Mesa redonda: Por una Renta garantizada de ciudadanía

ATTAC Acordem

El día 6 de marzo se celebró una mesa redonda organizada por ATTAC Acordem en el centro Cívico “La Sedeta” en el acto participaron, Arcadi Oliveres, José Adelantado, Daniel Raventós, Sixte Garganté y Diosdado Toledano. Reproducimos aquí los argumentos expuestos en defensa de la RGC en el acto. Todos los ponentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de lanzar en este momento una ILP sobre la Renta garantizada de ciudadanía, con el objetivo de salvar a las personas, o sea de asegurarles  los recursos económicos mínimos para poder salir de la pobreza y vivir con dignidad en Cataluña. No obstante las argumentaciones desarrolladas por los ponentes, que han sido complementarias, sí han expresado por lo general que este sería un punto de salida mínimo necesario y el deseo de ir más allá, mediante políticas sociales encaminadas al pleno empleo mediante el reparto del trabajo (Arcadi Oliveres) o a implementar una Renta básica de ciudadanía (Daniel Raventós). Al ser los argumentos complementarios los agrupamos en este texto argumental colectivo.

Un elemento clave del Estado del bienestar durante la post-guerra y hasta las llamadas crisis del petróleo, fue la existencia en los estados desarrollados del pleno empleo. Este no se ha vuelto a recuperar desde entonces, siendo que en la actualidad de la crisis el paro alcanza proporciones alarmantes. Sobre todo en nuestro país con 6 millones de parados, lo que representa más de un cuarto de la población en edad de trabajar.

Hoy para combatir el paro, se habrían de tomar medidas radicales que el gobierno no tomará. ¿Cuál sería la mejor medida contra el paro en las circunstancias actuales?

La única respuesta es el reparto entre todas las personas en edad de trabajar del trabajo existente, pero ningún partido político, salvo una propuesta de IC-V, ha planteado el tema en el Parlamento.

Esta medida la tomó en Francia el gobierno de Lionel Jospín, para ello rebajó la jornada laboral a 35 h y las consecuencias fueron una rebaja considerable del paro en Francia, sin apenas rebaja salarial por la forma en que se hizo, únicamente re-distribuyendo: De trabajar 40 h, pasó a trabajarse 35 y el salario laboral sería por 35, pero se cobraban 5 en concepto de parado.

También la empresa y los trabajadores pueden llegar a acuerdos, como el que tuvo lugar dentro de la cooperativa Mondragón hace tiempo, se redujo el tiempo para trabajar todos, el proyecto siguió adelante y el grupo Mondragón fue creciendo, hasta ser en la actualidad la cooperativa más grande de Europa.

Si se tomaran medidas para el reparto de trabajo no sería necesario pedir una RGC.

Hoy, si la gente no tiene dinero, es que no tiene faena o que fallan las prestaciones garantistas del Estado de bienestar porque el Estado no tiene recursos. Esto puede ser porque ingresa poco o porque gasta mucho. No obstante en España suceden las 2 cosas, los ingresos habrían de subir, pero además los que habrían de haber no se pagan, el fraude fiscal es de 93.000 millones de euros al año según Gestha, el sindicato de técnicos de hacienda del estado.

Defraudan, la ciudadanía en un 25% y en un 75% los bancos, grandes empresas y grandes fortunas. Aparte de ilegalmente, las grandes fortunas dejan de ingresar a hacienda a través de las SICAV,s.

Además el Estado gasta antisocialmente su presupuesto. Hay dos gastos  especialmente escandalosos. El primero el militar, que supone unos 52 millones de euros diarios. El segundo la gran ayuda del Estado para salvar a los bancos de una deuda que puede ser calificada como odiosa, cuando lo que habría que hacer es juzgar a los banqueros y otros responsables políticos de la actual crisis. Islandia ha seguido este camino y su economía está mejorando por encima de la media europea.

Ingresando lo necesario y no gastando en cuestiones antisociales, sería suficiente para cubrir los gastos de las prestaciones y servicios públicos del Estado de bienestar.

La realidad es que no es verdad que los estados de bienestar gastan mucho dinero. Desde 1995, la intensidad del gasto ha menguado en todos los países de la UE. Ha habido crecimiento económico pero este se ha redistribuido en mayor grado hacia el capital que hacia los salarios o gasto en protección social.

Además esta reducción de rentas hacia el trabajo, ha supuesto que los mercados de trabajo estén crecientemente dualizados, lo que conlleva una dualización creciente en las oportunidades de vida, ya que estas están relacionadas con la mayor o menor participación en los mercados de trabajo; entre aquellas personas que tienen empleos estables y aquellas que están en la periferia de los mercados de trabajo con empleos precarios o inestables. También sucede que quienes más han aumentado su nivel de renta tienen más beneficios por parte del sector público, como por ejemplo demuestra el hecho de que aquellos que pueden contratar pensiones privadas, pueden desgravar fiscalmente hasta un 30% anual del importe. Lo mismo está ocurriendo con los co-pagos en el sistema sanitario, como importe regresivo….etc. Lo que ocurre es que las rentas del trabajo medias y altas están huyendo de la protección del sistema público y están buscando protección en el sector privado, esto daña al sector público.

Hasta aquí vemos una reducción de la intensidad protectora y de dualización del bienestar con unas rentas de capas medio-altas y altas que buscan seguridad en el sector privado.

¿Cómo funciona la protección social y hasta qué punto las políticas sociales de los llamados estados de bienestar han contribuido a esa dualización?

Claramente para los trabajadores estables esta protección contributiva se viene reduciendo, por ejemplo en la función pública en que decrecen los salarios. Pero el problema de fondo es que estamos en un tipo de economías que, a diferencia de las economías industriales de los años 50 y 60, no son intensivas en trabajo, sino en capital. La economía hoy para funcionar necesita cada vez menos trabajo y más capital.

De donde fácilmente podemos ver que la solución sería el reparto de trabajo. Pero, las políticas laborales y de bienestar lo que promueven es esta dualización en la inserción de los mercados de trabajo, hay quienes tienden a trabajar muchas horas y cada vez más personas en paro. Hay directivas de la UE que abogan por el aumento de las jornadas laborales de los activos. Paralelamente se han reducido las posibilidades de empleo de los que están en la periferia del mercado de trabajo.

A estas personas periféricas se les asiste con políticas de carácter asistencial, es decir, mediante transferencias de rentas de muy baja cuantía que no les permiten ni subsistir. De hecho los niveles de pobreza en la UE, a pesar del crecimiento de los PIB europeos desde 1995 han tendido a crecer.

Una manera de evitar el conflicto social es darles migajas a estos trabajadores que están en la periferia del mercado de trabajo mediante políticas asistenciales, que no les permite subsistir con dignidad, pero que posiblemente desestimulan el conflicto. Esto se da en nuestro país mediante las llamadas rentas de inserción en las diversas comunidades autónomas, como la de la RMI (Renta mínima de inserción) en Cataluña. Posteriormente otras políticas asistenciales como el Plan de empleo rural, en Andalucía, o la Renta activa de inserción para mayores de 45 años profundizan en esta línea. Es decir que hay una protección buena para quienes están bien asentados en el mercado de trabajo, que tienden a disminuir, y una crecientemente asistencial para quienes están en la periferia.

Mercado y protección social:

Hay gente que habla de mercado en general por ignorancia, otros por interés. Todo mercado está configurado políticamente, hay unas normas jurídicas (sujeto a reglamentaciones jurídicas) y que permiten unas prestaciones sociales y no otras. La derecha ha adoptado las políticas neoliberales y es la campeona de la desregulación de los mercados y, supuestamente, las izquierdas serían partidarias de la regulación de los mismos, aunque hoy la izquierda mayoritaria ha adoptado el neoliberalismo. En realidad todas las fuerzas políticas quieren intervenir los mercados, el caso es ¿a favor de quien? de una mayoría de ciudadanía o de unos pocos privilegiados, el mismo mercado puede estar configurado de formas distintas. En la base de las políticas económicas se encuentra la idea de cuáles son los sectores sociales que se quieren favorecer.

RMI, RGC y RB:

La Renta mínima de inserción (RMI) surge en Cataluña mediante el Decreto 213/1991, que establece el Programa Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción, siendo su último desarrollo la Ley 10/1997, que ha tenido modificaciones. Esta renta tiene una serie de problemas:

-          Su importe es inferior a 450 €  siendo una renta, que a pesar de que tiene un titular, se concede a nivel familiar, y tiene un pequeño complemento por cada miembro de la familia. Es por lo tanto muy inferior a los 664 € per cápita que la Generalitat de Catalunya establece en sus presupuestos como límite por debajo del cual se establece la pobreza.

-          Lo anterior estaría además en contradicción con el derecho de cada persona, por el hecho de serlo a disponer de una renta. Esta es una característica de los estados de bienestar en los que la tradición católica, de arraigo familiar, tiene un peso fundamental.

-          Otro problema es que la Generalitat de Catalunya dota de presupuestos insuficientes al Programa de la Renta mínima de inserción, siendo que cuando acaba este presupuesto no hay más personas que puedan acceder, aún satisfaciendo los requisitos para ello. Ello es debido a que la RMI no es un derecho subjetivo, o sea no están basadas estas rentas en un derecho exigible ante los tribunales como puede ser el derecho a la educación o a la sanidad pública, a pesar de que en este se hayan limitado los derechos a los inmigrantes.

Así que tenemos una protección asistencial muy escasamente dotada económicamente, que no permite a las personas salir de la pobreza. Se accede teniendo en cuenta ingresos familiares y además es una renta que no depende de la situación de las personas y familias, sino de un presupuesto asignado y por ello no es un derecho exigible o subjetivo.

Ventajas de la Renta garantizada de ciudadanía RGC sobre la RMI:

-          Se trata de una renta de ciudadanía dirigida a paliar las situaciones de pobreza, pero eso sí en el articulado de la ILP se ha sido especialmente cuidadoso en dar respuesta a toda una serie de deficiencias que se daban en la presente RMI.

-          En primer lugar se trataría de conseguir una RGC, para ello de poner en marcha una ILP que vendría avalada por un derecho reconocido en el Estatuto de Cataluña de 2006 en su artículo 24.3.

-          Para ello se habría de garantizar un mínimo de 664 € por 12 pagas, que es el mínimo para superar el límite de la pobreza en Cataluña.

-          No todo el que esté por debajo del límite de la pobreza tiene derecho a cobrar 664 € depende si tiene o no ingresos, si los ingresos que tiene son menores de 664 € entonces tendría derecho a un complemento hasta llegar a él.

-          Es una renta individual independientemente de la unidad de convivencia, que garantizaría ingresos por encima del límite de la pobreza, para todas aquellas personas mayores de 18 años, o bien de 16 emancipados que lleven residiendo más de un año en Cataluña.

-          Se trataría de un derecho subjetivo y por lo tanto exigible judicialmente y no condicionado a  limitaciones presupuestarias.

Idoneidad y características de una RB o Renta Básica de ciudadanía:

-          Sería una renta individual y universal para todas las personas, ricos y pobres, desde que nacen y sin exclusión, independientemente que participen o no en el mercado de trabajo.

-          No estaría condicionada a consideraciones presupuestarias, ni a situaciones de necesidad, lo cual frecuentemente genera procesos de estigmatización social.

-          Así mismo no estaría condicionada a otras contrapartidas, como procesos de inserción u otros. Y esto ha de ser así desde una óptica igualitaria. Frecuentemente se culpabiliza a las personas que no encuentran trabajo diciéndoles “usted no encuentra trabajo porque no está suficientemente formado o porque no busca lo suficiente” y en contrapartida ha de formarse o realizar prácticas pre-laborales, cuando la verdadera razón en la mayoría de los casos es el gran paro estructural existente.

-          En general la RB no implicaría condicionalidad alguna, sería un derecho de toda la ciudadanía, independientemente de trabajar o no.

La Renta básica tiene algunos problemas de comprensión:

-          En primer lugar es muy fácil de ridiculizar y esto es lo que ha pasado cuando se ha sometido a debate en el Parlamento español. Por ejemplo cuando se valoran los recursos necesarios multiplicando el número de personas por la renta, sin mirar sus beneficios y valores re-distributivos.

-          Es una renta contra-intuitiva, dado que los ricos también la reciben, pero la cosa no es tan sencilla, en lo que no se piensa es en que los ricos habrían de pagar fiscalmente mucho más para que el sistema redistributivo que significa ésta renta, en su totalidad, fuese posible. En este sentido la Renta básica va en contra de las políticas económicas y fiscales que se vienen aplicando, más desde la crisis.

La RB no es nada más una medida contra la pobreza, contra ella hay otras rentas que reciben muchos nombres y que se ha de demostrar ser pobre. La RB es una propuesta que pretende garantizar la asistencia material a la ciudadanía, con una idea filosófica-política que procede del paradigma republicano de ciudadanía, que tiene 2300 años de antigüedad y que se puede resumir diciendo que quien no tiene la existencia material garantizada no puede ser libre.  Para un republicano la libertad y la igualdad son dos aspectos complementarios, cuando quien tiene el dominio puede definir el bien público como su propio interés en contra del bien común, la libertad está en cuestión.

La RB es pues más que una propuesta para hacer frente a la pobreza, es mucho más que eso. Algunos sindicalistas que han entendido el papel de la RB como una caja de resistencia en una huelga a largo término. El sindicato que aguanta huelgas más largas es ELA porque tiene una caja de resistencia.

¿Cómo surge el grupo promotor de la ILP?:

En principio en agosto de 2011 cuando la Generalitat, mediante el decreto 384/2011, de 30 de agosto, restringe el acceso y los beneficios de las prestaciones de la RMI con una clara intención de cortar de entrada el acceso a la avalancha de prestaciones que se preveían ante el aumento del paro.

Fue la Asamblea de parados la que ante las perspectivas de precariedad y deterioro de las prestaciones de cada vez más número de personas sin acceso al trabajo, decide impulsar un grupo promotor para una ILP de RGC. Para ello se apoya en un derecho que refleja el Estatuto de Autonomía de Catalunya en su artículo 24.3 “las personas, o familias que se encuentren en una situación de pobreza, tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan”. La RGC surge desde el comienzo como una imperiosa necesidad de rescatar a muchas personas de la situación de pobreza e indignidad en la que se les deja.

En el origen no hay pues una idea política radical, sino que se buscó una solución necesaria a un problema emergente y previsiblemente extenso de severa pobreza.

Se tiene constancia de que la RMI la cobran unas 33.000 personas en Cataluña y de acuerdo a los datos del departamento de ocupación, de 670.000 personas, 340.000 no perciben ningún tipo de prestación en Cataluña., la EPA eleva el número de parados a 850.000 personas. En 2014 se prevé que sólo el 30% de las personas paradas reciba algún tipo de prestación. La situación pues es de clara alarma social.

Ante esta situación en septiembre de 2011 tiene lugar la primera reunión del grupo promotor de la RCG, grupo compuesto por personas significativas de diversas asociaciones, movimientos sociales y organizaciones sindicales y políticas. Grupo promotor que ha redactado la ILP y ha tirado adelante las medidas necesarias que han llevado a que el 25 de enero de este año 2013, la ILP fuera presentada a la Mesa del Parlamento de Cataluña, habiendo sido aceptada a trámite el 12 de marzo, sorprendentemente de forma unánime por las personas de la Mesa del Parlament de diferentes fuerzas políticas. Si bien la ILP reunía todas las garantías formales, en su base jurídica y en la forma de presentarse, CiU, a través de la Consejera de Servicios sociales, anuncia su postura contraria a la aprobación de esta ILP por motivos presupuestarios y por no crear falsas expectativas, a pesar de admitir a posteriori su trámite parlamentario.

Viabilidad de la RGC:

Son 50.000 las firmas que la iniciativa habrá de recoger en 120 días (con posibilidad de solicitar un aplazamiento por motivos fundamentados) para ser admitida a trámite. A pocos días de iniciarse el proceso de recogida de firmas, ya hay anunciadas más de 200 personas fedatarias y la ILP está avalada por un amplio  abanico de entidades (Organizaciones políticas y sindicales, de parados, ciudadanas, iglesia progresista, tercer sector y trabajadores sociales,..etc). Se han aprobado asimismo diversas mociones en diversos ayuntamientos catalanes respaldando esta ILP y pidiendo al Gobierno catalán se apruebe una RGC.

En cuanto a su futura financiación, el  cálculo que se ha hecho desde el grupo de economistas a los que se ha consultado, es que harán falta alrededor de unos 1800 millones de euros anuales para financiarla. Teniendo en cuenta que la propuesta de mejora impositiva que hace Gestha, el sindicato de técnicos de hacienda en Cataluña, significaría un incremento recaudatorio de 12.000 millones, uno de los posibles empleos de este aumento fiscal podría ser la RGC, aparte de una mejora en los servicios públicos esenciales.

Obviamente el que esta RGC en su formulación actual sea debatida y aceptada o mejorada en el Parlamento de Cataluña, depende del equilibrio de fuerzas políticas actual y de la presión social que ejerza la ciudadanía. La configuración parlamentaria mayoritaria actual no es favorable, en principio, a que una ley de este tipo sea aceptada, por lo que se pueden esperar ataques a sus fundamentos en su tramitación parlamentaria. Por ello es muy importante la presión que las fuerzas de izquierda y ciudadanía puedan ejercer sobre el gobierno actual, así como que se recojan un gran número de firmas y haya una opinión pública favorable. Hace falta un gran despliegue por el territorio de Cataluña, informar y hacer un gran esfuerzo pedagógico, así como buscar estrategias para llegar a publicitar en los medios mayoritarios.

Enfrente a este proyecto de ILP se posicionará una oligarquía catalana como grupo de presión política y social, empleando para combatirla argumentos que, repetidos en los medios pueden conformar una opinión pública desfavorable.

Se utilizará los argumentos que se vienen utilizando contra los aumentos de impuestos. Se utilizará el que esta renta favorecerá a aquellos que no quieran trabajar y hay que tener en cuenta que detrás de estos argumentos hay intereses políticos muy concretos que favorecen a las clases catalanas acomodadas. La patronal catalana opta por la devaluación salarial y el despido barato para buscar la competitividad de sus empresas. Se encuentra con que si los trabajadores tienen derecho a una RGC si están parados, van a poder defender mejor sus puestos de trabajo y las condiciones laborales y salariales. El temor al despido que surge en cualquier proceso reivindicativo o huelga laboral, será menor al poder tener una garantía de subsistencia de perder el trabajo.

También hay un interés en las formaciones políticas que utilizan la caridad o la adjudicación de la gestión de la RMI como elementos de penetración social a través de un cierto clientelismo político. Son famosas en este aspecto las políticas de talonario en épocas pre-electorales.

Depende fundamentalmente de la movilización de la ciudadanía el que podamos instaurar una renta ciudadana digna en Cataluña. El 15 de abril comienza la recogida de firmas como primer reto para poder ejercer el derecho a elevar esta propuesta legislativa a trámite parlamentario y presionar a los poderes políticos para que se lleven a cabo. Tenemos cuatro meses para entre todos y todas recoger un mínimo de 50.000 firmas, difundir la propuesta y luchar por ella. ¡movilizémonos ya!