El Bien Común nunca podrá lograrse bajo un sistema de intercambio entre los países y las personas basado en la libre competencia. La Globalización exige dotarnos de reglas comunes, cooperación y políticas convergentes hacia una Res Publica Global
martes, 29 de marzo de 2022
Cómo combatir en serio la exclusión financiera
Las medidas tomadas por el Gobierno para abordar los efectos
de la exclusión financiera se concretan en un protocolo, de no obligado
cumplimiento, que la Ministra Calviño ha firmado con las tres patronales
bancarias, el protocolo anterior firmado en julio 2021 apenas ha supuesto
mejoras y sobre todo en dos disposiciones adicionales que el Gobierno ha
añadido a la “Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”. En dichas
disposiciones se dice que el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses
siguientes a su aprobación, medidas legislativas que garanticen la atención
personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios vulnerables,
sin discriminación motivada por “brecha digital”. También dará soporte a los
servicios financieros en pequeños núcleos de población, instalando cajeros
automáticos en oficinas de Correos, o bien promoviendo acuerdos de colaboración
con entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y
retirada de efectivo. Estas medidas, siendo razonables, no pueden satisfacer
las necesidades de las diversas personas, colectivos y zonas actualmente
sometidas a la exclusión financiera.
Por una parte se trata de desplegar recursos financieros que
aproximen, a los usuarios y clientes en zonas rurales, la operativa mínima
necesaria para gestionar sus cobros y pagos. Eso sí conlleva el pago de
comisiones a usuarios, o a la apertura de cartillas en entidades prestatarias
como Banco de Santander o Ibercaja, lo cual supone otros problemas de coste o
dependencia financiera para las personas, que serían innecesarios si dichos
servicios se desplegaran asimismo en las oficinas de Correos, pero como un
servicio de carácter público, así se llevó a cabo hasta que las 2300
estafetas de correos cesaron sus servicios financieros, que fueron traspasados
en 1999 a Deutsche Bank que lo dejó en 2016. Un servicio como aquel podría ser
hoy un excelente soporte de proximidad para dignificar la atención a las
personas.
Habrá que ver cómo los grandes bancos adaptan sus respuestas
a los requerimientos que el ejecutivo vaya estableciendo en el despliegue de la
Ley, con el objeto de prestar atención personalizada y salvando la brecha
digital de algunas personas, en breve iremos viendo los resultados. En el
protocolo se especifica una atención directa de 9 a 14 h en las sucursales,
veremos como lo recoge la Ley y la ciudadanía habremos de estar vigilantes para
ver si se cumplen las orientaciones y denunciar los incumplimientos en su caso.
Otro reto para nuestra economía procede de la necesidad de desplegar
crédito suficiente para el desarrollo de PYMES, cooperativas y autónomos, todos
aquellos agentes económicos que no pueden recurrir a la capitalización bursátil
o la deuda corporativa para financiarse, en especial para los procedentes de comarcas
a las que no llega suficiente crédito y de la España vaciada. La desaparición
de los antiguos Bancos de Crédito Oficial y de las Cajas, dejó un paisaje
financiero entregado a la codicia del oligopolio bancario y devastado, quedando
como resto y agencia financiera del Estado el ICO y una serie de Cooperativas
de Crédito y Cajas Rurales, que también junto a la humilde Banca Ética hay que promover.
En lo que hace referencia al ICO habría que transformarlo en un auténtico banco
de desarrollo, capaz de desplegar una serie de retos económicos urgentes, con
oficinas provinciales y mayor presupuesto (actualmente sólo gestiona el 1% del
crédito). Al mismo tiempo que financiara directamente sin intermediación
bancaria y que tomara más préstamos del BCE, a quien inexplicablemente apenas
recurre. En este sentido habría de inspirarse en otros bancos de desarrollo en
Europa.
Un proyecto político, comprometido con la ciudadanía y las
empresas habría de tomar en consideración ponerse al timón de la economía abriendo
nuevas vías que impliquen un salto cualitativo en la democratización de las
finanzas. Un Gobierno responsable no puede abandonar la suerte de la sociedad
en su conjunto a la mayor gloria y beneficio de la Gran Banca, de sus
accionistas pendientes de maximizar los dividendos y de sus ejecutivos, que
toman decisiones mediadas por los accionistas, para obtener sustanciosos bonus
y salarios. Hay que ir tomando medidas que vayan afianzando pasos para reconstruir
un polo de Banca Pública en España.
viernes, 18 de marzo de 2022
las causas de la exclusión financiera
Antonio Fuertes Esteban. ATTAC Acordem
La iniciativa “Soy mayor no idiota” del médico jubilado Carlos Sanjuán, ha recogido 600.000 firmas digitales, denuncia la exclusión bancaria a la que se somete a nuestros mayores, muchos no familiarizados con el uso de tecnologías digitales. Reclamando un trato personal y más humano. Es esta una expresión evidente del grave problema que nuestro sistema financiero tiene hoy para satisfacer el encargo que la sociedad y sus instituciones le hacen.
En un sentido amplio, la exclusión financiera es la expulsión creciente de personas, familias, empresas, autónomos o territorios enteros de los servicios bancarios necesarios para su vida personal o empresarial. El dinero en una sociedad mercantilizada y monetizada constituye un bien esencial y el acceso universal al mismo debe estar garantizado.
La función básica de la banca tradicional es de salvaguarda del dinero de los depositantes, al mismo tiempo que prestar una serie de servicios necesarios como pagos y cobros y haber de mediar entre el ahorro de los depositantes y las empresas y familias a través del crédito. Son precisamente estas cruciales funciones las que se vienen resintiendo de la actual situación oligopólica del sistema financiero, resultado de la presión competitiva de la banca privada por ampliar sus cuotas de mercado, conjugada a la perfección con las políticas privatizadoras neoliberales de los gabinetes de gobierno en España desde los 90. Entre los años 1993 y 1998 los gobiernos del PSOE y el PP privatizaron los bancos oficiales de crédito, que eran bancos de desarrollo de carácter público, también la Banca Postal y el Banco Exterior. Más adelante, a partir de 2013, bajo la Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones bancarias, se han ido traspasando también las Cajas al sector privado. El resultado es que a día de hoy, de las 62 entidades existentes en 2008, sólo quedan 9 entidades privadas; que 5 grandes entidades suponen más del 70% del sector y que el índice de concentración bancaria en España está muy por encima de la media de la UE. Por el camino han desaparecido 24.000 oficinas, 120.000 trabajadores y no hay sucursales en más de la mitad de los municipios españoles, 4.400. Pero además de la desaparición de entidades y oficinas para ganar cuotas de mercado, hay otros dos factores causantes de la exclusión financiera.
Uno resultante de las políticas monetaristas del BCE, que siempre se ha preocupado de alimentar la liquidez del sistema bancario, especialmente tras la Crisis de 2008 y para ello les ha proporcionado barra libre de crédito sin interés y al mismo tiempo mediante las políticas monetarias denominadas de "expansión cuantitativa" les ha comprado todo tipo de activos (Hay que recordar asímismo que los problemas de solvencia se han abordado desde los estados con planes de salvamento de las entidades en quiebra técnica). Con todo ello se ha aumentado la circulación monetaria, pero ha significado una fuerte bajada de los intereses, negativos en ocasiones. Es el prácticamente nulo precio del dinero hoy una causa del menosprecio de la banca hacia quienes tienen cartillas domiciliadas, cuyos depósitos no se remuneran y menos se premian y fidelizan como antaño. Ello hace que los bancos cobren comisiones de apertura, de mantenimiento y otras, abusando de las personas de menos ingresos, que no pueden contratar con los bancos otros servicios financieros (como contratar fondos de pensiones, seguros, participaciones en fondos de inversión,...) para que no les cobren estas comisiones. Otro efecto es que al marcar los bancos centrales los intereses de los créditos bancarios y ser estos bajos, las entidades tampoco están interesadas en mover el crédito a las empresas, hay créditos al consumo pero según el Banco Central la media de interézs está en el 7,5%, tipos muy elevados. Podríamos decir que la banca hoy obtiene sustanciosos beneficios de los préstamos sin interés del BCE y de la compra de sus activos por el mismo, de traspasar esta liquidez a fondos para invertir en activos especulativos financieros o inmobiliarios y del abuso en sus comisiones bancarias y préstamos al consumo.
Una tercera causa es el desarrollo de las tecnologías financieras, en un principio cajeros y transacciones digitales, ahora fintech o neobancos y otras tecnologías de pago, motivo todo ello de desaparición de oficinas y trabajadores bancarios, especialmente en las zonas rurales con la consiguiente exclusión de las poblaciones y zonas más vulnerables.
El futuro de la banca es muy incierto y posiblemente se dé una transformación importante de los servicios financieros a medio plazo, también de la misma moneda y todo ello con mediación tecnológica, aunque no únicamente, sin embargo, bajo un sistema democrático de derecho el acceso al dinero como bien esencial, habrá de estar garantizado, pero ¿cómo?
viernes, 11 de febrero de 2022
Pero ¿Quien manda aquí? (2) La revancha de los rentistas
Preguntarnos por la naturaleza del poder político requiere
diversas reflexiones: En qué consiste y bajo qué forma se representa, el
territorio o unidad política en la que se ejerce, cómo se distribuye el poder
en la sociedad… Es en este punto donde cabe preguntarse sobre el grado de poder
que adquieren los representantes electos para poder decidir y gestionar
políticas basadas en el encargo delegado por la sociedad y por su propio
programa político.
Desde que sucumbió el bloque soviético, en el que el poder
estaba concentrado en los aparatos del Estado, fue el capitalismo el que heredó
la faz de la tierra. La falta de contrapoder global supuso la extensión del
libre mercado, al mismo tiempo que el cuestionamiento de lo que de estado había
en las ideas políticas socialdemócratas y en el Estado de bienestar. Los
conservadores anglosajones adoptaron el ideario del neoliberalismo a final de
los 70 y éste impregnó en los 90 la socialdemocracia, que por medio de la
llamada Tercera vía transformó su sustancia de facto en social-liberalismo. Las
políticas neoliberales, iniciadas con Ronald Reagan y Margaret Thatcher
prendieron en todo el globo, que cada vez más constituyó una finca global de
las grandes corporaciones, fueran estas privadas, o estatales en antiguos países
comunistas o emiratos árabes.
Con el desarrollo de la globalización financiera se ha
transformado la naturaleza de la acumulación capitalista y hemos de hablar de
beneficios sin acumulación, que son aquellos que ya no se reinvierten en las
empresas centrales, sino que buscan vías de inversión más rentables en la
especulación financiera o en inversiones y factorías de países no
desarrollados, buscando ventajas competitivas. Al tiempo que el desarrollo
exponencial del capital ficticio en el conjunto de la economía ha supuesto
grandes transformaciones en los equilibrios globales de poder.
Si con el desarrollo inicial del neoliberalismo en los 80 el
mercado infringió un duro castigo a la sociedad reduciendo el estado de
derecho, con el hiperdesarrollo del sector finanzas en la economía en los 90 y
posteriores, el capitalismo productivo mutó globalmente en capitalismo
financiero, originándose una economía financiarizada. Hoy día por cada flujo de
unidad monetaria que se mueve en el desarrollo de la economía productiva, se
mueven 100 en la economía especulativa. Esto pervierte cualquier tipo de bondad
que en el pasado se haya podido atribuir a un supuesto sistema capitalista
de ”rostro humano” y convierte la
economía en un juego de casino en el que, en función del enriquecimiento
ilimitado y el poder que proporciona, una minoría de plutócratas depredan las
vidas y el planeta en una carrera despiadada y sin sentido hacia ninguna parte.
Hablar de poder hoy en un mundo mercantilizado y monetizado
al extremo, es hablar de la capacidad de los capitales rentistas, que se
benefician de la producción pero no se implican en ella, tienen para generar
beneficio desposeyendo a las sociedades de lo común y parasitando la economía.
Los máximos agentes de este capitalismo rentista son bancos y corporaciones
globales, aseguradoras y grandes fondos y carteras de fondos de inversión o de
pensiones. Estos agentes actúan a través de la deslocalización productiva y
fiscal, mercados bursátiles, el crédito-deuda, y la especulación con todo tipo
de activos directos o derivados. Su revancha consistió en haber sabido
aprovechar la crisis del capitalismo en los 70 para conseguir que los gobiernos
implementaran normativas que extinguieran los controles a los que le sometió el
capitalismo de Post-Guerra. Así que han impuesto de nuevo sus reglas de juego
monetaristas, bajo la tutela inicial del conservadurismo anglosajón y la
dirección de la Escuela Neoliberal de Chicago y más tarde de diversas
instituciones de post-Guerra (BM, FMI, OCDE, GATT, OMC, UE, WEF).
Mientras a este estado de cosas y la enorme desigualdad que
genera, se le sigue llamando democracia, los diversos partidos políticos
pretenden que la ciudadanía les delegue, a través del voto, un poder que este
sistema no pone de facto en manos de sus representantes. La globalización
financiera ha acabado convirtiendo los estados concretos en “fincas
particulares de los capitales globales” a través de los principios de
competencia, liberalización, desregulación y privatización. Lo que mueve el
mundo de la vida hoy es fundamentalmente la lógica de los inversores. En este
nuevo orden de cosas los gobiernos son, cada vez más, meros gestores del
sistema globalizado sin capacidad real para hacer políticas democráticas. Es la
“mano invisible” de los mercados globales y sus instituciones quienes en
realidad gobiernan sobre lo más sustancial.
En este magma de poder, la soberanía popular se dilapida e
invisibiliza bajo el peso de la desposesión. Se ha producido un movimiento
tectónico en el necesario equilibrio democrático de poderes entre el Estado,
Mercado y Sociedad. Hace décadas que se viene hablando de dictadura de los
mercados sobre los estados y la sociedad.
Paralelamente a la pérdida de poder y control por parte de
los gobiernos, el sistema profundiza y globaliza sus propios riesgos, al mismo
tiempo que genera nuevos. Cada riesgo genera un peligro para las sociedades y
el planeta, su abordaje se convierte necesariamente en cuestión política. En
una fase de autoconciencia reflexiva, la sociedad podría llegar a ser
consciente de los peligros y amenazas incontroladas que genera y esto, a nivel
político, podría generar luchas para prevenir y/o combatir los males que se
producen y las responsabilidades de cada cual.
En una época global de interconectividad, intercausalidad e
interdependecia crecientes surgen nuevos riesgos globales que generan una época
de gran incertidumbre, lo que añade grandes dosis de complejidad al ejercicio
de la política. La globalización financiera ha generado riesgos que impiden a
los estados resolver los peligros que atenazan a sus sociedades basándose
únicamente en la gestión política propia. Esto minimiza la capacidad de los
estados para abordar con solvencia las causas de las crisis financiera y
económica, la del mercado laboral, la del Estado de Bienestar, la del deterioro
del medioambiente, de los conflictos bélicos, de la escasez de combustibles
fósiles y otras industrias extractivas con sus efectos sobre la industria, del
terrorismo internacional y otros riesgos globales.
Mientras las democracias políticas formales están
secuestradas por los mercados, las sociedades de consumo irreflexivas e
inconscientes, permanecen cautivas
reproduciendo comportamientos y valores que alimentan al gran depredador
global. Podríamos decir que hoy avanza como nunca el sueño de Margaret Thatcher
cuando dijo “La sociedad no existe. Hay individuos, hombres y mujeres y hay
familias”. Estamos ahora en un momento de estupor social, donde menguan cada
día derechos individuales y colectivos y en donde se disparan las
desigualdades. No solo “el Rey está desnudo”, la sociedad también. Está por ver
que esta crisis genere nuevas oportunidades en cuanto a que emerjan
reactivamente nuevos movimientos sociales resistentes a sus efectos y que
logren tomar el pulso a la realidad para promover las necesarias y en algunos
casos apremiantes transformaciones.
Cualquier acción colectiva se inicia y desarrolla en un
marco territorial, pero no nos podemos reducir a él. El marco estatal
difícilmente crea emancipaciones estables y sostenibles, porque el marco global
establecido es mayoritariamente de competencia y en él todas las sociedades
luchan por conquistar beneficios, muchas veces a costa de otras sociedades,
ello retroalimenta riesgos y conflictos que dificultan la paz y la
gobernabilidad global.
Deconstruir el actual estado de cosas es el reto de
cualquier fuerza emancipadora hoy, sea a nivel social o político. Es ya hora de
plantearse un necesario y cada vez más apremiante salto cualitativo en las
respuestas desde la política y la sociedad, que habrá de remover los estatus de
ciudadanía. Enfrentarse hoy a los riesgos globales requiere de un compromiso y
conciencia en tránsito hacia un sentimiento de ciudadanía global, ante los
riesgos comunes como especie.
No hemos de dejar el cosmopolitismo y el internacionalismo
en manos de los inversores globales. Ulrich Beck nos habla de una revolución
cosmopolita de signo republicano y llama a los artífices de esta revolución
“los hijos de la libertad” que constituirían una comunidad que trascienda la
territorialidad y que luche por combatir la globalización capitalista mediante
valores cosmopolitas y objetivos internacionalistas. Organizar estas redes de
ciudadanos y ciudadanas sería la herencia más honrosa para aquellas grandes
personas que en los siglos XIX y XX viajaron por el Mundo organizando las
Internacionales contra la explotación capitalista.
Pero ¿Quien manda aquí? (1) ¡Danzad, danzad malditos!
Las batallas reales van por trincheras, las políticas, en
España, avanzan desde las autonomías prefigurando el espacio político en que se
dirime la “batalla de todas las batallas”, la final en el Estado. El escenario
en Castilla- León viene siendo actualidad desde hace semanas, como muchos otros
escenarios lo han sido antes y lo seguirán siendo.
Como en la película ¡Danzad, danzad malditos! De Sydney Pollack, mientras, la música sigue sonando en la pista de las maratonianas performances democráticas, controladas por los que siempre han hecho negocio con todos los espectáculos, los plutócratas de turno mantienen sus apuestas políticas preferentes bien situadas desde los altavoces mediáticos del recinto patrio bajo su control accionarial.
Focos y cámaras cubren de continuo a los líderes representantes de este espectáculo, que acaparan así la atención y las expectativas políticas de las gentes. El mañana se está jugando mediante un baile maratoniano de declaraciones, posicionamientos, cifras y pactos que se nos muestran como el universo de las propuestas políticas con respecto a lo posible. Por lo enconado de la contienda podría deducirse que los vencedores habrían de ser, de facto, los líderes que en el futuro pudieran cambiar nuestra situación, respondiendo a los intereses de quien en ellos confiamos; que fueran a ostentar el poder de decisión sobre lo sustancial que afecta a la colectividad.
El premio, para estos aventureros del espectáculo electoral, será poder ejercer su profesión política en el Gobierno Autonómico, durante un tiempo estipulado en el que tendrían el honor de servir al bien común de la comunidad política que los ha elegido y muy especialmente el privilegio de priorizar y favorecer el de sus votantes y/o fuerzas sociales o económicas que les dan apoyo.
Hasta aquí se podría argumentar el guion pre-diseñado de este “momento estelar de la democracia”, el de la elección de las candidaturas más apoyadas por la ciudadanía y el consiguiente proceso de investidura, en un ejercicio necesario como ritual de delegación de la soberanía popular. No obstante este ritual tiene una forma y un fundamento muy bien establecidos desde el sistema que periódicamente monta esta “fiesta” democrática.
Guy Debord y el movimiento Internacional Situacionista, que alimentó el espíritu del Mayo del 68 francés, argumentaron sobre lo que denominaron Sociedad del Espectáculo. Lanzaron este constructo contra la cara-espectáculo de la sociedad y sus ritos y en concreto también en lo que afecta a la máscara de las categorías políticas representativas. Las elecciones en esta sociedad del espectáculo se producirían como una realidad ritual, una forma procedimental caracterizada y pre-establecida desde el Poder. La representación se muestra así como algo más real que la experiencia vivida y somete al individuo a la condición de espectador pasivo y a aceptar pasivamente el estado de cosas existente. Los ritos de la sociedad del espectáculo retroalimentan continuamente los aspectos míticos del poder.
El mito demócrata liberal del poder como soberanía popular es el más extendido y compartido de la política desde las revoluciones francesa y americana hasta nuestros días. Como todo mito cumple una función de anclaje de la representación en un ideario, que es el ideario que acompaña a los procedimientos implícitos en los rituales democráticos.
Contrariamente a la idea de soberanía popular plasmada en los ordenamientos legislativos, un buen número de autores desde la política, la sociología, la economía o la filosofía han abundado en el aspecto ritual y mítico de la democracia liberal o formal. En realidad muchos son los autores que han hablado de la realidad elitista de las democracias occidentales. Las élites políticas, militares y económicas, decía el sociólogo norteamericano Wraight Mills en los años 60 del siglo pasado, poseen un punto común sobre el Mundo que hacen prevalecer e imponen socialmente, pero por encima de todas está la élite económica que predomina sobre todas las demás. Fue un politólogo, precisamente liberal, Robert A. Dahl quien en los 70 habló de que el ordenamiento democrático constituía en realidad una Poliarquía, en donde diferentes oligarquías políticas competían por obtener el poder. Aunque el caso es que como muy bien señaló Wraight Mills, el poder político siempre ha sido subsidiario del económico en los actuales sistemas democráticos.
Tal como ha ilustrado el marxismo epistemológico, la democracia liberal hoy no es sino el telón de fondo donde se reproduce la lucha de clases como motor de la historia, en el sistema capitalista actual. En esta democracia formal, el logro democrático igualitario de facto vendría dado por la derrota parlamentaria de las fuerzas capitalistas oligárquicas, siendo que, cada vez más, se constata cómo una democracia real es estrictamente incompatible con el sistema capitalista. Como explicitaron teóricos sobre la democracia en diversas épocas, como Alexis de Tocqueville o Norberto Bobbio, la democracia, aparte de con la libertad de voto, tiene mucho que ver con las cuotas de igualdad conseguidas en la sociedad; ha de ser procedimental y sustancial.
Finalmente, las teorías anarquistas desde el socialismo libertario desconfiarían de cualquier forma de estado como garante de la democracia posible y propondrían organizar la sociedad en torno a confederaciones de comunidades o comunas libres y autogestionadas. El mayor valor de las corrientes diversas de pensamiento libertario, ha sido los valores que han proyectado en diversos movimientos sociales y sociedad crítica. La democracia directa, radical, participativa y la crítica de la representación, reivindicando otras formas de hacer política, más consultas ciudadanas y una democracia informada y de base. Estos han sido avances sociales teñidos en parte de algunos valores que los movimientos libertarios han ido imprimiendo en la sociedad.
Pero llegados a este punto de posibles, surgen preguntas inevitables que nos enfrentan a la verdad desnuda de la política ¿Quién tiene auténtico poder y cómo lo ostenta? *
*Lo trataremos en una próxima entrega
martes, 16 de noviembre de 2021
sábado, 23 de octubre de 2021
Déjà vu
Confieso que me cuesta activarme tras las primicias informativas y los recurrentes luctuosos sucesos y suelo esperar un tiempo prudencial, a que pase el vértigo que genera la estruendosa estela mediática de los acontecimientos, antes de abandonar la confortable pereza intelectual del “déjà vu”. La edad nos va situando en una posición protectora de sano escepticismo, que nos invita en primer lugar a preguntarnos, pero ¿Qué tiene esto de nuevo para que precisamente ahora mis neuronas tengan que correr?
Hace tres semanas que las alarmas globales resonaron en los medios con el escándalo Pandora Papers, tendiendo la pasarela del oprobio a presuntos delincuentes de cuello blanco con importantes cuentas offshore en territorios que en algún momento vendieron su soberanía económica a poderes globales. La vendieron para que grandes rentistas pudieran movilizar sus capitales en busca de sumideros fiscales, las corporaciones globales en pos de ventajas fiscales competitivas y que delincuentes transfronterizos, tras el secreto protector a sus desmanes económicos y humanitarios, no tuvieran que pasar por caja o por juzgados. No me sentí especialmente sobrecogido, es más, apenas me inmuté y eso que ya estábamos más que avisados desde hace años, o tal vez precisamente por eso.
En los años posteriores a la crisis de 2008 la ciudadanía ha podido estar al corriente de una sucesión de noticias sobre delitos fiscales asociados a la corrupción social y política. Ello ha sido posible debido a filtradores de información, trabajadores de banca como Hervé Falciani o a grupos de periodistas de investigación que han filtrado, a algunos medios periodísticos, el resultado de sus investigaciones. Como consecuencia hemos podido conocer la actuación delictiva de un elenco de personas de renombre social o político. Han sido divulgados asuntos como Swisleaks, Luxleaks, Panamá Papers o Paradise Papers, ahora Pandora Papers, que han abierto una vía para conocer a personas o grupos empresariales, con depósitos en cuentas opacas offshore para evadir el pago de impuestos a las haciendas públicas. No obstante, los asuntos desvelados, no son sino la punta del iceberg de un sistema opaco, parasitario y corrupto que utiliza sistemáticamente estos refugios fiscales como instrumento para redistribuir las rentas desde el trabajo y la ciudadanía hacia la optimización de los beneficios del capital.
Habríamos de ir más allá de la anécdota contemplativa sobre los pillos particulares. En general, los medios nos informan periódicamente de esta realidad fiscal y financiera, como un asunto anecdótico. Sitúan el centro de la noticia en hechos recurrentes sobre evasores fiscales, cosa que no ayuda a desentrañar la dimensión estructural del enorme problema que supone el offshore promovido por el actual capitalismo financiero globalizado. Los refugios fiscales son estructuras mantenidas en su beneficio por los poderes económicos globales y naturalizadas por los gobiernos, que imposibilitan el desarrollo de la justicia fiscal y financiera. Los árboles informativos, no nos dejan ver el bosque.
Estos territorios están perfectamente sincronizados dentro del sistema financiero global y se retroalimentan mutuamente con unas entidades financieras internacionales fundamentalmente privadas y desreguladas, con la banca en la sombra, con un sistema fiscal regresivo, con el aumento del endeudamiento público y privado y con el abuso de la titularización financiera, los derivados financieros, el apalancamiento crediticio y la especulación global con todo tipo de activos. Todo ello constituye un entramado financiero que ha sido diseñado por la plutocracia global del dinero.
La economía opaca hoy, a través de estos refugios fiscales o territorios offshore para no residentes, representa el paradigma de la corrupción. Su existencia es promovida por las mismas oligarquías internacionales que dicen defender los derechos humanos y la democracia, pero que se sirven de estos territorios para imponer un sistema injusto y corrupto. Si la democracia liberal se fundamenta ante todo en el “imperio de la ley”, podríamos decir que un sistema económico global que se apalanca en estas jurisdicciones jamás puede ser constitutivo realmente de una democracia, por lo que los poderes democráticos están obligados a abolir los sistemas jurídicos offshore que dan carta de naturaleza a la injusticia económica global.
jueves, 21 de octubre de 2021
lunes, 10 de mayo de 2021
La privatización de Bankia, un grave despropósito
Recién entrada la democracia se inicia en 1977 un periodo de desregulación y liberalización financiera, es en este año cuando el Gobierno de la UCD inicia un cambio normativo que supone el comienzo de la desterritorialización de las Cajas de Ahorro y diversos cambios en sus prácticas financieras. Por otra parte, un nuevo proceso se inicia en la banca privada a partir de los 80, responde a la necesidad de abrirse a la competencia a nivel internacional y aprovecha la corriente de fondo liberalizadora que llega a Europa procedente de las finanzas USA y que se extiende a la banca internacional bajo la presión de la OCDE, de los organismos financieros internacionales - BM y FMI - y de la Comunidad Económica Europea, de la que España forma parte a partir de 1986.
La presión constante ejercida por la banca privada sobre los sucesivos gobiernos populares y socialistas, para expandir su negocio acaparando el conjunto del ahorro y el crédito en España, supone lo que podríamos denominar un lento y sigiloso golpe de estado del capital financiero desde los años 90 hasta el presente, marcado por la entrega a la banca privada de una nada despreciable banca pública, entre 1991 y 1998 y posteriormente por el operativo desplegado para malvender las cajas rescatadas y nacionalizadas, tras la crisis del ladrillo, a las finanzas privadas. Durante décadas los gobiernos han actuado bajo la premisa de que lo que era bueno para los accionistas de bancos como BBV, BSCH, Banco Sabadell, o CaixaBank, era bueno para España. Supongo que las decisiones políticas que “bendijeron” las operaciones se tomaron al albur de dos tipos de estímulos, unos positivos: la participación en consejos de administración, vía puertas giratorias, la financiación de los partidos o la exención del pago intereses en los créditos formaban parte de la trastienda de las operaciones; otros negativos ante chantajes o amenazas de externalizaciones de servicios, entidades o capital (es curioso que en las sucesivas memorias corporativas del BSCH el monto de sus beneficios en nuestro país, no ha llegado nunca al 15% en los últimos años, un banco en que prácticamente la mitad de su valor accionarial pertenece a sociedades privadas extranjeras y que sigue considerándose un banco español, lo que sí está claro es que cada vez más “nuestros” grandes bancos son bancos sistémicos globalizados). Ha sido precisamente su condición de grandes bancos demasiado grandes para caer ("to big to fail") la que ha prevalecido a la hora de implementar el rescate de las grandes entidades del sistema financiero, cajas, pero también bancos. Rescate que el erario público, o sea la ciudadanía, no ha recuperado a fecha de hoy. Y habría que hacer en este punto algunas consideraciones: La primera es que en ningún momento se ha planteado ante las crisis bancarias que sean los accionistas (nunca los depositantes) quienes asuman en primer término el impacto de la crisis, a ellos no habría de salvarles el Estado, cualquier juego entraña un riesgo. Otra es que cualquier cantidad empleada por el Estado en un rescate bancario es un dinero que la ciudadanía presta a su sistema financiero y que como préstamo ha de ser devuelta al erario común. Respecto a la forma de devolución cabrían diversas formas posibles: A través de la devolución del dinero prestado más intereses acumulados, mediante traspaso de acciones al Estado a cambio del débito, o bien podría ser en este momento muy pertinente que la Nueva Caixabank, que debería asumir la devolución de los 24.000 millones de euros del rescate de Bankia, utilizara su inmenso parque de vivienda para ponerlo a disposición del Estado con el fin saldar su deuda y que éste pudiera así ser destinado a alquiler social, tan necesario en este momento en nuestro país.
Sin embargo, a pesar de la experiencia pasada de desregulación, descontrol y crisis bancarias, tanto la UE, como el BCE, siguen orientando al Gobierno de España a continuar aún con más fusiones bancarias, manifestando que aún hay margen para la competencia en el sistema bancario español, con un índice de concentración bancaria de los más elevados de Europa (28 puntos porcentuales por encima de la media ponderada de la eurozona según un reciente estudio del Banco de España), algo tendría que decir al respecto la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. De 62 entidades financieras que había en 2007, antes del inicio de la crisis, quedan 10, de las cuales 4 están en proceso de fusión. En este momento 4 grandes entidades (Santander, BBVA, Caixabank-Bankia y Sabadell) controlan el 80% de nuestro sector financiero.
El proceso que se ha cerrado con la privatización de la mayoritariamente nacionalizada Bankia, y el traspaso de su patrimonio y acciones a Caixabank, ha sido una operación bien revestida, por la mayoría PSOE del Gobierno actual, de justificaciones y “motivaciones doradas” como de costumbre, es manifiesto que en ningún momento se ha sopesado la más remota posibilidad de convertir Bankia en una Banca Pública de depósitos, como reiteradamente ha estudiado, manifestado su viabilidad y pedido al Gobierno la Plataforma por una Banca Pública. A nivel operativo, esta fusión por absorción de Bancaixa sobre Bankia ha supuesto que una entidad con un 62% de participación mayoritaria del Estado, que por lo tanto mantenía el poder de decisión sobre ella, ha sido anexionada por otra de carácter privado en la que el Estado, a través del FROB, mantendrá una participación minoritaria del 16’1% de la nueva Caixabank, que se sitúa en el número uno del rànquing de las entidades financieras por número de activos en nuestro sistema bancario, con aproximadamente 650 mil millones de euros.
Hemos de analizar la decisión a la luz de la actual situación del sistema financiero internacional. Desde 1999, en que Clinton derogó la Glass Steagall Act por la que la banca de depósitos y préstamos se mantenía separada de la banca de inversión y sus prácticas especulativas, la llamada banca universal añade a sus prácticas de banca tradicional las de inversión especulativa. Es este uno de los motivos más importantes del gran descontrol financiero del sector bancario actual, junto al exceso de titulización y la creación de sofisticados productos derivados. Por otra parte, las normas reguladoras bancarias vigentes a nivel internacional, las de Basilea III, son insuficientes dada la existencia de una buena parte del sistema financiero internacional que permanece en la sombra, en sistemas jurídicos offshore y oculto a la mirada de los supervisores, lo que dificulta la supervisión consolidada de las entidades sistémicas, cada vez más globalizadas. Los observadores financieros hablan desde hace años de una nueva acumulación de riesgos en un sistema que paradógicamente sigue concentrándose, lo cual multiplica las posibles consecuencias devastadoras de las crisis bancarias para las economías en el futuro, especialmente dado el importante crecimiento de la deuda privada.
Otro problema de gran importancia es el actual precio del dinero, las tasas de intereses negativos de facto (si tomamos en cuenta la inflación anual) que viene estableciendo el BCE y que suponen que los bancos, ante las perspectivas de no beneficio, no tengan interés en promover el crédito a empresas y familias. Esto desplaza el negocio bancario en dos direcciones nocivas, económica y socialmente. Una busca un incremento de ingresos en base al aumento de toda clase de comisiones de apertura, mantenimiento y operatividad, que recaen sobre la ciudadanía y que son especialmente sufridas por las personas más vulnerables. La otra busca en el trading especulativo lo que no obtiene por vía del crédito, lo cual aumenta los riesgos sistémicos.
La fusión, por absorción de Caixabank sobre Bankia, significará la desaparición de 1400 oficinas y 8300 despidos solicitados por la entidad, que se suman a los miles de oficinas y a los 100.000 empleados despedidos en el sector desde 2008, lo que dejará en la exclusión financiera a un gran número de personas y a más de 4000 municipios sin oficinas bancarias. Mientras esto pasa, es indignante que la nueva entidad haya decidido asignar altos sueldos a sus máximos representantes (El Presidente Goirigolzarri ha triplicado su sueldo respecto al anterior en Bankia) y una política de bonus a sus ejecutivos que ya ha sido cuestionada por Nadia Calviño, si bien corresponde al Banco de España y en parte al BCE respaldar, o no, las medidas tomadas.
El actual oligopolio bancario es deudor de un considerable número de ayudas directas e indirectas, sin que se vislumbren perspectivas de recuperación y la ciudadanía sufre ahora las consecuencias de las fusiones. La privatización de Bankia significa un nuevo y grave despropósito político, económico y social, ya que aumenta el poder del oligopolio bancario sobre un Estado que se ha desprendido de las finanzas públicas, aumenta el riesgo sistémico en la economía al orientar su actividad al trading financiero y finalmente contribuye a minimizar el servicio tradicional de intermediación bancaria, con las negativas consecuencias previsibles sobre las empresas y la sociedad en su conjunto.
sábado, 1 de mayo de 2021
La voracidad financiera. Abrir espacios comunes de resistencia (3)
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas…
Tolkien
Parafraseando al Tolkien del “Señor de los anillos”. Hoy nos dirigimos aceleradamente hacia un mundo regido por el poder tiránico de la plutocracia global del dinero, que gobierna con mano de hierro haciendas y vidas, aquél que, en continua expansión, domina, esclaviza y al mismo tiempo desnaturaliza todo lo que envuelve. Las finanzas constituyen un anillo de poder para dominar al resto de anillos económicos y atarlos a su destino.
La falta de límite al derecho negativo a la propiedad incentiva a los grandes actores económicos a mantener una carrera competitiva sin límites y escasos obstáculos regulatorios por hacerse con todo soporte o recurso económico y en esa carrera los grandes poderes financieros están acaparando los resortes económicos del mundo de la vida.
Una mayoría de riesgos económicos, ecológicos y sociales cotidianos en la actualidad vienen de la mano de la codicia extractiva y depredadora de las finanzas globales: La preocupante escalada de la deuda soberana y privada y la presión de los acreedores sobre los estados; La acaparación, por los grandes gestores de fondos ubicados en la sombra, de acciones de las grandes corporaciones; la creciente concentración oligopólica bancaria a nivel internacional; los excesos de titulización y la exultante especulación con todo tipo de activos; la opacidad, los negocios offshore y la evasión y elusión fiscal; la adquisición de fondos buitre de la deuda de los países o, junto a las socimi, de grandes parques de vivienda privada y social; la adquisición de empresas por los “private equity” o grandes fondos de capital riesgo, con el propósito de “sanearlas”, desguazarlas o fraccionarlas y obtener beneficio del proceso y de su venta; la gestión financiera global de los fondos de pensiones; el dominio sobre los medios de comunicación a través de su accionariado; la creciente implantación de los fondos en el sector sanitario y de servicios; la perseverante inversión financiera en la extracción de combustibles fósiles; la compra y acumulación de tierras y grandes reservas de agua por fondos soberanos y privados; el dominio comercial de grandes marcas, distribuidores globales y grandes superficies, que pone en situación crítica al comercio de proximidad; la presión corporativa para reducir los derechos sociales y laborales…etc, constituyen una buena muestra de la codicia financiera. Son procesos que generan gran acumulación de riqueza en pocas manos, creciente desigualdad y degradación económica, ecológica y social.
La obsesión de los poderes financieros por acumular dinero y, a través de él poder para seguir acumulando más dinero, no tiene con el capitalismo límite ni cortapisa, está impresa en los resortes que mueven la estructura sistémica y es el motivo del crecimiento continuo de las desigualdades que socavan las sociedades en países con democracia formal. Fue el mismo Presidente Roosevelt quien, en su discurso de toma de posesión en 1937, manifestó que una codicia excesiva no era solo moralmente reprobable, sino también era nociva para la economía. Mientras los diferentes gobiernos no realicen un giro radical en sus políticas y adopten medidas para limitar la propiedad y el poder que la oligarquía financiera ejerce sobre las economías, seguirán creciendo las desigualdades y la ingobernabilidad. Los gobiernos no están hoy a la altura de los requerimientos democráticos orientados al bien común.
A la injusta distribución de la riqueza del capitalismo, el capitalismo financiero añade su compulsión enfermiza al beneficio especulativo inmediato, con una gran ineficiencia en la distribución de los recursos y gran descontrol y poniendo en grave desequilibrio y riesgo las economías. Se generan burbujas financieras y crisis recurrentes que implosionan sobre las sociedades, que acaban pagando la factura de estas crisis debidas a la falta de regulación sistémica. En la base que nutre esta situación está la existencia de un entramado internacional de poderosos intereses financieros, económicos y políticos que se resisten a la mínima regulación del sistema, pasando de cualquier consideración orientada al interés general. ¡Es el sistema amigos!
El dominio de las finanzas es pues un “hecho total” que afecta hoy, en mayor o menor grado, a todas las facetas de la vida, creando todo tipo de riesgos sociales y ecológicos e imponiéndose a los gobiernos y a la democracia. Hemos de preguntarnos necesariamente si como sociedad vamos a seguir asumiendo en adelante los costes de esta tiranía de los mercados globales, con cáscara democrática, o si por el contrario vamos a organizar la resistencia y construiremos colectivamente respuestas necesarias para fortalecer y disponer de una auténtica democracia.
Dentro del reto de esta resistencia democrática contra el denominado 1% caben y habría que reunir un amplio consenso de fuerzas sociales y políticas diversas. Lo primero que es necesario consensuar es que hay que comenzar un largo, pero inaplazable proceso para reconquistar la democracia, entendida, en una primera fase, como la capacidad de los países, o unión de países, de autogobernarse sin estar sometidas a poderes políticos o económicos no democráticos. Pero este reto, en el contexto de la globalización actual, no puede ser estrictamente nacional, menos en la Unión Europea. Significa un reto que trasciende las fronteras nacionales y en el que habrían de comprometerse un conjunto de fuerzas antineoliberales: políticas, sindicales y movimientos altermundistas diversos. Una amplia “Comunidad del anillo”, capaz de enfrentarse al Señorío oscuro de las finanzas.
Europa está tensionada por dos fuerzas sistémicas una de raíz liberal, otra la de los populismos crecientes de extrema derecha y la izquierda heredera de la Ilustración se va disolviendo, como sujeto de cambio, por falta de proyecto. Perdida en cien luchas parciales e incapaz de generar un relato edificante e ilusionante. Desprestigiados y obsoletos los referentes históricos políticos y sindicales, la multiplicidad de luchas reactivas se pierden en la inoperancia de tener que afrontar continuamente problemas sociales concretos que estallan un día sí y otro también. Ante ello el discurso de la sociedad reactiva es la lucha en sí, pero fragmentada, sin estrategia, sin cuestionamiento unitario profundo del propio sistema.
Es ahora, cuando los riesgos a los que se enfrentan las sociedades adquieren diversidad y proporciones alarmantes, cuando se manifiesta absolutamente necesario desprenderse de aquellas mochilas ideológicas de la izquierda que no tienen en cuenta el actual contexto histórico marcado por la globalización financiera, en que las oligarquías transfronterizas dominan las reglas del juego económico y político en nuestras vigiladas democracias, tableros de juego bajo su dominio.
Quizá sea hora de volver la vista atrás y reflexionar sobre tantas batallas perdidas por la Ilustración, por la Modernidad, por los ideales republicanos, por aquellas ideas universales que nos interrogan como especie, por los derechos humanos, por las utopías de los siglos XIX y XX. Todo ello necesario para afrontar colectivamente la actual distopía. Aunque supongo que habrá que desvestirse de muchos prejuicios sectarios, fragmentaciones ineficaces y en algunas ocasiones narcisistas, doctrinas o formas organizativas obsoletas cuyo objetivo cotidiano es justificarse. Es apremiante organizar conjuntamente foros y espacios de encuentro, reflexión y debate para ir construyendo discurso y herramientas proactivas de lucha, más allá de la reactividad fragmentaria al uso.
Es patente que el sentimiento de comunidad y los valores republicanos han sido corroídos por cuatro jinetes del apocalipsis sistémico: el individualismo, la competencia, el consumismo y la tecnocracia. ¿Podremos construir colectivamente una nueva utopía, asentada en la fuerza de un sujeto plural y diverso de cambio?
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