Las medidas tomadas por el Gobierno para abordar los efectos
de la exclusión financiera se concretan en un protocolo, de no obligado
cumplimiento, que la Ministra Calviño ha firmado con las tres patronales
bancarias, el protocolo anterior firmado en julio 2021 apenas ha supuesto
mejoras y sobre todo en dos disposiciones adicionales que el Gobierno ha
añadido a la “Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y
usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica”. En dichas
disposiciones se dice que el Gobierno promoverá, en el plazo de tres meses
siguientes a su aprobación, medidas legislativas que garanticen la atención
personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios vulnerables,
sin discriminación motivada por “brecha digital”. También dará soporte a los
servicios financieros en pequeños núcleos de población, instalando cajeros
automáticos en oficinas de Correos, o bien promoviendo acuerdos de colaboración
con entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y
retirada de efectivo. Estas medidas, siendo razonables, no pueden satisfacer
las necesidades de las diversas personas, colectivos y zonas actualmente
sometidas a la exclusión financiera.
Por una parte se trata de desplegar recursos financieros que
aproximen, a los usuarios y clientes en zonas rurales, la operativa mínima
necesaria para gestionar sus cobros y pagos. Eso sí conlleva el pago de
comisiones a usuarios, o a la apertura de cartillas en entidades prestatarias
como Banco de Santander o Ibercaja, lo cual supone otros problemas de coste o
dependencia financiera para las personas, que serían innecesarios si dichos
servicios se desplegaran asimismo en las oficinas de Correos, pero como un
servicio de carácter público, así se llevó a cabo hasta que las 2300
estafetas de correos cesaron sus servicios financieros, que fueron traspasados
en 1999 a Deutsche Bank que lo dejó en 2016. Un servicio como aquel podría ser
hoy un excelente soporte de proximidad para dignificar la atención a las
personas.
Habrá que ver cómo los grandes bancos adaptan sus respuestas
a los requerimientos que el ejecutivo vaya estableciendo en el despliegue de la
Ley, con el objeto de prestar atención personalizada y salvando la brecha
digital de algunas personas, en breve iremos viendo los resultados. En el
protocolo se especifica una atención directa de 9 a 14 h en las sucursales,
veremos como lo recoge la Ley y la ciudadanía habremos de estar vigilantes para
ver si se cumplen las orientaciones y denunciar los incumplimientos en su caso.
Otro reto para nuestra economía procede de la necesidad de desplegar
crédito suficiente para el desarrollo de PYMES, cooperativas y autónomos, todos
aquellos agentes económicos que no pueden recurrir a la capitalización bursátil
o la deuda corporativa para financiarse, en especial para los procedentes de comarcas
a las que no llega suficiente crédito y de la España vaciada. La desaparición
de los antiguos Bancos de Crédito Oficial y de las Cajas, dejó un paisaje
financiero entregado a la codicia del oligopolio bancario y devastado, quedando
como resto y agencia financiera del Estado el ICO y una serie de Cooperativas
de Crédito y Cajas Rurales, que también junto a la humilde Banca Ética hay que promover.
En lo que hace referencia al ICO habría que transformarlo en un auténtico banco
de desarrollo, capaz de desplegar una serie de retos económicos urgentes, con
oficinas provinciales y mayor presupuesto (actualmente sólo gestiona el 1% del
crédito). Al mismo tiempo que financiara directamente sin intermediación
bancaria y que tomara más préstamos del BCE, a quien inexplicablemente apenas
recurre. En este sentido habría de inspirarse en otros bancos de desarrollo en
Europa.
Un proyecto político, comprometido con la ciudadanía y las
empresas habría de tomar en consideración ponerse al timón de la economía abriendo
nuevas vías que impliquen un salto cualitativo en la democratización de las
finanzas. Un Gobierno responsable no puede abandonar la suerte de la sociedad
en su conjunto a la mayor gloria y beneficio de la Gran Banca, de sus
accionistas pendientes de maximizar los dividendos y de sus ejecutivos, que
toman decisiones mediadas por los accionistas, para obtener sustanciosos bonus
y salarios. Hay que ir tomando medidas que vayan afianzando pasos para reconstruir
un polo de Banca Pública en España.
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