muchas veces lampedusiano (cambiarlo todo para que nada cambie).

Una parte del movimiento del 15M, conformada por jóvenes lideres y profesores universitarios, pensó que constituirse en fuerza política para acceder a las instituciones, podía ser un revulsivo que acelerara el cambio necesario en España. Pablo Iglesias enfatizó en un mitin en 2014 “El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto” Podemos creyó que con el “asalto” electoral a las instituciones, sus grandes ideas transformadoras iban a ser el revulsivo político que cambiara la sociedad. A posteriori, cada cual puede juzgar el resultado, se han hecho muchas observaciones y análisis respecto a la deriva de Podemos a partir de la Asamblea de Vistalegre II en febrero de 2017, a partir de su fusión con IU para fundar UP y especialmente a partir de su entrada en el actual Gobierno de coalición con el PSOE. A día de hoy el batacazo electoral en Galicia y Euskadi y el ensañamiento de la oposición y los medios con Podemos bien pudiera suponer el final de su aventura celeste.

No es mi deseo entrar a analizar el complejo desarrollo político e institucional en el trayecto de Podemos y UP, si bien pienso que para izquierda institucional en 2014, fecha de fundación de Podemos, ya estaba IU y que el movimiento indignado de las plazas reunía potencial transformador para el progresivo empoderamiento y autoorganización social. La revolución siempre pendiente y la que merece la pena es la social, eso lo saben muy bien el neozapatismo y los movimientos autónomos y libertarios. Pero la vía social es larga y no cabe en los que están ávidos de poder. Si no hay condiciones contextuales culturales y de acción y conciencia social a la altura, cualquier intento de cambio desde el poder será baldío. El camino es largo, no hay atajos para “subir a los cielos” y las organizaciones sociales hemos de creer que podemos transformar la sociedad desde abajo, pero para ello hemos de estar mucho más coordinadas y con la vista puesta en un proyecto de cambio social común.

Cualquier persona activa hoy y con proyección hacia el cambio social habría de conocer la realidad del S.XXI y su gran complejidad, comprender que la época de los grandes y fáciles discursos revolucionarios quedó atrás. Eso hace más compleja y difícil, pero igualmente necesaria la construcción de proyecto de acción social colectiva. Su mera posibilidad habría de constituir el tenaz empeño de estas personas y colectivos para promover y abrir la participación deliberativa a amplias capas de la población.

La deseada futura república catalana.

Hablar de República hoy es, para muchos, cambiar la monarquía parlamentaria por un gobierno presidido por un ciudadano o ciudadana electos, que ostentaría la presidencia de la República. Si bien, en puridad formal, hoy se llama repúblicas a los regímenes no monárquicos y formalmente democráticos, que así se denominan constitucionalmente. Hemos de recordar que, para que un país merezca ser llamado republicano, hace falta que su elenco cultural y político sufra a menudo una profunda transformación que le aproxime en cuanto a sus finalidades reales al bien común de todos, ciudadanos y ciudadanas.

Si nos sumergimos en la historia de la tradición republicana, tradición que ha dado lugar a la ideología política del republicanismo, nos hemos de remontar necesariamente a Platón, que aun no siendo proclive al gobierno de los más (entonces del partido de los pobres) ni de la democracia como sistema, sí que ha dejado una profunda huella en el pensamiento republicano y en algunos valores que a partir de la modernidad han asumido como modelos algunas repúblicas democráticas. Platón incorpora al pensamiento político griego y europeo posteriormente, el valor político fundamental de la “areté”, la virtud en la “civis”. Platón exije del gobernante sabiduría para entender la sociedad y para articular sus formas de gobierno, pero también virtud para ser ecuánime en el trato político, justo en las decisiones y normas de gobierno y honesto en su desempeño. Independientemente de que combata el sistema democrático de la Grecia de Pericles, Platón incorpora un hito, la virtud, a la vida política. Y este hito ya será un imponderable de la democracia moderna.

Es aquí donde hemos de preguntarnos por el valor del actual Procés hacia la República Catalana y de la virtud del bloque mayoritario que lo nutre y sus liderajes. Hemos visto, en la lista de Junts pel Sí, una intención de los ya “antiguos” líderes catalanes, que pretenden legitimarse mediante el liderazgo de este proceso ante el pueblo de Cataluña. Un pueblo que, según se entiende, libre de ninguna presión o engaño, de forma consciente y crítica proclamará ante las urnas a los governantes mejores para conducir el Proceso catalán hacia la independencia. En esta lista que parte en principio como una lista de la sociedad civil, se esconden en cuarto y quinto lugar los dos grandes jefes de la tribu catalana hoy, Artur Mas y Oriol Junqueras. Siendo que a Artur Mas, todos los pronósticos le dan como posible Presidente de Generalitat y que haría la transición a la proclamación de la República catalana.

¿Alguien piensa, al votar la lista de Junts pel Sí, o al apuntarse de promotor o compañero de viaje del actual Presidente de la Generalitat - que es adalid del partido político que tiene sedes embargadas, el deber de explicar el 3%, y que ha canalizado el principal descontento social en Cataluña desde la caída de la dictadura – que será el que llevará a cabo la transición hacia la República Catalana? ¿podrán los votantes y los compañeros de viaje hacia la República asumir que no votan virtud ni bien común, sino que simplemente sustituirán un monarca por un “capo” del terruño?

Otro de los puntos fuertes de la República ha sido tradicionalmente el de la estabilidad de la polis. Los valores de cohesión social y de estabilidad política y económica marcan necesariamente la acción republicana. Y aquí es donde hemos de preguntarnos sobre varios puntos necesariamente:  

¿Procura el actual proceso a la independència en Cataluña mayor cohesión social en España que la que había hasta ahora? ¿depende de los escenarios?

¿El proceso catalán hacia la independencia posibilitará una estabilidad política nacional catalana e internacional el día de después y fechas siguientes?

¿El proceso catalán proporcionará mayor solvencia y estabilidad económica en Cataluña?

Lo que sí va a proporcionar es una sociedad culturalmente más homogénea ¡qué duda cabe! Aunque no sé si eso puede convertir Cataluña en menos pluralista y cosmopolita, estaría por ver…  

Dejo estos interrogantes para que cada cual los aborde y se los responda. La estabilidad y la cohesión social son importantes ejes de cualquier comunidad política.

No pretendo centrar el debate en la legalidad y legitimidad sobre quién debe tomar decisiones en política y en este caso en el tema de la soberanía, si ha de ser la constitución con que nos hemos dotado todos  los españoles o la legitimidad democrática de la mayoría del pueblo catalán. En lo que sí voy a incidir aquí es en cómo se encara el proceso de desencuentro de Cataluña hacia España, sitas hoy en una misma comunidad política. Y en esto Kant, la Ilustración y el posterior republicanismo kantiano si nos dan pistas, que son las mismas pistas que siguen para abordar conflictos todos los mediadores nacionales o internacionales, la vía del dialogo.

Siempre ante cualquier conflicto que entraña el malestar de las partes, se ha de intentar una vía de dialogo antes de que se enquiste. Hay que tratar a nivel internacional, que parece es lo que se trata, de encontrar una solución negociada, antes que por supuesto cualquier declaración unilateral de independencia. Es cierto que el actual gobierno de España no lo pone tampoco fácil, pero en todo caso una decisión de esta trascendencia no debería ser tomada de forma atropellada. Y es muy posible que el panorama político en el Estado Español cambie en breve y pueda llevarse a cabo un proceso negociador y encontrar una solución que no suponga necesariamente el conflicto, sea la que sea.

Lo que muchos criticamos del proceso actual catalán es que:

1º.- Es un proceso de “boxeo” y sin ningún diálogo y en eso tienen exactamente la misma responsabilidad el gobierno de España, como el Gobierno de Cataluña, como las asociaciones de la sociedad civil y los medios de España y de Cataluña.

2º.- Es un proceso que está adquiriendo paulatinamente tintes de más nacionalista y banderil, en el que predomina el interés de la nación por encima de cualquier otro, incluso de la justicia ( corrupción intocable) y esto en los dos “bandos” con lo que los valores de ciudadanía crítica se evaporan ante el fuego de las pasiones comunitarias.

3º.- Es un proceso donde prima la propaganda por “ambos bandos”.

4º.- Es un proceso donde parte de la izquierda ha priorizado el objetivo nacional sobre cualquier otro en este momento (por los hechos de cada cual, está claro).

5º.- Si no se cambia la orientación del proceso, lo cual quiere decir que han de cambiar los dos malos gobiernos (de España y de Cataluña) que solo persiguen su permanencia y poder oligárquico, si no cambian estos dos gobiernos no habrá diálogo. Cada uno buscará réditos propios en este conflicto y la irracionalidad y pasiones no filtradas por la razón harán ( como en todo divorcio civil judicializado, conflictivo y con rancunias e incomprensiones mútuas) que las criaturas ciudadanas y personitas sean víctimas de este divorcio no dialogado, como en las peores familias. Solo queda una opción, que cambien los gobiernos en los dos sitios ( en uno solo no vale), que entren gobiernos limpios de suciedades varias y de peajes patrios y que se comience un diálogo sobre la relacción mutua con todas consecuencias, sometiendo, solo después del diálogo con juego limpio por ambas partes, las posiciones de salida a referendum.

Desde la política y la ciudadanía crítica hemos de buscar soluciones para los dos pueblos, no “declaraciones de guerra mutuas” de los mandamases. Detrás hay personas oprimidas y ninguneadas a cada orilla del Ebro. Hay quienes desde la sociedad civil proclamamos y pedimos hace tiempo diálogo, hay otros que piden ruptura ¡ya!, en las condiciones que sean. La diferencia entre una postura y otra es muy sencilla, si predomina la segunda predominará el sentimiento propio de unos frente al sentimiento propio ajeno, habrá enfrentamiento de dos sentimientos lícitos, pero no filtrados por la razón y reforzados por los poderes que ven en el conflicto una oportunidad de permanencia, de despistar con este conflicto de sus responsabilidades patrias y de catapulta electoralista en vísperas de los comicios.

Si viviera Hanna Arent tendría en el Proceso catalán un reto muy importante y sería enseñar a esos que hoy se proclaman abanderados de la República catalana, qué quiere decir en realidad eso de pensamiento republicano, del que seguramente se han olvidado, si es que alguna vez lo han conocido. Comunitarismo rancio, ineficaz, elitista, asfixiante y cerrado, tanto en España como en Cataluña, eso es lo que nos espera a esta marcha. ¡Y las izquierdas siguen sin enterarse de nada!

No pretendo cargarme la política en Cataluña, solo pretendo darle el giro necesario a los tiempos en aras de conseguir una mayor aproximación a la búsqueda del bien común y para ello propongo ensanchar la visión política en estos tiempos de crisis en España y en Cataluña, dirigir la mirada y la acción también hacia donde hoy se desarrollan las macropolíticas que nos afectan, hacia Europa y la comunidad internacional. Esta posición es muy opuesta a la que tiende a obviar la política internacional y a fragmentar la realidad política y retrotraerse, preferente y a veces exclusivamente, en los colectivos que pensamos controlamos, en los del nosotros étnico, pero que no tienen la posibilidad de efectuar unilateralmente el  autogobierno que desean, la comunidad política ha de establecer a nivel internacional diversos tipos de gobernanza y las escalas y la subsidiariedad en las decisiones son principios más que deseables políticamente. Por ello hemos de promover ciudadania crítica europea contra el actual establishment oligárquico-corporativo. 

Antonio Fuertes Esteban

Barcelona 12 de septiembre de 2015