Comunicado a la opinión pública
El 19 de noviembre de 2012, La PARS, La
Liga del Síndrome de Fatiga Crónica, Attac Acordem, Attac Catalunya,
CATAC-CTS-IAC y Dempeus per la salut pública hemos presentado una querella
criminal contra Boi Ruiz y su equipo de gobierno del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya ante el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Consideramos que el Conseller y su equipo podrían haber cometido
los delitos tipificados en los artículos del Código Penal referidos al impedimento
del ejercicio de derechos cívicos (art. 542), a la omisión del deber de
socorro (art. 196), al tráfico de influencias (art. 428) y a las negociaciones
y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (art. 441). Esta
querella es un segundo paso en lucha por denunciar la opaca gestión de la
sanidad pública y el atentado contra los derechos de la ciudadanía. En marzo de
2012 ya presentamos una denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya. El
Fiscal reconoció el daño causado a los ciudadanos por las decisiones del Departament
de Salut, a pesar de lo cual decidió no investigar estos hechos. Por ello,
decidimos continuar investigando y presentar nuestra querella ante el TSJC.
El peligro en que hoy se encuentra el
derecho constitucional de protección de la salud es notorio en Cataluña. Los
ciudadanos que firmamos esta querella somos conscientes de que el sistema
sanitario puede verse resentido como consecuencia de la crisis económica que la
sociedad está sufriendo. Pero las consecuencias de las decisiones de los Altos
Cargos que aquí denunciamos provocan un deterioro en el derecho de protección a
la salud que tiene un límite y es el que fija la legislación vigente. Existen
datos objetivos que indican que el Departament de Salut ha incumplido y sigue
incumpliendo la legislación que regula, por ejemplo, las listas de espera, uno
de los indicadores clave a la hora de evaluar el derecho de acceso de la
ciudadanía a los servicios sanitarios, ya que el ordenamiento jurídico
otorga el carácter de derecho de las personas operarse un tiempo máximo de 6
meses. Este derecho, particularmente, habría sido vulnerado
sistemáticamente como consecuencia de las decisiones de los Altos Cargos de la
Generalitat de Catalunya, con plena conciencia de que sus medidas conducirían a
su vulneración, como exige el Código Penal para calificar estas conductas de
delictivas.
Los problemas económicos de nuestra
sociedad no pueden ser justificación para impedir que los ciudadanos ejerzamos
los derechos regulados por Ley. Nuestra legislación permite reducir presupuestos,
reorganizar sistemas o potenciar ciertos sectores económicos en función de la
línea ideológica de cada gobierno, pero en ningún caso las medidas que se
apliquen pueden llevar al impedimento del ejercicio de derechos, como es el
derecho a la protección de la salud que la Constitución instaura en el artículo
43 y se desarrolla en otras leyes, incluido el Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Los límites los pone la Ley y el Conseller y su equipo los habrían
rebasado a sabiendas. Asimismo hay indicios de que el Departament de Salut
estaría manipulando, y en algunos casos ocultando, datos oficiales para
minimizar el impacto de los datos reales en la opinión pública y, lo que sería
más relevante judicialmente, para acaso disimular conductas delictivas como
las que denunciamos en nuestra querella.
La respuesta de la ciudadanía apelando a
los tribunales es obligatoria cuando desde los poderes públicos encargados de
garantizar los derechos se toman medidas que llevan a que la ciudadanía no
pueda ejercerlos, cuando hay indicios de que no están cumpliendo la Ley al
elaborar la información pública sobre listas de espera, cuando hay ciudadanos
que fallecen por no poder ser atendidos en los centros sanitarios cerrados,
cuando hay sospechas de que se utilizan estrategias estadísticas para
ocultar datos oficiales a la ciudadanía, cuando los Altos Cargos de la
sanidad pública tienen simultáneamente Altos Cargos en el sector sanitario
privado, cuando se podría estar utilizando la legislación de forma
interesada para favorecer al sector privado, cuando hay informaciones que
dicen que el propio Conseller preside una empresa de servicios sanitarios
privados o cuando ha salido a la luz que la esposa del Conseller ha sido
recientemente contratada en una corporación sanitaria pública para hacer
labores de gestión, la Corporació ParcTaulí de Sabadell.
La corrupción no terminará hasta que
no acabemos con la impunidad. Los ciudadanos
querellantes apelamos al resto de la ciudadanía para que colabore en eliminar
el sentimiento de impunidad que está situado en los despachos de los Altos
Cargos de la Generalitat, que ni se les pasa por la cabeza que sus actos puedan
tener consecuencias penales y para ello os invitamos a cooperar de diferentes
formas, principalmente aportando información. Estamos trabajando en un canal de
comunicación seguro y que garantice la confidencialidad de todo aquel que
participe.
En la querella, que consta de 80 páginas
que componen el cuerpo y de más de 400 páginas de anexos, manifestamos que, sin
entrar en el debate sobre sanidad pública versus sanidad privada, es
inadmisible que los ajustes presupuestarios o, en su caso, los cambios de
modelo, se hagan a costa de imposibilitar el ejercicio de derechos garantizados
por la Ley para después, supuestamente, volver a recuperarlos. El Conseller
no tomó las medidas suficientes y necesarias que tenía a su alcance para
corregir la situación caótica que había provocado, sea por ignorancia,
incompetencia o interés. Nosotros pensamos que es por lo tercero. El
Conseller y su equipo, más bien al contrario, aun sabiendo que incumplirían
la Ley siguieron tomando decisiones que justificarían incluso más la imposición
de las penas relativas a los presuntos delitos que denunciamos.
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