Antonio Fuertes Esteban
Attac Acordem
El 27 de marzo de 2003 Tax Justice Network realizaba una solemne declaración en la que enfatizaba “solo la gente corriente paga impuestos” se dejaba constancia de que “Las grandes corporaciones y los individuos acaudalados eluden cada vez más su obligación de contribuir a la sociedad a través de los impuestos. Con la ayuda de los gobiernos, se está trasladando aún más la carga fiscal hacia los ciudadanos corrientes y a los pequeños negocios” y se decía: “las privatizaciones y los recortes del gasto social se presentan como las únicas soluciones. Por el contrario, nosotros abogamos por una justicia fiscal que restablezca la capacidad para someter a tributación a los acaudalados beneficiarios de la globalización” y seguía: “Los fondos opacos depositados en paraísos fiscales, fuera del alcance de la fiscalidad efectiva, se estima que equivalen a un tercio del total de los activos globales”, esta apreciación coincide con la del FMI que cifra en 18 billones de dólares la suma total de activos y deudas en paraísos fiscales. En 2005, TJN cifraba en 11’5 billones de dólares procedentes de grandes fortunas en paraísos fiscales, lo cual significaba una pérdida de 255.000 millones de dólares anuales de pérdida impositiva para los estados.
La crisis financiera y económica global que emerge en 2007, aparte de haber supuesto grandes males y atropellos a la ciudadanía globalmente, ha desvelado la perversión social de las políticas económicas del capitalismo neoliberal, basadas en la desregulación y liberalización del comercio y las finanzas. La liberalización absoluta de los mercados de capital ha permitido que las autoridades supervisoras a nivel mundial, más en concreto los Bancos Centrales, arguyan como pretexto a no haberse dado cuenta de lo que se avecinaba, el desarrollo de una banca en la sombra que no fue detectado y escapó a su control. El motivo es que se fundamentaba en los paraísos fiscales, territorios en que su legislación basada en el secreto bancario y otros instrumentos jurídicos como los fideicomisos o trust, fundaciones, etc…, les proporcionaba una opacidad decisiva ante cualquier intento de supervisión o control judicial internacional.
Es el caso de los hedge founds o fondos de alto riesgo y los llamados instrumentos estructurados (ABS, SIV…) que se asientan en estos territorios. En concreto este secretismo sirvió para que las entidades financieras establecieran en estos paraísos fiscales sociedades llamadas vehículos o conduits que negociaban activos que quedaban fuera de la contabilidad oficial de los bancos emitiendo títulos con el aval del banco matriz. Las mismas entidades e instrumentos que constituyen la banca en la sombra se encargan de diseminar los riesgos derivados del endeudamiento excesivo por todo el sistema financiero internacional, lo cual es fácil debido a la carencia de fronteras y de supervisión para estos fondos. Con el crash de 2008 el valor de estos títulos se vino abajo. Desde entonces las diversas haciendas públicas vienen cubriendo las pérdidas publicadas por los grandes bancos, datos publicados que en muchos casos recogían cifras que demostraban que se estaba liquidando en los balances de estos bancos lo que antes había estado oculto.
Mediante la banca en la sombra y mediante el llamado arbitraje legislativo, se ha utilizado el itinerario de los paraísos fiscales para todo tipo de transacciones y ello con el objetivo de obtener el mayor beneficio fiscal y la mayor opacidad. En lo referente al comercio internacional se estima que alrededor del 60% de las transacciones tienen lugar entre las matrices de las multinacionales y sus filiales, situadas unas u otras en paraísos fiscales, esto es debido a que las grandes empresas se sirven de estrategias diversas para desviar sus beneficios allí donde puedan evitar el pago de impuestos.
En el “Proyecto contra la competencia fiscal perjudicial” de la OCDE en 1998, con el que se pretendía suprimir los paraísos fiscales antes de 2005, se les describía como aquellos centros financieros extraterritoriales u offshore con baja o nula tributación, secreto bancario y carencia de intercambio efectivo de información con los demás países y no exigencia de actividad económica local de una sociedad o particular para disfrutar de exenciones fiscales.
La nueva arquitectura financiera internacional diseñada por la OCDE a instancias del G-20 hace énfasis después de la crisis y de la reunión del G-20 en Londres en un nuevo estándar fiscal internacional, por el que desaparecen de la lista de paraísos fiscales de la OCDE de 2000 la mayoría de los territorios considerados como tales, quedando en la revisión del 27 de octubre de 2010, 6 pequeños territorios (Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá y Vanuatu) que hasta la fecha no han suscrito los 12 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal con otros territorios requeridos para dejar de serlo. Si bien el modelo de intercambio establecido obliga a respetar la legislación interna sobre secreto bancario de los países y territorios que suscriben esos acuerdos. Dándose además la circunstancia que los 30 países que han desaparecido de la lista de 2000 lo han hecho firmando acuerdos bilaterales entre ellos mismos y con otros territorios sin relevancia financiera alguna. Este nuevo estándar pretende, en última instancia, acabar con la denominación paraíso fiscal como categoría oficial y en todo caso vaciarles de contenido y proporcionarles un aura de respetabilidad oficial y mediática del que carecen, ya que su funcionamiento efectivo sigue siendo el mismo dadas su opacidad y las facilidades para la domiciliación de sociedades y entidades instrumentales sin requisitos serios de identificación del titular del dinero. La agenda actual de los países del G-20 tiene como objetivo el que todos territorios paraísos fiscales dejen de serlo oficialmente al firmar los 12 tratados.
El actual periodo de crisis, con recortes y pérdida de derechos sociales, exige en democracia hacer especial énfasis en implementar sistemas y estrategias para disponer de información de la máxima transparencia que genere confianza a la ciudadanía y agentes económicos. Sin embargo, en nuestro país, el Informe 2009 y avance del 2010 del ORSC (Observatorio de Responsabilidad Social corporativa) concluye que 28 empresas en España del IBEX 35, o sea el 80%, poseen presencia directa y un total de 272 filiales con actividades no operativas en paraísos fiscales. De los datos disponibles se deduce que la inversión de las empresas del Ibex 35 en 2010 en paraísos fiscales ha sido más del doble que en 2009. Mientras la recaudación por el impuesto de sociedades se desplomó un 55% entre el 2007 y el 2009, las ganancias de las grandes empresas solo descendía el 14%. Además se da el caso de que, dado que el Banco de España ha descatalogado como paraísos fiscales a diversos territorios solo por el hecho de haber firmado 12 acuerdos bilaterales de información, diversas empresas del IBEX 35 han anunciado que ya no informarán de los negocios que tienen en estos territorios, que siguen manteniendo el secretismo y la opacidad, todo ello con la probabilidad de que los activos y ganancias a través de dichos territorios no consten en sus balances anuales. Dicho informe indica también que las filiales bancarias en paraísos fiscales facilitan continuamente el que otras empresas y particulares practiquen la elusión de sus servicios.
Es patente que los centros offshore extraterritoriales, todos ellos paraísos fiscales de facto, constituyen una poderosa herramienta de los poderes financieros globales en aras del dominio absoluto de la economía, lo cual socava continuamente el poder político de los gobiernos y la democracia. Este poder financiero se asienta en dos armas de destrucción financiera y fiscal masivas, la opacidad que impide el control de la evasión, fraude y delincuencia fiscal y la competencia y dumping fiscal que estos centros offshore promueven globalmente con su existencia, al tener que competir los estados entre sí con ofertas de rebajas y exenciones impositivas para atraer los capitales. La mera existencia de estos territorios con sus características, asociadas a la libertad de movimientos de capitales, hace imposible cualquier intento de promover una justicia fiscal y económica a nivel de los estados e internacional. Estos estados están sometidos a la dictadura de los mercados financieros con la inestimable colaboración de los paraísos fiscales. Si los estados quieren dotarse de sistemas fiscales justos y redistributivos necesariamente han de combatir la existencia de la banca en la sombra y de los paraísos fiscales, si no lo hacen cualquier intento conducirá al fracaso.
En un sistema de derecho que proclama la igualdad ante la ley es inadmisible que los capitales móviles (grandes fortunas, activos financieros, multinacionales, dinero procedente del crimen organizado y del terrorismo) puedan eludir impuestos fraudulentamente, beneficiándose de la opacidad y ventajas fiscales, mientras que los ciudadanos de a pie, sin capacidad para mover sus capitales y sometidos por lo general a la fiscalidad del trabajo y del consumo, son los que han de cargar con mayores costos fiscales. El que en nuestro país el 78% de los ingresos fiscales provenga de las rentas del trabajo y solo un 22% de las del capital debería de constituir algo más que una cifra estadística molesta y enojosa, los destrozos sociales ocasionados por esta crisis y este sistema impositivo están llegando a un nivel de indignación ciudadana próxima a la revuelta y los ciudadanos y ciudadanas están comprendiendo que sin que el Estado disponga de ingresos fiscales cualquier política social es simplemente imposible. Por ello la lucha por la justicia fiscal y la abolición de los paraísos fiscales debe en estos momentos movilizarnos a todos.
Barcelona, 5 de marzo de 2011
