viernes, 1 de diciembre de 2017

Por una lista de paraísos fiscales valiente y efectiva




A la espera que el día 5 de diciembre la Unión Europea presente su anunciada lista oficial actualizada sobre paraísos fiscales, desde la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria en Cataluña, queremos haceros llegar nuestras consideraciones al respeto.

Desde hace años son frecuentes los grandes escándalos provocados por filtraciones a medios de comunicación de importantes listes de grandes fortunas, personas de renombre y empresas que utilizan los paraísos fiscales como medio de elusión, evasión fiscal o blanqueo de capitales. En este sentido, han sido muy divulgados y conocidos los escándalos de Swissleaks (a partir de datos filtrados por el exempleado de HSBC, Hervé Falciani), Luxleaks el 2014 (que incrimina 343 grandes empresas transnacionales y tiene como facilitador quién fue primer ministro de Luxemburgo y actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker), Panama papers el 2016 o el más reciente de Paradise papers, el pasado mes de octubre. Este conjunto de filtraciones han provocado en la ciudadanía preocupación e indignación. Se trata de unas prácticas que, por su importancia fiscal y financiera, suponen un ataque frontal a los servicios y prestaciones propios de un estado de derecho. Pero ¿qué son los paraísos fiscales y por qué son tan nocivos?

La denominación paraíso fiscal es una mala traducción del inglés “Tax haven” que se correspondería literalmente con “refugio fiscal”. No obstante, es la OCDE quien desde los inicios denomina paraísos fiscales a los territorios de baja o nula tributación que paralelamente reúnen otra de las siguientes características: carencia de intercambio de información con otros países, falta de transparencia sobre los contribuyentes y carencia de actividad económica real en el territorio. Sin embargo, la denominación de paraíso fiscal de la OCDE, que fue comúnmente reconocida y que adoptaron algunos países a la hora de configurar sus listas, es una denominación que tiene un marcado contenido político, no técnico. Esto se ha demostrado en el proceso de la OCDE para reconsiderar su lista inicial de 35 paraísos fiscales y de 12 países considerados regímenes fiscales preferenciales en 2000, posteriormente al hecho de que en la cumbre del G-20 de Londres de 2009 se encargara a la OCDE tomar medidas para hacer efectivo el propósito de varios jefes de estado y de gobierno de acabar con los paraísos fiscales, que favorecieron el estallido de la crisis financiera.

La OCDE elaboró durante 2009 un protocolo de obligado cumplimiento para aquellos territorios que quisieran salir de su lista negra de paraísos fiscales. Este protocolo obligaba a estos territorios a firmar acuerdos de intercambio de información efectiva y a petición, de las autoridades fiscales o judiciales, con 12 países o territorios más a nivel internacional, que podrían ir acompañados de acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición.

El resultado de la aplicación de este protocolo fue que el 2011 la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE se había reducido a dos pequeños territorios, Nauru y Niue (sacando de la lista negra más de treinta territorios con el compromiso de armonización a la nueva normativa). Esto sabiendo que en su funcionamiento fiscal y financiero real muchos de los territorios que salieron de la lista siguen hoy en día siendo paraísos fiscales de facto, pero no a nivel de reconocimiento político internacional. En general, las medidas que posteriormente a la cumbre del G-20 del 2009 en Londres se desarrollaron internacionalmente, con el pretexto de implementar medidas para abolir los paraísos fiscales, constituyeron una auténtica burla a la ciudadanía, una cortina de humo que ha hecho posible que estos territorios hayan adquirido aspectos de una honorabilidad de la cual carecían, al desaparecer de la lista de la OCDE, cuando en realidad no ha cambiado su funcionamiento.

Hay otras listas de paraísos fiscales además de la citada de la OCDE. De organizaciones internacionales (FMI, GAFI, FSF) y también diferentes listados de países concretos en los cuales frecuentemente existen en su relación intereses políticos no reconocidos. En el caso de España, el RD 1080/1991 establecía la existencia de 48 países considerados paraísos fiscales. Sin embargo a día de hoy, después de haber firmado varios convenios de intercambio de información y otros para evitar la doble tributación, sólo quedan 33.

El FMI apeló, en principio, a una consideración exclusivamente técnica para catalogar un país o territorio como paraíso fiscal, cuando define y denomina un paraíso fiscal como un “offshore financial centre (OFC)” o más frecuentemente como Centro financiero extraterritorial para no residentes. Que son aquellos países o territorios que reúnen una serie de características en sus “sistemas jurídicos offshore” que hacen especialmente atractivo su uso para agentes de fuera del territorio: grandes fortunas, grandes empresas, grandes fondos de negocios y especulación internacional. Este sistema jurídico offshore está asociado en países de muy baja o nula tributación, pero lo que fundamentalmente los define es su opacidad o falta de transparencia y su secreto bancario, que impiden a autoridades fiscales y jueces de otros países investigar la trazabilidad de los capitales delictivos y criminales. También estos lugares están asociados a una falta ostensible de actividad de la economía real.

Las particularidades jurídicas de estos centros posibilitan, aparte de la constitución de filiales bancarias y la posibilidad de domiciliar las sociedades en general, sus matrices o filiales, la constitución de una serie de figuras jurídicas como sociedades pantalla e instrumentales, trust o fideicomisos, fundaciones y otras figuras jurídicas, para mantener ocultos los capitales y las operaciones comerciales delictivas o criminales de todo tipos; haciendo posible por varios mecanismos la elusión fiscal, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales de la corrupción o la criminalidad organizada. Por otro lado, los capitales que por allí transitan no “duermen” allí comúnmente, sino que estos centros constituyen sendas plataformas internacionales de comercio y especulación internacional. También tenemos que señalar que la ciudadanía internacional no se beneficia de estos paraísos para ricos, criminales y transnacionales, sino que su existencia provoca inestabilidad y crisis financieras y socava letalmente los sistemas impositivos y por lo tanto los medios de los que los estados disponen para promover trabajo y garantizar las prestaciones y servicios públicos de calidad para sus ciudadanos, propios de un estado de derecho.

Desde que el 2009 en la Cumbre de Londres del G-20 se declaró la intención de acabar con los paraísos fiscales y fracasó posteriormente el intento iniciado por la OCDE aquel mismo año, ha habido varios intentos para combatir los paraísos fiscales y en particular el secreto bancario de las jurisdicciones offshore, principal obstáculo internacional para su erradicación. En este sentido se desarrolla el posterior proyecto “Base Erosion and Profi Shifting” (BEPS) sobre “la Erosión de la base imponible y traslado de beneficios” de la propia OCDE, que pretende combatir las estrategias de planificación fiscal de las grandes empresas para trasladar sus beneficios a países de escasa o nula tributación, evitando de esta forma eludir el pago del impuesto sobre sociedades.

El “Common Reporting Standard” (CRS) o “Estándar para el Intercambio automático de Información” sobre cuentas financieras en materia fiscal que combate la evasión y el fraude fiscal o el blanqueo de capitales, es avalado por el propio G-20 a partir de 2013, comprometiéndose los países que lo forman a adoptar y promover a nivel global el intercambio automático de información tributaria como el nuevo estándar para 2014, año en que los ministros de finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales del G-20 aprobaron el CRS. En Europa la aprobación de la Directiva 2014/107/UE del Consejo incorpora el modelo CRS en lo referente al intercambio automático de información en materia fiscal. En cuanto a España en el RD 1021/2015 se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas titulares de cuentas o que las controlen y de informar en el ámbito de asistencia mutua internacional.

Creemos que todos los intentos del BEPS para promover la armonización fiscal, o bien para combatir la evasión y el blanqueo de capitales vía estandarización de protocolos automáticos de información fiscal, son intentos que pueden convertirse de nuevo en papel mojado. Después de anteriores medidas los capitales offshore y la utilización de estos territorios por las empresas siguen aumentando sin encontrarse con muchos problemas, puesto que la base del gran problema financiero internacional reside en el gran poder y el imparable deseo de los grandes capitales para acumular beneficios, evitando costes fiscales y promoviendo desde estas plataformas offshore grandes negocios mediante el comercio internacional que se realiza en gran parte a través de los paraísos fiscales y mayoritariamente estos negocios tienen un carácter especulativo.

Las medidas que se están tomando no cuestionan los problemas de fondo de los mal llamados paraísos fiscales, que constituyen mecanismos globales de inestabilidad financiera, económica y social, de precarización de la democracia, de redistribución de rentas del trabajo hacia el capital, de profundización global de las desigualdades y de la pobreza al Mundo.

En la base del problema hay un ordenamiento jurídico-político internacional al servicio de las grandes empresas y capitales y que, no solamente consiente, sino que también promueve activamente, por medio de tratados internacionales, trabas a la posibilidad de una armonización fiscal internacional y por lo tanto permite el dumping fiscal y que los paraísos fiscales se erijan en jurisdicciones especiales al servicio de los poderes económicos. Para lo cual estas jurisdicciones, aparte de fiscalidades nulas o preferenciales, disponen de múltiples facilidades en su ordenamiento para mantener en el anonimato a los propietarios últimos de empresas y patrimonios. Son conocidas las facilidades que existen en estos territorios para abrir sucursales y filiales bancarias, sociedades filiales, instrumentales y pantalla, trust o fideicomisos, fundaciones y otros instrumentos para la ocultación financiera. Y es común el hecho que bancos, gabinetes fiscales y de abogados dediquen una gran actividad a construir vehículos de elusión y evasión fiscal y a promover una ingeniería fiscal y financiera que asesora a empresas y capitales sobre los itinerarios offshore más convenientes para desprenderse de cargas fiscales y esto, a menudo, bajo la más absoluta opacidad. Hoy se construyen herramientas de evasión y elusión fiscal a medida para cada caso, utilizando en ocasiones cruzamientos encadenados de sociedades offshore y trust situados en diferentes paraísos fiscales, constituyendo auténticos entramados societarios offshore que hacen prácticamente imposible conocer los beneficiarios últimos de los patrimonios.

Cada vez más las herramientas que el G -20 y la OCDE construyen desde arriba para fomentar la transparencia y hacer más asequibles a las autoridades internacionales la persecución del fraude fiscal, son cortinas de humo. La ingeniería financiera crea y creará otras herramientas jurídicas offshore que harán que todo esfuerzo tropiece con el mismo muro: ¿cómo intercambiarán las instituciones financieras una información de la cual ni ellos mismos disponen?
Por este motivo cualquier política fiscal y financiera internacional que quiera realmente ser efectiva para preservar el bien común, tiene que plantearse necesariamente promover medios globales eficaces de armonización fiscal y la comunidad internacional tiene que buscar formas de enfrentarse y acabar con los regímenes jurídicos offshore que mantienen una situación de gran injusticia fiscal y financiera, porque permiten la opacidad propia del secreto bancario. Hace falta un organismo internacional a nivel fiscal y financiero que promueva normas fiscales internacionales justas y que regule los usos, aplicando si procede sanciones en los países o empresas que utilicen malas prácticas.

Mientras no exista este ordenamiento internacional legislativo, supervisor y sancionador, seguiremos divisando la punta del iceberg de la delincuencia fiscal cuando diversas filtraciones, como las que hablábamos al principio, sigan pasando, a través de medios periodísticos, informaciones más o menos valiosas para ser diseccionadas por la ICIJ y otros periodistas de investigación, eso sí, procurando no caer en las redes de legislaciones que cada vez tienden más a penalizar a los filtradores de información que a los evasores.

En general, desde la Plataforma de fiscalidad justa ambiental y solidaria, creemos que se pueden considerar paraísos fiscales aquellos centros financieros que realizan una actividad desregulada, descontrolada y ajena a las regulaciones que disponen otros países con los cuales se relacionan, esto porque están mayormente destinados a promover unos negocios y fiscalidades offshore con empresas o particulares no residentes, actividad incentivada por la escasa o nula tributación y la escasa o nula transparencia.

En este sentido encontramos adecuado considerar paraísos fiscales a nivel internacional todos y cada uno de los países que figuran en la tabla de Paraísos fiscales del Informe del Observatorio de responsabilidad social corporativa (ORSC) 2015 y que figura como anexo* en el pdf que adjuntamos al final de este artículo. Esperamos que la lista normativa de la UE que, en principio se dará a conocer el 5 de diciembre, se le asemeje.

Sin embargo, mientras esperamos que se den circunstancias políticas internacionales que hagan factible acabar con los paraísos fiscales, recordamos aquí las medidas que hace tiempo vemos necesarias en la lucha contra estas cloacas financieras:

  • Exigir la incorporación de medidas de responsabilidad fiscal de las empresas en los criterios de contratación pública de las administraciones tal como propone la campaña ZLPF.
  • Obligar a todas las empresas y corporaciones (no sólo a aquellas que facturan más de 750 millones de euros anuales como marca la ley actualmente) a que informen anualmente de sus inversiones, beneficios e impuestos pagados país por país, y no globalmente como actualmente pasa, de forma que no puedan esconder sus ganancias. A la vez exigimos que esta información sea de alcance público.
  • Ordenación de nuevos delitos vinculados al ofrecimiento, por parte de asesores al mercado, de los servicios idóneos para la defraudación tributaria, exigiendo responsabilidad solidaria a todas aquellas empresas o profesionales que ofrezcan servicios de facilitación para la construcción de vehículos de fraude y elusión.
  • Reclamar a nuestros representantes políticos incidencia a nivel de la Unión Europea para que se creen sanciones que penalicen los países o territorios que conserven el secreto bancario y la opacidad en la propiedad de las sociedades, en perjuicio de las arcas públicas de los estados, así como aquellos países que utilicen su sistema tributario para realizar dumping fiscal. En esta línea proponemos la imposición de tasas o aranceles equivalentes a la pérdida económica que genera el intercambio económico con países considerados paraísos fiscales.
  • Se tiene que exigir un impuesto a las transacciones financieras (ITF) capaz de disuadir el enorme flujo especulativo que se negocia desde estas plataformas opacas. Así como la creación de organismos internacionales que trabajen para una futura armonización fiscal.
  • Creación de un organismo internacional que vele por el respeto a unas normas fiscales justas, que garantice un efectivo intercambio de información, con capacidad de proponer sanciones a países y empresas que no actúen de acuerdo con estos principios y que trabaje para una mejor armonización de los sistemas fiscales a nivel global.
1 de diciembre de 2017



La Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria está formada por personas a título individual y por un conjunto de entidades que comparten una preocupación por la evolución del sistema fiscal, cada vez más regresivo e injusto, y por las desigualdades sociales que se derivan.

Entidades promotoras de la Plataforma por una fiscalidad justa: 

ATTAC ACORDEM, CCOO de Catalunya, CONFAVC (Confederació d’AAVV de Catalunya), CRISTIANISME I JUSTÍCIA (CJ) – Fundació Lluís Espinal, CUS (Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat), ECOLOGISTES EN ACCIÓ, FETS (Finançament Ètic i Solidari), Projecte FIARE, GESTHA Catalunya (Sindicat de Tècnics d’Hisenda), L’OCUC (L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya), MLP (Moviment Laic i Progressista), Oxfam Intermon, UCC (Unió de Consumidors de Catalunya), UGT de Catalunya, Economistes en acció (Grup Economia Social del Col·legi d’economistes).

Entidades adheridas:

ACTUA. Plataforma Jove per l’1 de maig, AICEC-ADICAE Catalunya, AJEC (Associació de Joves Estudiants de Catalunya), CECAD (Confederació d’Entitats Catalanes d’Atenció a la Dependència), ENGINYERIA SENSE FRONTERES, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Joves d’Esquerra Verda (JEV), JUSTÍCIA I PAU, PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic), Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

Plataforma per una Fiscalitat justa, ambiental i solidària.

 Descarga el artículo en pdf en Catalán y el ANEXO* con la tabla de PP.FF,s del ORSC aquí: PER UNA LLISTA DE PARADISOS FISCALS VALENTA I EFECTIVA

Per una llista de paradisos fiscals valenta i efectiva



 

A l’espera que el dia 5 de desembre la Unió Europea presenti la seva anunciada llista oficial actualitzada sobre paradisos fiscals, des de la Plataforma per una  fiscalitat justa, ambiental i solidària, volem fer-vos arribar les nostres consideracions al respecte.

Des de fa anys són freqüents els grans escàndols provocats per filtracions a mitjans de comunicació d’importants llistes de grans fortunes, persones de renom i empreses que utilitzen els paradisos fiscals com a mitjà d’elusió, evasió fiscal o blanqueig de capitals. En aquest sentit, han estat molt divulgats i coneguts els escàndols de Swissleaks (a partir de dades extretes per l’exempleat d’HSBC, Hervé Falciani), Luxleaks el 2014 (que incrimina 343 grans empreses transnacionals i té com a facilitador qui va ser primer ministre de Luxemburg i actual president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker), Panama papers el 2016 o el més recent de Paradise papers el passat mes d’octubre. Aquest conjunt de filtracions han provocat en la ciutadania preocupació i indignació. Es tracta d’unes pràctiques que, per la seva importància fiscal i financera, suposen un atac frontal als serveis i prestacions propis de l’estat de dret. Però, què són els paradisos fiscals i per què són tan nocius?

La denominació paradís fiscal és una mala traducció de l’anglès “Tax haven” que es correspondria literalment amb “refugi fiscal”. No obstant això, és l’OCDE qui des dels inicis denomina paradisos fiscals als territoris de baixa o nul·la tributació que paral·lelament reuneixen una altra de les següents característiques: manca d’intercanvi d’informació amb altres països, falta de transparència sobre els contribuents i manca d’activitat econòmica real al territori. No obstant això, la denominació de paradís fiscal de l’OCDE, que va ser comunament reconeguda i que van adoptar alguns països a l’hora de configurar les seves llistes, és una denominació que té un marcat contingut polític, no tècnic. Això s’ha demostrat en el procés de l’OCDE per reconsiderar la llista de 35 paradisos fiscals i de 12 països considerats règims fiscals preferencials l’any 2000, posteriorment al fet que en la cimera del G-20 de Londres de 2009 encarregués a l’OCDE prendre mesures per fer efectiu el propòsit de diversos caps d’estat i de govern d’acabar amb els paradisos fiscals que van afavorir l’esclat de la crisi financera.

L’OCDE va elaborar durant 2009 un protocol d’obligat compliment per a aquells territoris que volguessin sortir de la seva llista de paradisos fiscals. Aquest protocol obligava aquests territoris a signar acords d’intercanvi d’informació efectiva i a petició, de les autoritats fiscals o judicials, amb 12 països més o territoris a nivell internacional, que podrien anar acompanyats d’acords bilaterals per evitar la doble imposició.

El resultat de l’aplicació d’aquest protocol va ser que el 2011 la llista negra de paradisos fiscals de l’OCDE s’havia reduït a dos petits territoris, Nauru i Niue (traient de la llista negra més de trenta territoris amb el compromís d’harmonització a la nova normativa). Això sabent que en el seu funcionament fiscal i financer real molts dels territoris que van sortir de la llista segueixen avui dia sent paradisos fiscals de facto, però no a nivell de reconeixement polític internacional. En general, les mesures que posteriorment a la cimera del G-20 del 2009 a Londres es van desenvolupar internacionalment, amb el pretext d’implementar mesures per abolir els paradisos fiscals, van constituir una autèntica burla a la ciutadania, una cortina de fum que ha fet possible que aquests territoris hagin adquirit aspectes d’una honorabilitat de la qual estaven mancats, en desaparèixer de la llista de l’OCDE, quan en realitat no ha canviat el seu funcionament.

Hi ha altres llistes de paradisos fiscals a més de la citada de l’OCDE. D’organitzacions internacionals (FMI, GAFI, FSF) i també diferents llistats de països concrets en els quals freqüentment existeixen en la seva relació interessos polítics no reconeguts. En el cas d’Espanya, el RD 1080/1991 establia l’existència de 48 països considerats paradisos fiscals. No obstant això a dia d’avui, després d’haver signat diversos convenis d’intercanvi d’informació i uns altres per evitar la doble tributació, només en queden 33.

El FMI va apel·lar, en principi, a una consideració exclusivament tècnica per catalogar  un país o territori com a paradís fiscal, quan defineix i denomina un paradís fiscal com un “offshore financial centre (OFC)” o més freqüentment denominat com a Centre financer extraterritorial per a no residents. Que són aquells països o territoris que reuneixen una sèrie de característiques en els seus “sistemes jurídics offshore” que fa especialment atractiu el seu ús per a agents de fora del territori: grans fortunes, grans empreses, grans fons de negocis i especulació internacional. Aquest sistema jurídic offshore està associat a països de molt baixa o nul·la tributació, però el que fonamentalment els defineix és la seva opacitat o falta de transparència i el seu secret bancari, que impedeixen a autoritats fiscals i jutges d’altres països investigar la traçabilitat dels capitals delictius i criminals. També aquests llocs estan associats a una falta ostensible d’activitat de l’economia real.

Les particularitats jurídiques d’aquests centres possibiliten, a part de la constitució de filials bancàries i la possibilitat de domiciliar les societats en general, les seves matrius o filials, la constitució d’una sèrie de figures jurídiques com a societats pantalla i instrumentals, trust o fideïcomisos, fundacions i altres figures jurídiques, per mantenir ocults els capitals i les operacions comercials delictives o criminals de tot tipus; fent possible per diversos mecanismes l’elusió fiscal, l’evasió fiscal i el blanqueig de capitals de la corrupció o la criminalitat organitzada. D’altra banda, els capitals que per allí transiten no “dormen” allí comunament, sinó que aquests centres constitueixen grans plataformes internacionals de comerç i especulació internacional. També hem d’assenyalar que la ciutadania internacional no es beneficia d’aquests paradisos per a rics, criminals i transnacionals, sinó que la seva existència provoca inestabilitat i crisis financeres i soscava letalment els sistemes impositius i per tant els mitjans dels quals els estats disposen per promoure treball i garantir les prestacions i serveis públics de qualitat per als seus ciutadans, propis d’un estat de dret.

Des que el 2009 a la Cimera de Londres del G-20 es va declarar la intenció d’acabar amb els paradisos fiscals i va fracassa l’intent iniciat per l’OCDE aquell mateix any, hi ha hagut diversos intents per combatre els paradisos fiscals i en particular el secret bancari de les jurisdiccions offshore, principal obstacle internacional per a la seva eradicació. En aquest sentit el posterior projecte “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) sobre “l’Erosió de la base imposable i trasllat de beneficis” de la pròpia OCDE, que pretén combatre les estratègies de planificació fiscal de les grans empreses per traslladar els seus beneficis a països d’escassa o nul·la tributació, evitant d’aquesta forma eludir el pagament de l’impost de societats.

El “Common Reporting Standard” (CRS) o “Estàndard per a l’Intercanvi automàtic d’Informació” sobre comptes financers en matèria fiscal que combat l’evasió i el frau fiscal o el blanqueig de capitals, és avalat pel propi G-20 a partir de 2013, comprometent-se els països que el formen a adoptar i promoure a nivell global l’intercanvi automàtic d’informació tributària com el nou estàndard per 2014, any en què els ministres de finances i els Governadors dels Bancs Centrals del G-20 van aprovar el CRS. A Europa l’aprovació de la Directiva 2014/107/UE del Consell incorpora el model CRS referent a l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. Pel que fa a Espanya en el RD 1021/2015 s’estableix l’obligació d’identificar la residència fiscal de les persones titulars de comptes o que les controlen i d’informar en l’àmbit d’assistència mútua internacional.

Creiem que tots els intents per promoure l’harmonització fiscal del BEPS o per combatre l’evasió i el blanqueig de capitals, via estandardització de protocols automàtics d’informació fiscal, són intents que poden convertir-se de nou en paper mullat. Després d’anteriors mesures els capitals offshore i la utilització d’aquests territoris per les empreses segueixen augmentant sense trobar-se amb molts problemes, ja que a la base del gran problema financer internacional resideix el gran poder i l’imparable desig dels grans capitals per acumular beneficis evitant costos fiscals i promovent des d’aquestes plataformes offshore grans negocis internacionals mitjançant el comerç internacional que es realitza en gran part a través dels paradisos fiscals, i majoritàriament aquests negocis tenen un caràcter especulatiu.

Les mesures que s’estan prenent no qüestionen els problemes de fons dels mal anomenats paradisos fiscals, que constitueixen mecanismes globals d’inestabilitat financera, econòmica i social, de precarització de la democràcia, de redistribució de rendes del treball cap al capital, d’aprofundiment global de les desigualtats i de la pobresa al Món.

A la base del problema hi ha un ordenament jurídicopolític internacional al servei de les grans empreses i capitals i que, no solament consent, sinó que també promou activament per mitjà de tractats internacionals, traves a la possibilitat d’una harmonització fiscal internacional i per tant permet el dúmping fiscal i que els paradisos fiscals s’erigeixin en jurisdiccions especials al servei dels poders econòmics. Per a això aquestes jurisdiccions, a part de fiscalitats nul·les o preferencials, disposen de múltiples facilitats en el seu ordenament per mantenir en l’anonimat als propietaris últims d’empreses i patrimonis. Són conegudes les facilitats que existeixen en aquests territoris per obrir sucursals i filials bancàries, societats filials, instrumentals i pantalla, trust o fideïcomisos, fundacions i altres instruments per a l’ocultació financera. I és comú el fet que bancs, gabinets fiscals i d’advocats dediquin una gran activitat a construir vehicles d’elusió i evasió fiscal i a promoure una enginyeria fiscal i financera que assessora empreses i capitals sobre els itineraris offshore més convenients per desprendre’s de càrregues fiscals i això, sovint, sota la més absoluta opacitat. Avui es construeixen eines d’evasió i elusió fiscal a mida per a cada cas, utilitzant en ocasions creuaments encadenats de societats offshore i trust situats en diferents paradisos fiscals, constituint autèntics entramats societaris offshore que fan pràcticament impossible conèixer els beneficiaris últims dels patrimonis. Cada vegada més les eines que el G-20 i l’OCDE construeixen des de dalt per fomentar la transparència i fer més assequibles a les autoritats internacionals la persecució del frau fiscal són cortines de fum, l’enginyeria financera crea i crearà altres eines jurídiques offshore que faran que tot esforç s’estavelli en el mateix mur: com intercanviaran les institucions financeres una informació de la qual ni ells mateixos disposen?

Per aquest motiu qualsevol política fiscal i financera internacional que vulgui realment ser efectiva per preservar el bé comú, s’ha de plantejar necessàriament promoure mitjans globals eficaços d’harmonització fiscal i la comunitat internacional ha de buscar formes d’enfrontar-se i acabar amb els règims jurídics offshore que mantenen una situació de gran injustícia fiscal i financera, perquè permeten l’opacitat pròpia del secret bancari. Fa falta un organisme internacional a nivell fiscal i financer que promogui normes fiscals internacionals justes i que reguli els usos, aplicant si escau sancions als països o empreses que utilitzin males pràctiques.

Mentre no existeixi aquest ordenament internacional legislatiu, supervisor i sancionador, seguirem albirant la punta de l’iceberg de la delinqüència fiscal quan diverses filtracions, com les que parlàvem al principi, segueixin passant, a través de mitjans periodístics, informacions més o menys valuoses per ser disseccionades per l’ICIJ i altres periodistes de recerca, això sí, procurant no caure a les xarxes de legislacions que cada vegada tendeixen més a penalitzar als filtradors d’informació que als evasors.

En general des de la Plataforma de fiscalitat justa ambiental i solidària creiem que es poden considerar paradisos fiscals aquells centres financers que realitzen una activitat desregulada, descontrolada i aliena a les regulacions que disposen altres països amb els quals es relacionen, això perquè estan majorment destinats a promoure uns negocis i fiscalitats offshore amb empreses o particulars no residents, activitat incentivada per l’escassa o nul·la tributació i l’escassa o nul·la transparència.

En aquest sentit trobem adequat considerar paradisos fiscals a nivell internacional tots i cadascun dels països que figuren en la taula de Paradisos fiscals de l’Informe de l’Observatori de responsabilitat social corporativa (ORSC) 2015 i que figura com a annex* al final d’aquest article. Esperem que la llista normativa de la UE que, en principi, es donarà a conèixer el 15 de desembre se li assembli.

No obstant això, mentre esperem que es donin circumstàncies polítiques internacionals que facin factible acabar amb els paradisos fiscals, recordem aquí les mesures que fa temps veiem necessàries en la lluita contra aquestes clavegueres financeres:
  • Exigir la incorporació de mesures de responsabilitat fiscal de les empreses en els criteris de contractació pública de les administracions tal com proposa la campanya ZLPF
  • Obligar totes les empreses i corporacions (no només a aquelles que facturen més de 750 milions d’euros anuals com marca la llei actualment) a que informin anualment de les seves inversions, beneficis i impostos pagats país per país, i no globalment com actualment passa, de manera que no puguin amagar els seus guanys. Alhora exigim que aquesta informació sigui d’abast públic.
  • Ordenació de nous delictes vinculats a l’oferiment per part d’assessors al mercat dels serveis idonis per a la defraudació tributaria. exigint responsabilitat solidària a totes aquelles empreses o professionals que ofereixin serveis de facilitació de construcció de vehicles de frau i elusió.
  • Reclamar als nostres representants polítics incidència a nivell de la Unió Europea perquè es creïn sancions que penalitzin els països o territoris que conservin el secret bancari i l’opacitat en la propietat de les societats, en perjudici de les arques públiques dels estats, així com aquells països que utilitzin el seu sistema tributari per realitzar dúmping fiscal. En aquesta línia proposem la imposició de taxes o aranzels equivalents a la pèrdua econòmica que genera l’intercanvi econòmic amb països considerats paradisos fiscals.
  • S’ha d’exigir un Impost a les transaccions financeres (ITF) capaç de dissuadir l’enorme flux especulatiu que es negocia des d’aquestes plataformes opaques. Així com la creació d’organismes internacionals que treballin per a una futura harmonització fiscal.
  • Creació d’un organisme internacional que vetlli pel respecte a unes normes fiscals justes, que garanteixi un efectiu intercanvi d’informació, amb capacitat de proposar sancions a països i empreses que no actuïn d’acord amb aquests principis i que treballi per a una millor harmonització dels sistemes fiscals a nivell global.
1 de desembre de 2017

La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària està formada per persones a títol individual i per un conjunt d’entitats que comparteixen una preocupació per l’evolució del sistema fiscal, cada vegada més regressiu i injust, i les desigualtats socials que se’n deriven.

Entitats promotores de la Plataforma per una fiscalitat justa:
ATTAC ACORDEM, CCOO de Catalunya, CONFAVC (Confederació d’AAVV de Catalunya), CRISTIANISME I JUSTÍCIA (CJ) – Fundació Lluís Espinal, CUS (Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat), ECOLOGISTES EN ACCIÓ, FETS (Finançament Ètic i Solidari), Projecte FIARE, GESTHA Catalunya (Sindicat de Tècnics d’Hisenda), L’OCUC (L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya), MLP (Moviment Laic i Progressista), Oxfam Intermon, UCC (Unió de Consumidors de Catalunya), UGT de Catalunya, Economistes en acció (Grup Economia Social del Col·legi d’economistes).

Entitats adherides:
ACTUA. Plataforma Jove per l’1 de maig, AICEC-ADICAE Catalunya, AJEC (Associació de Joves Estudiants de Catalunya), CECAD (Confederació d’Entitats Catalanes d’Atenció a la Dependència), ENGINYERIA SENSE FRONTERES, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Joves d’Esquerra Verda (JEV), JUSTÍCIA I PAU, PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic), Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Plataforma per una Fiscalitat justa, ambiental i solidària – www.fiscalitatjusta.catfiscalitat@gmail.com