lunes, 14 de diciembre de 2009

Políticas neoliberales en los servicios sociales de Barcelona


Reproduzco aquí la transcripción de la intervención de Pepe Adelantado, profesor de Sociología de la UAB, en la jornada de presentación del documento "Servicios sociales versus Nuevo Modelo" elaborado por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Primaria de la ciudad de Barcelona.



Dentro del sistema de bienestar social en España ha habido importantes cambios estructurales en los últimos años que han significado una contracción de hecho en el acceso a diversos sistemas de protección social como son el sanitario, el de la educación, el de la vivienda, el laboral o el cuestionamiento del sistema de pensiones. Es esta insuficiencia para acoger la demanda en estos sistemas la que hace necesario un crecimiento en las prestaciones de servicios sociales dirigidos a los colectivos vulnerables.

El desarrollo normativo de los servicios sociales ha sido sobre todo posible por diversos factores: El acceso de las clases medias como demandantes, la necesidad de las mujeres de incorporarse al mercado de trabajo para liberarse del patriarcado y también por la perdida del poder adquisitivo de los salarios, y el envejecimiento de la población. La mujer cuidadora tradicional de hijos y ancianos dependientes, al incorporarse al mercado de trabajo, deja un vacío que se ha de cubrir con servicios de atención a las personas dependientes. Estos factores han generado una gran demanda de servicios sociales.

Estos servicios a las personas no han figurado apenas hasta hace poco en las agendas políticas o académicas, hasta ahora constituían un “cul de sac” donde iban a para los pobres y marginados. Ha hecho falta que las capas medias sean demandantes de prestaciones para que se les haya dado importancia.

Han sido los factores mencionados los que han contribuido al desarrollo en España de lo que ya se viene llamando 4ª pata del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación, y el sistema de pensiones). El desarrollo como un derecho ciudadano universal de las prestaciones propias de los servicios sociales es lo que está en la base de leyes como la 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia o la 12/2007 de Servicios Sociales en Cataluña.

Es un hecho y las cifras lo avalan que el gasto en servicios sociales, al menos en Cataluña está creciendo. No obstante este crecimiento es insuficiente, pues las necesidades crecen más rápidamente que los recursos.

Así que todos los factores que originan el crecimiento de los servicios sociales son de carácter estructural y no transitorio y con cuestiones paradójicas como es el caso de que todos estemos pagando prejubilaciones y EREs por una parte y por otra nos estén diciendo que se ha de retrasar hasta los 70 la edad de jubilación.

Esta situación estructural lo que hace muy a menudo también es convertir a las víctimas en culpables. La expansión de las políticas neoliberales ha originado esta culpabilización de las víctimas, si hay un problema de paro se tiende a responsabilizar a los propios parados. Al mismo tiempo estos mecanismos de expansión de los s.sociales, también de la asistencia social- léase la expansión a través de la Renta Mínima de Inserción, o la Renta Mínima de Ciudadanía..etc. Son procesos necesarios de transferencias de rentas ya que el sistema laboral o el sistema educativo no son capaces de conformar biografías normalizadas.

Este sistema neoliberal, lo que hace es transformar necesidades sociales en diferencias individuales, de forma que los problemas de los parados, los que abandonan tempranamente el sistema educativo, los enfermos ..etc se reconstruyen por los servicios sociales como problemas personales. Así que lo que se plantean son tratamientos individualizados muchas veces en términos de corregir las “desviaciones” de los sujetos respecto a la “norma” se trata a estas personas muchas veces como patologías que hay que corregir.

También se está haciendo mucho hincapié en los tratamientos sociales en la parte de las obligaciones que conllevan los derechos, es decir que para obtener prestaciones de derecho se exigen cada vez más contraprestaciones de los usuarios de los servicios. Esto es una situación muy peligrosa ya que los derechos tienden a dejar de ser universales y a ser cada vez más condicionados. De esta forma el Estado tiende preferentemente a gastar dinero con aquellas personas en que este gasto es una inversión. Se pasa así de un Estado de bienestar a un Estado inversor, que mira mucho a quien le transfiere los recursos, exigiendo a las personas una contrapartida de compromiso, de cambio de actitud, de ser buen chico bajo riesgo de perder prestaciones o recursos. El derecho pasaría a ser graciable y subjetivo, condicionado por la relación profesional-usuario.

Al mismo tiempo esta situación traslada una enorme presión a la comunidad, la acumulación de problemas sociolaborales, de emigración, de dependencia,..etc hacen que el espacio físico y social de los barrios se complejice.

En esta situación se viene a re-encontrar un antiguo campo que es el de la comunidad. Las prácticas de carácter comunitario, de empoderamiento democrático de la sociedad civil, existentes en los años 70 acaban perdiéndose a lo largo de la Transición democrática. Se pasó del trabajo comunitario al trabajo individual, es decir a la dispensación de recursos, que era el papel que a los trabajadores sociales les toca jugar. Al mismo tiempo las propias leyes, comenzando por la de servicios sociales de 1985 tienen una vocación de universalidad y además se aceptaba una responsabilidad exclusivamente pública, se niega la iniciativa privada.

Sin embargo todo esto con el devenir del tiempo, con el auge de la ideología neoliberal y la debilidad de las políticas de izquierda para fundamentar eso como derechos subjetivos y por lo tanto exigibles judicialmente, fue deteriorando la universalidad de responsabilidad pública y se va dando paso a la iniciativa privada y sin ánimo de lucro y simultáneamente al re-descubrimiento de la comunidad como un espacio al que se le van asignando responsabilidades, pero sin recursos, un poco que los pobres se vayan cuidando ellos mismos.

Esta situación obedece al mismo tiempo a la lógica de transferencia a las Comunidades Autonómicas, transferencia de responsabilidades pero sin recursos. Lo mismo pasa con las Administraciones Locales.

Al mismo tiempo es muy importante contemplar que la presión fiscal en el Estado Español es 4 puntos por debajo de la media europea. Que la economía sumergida representa el 25% del producto interior bruto y que la evasión y el fraude fiscal son muy importantes y menguan los recursos públicos. Pero está claro que no hay una voluntad política de poner orden en todo ello.

Así que los ayuntamientos están funcionando con unos presupuestos muy bajos, en el franquismo funcionaban con un 10% a 11% del total del gasto público, pero ahora no llega ni siquiera al 13 % y todo esto cuando las problemáticas a nivel local se desbordan
Quiero hacer una llamada a los y las trabajadoras sociales porque el papel que institucionalmente juegan los servicios sociales es un papel de gestionar y contener el conflicto con lo que se está colaborando (sin ánimo de ofender) a que la ciudadanía no se agrupe para defender sus derechos. Claro que a vosotros no se os paga por organizar a la ciudadanía sino para que las demandas se canalicen.

También la visión actual de la ciudadanía y de la comunidad como un espacio asignado a un tercer sector que se pretende sea un sinónimo de los intercambios sociales de la comunidad. Un tercer sector al que se le están asignando muchos servicios externalizados y ello con una idea de contención de costes por parte de la administración. Lo que está claro es que tanto en la sanidad como en los servicios sociales las EBAs (entidades de base asociativa) unas entidades de carácter privado y auspiciadas por el Colegio de médicos, que cuando pierden dinero lo paga el ICS y si lo ganan se lo quedan los médicos y cambian contractualmente el estatuto de las enfermeras que son fundamentalmente quienes pierden.

Pues bien, este proceso de externalización afecta no solamente a la calidad del servicio, sino también a la identidad de los derechos. No es lo mismo ejercer un derecho a través de la administración pública que como un derecho que es como regalado, ya que también se está poniendo en marcha una neo-filantropía, lo cual no es más que otra forma de lavarnos la conciencia paralelo a lo que pasa con África.

También está el tema de la responsabilidad social corporativa que hace mucha gracia, ya que las empresas que roban lo que roban, después parece que se sienten culpables y emplean un dinero a limpiar su imagen, cosa que además les desgrava fiscalmente.

Pues bien esta neo-filantropía que está interceptando con este tercer sector, representa un conjunto de recursos a los que no se accede por derecho. La persona que atiende puede dar el recurso o no en función de su percepción muchas veces personal y poco fundamentada.

Actualmente en el conjunto del Estado se está en un proceso de sustantivar este derecho subjetivo a los derechos sociales, cosa que no existe aún a nivel de todo el Estado. En Cataluña, la Nueva Ley contiene avances importantes y claroscuros. Como elementos positivos se han de destacar que el derecho se des-familiariza, de ser un derecho a la prestación de carácter familiar, lo cual no tenía más fundamento que la cultura religiosa, pasa a ser un derecho de carácter más individual en muchos aspectos. En la nueva ley no se tienen en cuenta para ciertas prestaciones los recursos de la familia, sino los recursos solo de la persona.

Otro aspecto positivo es el reconocimiento del derecho subjetivo, que es la garantía de que si el Estado no satisface dichos derechos, los ciudadanos pueden recurrir judicialmente. Pero este derecho es a las prestaciones básicas de los servicios sociales en los servicios sociales de atención primaria. Por ejemplo la prestación de la Renta Mínima de Inserción en Cataluña, no funciona exactamente como derecho subjetivo. Por otra parte la población emigrada extracomunitaria y no regularizada, que es una población altamente vulnerable, será atendida en clave de beneficencia y según las restrictivas y discriminatorias leyes de extranjería.

Otro aspecto que trata de introducirse mediante esta ley catalana, igual que en la estatal de “la dependencia”, es el del co-pago. Estos sistemas de co-pago normalmente devienen en una injusticia desde el punto de vista de la financiación, también significan un importante coste burocrático añadido para poderlos gestionar, ya que para cada persona se necesita hacer un complejo estudio individualizado, lo cual sobrecarga mucho el coste administrativo de gestionar este derecho. O sea que este derecho que en la educación se financia por presupuestos generales, se va a administrar por co-pago. En esto se valorará de acuerdo a la renta y el patrimonio de las personas. Lo que eso quiere decir es que en un país como Cataluña, en un Estado como el español y en el que un 90% de la vivienda es vivienda en propiedad, pues esa vivienda puede ser utilizada para financiar las necesidades de la dependencia de las personas. La jugada es clara lo que vamos a hacer es universalizar este derecho, antes los hijos tenían que cuidar a los abuelos y se quedaban con el piso, ahora los hijos no tienen que cuidar a los abuelos, pero es muy probable que se queden sin piso. Se hace una hipoteca inversa con el piso como garantía y ya está. En cualquier caso lo que sobre se lo quedarán los hijos.

Esto significa claramente una expansión a los servicios sociales de esta ideología neoliberal que lo que hace es culpabilizar a las propias víctimas, además de una manera absolutamente cínica.

Creo que aún estamos arrastrando las consecuencias de anteriores crisis 70 y 90, en las que en vez de lo que hubiera sido lógico, que es reducir la jornada laboral, se tradujo en un desempleo estructural, con jubilaciones anticipadas que pagamos todos los que contribuimos a la seguridad social. Y sobretodo teniendo en cuenta que los fondos de la seguridad social son sobre todo de rentas laborales, no de los empresarios, lo que se hace cuando hay una jubilación anticipada es facilitarle a los empresarios la sustitución de trabajadores con derechos, de trabajadores con antigüedad, por trabajadores jóvenes con peores contrataciones y seguramente sin cultura ni tradición sindical,..etc.

Pues bien, estos procesos de modernización capitalista, a través de la seguridad social, los estamos pagando los trabajadores y en cambio no hay recursos estatales adecuados para financiar el desarrollo de estas leyes que entrañan derechos. Es escandaloso que se hayan destinado 30000 millones de euros en rescatar a la banca y que han servido para financiar las deudas que la banca española tenía con sus financiadores internacionales. O sea que toda esta orgía inmobiliaria se ha financiado no con ahorro autóctono, aparte de que España no es un país que ahorre porque nos tienen encadenaos a la deuda y no hay bastantes recursos para financiar esta orgía especulativa. Se ha tenido que importar dinero de otros bancos europeos, que es el que han tenido que devolver los bancos. De forma que el estado, es decir todos los ciudadanos lo que hemos hecho es ayudar a los bancos a que paguen sus deudas y mientras tanto la ley de atención a la dependencia está infra-financiada.

El desarrollo de esta ley hubiera sido una ocasión propicia para que se expandiera el empleo y especialmente el empleo femenino. Sin embargo se están empleando mayoritariamente recursos para que las cuidadoras que ya cuidaban antes puedan seguir haciéndolo cobrando por hacerlo.

En cualquier caso este es el país en el que estamos y así están las cosas, por lo que habrá que poner cuidado en lo que está siendo esta transformación de las políticas pasivas en lo que se llaman políticas activas. Ahora el concepto de moda es el de cohesión social, que es un concepto de activación. Los que somos más mayores recordareis que en los 70 hablábamos de desigualdad social, ya en los 80 comenzamos a hablar de pobreza. Claro que como las políticas que luchan contra la pobreza, que yo siempre pensé que lo que se tenía que haber hecho eran políticas que lucharan contra el enriquecimiento, lo que favorecían eran políticas que promovieran la inclusión social, por aquello de que políticamente no quedaba bien estar en contra de algo y había que obrar a favor.

Así que hay que poner cuidado de cómo utilizamos estos antónimos de pobreza- riqueza, igualdad-desigualdad, inclusión-exclusión y luego se ha lanzado este término de cohesión social que es un término muy bonito, nadie puede estar en contra en teoría, o cuesta mucho estar en contra del concepto de cohesión social, a no ser que se conozca la historia del concepto que es muy conservadora.

Al mismo tiempo con la transformación de las desigualdades en diferencias, lo que se va a acabar es el derecho a obtener unos mínimos recursos para la subsistencia a cambio de nada, es decir a usted lo vamos a ayudar pero a cambio va a tener que satisfacer un montón de contrapartidas u obligaciones. Es decir que se está pasando de unas políticas pasivas a unas activas y el concepto de activación está en el centro de todo esto. Pero este no es el concepto de activación propio de una ciudadanía crítica y participativa y que no sustituya con su activación al propio Estado en la prestación de servicios, sino que estimule el debate público político.

Así que está claro lo que se pretende que es disciplinar aún más a los más débiles a base de ponerles más difícil el acceso a unos recursos cada vez más escasos. En cualquier caso se está haciendo más énfasis en las obligaciones que conllevan los derechos que no en los derechos en sí mismos. De forma que cada vez más se culpabiliza a los propios individuos de su situación y por ello es consistente este tratamiento individualizado, este tratamiento de despacho, este tratamiento terapéutico, que siendo necesario, también hay que estar al tanto de que no se amplíe.