Antonio Fuertes Esteban
ATTAC ACORDEM
Un fantasma recorre Europa y el mundo entero, la tiranía de los mercados financieros. Ataca gobiernos y poblaciones por doquier. La paz económica y social trazada en las denominadas democracias avanzadas mediante el contrato social de postguerra y los acuerdos de Bretton Woods, está fuertemente amenazada.
La desregulación económica programada a final de los 80, primero en Latinoamérica y luego globalmente mediante el denominado Consenso de Washington fue letal para los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. La tasa de ganancia del capital gozó de un importante estímulo mediante el libre comercio, los ajustes estructurales sujetos a la cesión de créditos a la deuda y a su re-negociación realizados por mediación del FMI con los países no desarrollados necesitados de financiación, la industria financiera y la explotación humana y expoliación de las multinacionales en el tercer mundo y también en el mundo desarrollado. Podríamos decir que la rapiña, la explotación y la usura se diseñaron y planificaron por una plutocracia económica mundial que puso a las instituciones financieras internacionales y a gobiernos desarrollados a su servicio y ello como medio de acumulación de riqueza, de acuerdo a las leyes de la competencia, en su beneficio y sin valorar los costes sociales y medioambientales de estas políticas.
Pero además, en el desarrollo de un régimen de libre competencia, paralelamente se fueron desregulando desde finales de los 70, primero en EE.UU y GB y luego generalizadamente, las instituciones financieras y en general los mercados de capital. La competencia necesitaba del desarrollo de un conjunto de mecanismos para generar las ganancias necesarias para no perder el carro, aunque esto supusiera la vulneración de los propios principios de la libre competencia. Pero en el mercado libre solo habrían de sobrevivir los más poderosos, llegándose a sembrar condiciones propias de las tiranías, en las que son los grandes monopolios económicos y financieros los que predominan sobre los demás y dictan normas. Pronto se harían patentes los mecanismos por los que los grandes Estados y grandes corporaciones económicas y financieras burlaban sus propias normas asentadas en los principios de la competencia libre y no falseada: Proteccionismo y barreras arancelarias, opacidad, rescates bancarios,…etc.
Si “el imperio de la ley” fue adoptado como máxima política de los que promovieron esta democracia liberal, ya podemos decir que esta premisa no es posible en un régimen liberal de competencia económica, en donde lo que predomina es la “ley del far west”. Que el liberalismo económico está escindido, en su desarrollo, del liberalismo político y que el edificio liberal de la modernidad hace aguas. Es apremiante recuperar el paradigma democrático republicano y radical de ciudadanía.
Y es que el desarrollo de las repúblicas instituidas a finales del S.XVIII, que en principio recogían lo mejor de la tradición política republicana, fue avanzando en un sentido liberal, en el que la competencia entre intereses, facciones y banderas para obtener el propio beneficio sustituiría al desarrollo de los valores republicanos. Ordenar la vida política y económica bajo el modelo exclusivo de la competencia pasa factura, ya que lleva al dominio de los más fuertes. Esta es una enseñanza que el republicanismo político tenía bien asumida, en este el predominio de los valores republicanos sobre la competencia era un aval para la estabilidad del sistema. La libertad como no dominación de unos sobre otros, la equidad y la justicia y la cooperación para el desarrollo del bien común habrían de ser el patrimonio político y cultural de la ciudadanía republicana.
El modelo político y económico liberal ha creado un marco de competencia entre Estados y empresas que ha llevado a una situación en que se hace prácticamente imposible consensuar medidas políticas y económicas capaces de combatir el actual descontrol de los mercados financieros. Esto en una situación de devaluación ostensible de la ciudadanía política activa.
En este orden de cosas el que la comunidad internacional pueda ponerse de acuerdo en adoptar medidas necesarias de regulación y control de los mercados financieros, pasaría por poder disponer de espacios de referencia política, que más allá de los intereses particulares, miraran por los intereses comunes de los pueblos. El escenario actual no es este, diversos organismos ademocráticos – FMI, BM, G7, G8, G20 y otros- vienen sustituyendo a unas caducas y devaluadas Naciones Unidas, instrumentalizadas cuando interesa a los países de su Consejo de Seguridad.
Si tomar medidas políticas y económicas globales para el bien común de los pueblos es hoy una utopía lejana, adoptar medidas en los marcos de la UE o de la Eurozona es asimismo difícil. La UE ya no solo sería en este momento políticamente un desastre, sino también económicamente incompetente, muestra de ello es constatar como en EE.UU, la Reserva Federal (“Banco Central”) es el organismo regulador y supervisor global de la banca, sin embargo en la Unión Europea no existe un supervisor con poder para ejercer supervisión sobre el sistema financiero europeo, sino que existen 27 responsables, uno por cada Estado y la coordinación entre ellos es voluntaria. Esto hace muy difícil poder asegurar en condiciones críticas como la actual, con la “crisis del euro”, la estabilidad financiera, garantizar la estabilidad de los mercados y proteger adecuadamente a inversores y consumidores. Por otra parte la tan defendida, por las autoridades económicas, independencia de los bancos centrales respecto de los gobiernos viene significando que las políticas económicas y monetarias que vienen efectuando estos suele beneficiar especialmente a la banca y sociedades financieras, por delante de los intereses generales. La tendencia a priorizar los objetivos de estabilidad de los precios y el combate contra al inflación sobre el de reducir el paro es una muestra fehaciente de ello, como también lo es que el BCE esté prestando dinero a la Banca a un 1% de interés, cuando estos lo emplean en negociar comprando emisiones de deuda pública de los estados, en vez de emplearlo en promover el crédito a familias y empresas.
Sin embargo lo correcto para la estabilidad económica y social sería avanzar en el sentido de promover la República Global, el gobierno y no el desgobierno, y esto solo podría ser posible si se crearan instituciones internacionales y globales democráticas y capaces de tomar las decisiones políticas necesarias, no como ahora en que las decisiones vienen tomándolas los poderes financieros. Los Bancos Centrales deberían estar sujetos a la autoridad política.
Esta falta de autoridad política a diversos niveles, Estados, confederaciones y federaciones, UE, Naciones Unidas, se re-alimenta diariamente por miles de decisiones que en los mercados desregulados toman los actores económicos dominantes. Si bien existe una cierta resistencia en aquellos gobiernos que ejercen de tales tomando medidas políticas necesarias, nacionalizaciones (Venezuela, Ecuador, Bolivia), Impuestos elevados contra los capitales especulativos (Brasil), fuerte control estatal de sus sistemas y entidades financieras (China), o decisiones de Estados, como el de Dakota en EE.UU que apuestan por una banca pública fuerte. La política es posible y necesaria, pero tras muchos años de más Mercado y menos Estado, hemos llegado a la “minusvalía” de las políticas estatales.
Y es en este contesto desde donde los movimientos políticos y ciudadanos como ATTAC hemos de ser capaces de analizar y valorar la realidad existente, al proponer alternativas y presionar a nuestros gobiernos. Estas alternativas han de pasar por recuperar la democracia necesaria para resistir al poder del dinero. Pero en un Mundo dominado por los mercados globalizados la democracia ha de ser local y global y para ello son necesarios organismos de gobernanza internacional y mundial democráticos. La exigencia de democracia en la Unión Europea y de refundación o reforma democrática de Naciones unidas es apremiante.
Abolir la deuda injusta, combatir la opacidad y el delito que se asienta en los paraísos fiscales o centros offshore extraterritoriales, establecer impuestos a las transacciones financieras especulativas, imponer un regulador público a la banca privada y entidades financieras en general, o crear una red de banca pública, entre otros motivos ciudadanos y de gobierno, requiere de voluntad de tomar las medidas políticas, legislativas y administrativas necesarias y de supervisar los procesos.
Pero ¿Qué tipo y medida de los impuestos a las transacciones financieras? …
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