domingo, 16 de diciembre de 2012

¿Puede hoy la izquierda, si lo es, abrazar la paz social?




Antonio Fuertes Esteban. ATTAC Acordem

Estamos constatando día tras día el abismo donde se precipitan en barrena los discursos políticos de la modernidad tardía, sin que por el momento hayan fuerzas políticas o sociales capaces de reformular los parámetros de la misma transcendiéndola - no ya revolucionariamente, sino ni siquiera como reformas que supongan avances para las clases populares – dadas las nuevas circunstancias contra-revolucionarias y regresivas que ha supuesto el re-apoderamiento social del dinero, la dictadura de las finanzas sobre la economía y la sociedad.

La crisis del sistema capitalista, además de una profunda crisis social y ambiental, ha supuesto una crisis de sus instituciones y procedimientos. Esto supone la deslegitimación del ordenamiento político sobre el que se construyó la democracia burguesa, como democracia formal y pretendidamente representativa.

Las organizaciones políticas y sindicales de izquierda, que han tenido un papel decisivo desde la transición en la gobernabilidad del sistema en el Estado español, han perdido sus roles y poderes tradicionales como fuerzas de progreso o cambio. El sistema, como sistema global, venció al cambio posible a través del ordenamiento internacional que posibilitó la globalización financiera y  en cuya consolidación tienen responsabilidades gran parte de esta izquierda, por acción u omisión.

Dicho sistema, siempre controlado por la élite plutocrática del dinero, viene efectuando en Europa un ataque a los pactos democráticos de post-guerra desde hace más de tres décadas y con la actual crisis sistémica ha sacado sus garras para dar el golpe definitivo a la democracia. Nadie puede negar hoy que la actual burla democrática oculta la dictadura del dinero por encima de los poderes políticos electos y sobre la ciudadanía.

Las medidas de gobierno fundamentales en el Estado Español - como en buena parte de Europa- se  toman hoy a golpe de decretazo, sin importar el rechazo social que suponen. Comenzó el PSOE y el PP está llevando el gobierno por decreto y sin diálogo político o consenso social al paroxismo, argumentando que es la única opción posible ante la presión de los mercados. Todos sabemos que la crisis está significando la excusa para demoler el Estado social y efectuar la re-distribución de las rentas del Trabajo hacia el capital. La llamada dictadura de los mercados tiene nombres y apellidos y es la dictadura de los muy ricos, de los poseedores del dinero, las instituciones financieras internacionales y los grandes accionistas y directivos de las grandes corporaciones transnacionales.

Se espera, de los gobiernos europeos, sean los artífices de la regresión social, del re-apoderamiento de la riqueza en pocas manos y de la extinción de lo público, del Estado social. Esto significa hoy un auténtico golpe de estado a la democracia en Europa, declarado unilateralmente desde las élites económicas y políticas europeas, en aplicación del Tratado neoliberal de Lisboa, que, nunca me cansaré de repetir, fue firmado por los 27 jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, tanto los del grupo socialista, como del grupo popular.

Ante esta agresión sobre las clases populares, rompiendo la posibilidad de paz y cohesión social, las organizaciones de izquierda no pueden poner la otra mejilla –de la ciudadanía- mediante políticas concertadoras que desconciertan y pactos de manos atadas que hoy tienen como escenario auténticas cámaras de tortura destinadas a la ciudadanía y donde la cuestión que se pone encima de la mesa es “hasta donde nos vamos a bajar los pantalones”. La única postura digna posible de las organizaciones de izquierda política y sindical es la defensa del “cinturón de seguridad” que significa el Estado social basado en el garantismo del trabajo y de los servicios y prestaciones públicas para la ciudadanía, ¡Ni un paso atrás!

Un sindicato de clase hoy habría de tener como eje fundamental de lucha, desde un sindicalismo de clase y no corporativo, presionar por el reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada laboral. Desde la política de izquierda no se puede consentir la actual política privatizadora, el desguace de los servicios y prestaciones públicas. Sobre ello no debería haber negociación posible. Los deseos de la oligarquía y de sus siervos políticos de aumentar su poder y beneficios solo tienen una respuesta digna desde la izquierda social y política: El fin de la concertación y de la paz social, la movilización social y la desobediencia civil. En ningún caso las organizaciones pactistas deberían ser, en estos momentos, las que abanderen la lucha de la ciudadanía. Todos tenemos el deber ciudadano de extender socialmente una cultura de rebeldía, desobediencia y propuesta alternativa ¡Basta ya de vergonzosas claudicaciones!

Sin embargo la ciudadanía organizada necesita ya ir más allá de la desnuda rebeldía y más allá de efectuar una política de enfrentamiento y de simple acoso y derribo de los gobiernos. Las organizaciones de izquierda real, junto a movimientos sociales y ciudadanía crítica, ya hace tiempo saben que se ha de pasar de la respuesta a la propuesta, del enfrentamiento a la confrontación de alternativas y de la oposición al programa y todo ello mediante formas organizativas estables en el tiempo. La organización ciudadana ha de formularse basándose en un programa mínimo de consenso como palanca del cambio necesario y que pueda convencer e ilusionar a amplias capas sociales.

Y en este reto ciudadano organizado de proyecto alternativo, organizaciones como ATTAC Acordem y el Frente Ciudadano contra el Poder Financiero quieren colaborar con sus alternativas, enfocando los análisis, propuestas y las movilizaciones directamente a combatir al poder financiero, al causante de la crisis y del ataque a la democracia.

La izquierda que nunca ha movilizado a la ciudadanía contra el poder financiero, que nunca ha planteado social y pedagógicamente un proyecto de finanzas públicas, sociales y éticas, ha de comenzar a plantearlo y a luchar por él, a hacer partícipe de esta lucha a la ciudadanía. No es posible un Estado social sin una hacienda pública solvente, sin una fiscalidad suficiente, justa y re-distributiva, vendiendo al capital privado las empresas y el erario público, sin combatir la especulación financiera e inmobiliaria, sin controlar a la banca, sin promover una banca y servicios financieros públicos, alimentando la deuda ilegítima sin cuestionar cómo se ha generado y cargándola en las espaldas del pueblo.

El debate queda abierto, pero considero que ya no se pueden tener miramientos hacia la oligarquía, ni mucho menos colaborar o co-habitar con ella. La izquierda hoy para serlo ha de ser libre de ataduras. ¡ojo con la financiación! ¡ojo con la co-gestión financiera! El sistema fácilmente engulle a los contrincantes, si estos se dejan ¡claro!

jueves, 13 de diciembre de 2012

Golpe de estado financiero desde la Unión Europea

 
 
Comunicado ante la activación del rescate bancario

Frente Ciudadano contra el Poder Financiero
 
El rescate a la banca española, con un primer tramo de alrededor de 40.000 millones de euros, comporta la aplicación de las medidas del Memorándum de la Unión Europea en perjuicio de la inmensa mayoría de la población.
LO QUE OCULTA EL RESCATE:
 
a) La falta absoluta de flujo crediticio para las economías particulares y productivas, que en ningún caso se resolverá con las medidas adoptadas.
 
b) Con cargo al ejercicio de 2011, el Estado ha asumido pérdidas de más de 11.000 millones de euros por importes incobrables, y hace pocos días el Banco de Valencia (que había recibido 6.000 millones de ayudas estatales) fue adjudicado por 1 euro a Caixabank. Estos precedentes indican lo que se puede esperar de las entidades recapitalizadas con los 40.000 millones del rescate. Recordemos que 11.000 millones es una cantidad superior a lo que en 2012 ha supuesto el total de los recortes en sanidad, educación y servicios sociales en España.
 
c) Especialmente sangrante es que con una mínima parte del importe de esta recapitalización se habría podido cubrir la deuda impagada de las familias desahuciadas por las mismas entidades, lo que representa un menosprecio del más mínimo sentido de la justicia.
 
Por estos motivos DENUNCIAMOS:
 
1.-La limitación de la soberanía nacional y de la democracia que supone la imposición de esta medida por parte de organismos sin ninguna legitimidad democrática y la aceptación por parte de los gobiernos de España y Cataluña de esta y de otras imposiciones bajo el pretexto de que hay una deuda pública excesiva.
 
2.-Los 40.000 millones de euros del rescate pasan a engordar la deuda pública, lo que constituye una nueva transferencia de deuda privada a deuda pública, con la consiguiente carga tanto de intereses como de devolución de unas cantidades que resultarán de imposible cobro una vez vendidas las entidades re-privatizadas.
 
3.-El golpe de gracia que supone, en la práctica, para el modelo financiero de proximidad que representaban las cajas de ahorros y las obras sociales ligadas a ellas, así como un paso más en el proceso de concentración bancaria que dejará el sistema financiero en manos de seis o siete grupos y, por tanto, en situación prácticamente de oligopolio.
 
4.-La imposición de un «banco malo» con un 45% de capital público, pero con el aval por parte del Estado de las cantidades destinadas a la compra de los activos y créditos de las entidades hasta un total de 90.000 millones de euros, todo ello con el consiguiente aumento del riesgo asumido y, en el futuro, con el previsible aumento de la deuda pública debido a las pérdidas del banco malo.
 
5.-La reducción exigida de 10.000 puestos de trabajo, lo que comporta hacer pagar a los trabajadores las responsabilidades de directivos, políticos, organismos reguladores, empresas tasadoras, auditoras y de calificación, etc., que no solo no han asumido sus responsabilidades, sino que en algunas ocasiones –en caso de algunos directivos– se han enriquecido con indemnizaciones y planes de pensiones millonarios.
 
6.-La imposición de vender las entidades re-capitalizadas, lo que impide la formación de una banca pública potente que asuma la función de dar financiación a la economía real de particulares, autónomos y pymes.
 
7.-La imposición de pérdidas de más del 40% del dinero invertido en participaciones preferentes, que en la inmensa mayoría de los casos fueron colocadas con engaño a ahorradores sin la información adecuada.
 
Dado el carácter antidemocrático de las medidas implicadas en el rescate bancario y el Memorándum, PEDIMOS:
 
I.- La no asunción de la deuda privada por parte del Estado y, por tanto, el impago de la parte de la deuda proveniente de este traspaso. Solo con este impago se obtendrían recursos para parar los recortes y recuperar las prestaciones y los servicios sociales que se han suprimido.
 
II.- Que se exijan responsabilidades a todos los actores que han provocado la situación de práctica quiebra del sistema financiero, comenzando por los directivos, los políticos y todas aquellas personas que por acción u omisión la han hecho posible.
 
III.- Reivindicamos los servicios financieros como servicios sociales y, por tanto, la creación de una banca pública potente con una clara vocación de servicio público y con planteamientos éticos y solidarios.
 
Hacemos un llamamiento a toda la sociedad, que tendrá que sufrir los recortes por deudas ajenas, y especialmente a las entidades comprometidas en la lucha contra los abusos bancarios, desde los desahucios hasta las ventas abusivas y otras prácticas indeseables, con el fin de darle la vuelta a esta situación y enfrentarnos conjuntamente contra el poder financiero. Poder que entendemos es el gran responsable de la situación actual, así como de las medidas de liquidación del estado del bienestar que se están produciendo en base a un programa totalmente preestablecido, que poco tiene que ver con la crisis y mucho con el afán de incrementar el rendimiento del gran capital.
 
Es el poder financiero el principal culpable del debilitamiento de las instituciones democráticas que tendrían que representar los intereses de las clases populares.
 
El Frente Ciudadano contra el Poder Financiero no pretende multiplicar artificialmente el número de organizaciones que luchan por la justicia. Aspira a catalizar una lucha que ya se está llevando a cabo desde diferentes colectivos y entidades y a reforzarla buscando las sinergias y la cooperación entre todas.

Frente Ciudadano contra el Poder Financero
 
12 de diciembre de 2012