Gregorio López Sanz - ATTAC Albacete
Fuente: El Viejo Topo
El mundo está inmerso en una gravísima crisis sistémica, cuyas manifestaciones tienen el denominador común de crecientes desigualdades e injusticias sociales, y en cuyas raíces subyace una violencia estructural basada en la preeminencia absoluta de los beneficios monetarios privados a costa de valores como la soberanía alimentaria, la conservación de la Naturaleza, el acceso igualitario a recursos minerales y energéticos y el respeto a otras formas no hegemónicas de organización social diferentes a las del capitalismo neoliberal.
Con el término “izquierda” me referiré a los movimientos sociales y políticos entre cuyos objetivos prioritarios figura la reducción de las desigualdades sociales, el desmantelamiento de las concentraciones de poder en manos privadas y la consecución de la paz sobre la base de la justicia social (no a través del militarismo ni el belicismo). ¿Qué medios deberían utilizar dichos movimientos para perseguir los objetivos anteriores? Preferentemente la participación y actuación decisiva de la sociedad civil y del Estado a través de políticas públicas, tanto en el ámbito de los tradicionales estados-naciones como en el marco de organismos de carácter internacional.
La primera sorpresa que podemos llevarnos es constatar que, de acuerdo con los objetivos reales que persiguen, y lo que es más importante, los medios que utilizan para ello, determinados movimientos que convencionalmente se han considerado de izquierda, no quepa calificarlos como tales. Pero no es éste el tema que ahora nos ocupa. Además, cuando hablamos de izquierda tenemos que hacer una distinción adicional según se trate de planteamientos de los partidos políticos en el poder, en la oposición y los colectivos sociales, hasta el punto de que muchas veces, los programas y la acción de cada uno de ellos pueden diferir sustancialmente. Así, cabe constatar un serio problema de unidad de acción en el seno de “las izquierdas”, que son incapaces de ponerse de acuerdo en lo “básico”, lo cual no tendría que ser incompatible con la pluralidad del pensamiento que es otra de sus señas de identidad.
Lo que más llama la atención sobre cómo el Gobierno de España está gestionando la actual crisis es la incoherencia de las medidas adoptadas respecto de sus principios ideológicos socialistas , así como el no haber puesto en marcha un diálogo social ampliado más allá del tradicional entre Gobierno, patronal, sindicatos y banca, a pesar de tratarse de una crisis peculiar tanto por su globalidad como por la novedad de sus causas y consecuencias. A continuación se abordan algunas de las políticas aplicadas antes y después de la crisis, para valorar si al definir las mismas se han tenido en cuenta las distintas sensibilidades de los movimientos de izquierdas o si por el contrario, las inquietudes y las acciones siguen dispersas, despistadas o a la deriva, cada una en “su mundo”.
1) El acceso a la vivienda: germen de la crisis financiera y cadena perpetua a la sumisión. Los partidos políticos de izquierda en los gobiernos central, autonómicos y locales no han hecho nada para reducir la presión creciente a que se ha sometido la burbuja inmobiliaria desde hace más de una década. Y ello a pesar de que ha habido tiempo más que suficiente para frenar una dinámica constructora desbocada por la especulación financiera y aderezada de corrupción política en demasiados casos. Ello ha supuesto una concentración de poder en las entidades bancarias, materializado en el derecho a percibir un mayor porcentaje de las rentas de las familias por un período de tiempo más largo, lo que supone una fuente segura de beneficios empresariales. Antes de la explosión de la burbuja, la misma ha reportado beneficios ingentes a empresas promotoras y constructoras, que han utilizado para tomar posiciones en sectores estratégicos como el energético, y que ahora rápidamente se declaran en quiebra y proceden a despidos masivos de trabajadores/as de muy difícil recolocación a corto plazo.
Por su parte, la otra izquierda, la de los movimientos sociales de base, altermundistas y radicales en su empeño por evitar la marcha atrás en los derechos sociales, viene clamando en el desierto por una vivienda digna, pero no al precio de uncirse de por vida el yugo financiero de la hipoteca, que favorece la reducción a la mínima expresión de las inquietudes sociales de las personas, afectas ahora al régimen financiero-especulador en la tarea de alimentarlo acrítica y puntualmente, desviando hacia el mismo la mayor parte de la renta familiar. Al igual que la sanidad, la educación y las pensiones, cada vez más colectivos plantean que la vivienda debería ser provista preferentemente por el Estado en régimen de propiedad pública y bajo fórmulas de alquiler, cortando así de raíz espirales especulativas que hasta ahora se han reproducido con la connivencia de los poderes públicos, el capital especulador y las clases medias-altas, y cuyos costes han sido repercutidos hacia las clases más desfavorecidas en forma de mayores precios de la vivienda y más esfuerzo para acceder a la misma.
2) La estrategia energética: flirteo con el gran capital versus nacionalización. El suministro de energía, por sus implicaciones sobre la calidad de vida, es un asunto que debiera ser prioritario para la política pública. Y así ha sido, efectivamente, pero no para mejorar su control social y democrático, sino para favorecer concentraciones empresariales atendiendo a criterios de amiguismos políticos. Baste recordar cómo acabó la guerra por el control de ENDESA y la que se avecina a vueltas con quién controlará REPSOL. Un Gobierno verdaderamente de izquierdas hubiera sido sensible a una mayor intervención del Estado en el ámbito económico-energético, defendiendo una causa que hoy sólo apoyan movimientos sociales como los ecologistas y altermundistas.
Precisamente en tiempos de crisis resulta más fácil desplegar medidas de política económica tendentes a la nacionalización de grandes empresas energéticas, ya que su precio de mercado es más bajo, se cuenta con una opinión pública favorable a la intervención pública (incluidos los sectores más rancios del neoliberalismo económico que han llegado a pedir “un paréntesis” en la economía de mercado) y, además, se trata de sectores con capacidad para generar beneficios monetarios, por lo que en el caso que fueran de titularidad pública, permitirían aumentar los ingresos del Estado con el fin de mejorar los servicios públicos.
Mientras tanto, industrias amables con el medio ambiente y básicas para la reconversión energética que pide a gritos la conservación de la Naturaleza, generadoras de empleo en un entorno de paro masivo como el que nos rodea, corren peligro de quedarse raquíticas o de venirse abajo cuando apenas han echado a volar. Valgan como ejemplo las diferentes industrias ligadas a la energía solar fotovoltaica, porque los responsables del Ministerio de Industria y Energía, con la nueva regulación del sector fotovoltaico, han rebajado significativamente el apoyo público a la generación de este tipo de energía. Los muchos “rescates prioritarios” que se avecinan y los maltrechos ingresos fiscales estarían detrás de la negativa a seguir incentivándolas como hasta ahora. Pero por otro lado, paradójicamente, el Gobierno de España y muchos autonómicos, tanto de izquierdas como de derechas (aquí se iguala el pragmatismo de ambas opciones políticas en las tareas ejecutivas), no paran de renunciar a ingresos impositivos vía reducción y/o eliminación de impuestos directos que favorece principalmente a las rentas altas (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones).
3) ¿Qué plan de rescate público necesitan entidades financieras que están a la cabeza en el ranking mundial de beneficios? Una parte de la izquierda española, la que detenta el Gobierno Central, ha establecido un plan de rescate para las entidades financieras. Para ello se articula la compra de ida y vuelta de activos financieros en manos de las entidades bancarias, con el fin de facilitarles liquidez por un importe de hasta 50.000 millones de euros, y menos mal que hablamos de uno de los sistemas financieros más solvente del mundo. La medida se toma después de mantener una reunión con los representantes de los grandes bancos de este país, es decir, entre los que deciden el gasto (el Gobierno) y los que se benefician del mismo (los bancos), “olvidando” invitar a este proceso de toma de decisión tan “extraordinario” a quienes financiarán dicho gasto a través del pago de impuestos, es decir, a los contribuyentes organizados en la sociedad civil.
Aunque se afirma que se adquirirá a entidades financieras activos de máxima calidad, para garantizar que, a través de ellas, la financiación llegue a empresas y ciudadanos, por el momento nada se sabe sobre cómo se piensan deslindar los activos “sanos” de los “contaminados” y qué plazo de tiempo se da para contrastar que la financiación llegue a familias y empresas y no se desvíe a “tapar” otros agujeros más o menos ocultos de las entidades financieras, o incluso a engordar sus beneficios. Las entidades financieras españolas obtuvieron unos beneficios de 20.000 millones de euros en 2007 y la mayor de todas ellas espera unas ganancias de 10.000 millones de euros en 2008, por lo que resulta paradójico que precisen de un plan de rescate como el que se ha puesto en marcha. ¿No se habrá confundido el Gobierno respecto a quién lo está pasando mal en esta “crisis”?. Al igual que el plan aprobado en EE.UU., más que de rescate habría que calificarlo de “botín de piratería”, fruto del abordaje y del saqueo consentido de las arcas públicas por parte del gran capital.
Y es que, todo pirata necesita un refugio. Para eso están los paraísos fiscales, que ni se denuncian ni se propone suprimirlos, a pesar de ser la piedra angular sobre la que descansa la estructura financiera internacional, además de refugio financiero de actividades delictivas de lo más variadas (evasión de impuestos, narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de personas, terrorismo). En la Declaración de la Cumbre de Washington, suscrita por el Gobierno de España, se los denomina eufemísticamente como “jurisdicciones no cooperadoras y poco transparentes”, como si la cooperación y la transparencia hubieran sido la enseña del marco financiero que acaba de derrumbarse.
4) La política monetaria y la política fiscal: la inflación y la estabilidad presupuestaria como excusa; la asfixia financiera de familias y PYMES y el aumento de las desigualdades como resultado. Desde hace un año y medio, los principales Bancos Centrales del mundo están inyectando liquidez a las entidades financieras para paliar la “crisis de confianza” que existe entre éstas. Sin embargo, dicha liquidez facilitada en condiciones preferentes no implica más concesión de créditos o mejora cualitativa de las condiciones de los mismos.
Tras el empacho de desregulación pública y de hipotecas privadas de los últimos años, seguir guardando en una urna instrumentos potentes de política económica resulta antisocial. En cuanto a la política monetaria marcada por los intereses del capital especulativo, por la brutal erosión de las rentas de tantas familias con hipotecas ante una evolución del Euribor al alza durante tres años continuados entre agosto de 2005 y agosto de 2008, generando así una redistribución de renta desde las familias a los bancos, bendecida legalmente por la regulación que la Unión Europea confía al Banco Central. En Europa, la política monetaria expansiva vía reducción de tipos de interés sólo se ha comenzado a instrumentar recientemente, con más de un año de retraso, favoreciendo así una crisis de la economía real más profunda. Los criterios “técnicos” del Banco Central Europeo para atajar presuntas tensiones inflacionistas de origen especulativo (precios del petróleo y de los alimentos) han prevalecido sobre los criterios políticos que aconsejaban mejorar la renta familiar y la inversión.
En lo referente a la política fiscal, el Gobierno de España habla de regresar a un keynesianismo muy particular. Por un lado, se propone la reducción de impuestos pero sin señalar cuáles. Por otro lado, aunque no se dice, será preciso un mayor gasto público para atender las prestaciones de desempleo de los/as trabajadores/as que están perdiendo y perderán su puesto de trabajo.
Además, como la actividad económica retrocede por que ya se ha entrado en recesión (crecimiento económico negativo), los ingresos fiscales se reducirán aunque se mantuvieran los tipos impositivos. Y por último, se anuncia un paquete de medidas para estimular la inversión pública. ¿Cómo se piensa alcanzar la sostenibilidad fiscal (el equilibrio presupuestario) que se establece como meta en la Declaración de la Cumbre de Washington? ¿Por qué no se habla abiertamente de incurrir en déficit público para financiar gastos sociales y servicios e inversiones públicas en infraestructuras destinadas a los colectivos más desfavorecidos?.
5) El Gobierno de España pide silla sólo para él en la Cumbre de Washington, entrando en la lógica de que unos pocos decidan por todos. Y es que, cuando se trata de evaluar el desmoronamiento del sistema neoliberal, así como de sentar las bases de otro que lo supere, sería conveniente que en dicho proceso hubieran participado todos los pueblos de la Tierra en el marco de una conferencia auspiciada por Naciones Unidas. Sin embargo, la Cumbre de Washington ha sido convocada por Estados Unidos, la potencia militar y económica que ha conducido al actual “desorden mundial”, y más allá de los países con mayor PIB y/o renta per cápita del club de los más enriquecidos, sólo se ha ampliado el círculo para contar con las llamadas potencias económicas emergentes. ¿Quiénes han defendido y planteado en la Cumbre los intereses y los problemas de esa tercera parte de la población mundial ausente y, en particular, la de los pueblos empobrecidos y saqueados de África y el Magreb, Oriente próximo y Oriente medio, Asia Central o América Latina?.
Ahora más que nunca, la izquierda debería abogar por la puesta en marcha de un proceso incluyente, que incorpore la participación activa de todos los gobiernos del mundo, los representantes de la sociedad civil y los movimientos sociales en los foros de debate y decisión que deben abrirse en los próximos meses, con el fin de articular las demandas sociales, señalando a la ciudadanía y a los decisores públicos los caminos que entendemos ya están agotados así como las sendas que están por transitar en la búsqueda de alternativas.
6) Ante la crisis, el Gobierno de España y los sindicatos de clase mayoritarios no cuestionan el paradigma económico neoliberal productivista y consumista. Día tras día, conforme van viendo la luz diferentes medidas frente a la crisis, el Gobierno de España sigue planteando el objetivo de restaurar el crecimiento económico en los términos en que lo ha entendido el sistema capitalista durante el último siglo, sin considerar como un grave problema el agotamiento de los recursos naturales y el aumento de los niveles de contaminación que están poniendo en peligro la continuidad de la vida sobre el planeta. Ante este inmovilismo sería necesario desarrollar y aplicar conceptos emergentes como el “decrecimiento” y “la satisfacción austera de las necesidades básicas”, conectando la conservación del medio ambiente con la reducción efectiva de la pobreza. Sin embargo, se continúan poniendo como guía los principios del mercado libre en la forma de eliminación de obstáculos al comercio y la inversión, favoreciendo así unas mayores desigualdades entre los diferentes pueblos de la Tierra.
El 15 de noviembre pasado se convocó una manifestación un tanto anónima a través de Internet contra la gestión de la crisis que estaban haciendo la mayor parte de los países enriquecidos. Muchos colectivos altermundistas y anticapitalistas salieron a la calle. Los partidos políticos y sindicatos de izquierdas con mayor número de militantes ni apoyaron la manifestación ni hasta el momento han convocado otra con objetivo similar. Han dejado absolutamente de lado la movilización y concienciación social como base de la acción política, incluso en momentos de crisis sistémica como en el que nos encontramos. Las élites dirigen, y como mucho, de cara a la galería, se monta un comité de expertos con algún premio Nobel de prestigio.
7) Ante este panorama, ¿dónde debería dedicar sus esfuerzos la militancia de izquierdas para ser más eficaz en la transformación profunda que exige la actual crisis sistémica?. Si algo positivo puede tener el actual momento histórico es el hecho de ayudarnos a despertar de este sueño feliz en el que nos encontramos inmersos en los países enriquecidos, constatando que el mismo es el reverso de una permanente pesadilla para la mayor parte de la humanidad. El nuevo orden que estamos obligados a buscar no puede pasar de puntillas por asuntos esenciales de las relaciones humanas como el papel de lo público y la organización de las fuerzas sociales.
Muchas personas que nos sentimos de izquierda reflexionamos sobre cuál es la plataforma comunitaria o colectivo más adecuado para dedicar nuestro esfuerzo en pos de llevar a cabo iniciativas que hagan de nuestro entorno local y global un lugar más agradable para la vida. Y aunque sabemos que la tarea es ardua y que las cosas no cambian de la noche a la mañana, tampoco estamos dispuestos a perder energías en experiencias de participación ciudadana que en nada transforman nuestro mundo, es más, que incluso ayudan a mantener y consolidar el statu quo.
Cada vez más se extiende el sentir de que organizaciones sociales históricas como partidos políticos y sindicatos mayoritarios, que en los últimos dos siglos han sido claves para la consecución de derechos sociales, económicos y políticos para todos/as, en los últimos tiempos se están convirtiendo en instrumentos al servicio del verdadero poder fáctico: el gran capital transnacional que devora el mundo.
Así, ante esta constatación, caben al menos dos posturas:
Seguir militando activamente en los partidos políticos y sindicatos pero incentivando, desde dentro y desde la base, cambios en su funcionamiento, que los hagan más democráticos internamente, preocupados de verdad por los grandes problemas de la humanidad (la pobreza, el deterioro ambiental, las guerras). Es decir, seguir en los partidos pero para impulsar alternativas radicales que puedan llegar a convertirse en mayoritarias en el seno de los mismos. Nuevos horizontes que favorezcan la participación desde la libertad, que sacudan las conciencias, y no premien la obediencia ciega ni el mirar hacia otro lado. La provocación leal y sincera no debiera molestar a nadie, y menos a dirigentes políticos de izquierdas. Los partidos no deberían trabajar para domesticar a sus militantes, simpatizantes y resto de la sociedad, sino para darles alas y todo el protagonismo que merecen, y que desgraciadamente ahora no tienen.
Salir de los partidos políticos y sindicatos (o seguir en ellos vegetando) porque entendamos que lo expuesto en el punto anterior es una quimera absoluta (ni siquiera una utopía), de ahí que lleguemos al convencimiento de que el otro mundo posible que queremos hay que construirlo desde otras plataformas de participación ciudadana distintas. Porque existe un férreo control interno en los partidos, que ahoga cualquier intento de cambio desde dentro, primando la autocomplacencia y los intereses personales. Porque cada vez más, estas organizaciones políticas y sindicales son rehenes de los poderes económicos transnacionales y de los medios de comunicación, que exigen favores en forma de políticas públicas que les beneficien por acción u omisión.
La duración y profundidad de la crisis va a ser clave para que el nuevo escenario que salga de ella consista en un simple lavado de cara del capitalismo neoliberal o bien devenga en nuevas formas de organización social, económica y política. La unidad de acción de las izquierdas será más factible cuanto peor se pongan las cosas… desgraciadamente. Pero sólo a través de esa unidad podrá articularse una respuesta con garantía de futuro… afortunadamente.
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