Déjà vu

 

Confieso que me cuesta activarme tras las primicias informativas y los recurrentes luctuosos sucesos y suelo esperar un tiempo prudencial, a que pase el vértigo que genera la estruendosa estela mediática de los acontecimientos, antes de abandonar la confortable pereza intelectual del “déjà vu”. La edad nos va situando en una posición protectora de sano escepticismo, que nos invita en primer lugar a preguntarnos, pero ¿Qué tiene esto de nuevo para que precisamente ahora mis neuronas tengan que correr?

Hace tres semanas que las alarmas globales resonaron en los medios con el escándalo Pandora Papers, tendiendo la pasarela del oprobio a presuntos delincuentes de cuello blanco con importantes cuentas offshore en territorios que en algún momento vendieron su soberanía económica a poderes globales. La vendieron para que grandes rentistas pudieran movilizar sus capitales en busca de sumideros fiscales, las corporaciones globales en pos de ventajas fiscales competitivas y que delincuentes transfronterizos, tras el secreto protector a sus desmanes económicos y humanitarios, no tuvieran que pasar por caja o por juzgados. No me sentí especialmente sobrecogido, es más, apenas me inmuté y eso que ya estábamos más que avisados desde hace años, o tal vez precisamente por eso.

En los años posteriores a la crisis de 2008 la ciudadanía ha podido estar al corriente de una sucesión de noticias sobre delitos fiscales asociados a la corrupción social y política. Ello ha sido posible debido a filtradores de información, trabajadores de banca como Hervé Falciani o a grupos de periodistas de investigación que han filtrado, a algunos medios periodísticos, el resultado de sus investigaciones. Como consecuencia hemos podido conocer la actuación delictiva de un elenco de personas de renombre social o político. Han sido divulgados asuntos como Swisleaks, Luxleaks, Panamá Papers o Paradise Papers, ahora Pandora Papers, que han abierto una vía para conocer a personas o grupos empresariales, con depósitos en cuentas opacas offshore para evadir el pago de impuestos a las haciendas públicas. No obstante, los asuntos desvelados, no son sino la punta del iceberg de un sistema opaco, parasitario y corrupto que utiliza sistemáticamente estos refugios fiscales como instrumento para redistribuir las rentas desde el trabajo y la ciudadanía hacia la optimización de los beneficios del capital.

Habríamos de ir más allá de la anécdota contemplativa sobre los pillos particulares. En general, los medios nos informan periódicamente de esta realidad fiscal y financiera, como un asunto anecdótico. Sitúan el centro de la noticia en hechos recurrentes sobre evasores fiscales, cosa que no ayuda a desentrañar la dimensión estructural del enorme problema que supone el offshore promovido por el actual capitalismo financiero globalizado. Los refugios fiscales son estructuras mantenidas en su beneficio por los poderes económicos globales y naturalizadas por los gobiernos, que imposibilitan el desarrollo de la justicia fiscal y financiera. Los árboles informativos, no nos dejan ver el bosque.

Estos territorios están perfectamente sincronizados dentro del sistema financiero global y se retroalimentan mutuamente con unas entidades financieras internacionales fundamentalmente privadas y desreguladas, con la banca en la sombra, con un sistema fiscal regresivo, con el aumento del endeudamiento público y privado y con el abuso de la titularización financiera, los derivados financieros, el apalancamiento crediticio y la especulación global con todo tipo de activos. Todo ello constituye un entramado financiero que ha sido diseñado por la plutocracia global del dinero.

La economía opaca hoy, a través de estos refugios fiscales o territorios offshore para no residentes, representa el paradigma de la corrupción. Su existencia es promovida por las mismas oligarquías internacionales que dicen defender los derechos humanos y la democracia, pero que se sirven de estos territorios para imponer un sistema injusto y corrupto. Si la democracia liberal se fundamenta ante todo en el “imperio de la ley”, podríamos decir que un sistema económico global que se apalanca en estas jurisdicciones jamás puede ser constitutivo realmente de una democracia, por lo que los poderes democráticos están obligados a abolir los sistemas jurídicos offshore que dan carta de naturaleza a la injusticia económica global.