Bolivia: un nuevo movimiento sobre el cambio climático

Naomi Klein

The Nation

Cochabamba, Bolivia. Eran las 11 de la mañana y Evo Morales había transformado el estadio de futbol en un gigantesco salón de clases, y había reunido una variedad de objetos de utilería: platos de cartón, vasos de plástico, impermeables desechables, jícaras hechas a mano, platos de madera y coloridos ponchos. Todos jugaron un papel para demostrar un punto principal: para luchar contra el cambio climático necesitamos recuperar los valores de los indígenas.

Sin embargo, los países ricos tienen poco interés en aprender estas lecciones y, al contrario, promueven un plan que, en el mejor de los casos, incrementaría la temperatura global promedio en dos centígrados. Eso implicaría que se derritieran los glaciares de los Andes y los Himalaya, le dijo Morales a las miles de personas reunidas en el estadio, como parte de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Lo que no necesitaba decir es que no importa cuán sustentablemente elija vivir el pueblo boliviano, pues no tiene el poder para salvar sus glaciares.

La cumbre climática en Bolivia ha tenido sus momentos de alegría, levedad y absurdos. Sin embargo, en el fondo, se siente la emoción que provocó este encuentro: rabia contra la impotencia.

No hay por qué sorprenderse. Bolivia está en medio de una dramática transformación política, una que nacionalizó las industrias clave y elevó como nunca antes las voces de los indígenas. Pero en lo que se refiere a su crisis existencial más apremiante –el hecho de que sus glaciares se derriten a un ritmo alarmante, lo cual amenaza el suministro de agua en dos de las principales ciudades–, los bolivianos no pueden cambiar su destino por sí solos.

Eso se debe a que las acciones que provocan el derretimiento no se realizan en Bolivia, sino en las autopistas y las zonas industriales de los países fuertemente industrializados. En Copenhague, los dirigentes de las naciones en peligro, como Bolivia y Tuvalu, argumentaron apasionadamente en favor del tipo de reducciones a las emisiones de gases que podrían evitar una catástrofe. Amablemente les dijeron que la voluntad política en el Norte simplemente no existía. Y más: Estados Unidos dejó claro que no necesitaba que países pequeños como Bolivia fueran parte de una solución climática. Negociaría un acuerdo con otros emisores pesados a puerta cerrada y el resto del mundo sería informado de los resultados e invitado a firmar, lo cual es precisamente lo que ocurrió con el Acuerdo de Copenhague. Cuando Bolivia y Ecuador rehusaron aprobarlo en automático, el gobierno estadunidense recortó su ayuda climática en 3 millones y 2.5 millones de dólares, respectivamente. No es un proceso de a gratis, explicó Jonathan Pershing, negociador climático estadunidense. (Aquí está la respuesta para cualquiera que se pregunte por qué los activistas del Sur rechazan la idea del apoyo climático y, en cambio, demandan el pago de deudas climáticas.) El mensaje de Pershing era escalofriante: si eres pobre, no tienes derecho a priorizar tu propio supervivencia.

Cuando Morales invitó a los movimientos sociales y los defensores de la madre tierra, científicos, académicos, abogados y gobiernos, a venir a Cochabamba a un nuevo tipo de cumbre climática, fue una revuelta contra esta sensación de impotencia, fue un intento por construir una base de poder en torno al derecho a sobrevivir.

El gobierno boliviano arrancó las discusiones proponiendo cuatro grandes ideas: que se debería otorgar derechos a la naturaleza, que protejan de la aniquilación a los ecosistemas (una declaración universal de los derechos de la madre tierra); que aquellos que violen esos derechos y otros acuerdos ambientales internacionales deberían enfrentar consecuencias legales (un tribunal de justicia climática); que los países pobres deberían recibir varios tipos de compensación por una crisis que ellos enfrentan pero tuvieron poco que ver en crear (deuda climática), y que debería haber un mecanismo para que la gente en el mundo exprese sus puntos de vista sobre estos temas (un referéndum mundial de los pueblos sobre cambio climático).

La siguiente etapa fue invitar a la sociedad civil global a ir discutiendo los detalles. Se instalaron 17 grupos de trabajo y después de semanas de discusión en línea se reunieron durante una semana en Cochabamba, con el fin de presentar sus recomendaciones finales al término de la cumbre. El proceso es fascinante pero lejos de ser perfecto (por ejemplo, como señaló Jim Shultz de Democracy Center, al parecer, el grupo de trabajo sobre el referendo invirtió más tiempo discutiendo si añadir una pregunta sobre abolir el capitalismo que discutiendo cómo se le hace para llevar a cabo una consulta global). Sin embargo, el entusiasta compromiso de Bolivia con la democracia participativa podría ser la contribución más importante de la cumbre.

Esto porque luego de la debacle de Copenhague un tema de discusión tremendamente peligroso se volvió viral: la verdadera culpable del fracaso era la democracia en sí. El proceso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que da votos con el mismo peso a 192 países, simplemente era demasiado difícil de manejar. Era mejor encontrar soluciones en grupos pequeños. Hasta las voces ambientales de confianza, como James Lovelock, cayeron en la trampa: Tengo la sensación de que el cambio climático puede ser un tema tan severo como la guerra, le dijo a The Guardian recientemente. Quizá sea necesario poner a la democracia en pausa durante un tiempo. Pero en realidad son estos pequeños grupos, como el club privado que forzó el Acuerdo de Copenhague, los que han ocasionado que perdamos terreno y debilitado los acuerdos existentes, que de por sí son inadecuados. En cambio, la política de cambio climático llevada a Copenhague por Bolivia fue redactada por los movimientos sociales mediante un proceso participativo y el resultado final fue, hasta el momento, la visión más transformadora y radical.

Con la cumbre de Cochabamba, Bolivia intenta globalizar lo que logró a escala nacional e invitar al mundo a participar en redactar una agenda climática conjunta, antes del próximo encuentro sobre cambio climático de la ONU, en Cancún. En palabras del embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Pablo Solón, la única cosa que puede salvar a la humanidad de una tragedia es el ejercicio de la democracia global.

Si está en lo correcto, el proceso boliviano podría no sólo salvar a nuestro planeta que está calentándose, sino también a nuestras democracias en vías del fracaso. No está mal el trato.

El texto fue publicado en The Nation. Traducción: Tania Molina Ramírez

http://www.naomiklein.org.

El estado de la res publica: La tiranía del poder financiero (1)

Antonio Fuertes Esteban

ATTAC ACORDEM

El acierto de la organización internacional ATTAC en el diagnóstico de la actual globalización fue, desde sus orígenes en 1998, hacer énfasis en sus análisis en el gran riesgo que supone para la economía y las sociedades el descontrol generalizado de los mercados de capital, o sea el desgobierno de las finanzas actuando libremente alrededor del globo sin la más mínima regulación ni control.

Los hechos socioeconómicos concretos que por entonces habían preocupado a la comunidad internacional fueron las crisis económicas alimentadas por estos mercados financieros desregulados y que tienen su epicentro en México (1994), sureste asiático (1997) o Rusia (1998). Las crisis posteriores en economías emergentes grandes, incluyendo Brasil (1998), Turquía (1999) y Argentina (2001-02), así como la crisis de los valores tecnológicos (2001) o la actual precipitada por el impago de las hipotecas subprime, originadas estas en el centro del sistema, cuestionan el actual desarrollo del capitalismo financiero y hacen ya necesaria e impostergable la intervención reguladora de los estados sobre las finanzas internacionales.

No es casual que a partir de los 80 se den crisis económicas recurrentes en los mercados internacionales, ello es consecuencia directa de dos factores. En primer lugar se abandona el régimen monetario y cambiario establecido en Breton Woods que dio lugar a un periodo de 25 años de estabilidad y crecimiento. En segundo lugar y consecuencia de lo anterior tiene lugar un proceso creciente de liberalización de los mercados financieros, hecho que viene avalado por las teorías y políticas neoliberales que obtienen el predominio y aval de sus planteamientos a nivel internacional.

Las tendencias liberalizadoras de este largo periodo de inestabilidad, que continúa en el momento actual, vienen marcadas por episodios concretos:

-La perdida de convertibilidad dólar-oro en 1971 (Nixon) supone fluctuaciones imprevisibles en los tipos de cambio, inestabilidad de las monedas y campo libre a la especulación.

-La necesidad de diversificar los riesgos, “no poner todos los huevos en la misma cesta”, lleva a diversificar las inversiones y liberalizar los mercados para poder pasar sin riesgo de unos activos a otros. Para facilitar el pasar de unos mercados a otros a lo largo de todo el Mundo se implantan legislaciones en todos los países durante los 80 y 90 que promueven la absoluta liberalización de los mercados de capital y de cambio. Mientras en el mercado interior se suprimían las restricciones al crédito bancario y a los topes de las tasas de interés por parte de los estados.

-La liberalización del mercado de capitales promueve una economía internacional fuertemente especulativa que cambia la naturaleza misma del mercado. El motivo de la especulación se va imponiendo paulatinamente a los iniciales de favorecer las transacciones y al de precaución.

-La nueva legislación bancaria significó revertir el orden establecido a partir de la Gran Depresión, tendente a dotar al sistema de salvaguardias y seguridades para acreedores y deudores al mismo tiempo que establecía la separación clara de los distintos negocios bancarios. La derogación de la ley Glass-Steagall de 1933, que marcó la separación de los bancos comerciales y de inversión y su sustitución en un momento de auge económico sin precedentes por la ley Gramm-Leach-Bliley 1999 (Clinton), que permitió las fusiones de los bancos comerciales y de inversión. Este hecho difuminó las fronteras entre los negocios e implantó un esquema más liberalizado, menos controlable por la autoridad y por lo tanto con menor protección en épocas de crisis, al mismo tiempo que significó el final del importante e imprescindible rol de intermediación bancaria que los bancos comerciales venían teniendo hasta la fecha. Las empresas bancarias internacionales influenciadas por el cambio USA aspiran asimismo a convertirse en “supermercados financieros” para todo tipo de servicios.

Tanto los bancos comerciales como los de inversión pudieron desde este momento realizar nuevas actividades que estaban vetadas y ofrecer un amplio abanico de productos y servicios, bien por sí mismos o a través de filiales y sin apenas cortapisas regulatorias. La desregulación del ámbito financiero ha sido aprovechada por sus agentes para efectuar cambios que optimizan su gestión, estos cambios han significado el uso y abuso de productos de la llamada ingeniería financiera a dos niveles:

-En primer lugar con el uso masivo de productos derivados especialmente derivados del crédito y de creciente complejidad. Los bancos buscan maximizar sus ingresos por comisiones y actividades distintas de las tradicionales de intermediación crediticia, mediante la generación de productos financieros, su gestión a través de filiales, la titulización de estos activos, y su colocación en los mercados. Al situar fuera de su balance los préstamos, el límite crediticio de los bancos no depende ya de su capital y de los depósitos de su pasivo, sino de su habilidad para colocar/distribuir el préstamo a otras entidades.

-En segundo lugar la aparición de entidades financieras que han servido de vehículo para la explotación de nuevos productos financieros, en ocasiones creadas por los propios bancos.

Los analistas vienen observando desde los años 90 elementos comunes en las diversas crisis financieras:

-Gran flujo de entrada de capitales en los años previos al estallido de la crisis.

-Liberalización/desregulación de los mercados de capitales, que desemboca en sistemas financieros nacionales menos sólidos.

-Disminución de la percepción del riesgo por parte de los inversores.

-Crecimiento espectacular de las burbujas inflacionistas en algunos activos.

-La titulación de activos de forma piramidal y la dispersión extrema de los riesgos significan, cuando estalla la crisis, un gran problema para los mercados, ya que nadie sabe a ciencia cierta donde se encuentran los activos afectados de pérdidas. Con la consiguiente pérdida de confianza interbancaria que ello supone.

Por otra parte la liberalización y desregulación financiera ha supuesto:

-El predominio de la especulación sobre la empresa.

-La vulnerabilidad de las finanzas y de la economía.

-El fin de la intermediación bancaria y la indiferenciación entre la banca comercial y la de inversión.

-Un déficit importante en la regulación pública bancaria.

-Un despegue importante de la opacidad en los mercados financieros.

-El amplio desarrollo de los centros Offshore, del fraude, la evasión fiscal, el lavado de dinero y la delincuencia financiera en general.

-La movilidad incesante del capital alrededor del globo y buscando la evasión fiscal y los activos más rentables.

-La competencia y el dumping fiscal

-El cuestionamiento de lo público.

-Trasvase de rentas de la economía productiva y de la sostenibilidad medioambiental a la economía especulativa, del trabajo al capital y de las clases medias y bajas y países empobrecidos a las clases altas y países desarrollados.

-El cuestionamiento del ejercicio de gobierno y la gobernanza.

-El socavamiento de la democracia en el Mundo.

Es este el panorama que la desregulación/ liberalización de los mercados financieros viene reproduciendo sistemáticamente en la economía la política y la sociedad. Por eso cuando ATTAC habla de la regulación y control de los mercados financieros y de sus instituciones - que avalan esta situación de caos, injusticia y desgobierno- está tratando de poner las bases necesarias para terminar con el perverso poder de la economía “virtual” y la especulación financiera sobre la economía “real” y productiva. Ello con la seguridad de que solo será posible que los ciudadanos y los pueblos elijan y construyan su propio camino de autogobierno en democracia, cuando la comunidad internacional haya acabado con el dominio del poder de las finanzas sobre el conjunto de la economía productiva y sobre los gobiernos y las sociedades.

Pero ¿Qué tipo de regulación es necesaria?

Dia mundial por la supresión de los paraísos fiscales

La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto una vez más el papel pernicioso que tienen los paraísos fiscales dentro de la economía mundial. De nuevo hemos podido observar que no se trata de un simple elemento más de la actual configuración económica, sino que por el contrario hablamos de un instrumento clave para el mantenimiento de un modelo de desarrollo que mundialmente se ha convenido en llamar neoliberal.

Los paraísos fiscales agravan las crisis financieras y contribuyen a su gestación, aumentando la inestabilidad financiera y sus efectos; son un instrumento que agudiza las desigualdades y la pobreza, distorsionando los sistemas fiscales de todos los países y privando a los mismos de los ingresos necesarios para mantener niveles adecuados de servicios públicos; permiten y protegen la delincuencia financiera, gracias a su alto grado de opacidad y su laxa normativa financiera; y socavan las democracias, al condicionar el comportamiento de los países en materia de política económica y ser el espacio preferido para el uso de instrumentos y operaciones financieras que han incrementado cuantitativa y cualitativamente el poder de las finanzas en detrimento tanto de la economía real como de los Estados y sus democracias.

En el curso de la reciente crisis, y estando los paraísos fiscales en el centro de las críticas, los gobernantes mundiales han lanzado ambiciosas y mediáticas promesas en lo que se refiere a la lucha contra los paraísos fiscales. Hasta el momento, sin embargo, tales promesas no tienen visos de materializarse de forma satisfactoria.

La lucha contra los paraísos fiscales exige una contundencia mucho mayor, mientras que paralelamente requiere una definición mucho más precisa y amplia acerca de lo que son realmente estos refugios fiscales que la mantenida actualmente por los principales organismos internacionales.

Junto con el establecimiento de impuestos a las transacciones especulativas de capital, la supresión de los paraísos fiscales constituye una de las señas de identidad inconfundibles de ATTAC. Por esta misma razón ATTAC propone en este comunicado el establecimiento del “Día Mundial contra los Paraísos Fiscales” para el día 20 de Junio, día en que se reunen los dirigentes del G 20 en Canadá, los países que más uso hacen de ellos, por lo que llamamos a la sociedad civil mundial a que se manifieste este día publicamente exigiendo la eliminación sin paliativos de los mismos.



Los objetivos perseguidos serían los siguientes:

1. Recordar la existencia de los “paraísos fiscales” a la opinión pública mundial.

2. Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta lacra internacional.

3. Movilizar a la opinión pública con el objetivo de presionar a los partidos, gobiernos e instituciones políticas internacionales de cara a su supresión absoluta.

4. Denunciar y hacer pública una lista completa y precisa de los paraísos fiscales existentes, dónde están radicados y el papel que juega cada uno de ellos en la economía mundial.

5. Denunciar y hacer públicos los nombres de las empresas y personas que hagan uso de dichos espacios financieros.

Sigue el secreto bancario

Juan Hernández Vigueras

fuente: Público

Hace justo un año, el 2 de abril de 2009, tenía lugar en Londres la tercera cumbre del G-20 para remediar la crisis. Al día siguiente, toda la prensa recogía las declaraciones de los gobernantes diciendo solemnemente que el secreto bancario se había acabado; era un reconocimiento público del papel decisivo jugado por los paraísos fiscales en el colapso financiero. Pero en el comunicado oficial, aquella frase era una mera declaración de intenciones, huérfana de medidas concretas para acabar de verdad con la opacidad de las operaciones transnacionales de la banca y las finanzas.

Con el respaldo del G-20, la máxima autoridad en la materia, la OCDE, publicaba una “hojita” (así la ha calificado su secretario general) pomposamente denominada “informe de progreso” que recogía una cuádruple lista de jurisdicciones fiscales para disimular una nueva relación oficial de “paraísos fiscales” que dejaba fuera a las Islas de Man y de Jersey, sin precisar el criterio aplicado. Y las ediciones posteriores la han ido reduciendo hasta dejarla con 12 micropaíses a fecha 24 de marzo de 2010; y excluyendo de esa relación oficial a Las Caimán, Suiza, Liechtenstein, Gibraltar, Mónaco o Andorra, aunque sigan asociados al blanqueo de capitales y al fraude fiscal y conserven intacto el atractivo de su secreto bancario.

Paradójicamente, aquellas rotundas declaraciones gubernamentales contra los paraísos fiscales ocultaban el abandono de la definición clara que establecía el proyecto multilateral de la OCDE del año 2000, aunque también era incompleta aquella primera lista de países y territorios así catalogados; un programa que no había logrado el objetivo de suprimirlos por la oposición de los neoconservadores del presidente Bush. El G-20 en Londres respaldó el nuevo criterio definitorio de la OCDE que “legalmente” vaciaba de contenido la expresión “paraíso fiscal”, reduciendo la cuestión al cumplimiento por las jurisdicciones, países y territorios autónomos de los llamados “estándares fiscales internacionales”, una expresión que esconde una simple regla para dejar de ser considerado como tal: basta la firma de doce convenios bilaterales para el intercambio de información tributaria a petición de parte. El modelo de convenio que se suscribe no obliga a suprimir el secreto bancario ni a modificar la legislación propia, y solamente obliga a dar esa información cuando lo pide la otra parte justificadamente, es decir, no automáticamente sino a solicitud de un juez o en una investigación oficial.

Días antes de ese acuerdo del G-20,Suiza había captado su alcance. En nombre de la Presidencia Federal Helvética, el ministro de Finanzas, Hans Rudolf Merz, hacía una breve declaración oficial asegurando que el Gobierno había decidido adoptar plenamente el estándar de laOCDE “para la asistencia administrativa en materia tributaria”; aseguraba que el Gobierno permitiría el intercambio de información con otros países en casos individuales en los que se plantearan requerimientos justificados. Pero como había “algunas dudas entre el público en general sobre lo que esto significa y a menudo oímos que se pregunta si el secreto bancario se abolirá”, declaraba tajantemente que “el Gobierno sigue plenamente comprometido con el secreto bancario. El secreto bancario es un aspecto de una adecuada protección de nuestro temor particular y está inserto sólidamente en nuestro sistema bancario y goza de salvaguardias en nuestra Constitución y en numerosas leyes. Esta protección continúa para todos los contribuyentes residentes en Suiza. La ley no se modificará. Las autoridades fiscales suizas todavía no tienen acceso a los datos de los clientes. No habrá fisgoneo en las cuentas suizas”.

Por si quedaban dudas, a comienzos de 2010 el Tribunal Administrativo Federal de Suiza declaraba que el secreto bancario había sido violado por la Autoridad de Supervisión Financiera, FINMA, abusando de su poder al ordenar al banco USB que suministrara a EEUU información sobre 225 clientes defraudadores, en aplicación del acuerdo político alcanzado para poner fin al litigio con el fisco estadounidense y desencadenado en 2008 por una investigación del Senado. Había fracasado la presión diplomática exterior.

Por tanto, ante esta “regulación” internacional, la lucha de verdad contra los paraísos fiscales en Europa tiene que plantear la revisión de la política de la Unión, que mantiene convenios de libre comercio y el libre movimiento de fondos con todos esos microestados de su entorno, a pesar de que son notorios refugios del dinero de la evasión fiscal y de los negocios sucios de la droga y de la corrupción política o corporativa. Y en el plano interno, está clara la inoperancia de las declaraciones nominalistas, parlamentarias o gubernamentales, contra los paraísos fiscales que no vayan acompañadas de medidas efectivas contra las prácticas bancarias. Por ejemplo, requiriendo una mayor información ordinaria sobre la banca e incluso la supresión de las filiales y entidades de bancos y cajas de ahorro y de los grupos empresariales en Jersey, las Caimán y demás territorios, donde carecen de actividad comercial local y son meras sociedades instrumentales para planificar el fraude fiscal en España, el refugio de los millones de la corrupción o el blanqueo del dinero sucio. Una petición documentada que hicimos en 2005 los grupos de Attac en España al Ministerio de Economía y Hacienda con el aval de 4.000 firmas. Eso sí serían medidas eficaces para superar el déficit presupuestario actual.

Juan Hdez. Vigueras es doctor en Derecho. Autor de ‘Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20’