Dia mundial por la supresión de los paraísos fiscales

La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto una vez más el papel pernicioso que tienen los paraísos fiscales dentro de la economía mundial. De nuevo hemos podido observar que no se trata de un simple elemento más de la actual configuración económica, sino que por el contrario hablamos de un instrumento clave para el mantenimiento de un modelo de desarrollo que mundialmente se ha convenido en llamar neoliberal.

Los paraísos fiscales agravan las crisis financieras y contribuyen a su gestación, aumentando la inestabilidad financiera y sus efectos; son un instrumento que agudiza las desigualdades y la pobreza, distorsionando los sistemas fiscales de todos los países y privando a los mismos de los ingresos necesarios para mantener niveles adecuados de servicios públicos; permiten y protegen la delincuencia financiera, gracias a su alto grado de opacidad y su laxa normativa financiera; y socavan las democracias, al condicionar el comportamiento de los países en materia de política económica y ser el espacio preferido para el uso de instrumentos y operaciones financieras que han incrementado cuantitativa y cualitativamente el poder de las finanzas en detrimento tanto de la economía real como de los Estados y sus democracias.

En el curso de la reciente crisis, y estando los paraísos fiscales en el centro de las críticas, los gobernantes mundiales han lanzado ambiciosas y mediáticas promesas en lo que se refiere a la lucha contra los paraísos fiscales. Hasta el momento, sin embargo, tales promesas no tienen visos de materializarse de forma satisfactoria.

La lucha contra los paraísos fiscales exige una contundencia mucho mayor, mientras que paralelamente requiere una definición mucho más precisa y amplia acerca de lo que son realmente estos refugios fiscales que la mantenida actualmente por los principales organismos internacionales.

Junto con el establecimiento de impuestos a las transacciones especulativas de capital, la supresión de los paraísos fiscales constituye una de las señas de identidad inconfundibles de ATTAC. Por esta misma razón ATTAC propone en este comunicado el establecimiento del “Día Mundial contra los Paraísos Fiscales” para el día 20 de Junio, día en que se reunen los dirigentes del G 20 en Canadá, los países que más uso hacen de ellos, por lo que llamamos a la sociedad civil mundial a que se manifieste este día publicamente exigiendo la eliminación sin paliativos de los mismos.



Los objetivos perseguidos serían los siguientes:

1. Recordar la existencia de los “paraísos fiscales” a la opinión pública mundial.

2. Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta lacra internacional.

3. Movilizar a la opinión pública con el objetivo de presionar a los partidos, gobiernos e instituciones políticas internacionales de cara a su supresión absoluta.

4. Denunciar y hacer pública una lista completa y precisa de los paraísos fiscales existentes, dónde están radicados y el papel que juega cada uno de ellos en la economía mundial.

5. Denunciar y hacer públicos los nombres de las empresas y personas que hagan uso de dichos espacios financieros.

Sigue el secreto bancario

Juan Hernández Vigueras

fuente: Público

Hace justo un año, el 2 de abril de 2009, tenía lugar en Londres la tercera cumbre del G-20 para remediar la crisis. Al día siguiente, toda la prensa recogía las declaraciones de los gobernantes diciendo solemnemente que el secreto bancario se había acabado; era un reconocimiento público del papel decisivo jugado por los paraísos fiscales en el colapso financiero. Pero en el comunicado oficial, aquella frase era una mera declaración de intenciones, huérfana de medidas concretas para acabar de verdad con la opacidad de las operaciones transnacionales de la banca y las finanzas.

Con el respaldo del G-20, la máxima autoridad en la materia, la OCDE, publicaba una “hojita” (así la ha calificado su secretario general) pomposamente denominada “informe de progreso” que recogía una cuádruple lista de jurisdicciones fiscales para disimular una nueva relación oficial de “paraísos fiscales” que dejaba fuera a las Islas de Man y de Jersey, sin precisar el criterio aplicado. Y las ediciones posteriores la han ido reduciendo hasta dejarla con 12 micropaíses a fecha 24 de marzo de 2010; y excluyendo de esa relación oficial a Las Caimán, Suiza, Liechtenstein, Gibraltar, Mónaco o Andorra, aunque sigan asociados al blanqueo de capitales y al fraude fiscal y conserven intacto el atractivo de su secreto bancario.

Paradójicamente, aquellas rotundas declaraciones gubernamentales contra los paraísos fiscales ocultaban el abandono de la definición clara que establecía el proyecto multilateral de la OCDE del año 2000, aunque también era incompleta aquella primera lista de países y territorios así catalogados; un programa que no había logrado el objetivo de suprimirlos por la oposición de los neoconservadores del presidente Bush. El G-20 en Londres respaldó el nuevo criterio definitorio de la OCDE que “legalmente” vaciaba de contenido la expresión “paraíso fiscal”, reduciendo la cuestión al cumplimiento por las jurisdicciones, países y territorios autónomos de los llamados “estándares fiscales internacionales”, una expresión que esconde una simple regla para dejar de ser considerado como tal: basta la firma de doce convenios bilaterales para el intercambio de información tributaria a petición de parte. El modelo de convenio que se suscribe no obliga a suprimir el secreto bancario ni a modificar la legislación propia, y solamente obliga a dar esa información cuando lo pide la otra parte justificadamente, es decir, no automáticamente sino a solicitud de un juez o en una investigación oficial.

Días antes de ese acuerdo del G-20,Suiza había captado su alcance. En nombre de la Presidencia Federal Helvética, el ministro de Finanzas, Hans Rudolf Merz, hacía una breve declaración oficial asegurando que el Gobierno había decidido adoptar plenamente el estándar de laOCDE “para la asistencia administrativa en materia tributaria”; aseguraba que el Gobierno permitiría el intercambio de información con otros países en casos individuales en los que se plantearan requerimientos justificados. Pero como había “algunas dudas entre el público en general sobre lo que esto significa y a menudo oímos que se pregunta si el secreto bancario se abolirá”, declaraba tajantemente que “el Gobierno sigue plenamente comprometido con el secreto bancario. El secreto bancario es un aspecto de una adecuada protección de nuestro temor particular y está inserto sólidamente en nuestro sistema bancario y goza de salvaguardias en nuestra Constitución y en numerosas leyes. Esta protección continúa para todos los contribuyentes residentes en Suiza. La ley no se modificará. Las autoridades fiscales suizas todavía no tienen acceso a los datos de los clientes. No habrá fisgoneo en las cuentas suizas”.

Por si quedaban dudas, a comienzos de 2010 el Tribunal Administrativo Federal de Suiza declaraba que el secreto bancario había sido violado por la Autoridad de Supervisión Financiera, FINMA, abusando de su poder al ordenar al banco USB que suministrara a EEUU información sobre 225 clientes defraudadores, en aplicación del acuerdo político alcanzado para poner fin al litigio con el fisco estadounidense y desencadenado en 2008 por una investigación del Senado. Había fracasado la presión diplomática exterior.

Por tanto, ante esta “regulación” internacional, la lucha de verdad contra los paraísos fiscales en Europa tiene que plantear la revisión de la política de la Unión, que mantiene convenios de libre comercio y el libre movimiento de fondos con todos esos microestados de su entorno, a pesar de que son notorios refugios del dinero de la evasión fiscal y de los negocios sucios de la droga y de la corrupción política o corporativa. Y en el plano interno, está clara la inoperancia de las declaraciones nominalistas, parlamentarias o gubernamentales, contra los paraísos fiscales que no vayan acompañadas de medidas efectivas contra las prácticas bancarias. Por ejemplo, requiriendo una mayor información ordinaria sobre la banca e incluso la supresión de las filiales y entidades de bancos y cajas de ahorro y de los grupos empresariales en Jersey, las Caimán y demás territorios, donde carecen de actividad comercial local y son meras sociedades instrumentales para planificar el fraude fiscal en España, el refugio de los millones de la corrupción o el blanqueo del dinero sucio. Una petición documentada que hicimos en 2005 los grupos de Attac en España al Ministerio de Economía y Hacienda con el aval de 4.000 firmas. Eso sí serían medidas eficaces para superar el déficit presupuestario actual.

Juan Hdez. Vigueras es doctor en Derecho. Autor de ‘Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20’

Firma en defensa de la independencia judicial y del Estado de derecho

Los ciudadanos y ciudadanas no podemos pasar por alto y permitir el ataque permanente que desde las instancias más reaccionarias del poder judicial se viene efectuando contra el Estado de derecho. Haz llegar al CGPJ tu indignación por el intento de inhabilitar al Juez Garzón.

Has de enviar al correo del Consejo General del Poder Judicial: webmaster@cgpj.es el siguiente texto con tu firma:

Sr. Presidente y Consejeros del Consejo General del Poder Judicial.

Ante la noticia de que en fecha próxima han de resolver sobre la “suspensión de funciones” del magistrado D. Baltasar Garzón por razón los procedimientos judiciales incoados contra el mismo por el Tribunal Supremo, como ciudadano de un Estado Democrático de derecho y en el ejercicio del derecho de petición, reconocido en el Art. 29 de la Constitución y desarrollado por la L.O. 4/2001,solicito de Vds, con el respeto debido pero también con la máxima energía, que no acuerden dicha suspensión de conformidad con las fundadas razones de la Fiscalía General del Estado. En caso contrario, la decisión causaría un gravísimo perjuicio al principio constitucional de independencia judicial y a los valores democráticos constitucionales. Atentamente.

La CGT solicita el embargo de los bienes particulares de Gerardo Díaz Ferrán para pagar los salarios

FETYC CGT

El pasado 25 de febrero, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha iniciado en representación de sus afiliados, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, las acciones judiciales pertinentes para que, si en un plazo de veinte días no se abonan los salarios de octubre y noviembre debidos a los trabajadores, se lleve a cabo el embargo de los bienes del presidente de la CEOE.

Los casi setecientos trabajadores de Air Comet se encuentran en una situación dramática, en algunos casos con siete, ocho y nueve mensualidades pendientes de cobro. En este momento la plantilla está en una suspensión temporal de sus contratos de trabajo y, hasta el mes de marzo, no cobrará el desempleo. La aerolínea, propiedad e Gerardo Díaz Ferrán, suspendió sus actividades el pasado 21 de diciembre, después de que un juez británico embargara parte de su flota por los impagos, dejando en tierra a cientos de pasajeros y sin ninguna actividad a la plantilla, que, en ese momento, ya había estado un largo periodo sin recibir sus nóminas. Hasta el momento ni la aerolínea, ni sus propietarios (Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual) se hayan hecho responsables ante ninguno de los afectados, ni clientes ni trabajadores.

Sin embargo, la presión de los trabajadores dio su fruto, la huelga que llevaron a cabo los trabajadores en noviembre del pasado año ante los impagos de sus salarios provocó que Gerardo Díaz Ferrán se hiciera personalmente responsable del abono de las nóminas de octubre y noviembre. Hasta la fecha muchísimos trabajadores no han conseguido que se les abonen estos meses, pese a la desahogada situación económica del presidente de la CEOE, lo que ha llevado a este sindicato a iniciar las acciones judiciales.

En estos últimos tiempos muchos trabajadores han visto como, debido a la crisis creada por una clase empresarial especuladora, abonada al capitalismo de ruleta y que tiene como único objetivo el engorde de sus cuentas bancarias de la que el señor Díaz Ferrán es el principal representante (orgánico y práctico), sus cuentas eran embargadas después de quedarse en desempleo y no poder hacer frente a las hipotecas a las que los propios especuladores les han atado. Ya va siendo hora de que los auténticos culpables de la crisis sean los que la paguen.

Sección Sindical de la CGT en Air Comet

Jubilados del Mundo ¡¡unios!!

La CEOE regresa al siglo XIX

Diariocrítico.com

Con estos empresarios, al menos con los que aparecen como sus representantes, nuestro país no tiene solución. Cuando ayer conocí las propuestas realizadas por la CEOE a través de Jose de la Cavada, director de relaciones laborales de los empresarios, sobre la nueva figura del contrato para los jóvenes de hasta 30 años, no daba crédito a lo estaba oyendo. De pronto, nuestros empresarios nos trasladan a lo tiempos de “capitalismo manchesteriano”, calificado así por Disraeli, para referirse a las peores tradiciones del capitalismo salvaje propio de la época que transcurre entre 1838 y 1846. Por lo visto, los empresarios españoles se equivocan de siglo sin ruborizarse e ignoran que durante ciento cincuenta años de lucha de los sindicatos y las transformaciones logradas con el Estado Social de Derecho han establecido unos derechos laborales consagrados en muchas Constituciones y Tratados Internacionales que regulan el derecho al trabajo digno. Puestos a ello, podíamos retroceder hasta las primeras épocas de la sociedad humana de los cazadores y recolectores.

Aunque parece que ya han pedido disculpas, no han dudado en disparar contra uno de los sectores que está sufriendo con más severidad el ajuste de la crisis como es el representado por los jóvenes españoles con una tasa de paro que casi alcanza el 40% sobre la población activa mientras la media europea se sitúa diez puntos por debajo.

La propuesta es brutal, y, en mi opinión, dudosamente constitucional. La nueva modalidad de contrato estaría reservada para los jóvenes menores de 30 años, duraría entre seis meses y un año, sin cotización a la Seguridad Social, sin derecho a la prestación por desempleo y sin indemnización por despido. Es decir, regresamos a la jungla social de la mano de la CEOE. Nuestros empresarios siguen apostando por un modelo empresarial que logre competir a través de la destrucción de los sistemas de protección social, salarios bajos y despido barato. Exactamente el modelo mas alejado de Europa.

Tal propuesta nos permite recuperar uno de los conceptos acuñados por Marx como es el de “ejército industrial de reserva”, que, como explica Salvador Giner, hace referencia al conjunto de la fuerza de trabajo que permanece fuera del mercado de trabajo o mercado laboral, y que tanto en los momentos de superproducción o alcistas del ciclos económicos, como especialmente el las etapas de recesión, permiten al empresariado corregir a la baja las condiciones laborales porque tienen una disponibilidad mayor de fuerza trabajo que demanda empleo en cualquier circunstancia. Como nos recuerda Marx, y atendiendo especialmente a las épocas de recesión, el ejército industrial de reserva aumenta en su conjunto, por lo que se produce el fenómeno de la pauperización creciente de los trabajadores o del “proletariado”, un término al que se refieren muchos autores de forma despectiva y porque lo consideran perteneciente a otra época. Si es así como queremos preparar a nuestros jóvenes para la revolución de la sociedad de la información, será mejor que nos preparemos para lo peor.

La propuesta de la CEOE constituye una provocación. Y los sindicatos tendrán que pensar seriamente en la manera de abordar la negociación con estos empresarios. UGT y CCOO han puesto de relieve un altísimo grado de responsabilidad durante la crisis. Pero así no podemos seguir. El objetivo no es el Gobierno. El objetivo es una organización empresarial y un sector financiero que le han dado la espalda a la sociedad española que atraviesa por una coyuntura gravísima. Y los sindicatos deben y tienen que manifestar sus propuestas y también su poder.

* Enrique Curiel es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.

Firma por un impuesto a las transacciones financieras a favor de las personas y el planeta

A los Jefes de Estado y de Gobierno del G20. Estimados señoras y señores,

El sector financiero ha provocado la actual crisis económica histórica. El crecimiento exponencial del sector financiero centrado en el beneficio especulativo a corto plazo ha generado una ‘economía de casino’. Con el estallido de la última burbuja, millones de hombres y mujeres han perdido su empleo. Personas de todo el mundo se han visto abocadas a una mayor pobreza y, hoy, hay cien millones de personas más que pasan hambre.

Ustedes han movilizado cientos de miles de millones de dólares para salvar a los bancos y al sistema financiero. Sin embargo, no están abordando las crisis sociales y medioambientales con la urgencia política ni los recursos financieros necesarios. Las grandes empresas de servicios financieros se han beneficiado durante décadas de la falta de regulaciones significativas y son en gran medida responsables de la crisis. Creo que ha llegado el momento de que paguen la parte que les corresponde de los costes del rescate. El instrumento más eficaz para ello sería un impuesto sobre las transacciones financieras. Este impuesto:

Generaría los fondos necesarios para pagar los costes sociales de la crisis, para financiar bienes públicos globales, como la atención sanitaria, así como para luchar contra la pobreza mundial y el cambio climático.

Contribuiría a una mayor estabilidad del sistema financiero, ya que reduciría la especulación y la excesiva liquidez.

Seguir con las mismas dinámicas, como si no hubiera sucedido nada, no es una opción. Les insto a que, en su próxima reunión en la ciudad canadiense de Toronto (26-27 de junio de 2010), adopten un impuesto sobre las transacciones financieras. Respalden sus palabras con acciones.

Atentamente,

Per signar la petició aquí