Antonio Fuertes Esteban. ATTAC Acordem
Alberto
Garzón: “En este país mandan las grandes fortunas y no quienes se
presentan a las elecciones” (sesión en el Congreso de los diputados)
Entre los derechos negativos que la
democracia liberal prescribe figura el derecho irrestricto a la
propiedad, entendido como el que asiste a particulares y corporaciones a
preservar sus bienes y titularidades, derecho que la ley ha de proteger
y defender. Este derecho está muy bien flanqueado por otro que también
se pretende irrestricto y que supone asimismo la defensa a ultranza del
derecho a la privacidad, que aplicado al uso y disfrute de la propiedad
significa el secreto, y por lo tanto la opacidad, en lo que atañe al uso
de capitales y titularidades. El secreto bancario y los diferentes
instrumentos para ocultar a los auténticos propietarios y/o titulares de
cuentas, bienes o empresas, son formas habituales protegidas en
distintas jurisdicciones de este derecho, que se pretende absoluto a la
privacidad y que sirve para reforzar el derecho a la propiedad.
La propia naturaleza de nuestras
democracias liberales ha protegido mediante la ley y con carácter
resolutivo, los derechos a la vida y a la propiedad y los ha protegido
eficazmente de la intromisión, sustracción o agresión externa de
terceros. Es decir los derechos especialmente en su acepción negativa,
penalizando inexorablemente cualquier acción de terceros que pueda
atentar contra la vida o la propiedad.
Si bien esta naturaleza liberal de
nuestras democracias no ha sido capaz de incorporar y defender con la
misma determinación los derechos positivos a condiciones de vida dignas.
Estos derechos, conllevan la acción positiva del Estado en promover los
derechos económicos y sociales como fundamentos y garantías del Estado
de Derecho, hoy comúnmente aceptado y plasmado en diversas
constituciones como Estado Social y Democrático de Derecho. Y es que lo
que fundamentalmente permanece en el fondo del actual proyecto
democrático es la garantía de defensa de los derechos y valores
liberales propios del capitalismo originario: la garantía de protección
de la vida y la propiedad de agresiones y sustracciones externas, y los
valores del mercado y la libre competencia como bases necesarias de
ganancia y de acumulación de la propiedad.
Los derechos negativos constituyen desde
el inicio de la democracia liberal el “corazón” del proyecto del
liberalismo político inicial y el proyecto plutocrático del dinero o
proyecto del liberalismo económico o capitalismo los ha
sobredimensionado obviando muchas veces los derechos positivos. Estos
derechos negativos son los que legitiman y garantizan actualmente el
ordenamiento jurídico-administrativo del llamado “Imperio de la ley” y
que se sitúan por encima de los llamados derechos positivos que se
entiende ha de satisfacer un estado social y en especial de derechos
económicos y sociales como por ejemplo el derecho a trabajo, vivienda,
salud, educación o servicios sociales dignos.
La naturaleza liberal de la democracia
actual es defendida por las diversas elites y poderes conservadores
mundiales que exigen, de los poderes democráticamente constituidos,
estados fuertes que defiendan los intereses de los propietarios y
corporaciones y, paradójicamente, Estados mínimos que dejen actuar al
mercado y no que intervengan sobre él regulándolo y constriñéndolo o que
garanticen bienes y servicios de titularidad pública.
Actualmente la defensa de la propiedad y
la libertad de mercado a ultranza, hasta sus últimas consecuencias y a
cualquier coste, forma parte de una nueva ofensiva del proyecto
plutocrático del dinero, ahora neoliberal, para desembarazarse del
proyecto político y social de ciudadanía que formó parte del consenso
social de post-guerra. Se lo permiten y favorecen la emergencia de
nuevos mercados en países con gobiernos abiertos a la competencia y la
pasividad de una izquierda, en los gobiernos o en la oposición, para
quien el derrumbe del experimento socializador en los países del Este
significó vergonzosamente el cuestionamiento de sus valores
fundamentales – igualdad, libertad y solidaridad- que de ser valores
fuertes de su acción y comúnmente aceptados, pasaron a ser débiles y
cuestionados. Una ”izquierda” que en Europa primero ya había sido
pseudo-colonizada en el marco de la OTAN , más tarde hipnotizada desde
las “terceras vías” y que finalmente ha sucumbido a las continuas
exigencias del mercado.
Respecto a la trascripción de los
valores de izquierda a los marcos político-jurídico-administrativos
podríamos poner algunos ejemplos:
- En lo que respecta a la igualdad ante
la ley, la izquierda anteriormente gobernante no ha sido capaz, ni
siquiera ha tenido la voluntad, de tratar por el mismo rasero de la ley
fraudes multimillonarios como los cometidos por los presidentes y
ejecutivos de grandes bancos y políticos corruptos que los pequeños
fraudes de ciudadanos corrientes a la hacienda pública a los que
normalmente sí se aplica la ley. Esto no es igualdad ante la ley.
- En lo que respecta a la igualdad de
oportunidades, los Gobiernos no obran activamente promoviendo políticas
de creación de empleo. Tampoco actúan en educación promoviendo acciones
positivas que sienten bases de una mayor igualdad de oportunidades en la
educación, muy al contrario el vigente proceso de Bolonia ha
significado establecer un marco universitario en Europa sometido
fundamentalmente a intereses mercantilistas, o bien se está trasvasando
presupuestos continuamente de la enseñanza pública a la privada.
- En general la brecha entre ricos y
pobres se acentúa, con lo que se deteriora en los países los proyectos
colectivos, la cohesión y la democracia sustancial, más allá de los
procedimientos electorales. Ya Alexis de Tocqueville, en su crónica de
la Democracia en América valoró la igualdad sustancial de partida como
una de las bases necesarias sobre la que se levantó la República de los
EE. UU de América, por él catalogada como democracia. Es comúnmente
reconocido que la desigualdad ostensible deteriora la democracia, como
ha hecho con la democracia Americana.
- La libertad es incompatible con la
dominación que ejercen las corporaciones sobre los trabajadores y
trabajadoras a nivel mundial y que en muchos lugares no tienen más
remedio que aceptar vender su fuerza de trabajo y someterse a
condiciones de explotación y/o indignidad para poder sobrevivir.
- Las condiciones de competencia se han impuesto a la solidaridad entre personas y entre países.
Todo análisis serio o somero nos informa
de cómo por medio del desarrollo no regulado de los intereses del poder
del dinero, se han ido desnaturalizando y perdiendo valor y proyección
social y política los valores de izquierda, y ello a instancias de
gobiernos conservadores y de gobiernos de izquierda que han olvidado lo
que significa la política como instrumento de transformación social y
han pretendido gestionar más eficazmente el sistema capitalista, basado
en el derecho irrestricto e ilimitado a la propiedad. Con ello se ha ido
concentrando el poder conforme se concentraba la propiedad y hoy el
poder oligopólico de las corporaciones ha amordazado a las instituciones
democráticas por medio de la deuda y pretende gobernar mediadamente por
medio de instrumentos como el Tratado trasatlántico de comercio e
inversiones entre EE.UU y la UE, o el Transpacífico.
Regular en este momento el poder del
dinero es necesario si en breve la ciudadanía no quiere verse
esclavizada de por vida. Para ello actuar sobre la economía en este
sistema mercantilista a ultranza ha de ser el eje de la acción de la
izquierda a nivel estatal, pero sobre todo internacional eje necesario
para presentar batalla desde la política al poder financiero de las
grandes corporaciones.
Habremos de recurrir al socialismo
clásico para poder de nuevo ir definiendo un proyecto que cree consenso y
movilice a las fuerzas sociales que persiguen un cambio hacia otro
mundo mejor posible. Una de las enseñanzas que la historia pasada y
reciente nos muestra es que hay que poner coto al poder económico y
recuperar la política como herramienta que la ciudadanía y los gobiernos
tienen para promover el cambio social y una auténtica democracia. Y en
el inicio y la base de este proyecto necesariamente hemos de
preguntarnos de nuevo ¿Qué hacemos con la propiedad?
Aquí quiero apuntar a lo que considero
el núcleo de la cuestión, y es que lo que ha precipitado la actual
crisis sistémica y ha puesto en tela de juicio la libertad absoluta del
mercado como valor supremo no ha sido fundamentalmente como algunos han
dicho la avaricia – no se puede disfrutar tanto dinero en mil vidas –
sino el desarrollo natural y no regulado del poder del dinero en todos
los frentes (laboral, medioambiental, comercial, financiero,….etc), un
poder soberbio, que no admite críticas ni limitaciones, que no se mira
en el espejo de los desposeídos ni de la degradación del medio ambiente y
que desatado y autista ha sentado las bases de la actual implosión en
los mercados financieros globalizados, de la cual saldrán perjudicados
sobre todo los más débiles. Hay que poner límites al poder del dinero,
hay que limitar la propiedad y ello supone asumir desde el poder
democrático la necesidad de remover ordenamientos
jurídico-administrativos y constitucionales si fuese necesario.
Limitar la propiedad, hoy globalizada,
supone la coordinación de actuaciones nacionales, supranacionales e
internacionales orientadas a: Crear unas reglas de comercio justas,
posibilitar/crear una fiscalidad nacional e internacional necesariamente
progresivas y orientadas a la justicia re-distributiva, acabar con las
cuevas del delito que suponen los paraísos fiscales, el desarrollo de lo
común – fomentando al mismo tiempo un fuerte sector público que limite
lo privado y atempere la competencia – , el fomento de la solidaridad
internacional en un clima de paz y el desarrollo efectivo de los
derechos humanos fundamentales.
En el mundo globalizado en el que las
corporaciones y grandes fortunas acumulan un poder capaz de sobreponerse
a los poderes políticos constituidos, la libertad no debería entenderse
fundamentalmente como libertad de negocio y para ello lo común o
público debe de cumplir el papel garantista que le ha de corresponder en
un Estado Social y Democrático de Derecho. En breve el Estado liberal
ha de ser re-interpretado y acotado desde el Estado Social si no
queremos que el libertarismo económico acabe con la política y con el
mismo contrato social que posibilita al Estado.
Los políticos a quienes la ciudadanía
otorgue en adelante su confianza habrá que interpelarles ¡O con la
justicia y la democracia o con el dinero!. Esperemos que su decisión sea
la adecuada para que podamos confiar en nuestras instituciones. Pero
para ello habrán de combatir el poder del dinero, el poder real
actualmente.