El Ayuntamiento de Barcelona ha sido uno
de los primeros en poner trabas reglamentarias a la contratación con
empresas que puedan tener relación con operaciones delictivas, fraude
fiscal o lavado de dinero, vía paraísos fiscales. La propuesta, aprobada
por el pleno municipal, obligará a las empresas licitadoras a declarar
que no operan delictivamente en el marco de la jurisdicción nacional e
internacional vigente. Esto a partir de la aprobación del decreto
municipal, que textualmente establece que “los licitadores,
contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas
interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos
fiscales” y ello tomando como referencia los paraísos fiscales contenidos en la lista de La Unión Europea y los de la lista Española.
Es de agradecer e ilusiona que uno de
los llamados ayuntamientos del cambio comience, a través de esta medida,
a enarbolar institucionalmente la bandera contra los paraísos fiscales o
centros offshore extraterritoriales. El que una ciudad importante en el
Estado español y en Europa, como Barcelona, abra una vía en el
cuestionamiento institucional a estos agujeros negros del dinero y ponga
cortapisas legales a las empresas que se afincan en ellos, nos llena de
orgullo y nos emociona.
No obstante hay que decir que esta es
una primera y muy humilde batalla contra la delincuencia fiscal y
financiera, bien asentadas en nuestras sociedades a través de estos
territorios offshore.
En primer lugar habríamos de suponer la
buena voluntad y lealtad a la norma pactada de empresas y entidades
bancarias signatarias de los futuros contratos con el consistorio
municipal. Si bien, la experiencia reciente nos hace ser cautos al
respecto. La crisis generada por la hipertrofia financiera global y por
los excesos causantes de la burbuja inmobiliaria y de las estafas a los
consumidores bancarios e inmobiliarios, nos orienta en los posibles
futuros. Si hay una experiencia firme de la aún reciente crisis, es que
no podemos dejar que sean las empresas comerciales o financieras, las
que se autorregulen. Es un hecho, que especialmente la mayoría de las
grandes empresas, no se imponen límites en su camino al beneficio, así
como lo es que no podemos esperar nada de los actuales reguladores (BCE,
CNMV,..,etc). Y sabiendo esto pregunto ¿Podemos asegurar la veracidad y
lealtad de las grandes empresas en el cumplimiento de los pliegos de
pactos en los contratos municipales cuando tiene que ver con paraísos
fiscales?
Lo común en este aspecto viene marcado
por las grandes posibilidades que el actual sistema financiero
internacional ofrece a las grandes empresas y capitales móviles. Cuando
se ha creado y expandido, globalmente en las últimas décadas, un espacio
financiero internacional absolutamente libre, desregulado y opaco,
resulta muy complejo y difícil tratar de establecer contrapoderes
locales reguladores. Y lo es porque la estructura opaca de las finanzas
está bien asentada en dichos paraísos fiscales, una herramienta
imprescindible de los poderes de la globalización financiera,
herramienta a la que no van a renunciar mientras su poder siga siendo
inmenso. Habría que quitarles la herramienta de las manos, pero ¿Cómo?
Es un hecho que lo que distingue a estos
paraísos fiscales, por encima de su escasa o nula tributación, es su
opacidad. Opacidad bien cimentada en los sistemas jurídicos especiales
de estos territorios y que incorporan, entre otros aspectos, la
prescripción del secreto bancario. Así como la facilidad para crear
empresas pantalla o instrumentales, fideicomisos o fundaciones y
entrelazar con todo ello entramados societarios, que son fundamentales
para la ocultación de las personas físicas o jurídicas propietarias de
cuentas y empresas. Y también fundamentales para impedir a las policías
judiciales e inspectores de hacienda seguir el rastro o trazabilidad de
los dineros.
Resulta increíble y es absurdo que
algunos pequeños territorios, sin apenas actividad económica, puedan
acumular tantos títulos financieros, debido a los apuntes contables de
las empresas y particulares, pero hemos tenido que acostumbrarnos a que
sea así. Hemos tenido que acostumbrarnos a que el delito de cuello
blanco esté amparado por el marco jurídico internacional, dado el
reconocimiento de los sistemas jurídicos offshore. Esto está en la base
de la corrupción social y de los sistemas políticos y en el código
genético del capitalismo actual: Capitalismo delictivo y de casino. Se
ha montado y legalizado la gran farsa: El imperio de la ley, pilar del
liberalismo y de la democracia liberal, es pura hipocresía. La ley que
impera es la del más fuerte y utilizan los paraísos fiscales para el
robo generalizado y para socavar la democracia. Es patente que los
paraísos fiscales, a través de su sistema jurídico, venden su soberanía
al capital financiero internacional y mientras éste domine, la vida de
los paraísos fiscales será larga.
Es pues muy posible que, ante las
seguridades que ofrece la opacidad de estos territorios, las empresas
móviles y globalizadas no se sientan intimidadas por un pliego de
condiciones firmado con los poderes locales y sigan utilizando las
ventajas competitivas que les ofrecen el secreto bancario y la opacidad.
Hoy queda muy lejos aquello de la ética empresarial, solo la amenaza de
sanciones posibles y aplicables y la posibilidad de poner luz en los
vericuetos por los que transitan la evasión y el lavado de dinero,
podría asegurar que los contratantes cumplan el pacto para no ser
sancionados. Bien es verdad que ahora los ciudadanos, ciudadanas y los
poderes públicos estamos exultantes por algo que no ha pasado hasta hace
poco y es la sucesión de filtraciones que están dejando en evidencia a
empresas y particulares, Swissleaks, Luxleaks o Panamá Papers. Aunque la
ciudadanía no puede permanecer confiando en un “Zorro protector” que
realice, a largo plazo, el rol histórico que solo a ella puede y le
corresponde ejercer. La lucha para acabar con los paraísos fiscales es
hoy un reto necesario de la ciudadanía en el tránsito a otro mundo mejor
posible.
En segundo lugar, apreciamos en el
decreto municipal, que hace especial énfasis en sancionar a las empresas
que actúen ilegalmente, pero no explicita medios para disuadir a las
empresas que utilizan la ingeniería fiscal o planificación fiscal
agresiva, para legalmente pagar sus impuestos en paraísos fiscales o
territorios de muy baja tributación. Este parece, a mi modo de ver, el
principal agujero por donde pueden escapar estas empresas de las
haciendas locales. Parece ser que los representantes del Ayuntamiento de
Barcelona, se han querido situar con este decreto, bajo el paraguas de
una estricta legalidad, aunque de sobras saben que legalidad y
legitimidad no viene a ser lo mismo. Además se puede constatar, cómo en
los últimos años, las empresas transnacionales van aumentando la parte
de su presupuesto que dedican a contratar servicios de fiscalistas para
que les ayude a eludir impuestos, operación legal a nivel internacional,
pero que vacía los erarios públicos favoreciendo a las empresas. Otra
vez tenemos que citar aquí el caso de Luxleaks, base de la elusión
fiscal de grandes empresas o también hemos de reseñar el peligro que
para la elusión fiscal va a constituir la firma del acuerdo de nuestro
país con Andorra, para evitar la doble tributación y los acuerdos bilaterales comerciales con las comunidades autónomas.
Finalmente expresar que la lógica línea
de estricta legalidad del Ayuntamiento de Barcelona, también afecta a la
elección de la lista a la que se ajustan los países de referencia,
paraísos fiscales, en el decreto. Se han elegido las listas “legales” la
de la Unión Europea y la de España, pero tampoco considero que sean la
más legítimas en cuanto a figurantes, creo más completa la lista
elaborada con criterios muy estrictos, por la red ciudadana de expertos
“Tax Justice Network”. Por ejemplo en la lista de TJN figuran Países
Bajos o Luxemburgo y en la de la UE no. Es un hecho que ambos son paraísos fiscales entre los más importantes.
Países bajos que constituyen un complejo offshore importante junto a sus
terrenos insulares de Aruba u otras Antillas holandesas y que además
poseen muy baja fiscalidad para los holdings, lo cual afecta a empresas
como ING o Triodos Bank, que son propietarias de holdings allí
domiciliados. Por lo que hace
referencia a Luxemburgo, posee secreto bancario y muy baja fiscalidad,
demostrada ésta en el caso de Luxleaks.
Es un hecho que ambos son paraísos fiscales entre los más importantes. Países bajos que constituyen un complejo offshore importante junto a sus terrenos insulares de Aruba u otras Antillas holandesas y que además poseen muy baja fiscalidad para los holdings, lo cual afecta a empresas como ING o Triodos Bank, que son propietarias de holdings allí domiciliados
Es un hecho que ambos son paraísos fiscales entre los más importantes. Países bajos que constituyen un complejo offshore importante junto a sus terrenos insulares de Aruba u otras Antillas holandesas y que además poseen muy baja fiscalidad para los holdings, lo cual afecta a empresas como ING o Triodos Bank, que son propietarias de holdings allí domiciliados
Creo loable la actuación al respecto del
Ayuntamiento de Barcelona y otros y comunidades que están actuando en
la misma línea, o bien simplemente comienzan por declarar a sus
municipios ZLPF (Zonas libres de paraísos fiscales) en un ejercicio de
dignidad para focalizar la atención ciudadana y de las autoridades
internacionales sobre esta lacra del Siglo XXI. Sin embargo hemos de
tener muy claro que recién acabamos de abrir la puerta que nos conduce a
un camino muy largo y lleno de trampas y dificultades.
Animo a las personas comprometidas y
conscientes a que se unan a esta comitiva, que justo acaba de comenzar
su andadura, para presentar cara a los poderes financieros y a la
existencia de los paraísos fiscales, que socavan las democracias y hacen
tambalearse al Estado de derecho. Y adelanto que la única forma de
enfrentarse eficazmente a las finanzas offshore es acabar con la
opacidad y los regímenes jurídicos de los territorios paraísos fiscales.
En este sentido sólo una voluntad internacional unida, para poner luz a
los procedimientos financieros y contables y que al mismo tiempo
utilice sanciones fiscales y comerciales contra estos territorios de no
cambiar sus sistemas jurídicos, tendría la posibilidad de acabar con el
problema. No obstante soy consciente que la voluntad internacional está a
nivel político hoy presa de los grandes poderes económico – financieros
y de las oligarquías políticas locales que les sirven.
El camino para plantar cara a las
oligarquías políticas y económicas, lo comenzamos ganando en algunos
grandes ayuntamientos, ahora vienen las elecciones generales, a ver si
cunde el ejemplo y más adelante hacia las europeas. Mientras tanto
vayamos tejiendo una sociedad civil crítica, consciente y cohexionada
¡No hay otro camino!
Barcelona 21 de mayo de 2016
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