lunes, 3 de noviembre de 2014

El reto político de limitar la propiedad privada




Antonio Fuertes Esteban. ATTAC Acordem

Alberto Garzón: “En este país mandan las grandes fortunas y no quienes se presentan a las elecciones” (sesión en el Congreso de los diputados)

Entre los derechos negativos que la democracia liberal prescribe figura el derecho irrestricto a la propiedad, entendido como el que asiste a particulares y corporaciones a preservar sus bienes y titularidades, derecho que la ley ha de proteger y defender. Este derecho está muy bien flanqueado por otro que también se pretende irrestricto y que supone asimismo la defensa a ultranza del derecho a la privacidad, que aplicado al uso y disfrute de la propiedad significa el secreto, y por lo tanto la opacidad, en lo que atañe al uso de capitales y titularidades. El secreto bancario y los diferentes instrumentos para ocultar a los auténticos propietarios y/o titulares de cuentas, bienes o empresas, son formas habituales protegidas en distintas jurisdicciones de este derecho, que se pretende absoluto a la privacidad y que sirve para reforzar el derecho a la propiedad.

La propia naturaleza de nuestras democracias liberales ha protegido mediante la ley y con carácter resolutivo, los derechos a la vida y a la propiedad y los ha protegido eficazmente de la intromisión, sustracción o agresión externa de terceros. Es decir los derechos especialmente en su acepción negativa, penalizando inexorablemente cualquier acción de terceros que pueda atentar contra la vida o la propiedad.

Si bien esta naturaleza liberal de nuestras democracias no ha sido capaz de incorporar y defender con la misma determinación los derechos positivos a condiciones de vida dignas. Estos derechos, conllevan la acción positiva del Estado en promover los derechos económicos y sociales como fundamentos y garantías del Estado de Derecho, hoy comúnmente aceptado y plasmado en diversas constituciones como Estado Social y Democrático de Derecho. Y es que lo que fundamentalmente permanece en el fondo del actual proyecto democrático es la garantía de defensa de los derechos y valores liberales propios del capitalismo originario: la garantía de protección de la vida y la propiedad de agresiones y sustracciones externas, y los valores del mercado y la libre competencia como bases necesarias de ganancia y de acumulación de la propiedad.

Los derechos negativos constituyen desde el inicio de la democracia liberal el “corazón” del proyecto del liberalismo político inicial y el proyecto plutocrático del dinero o proyecto del liberalismo económico o capitalismo los ha sobredimensionado obviando muchas veces los derechos positivos. Estos derechos negativos son los que legitiman y garantizan actualmente el ordenamiento jurídico-administrativo del llamado “Imperio de la ley” y que se sitúan por encima de los llamados derechos positivos que se entiende ha de satisfacer un estado social y en especial de derechos económicos y sociales como por ejemplo el derecho a trabajo, vivienda, salud, educación o servicios sociales dignos.

La naturaleza liberal de la democracia actual es defendida por las diversas elites y poderes conservadores mundiales que exigen, de los poderes democráticamente constituidos, estados fuertes que defiendan los intereses de los propietarios y corporaciones y, paradójicamente, Estados mínimos que dejen actuar al mercado y no que intervengan sobre él regulándolo y constriñéndolo o que garanticen bienes y servicios de titularidad pública.

Actualmente la defensa de la propiedad y la libertad de mercado a ultranza, hasta sus últimas consecuencias y a cualquier coste, forma parte de una nueva ofensiva del proyecto plutocrático del dinero, ahora neoliberal, para desembarazarse del proyecto político y social de ciudadanía que formó parte del consenso social de post-guerra. Se lo permiten y favorecen la emergencia de nuevos mercados en países con gobiernos abiertos a la competencia y la pasividad de una izquierda, en los gobiernos o en la oposición, para quien el derrumbe del experimento socializador en los países del Este significó vergonzosamente el cuestionamiento de sus valores fundamentales – igualdad, libertad y solidaridad- que de ser valores fuertes de su acción y comúnmente aceptados, pasaron a ser débiles y cuestionados. Una ”izquierda” que en Europa primero ya había sido pseudo-colonizada en el marco de la OTAN , más tarde hipnotizada desde las “terceras vías” y que finalmente ha sucumbido a las continuas exigencias del mercado.

Respecto a la trascripción de los valores de izquierda a los marcos político-jurídico-administrativos podríamos poner algunos ejemplos:

- En lo que respecta a la igualdad ante la ley, la izquierda anteriormente gobernante no ha sido capaz, ni siquiera ha tenido la voluntad, de tratar por el mismo rasero de la ley fraudes multimillonarios como los cometidos por los presidentes y ejecutivos de grandes bancos y políticos corruptos que los pequeños fraudes de ciudadanos corrientes a la hacienda pública a los que normalmente sí se aplica la ley. Esto no es igualdad ante la ley.

- En lo que respecta a la igualdad de oportunidades, los Gobiernos no obran activamente promoviendo políticas de creación de empleo. Tampoco actúan en educación promoviendo acciones positivas que sienten bases de una mayor igualdad de oportunidades en la educación, muy al contrario el vigente proceso de Bolonia ha significado establecer un marco universitario en Europa sometido fundamentalmente a intereses mercantilistas, o bien se está trasvasando presupuestos continuamente de la enseñanza pública a la privada.

- En general la brecha entre ricos y pobres se acentúa, con lo que se deteriora en los países los proyectos colectivos, la cohesión y la democracia sustancial, más allá de los procedimientos electorales. Ya Alexis de Tocqueville, en su crónica de la Democracia en América valoró la igualdad sustancial de partida como una de las bases necesarias sobre la que se levantó la República de los EE. UU de América, por él catalogada como democracia. Es comúnmente reconocido que la desigualdad ostensible deteriora la democracia, como ha hecho con la democracia Americana.

- La libertad es incompatible con la dominación que ejercen las corporaciones sobre los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial y que en muchos lugares no tienen más remedio que aceptar vender su fuerza de trabajo y someterse a condiciones de explotación y/o indignidad para poder sobrevivir.

- Las condiciones de competencia se han impuesto a la solidaridad entre personas y entre países.

Todo análisis serio o somero nos informa de cómo por medio del desarrollo no regulado de los intereses del poder del dinero, se han ido desnaturalizando y perdiendo valor y proyección social y política los valores de izquierda, y ello a instancias de gobiernos conservadores y de gobiernos de izquierda que han olvidado lo que significa la política como instrumento de transformación social y han pretendido gestionar más eficazmente el sistema capitalista, basado en el derecho irrestricto e ilimitado a la propiedad. Con ello se ha ido concentrando el poder conforme se concentraba la propiedad y hoy el poder oligopólico de las corporaciones ha amordazado a las instituciones democráticas por medio de la deuda y pretende gobernar mediadamente por medio de instrumentos como el Tratado trasatlántico de comercio e inversiones entre EE.UU y la UE, o el Transpacífico.

Regular en este momento el poder del dinero es necesario si en breve la ciudadanía no quiere verse esclavizada de por vida. Para ello actuar sobre la economía en este sistema mercantilista a ultranza ha de ser el eje de la acción de la izquierda a nivel estatal, pero sobre todo internacional eje necesario para presentar batalla desde la política al poder financiero de las grandes corporaciones.

Habremos de recurrir al socialismo clásico para poder de nuevo ir definiendo un proyecto que cree consenso y movilice a las fuerzas sociales que persiguen un cambio hacia otro mundo mejor posible. Una de las enseñanzas que la historia pasada y reciente nos muestra es que hay que poner coto al poder económico y recuperar la política como herramienta que la ciudadanía y los gobiernos tienen para promover el cambio social y una auténtica democracia. Y en el inicio y la base de este proyecto necesariamente hemos de preguntarnos de nuevo ¿Qué hacemos con la propiedad?

Aquí quiero apuntar a lo que considero el núcleo de la cuestión, y es que lo que ha precipitado la actual crisis sistémica y ha puesto en tela de juicio la libertad absoluta del mercado como valor supremo no ha sido fundamentalmente como algunos han dicho la avaricia – no se puede disfrutar tanto dinero en mil vidas – sino el desarrollo natural y no regulado del poder del dinero en todos los frentes (laboral, medioambiental, comercial, financiero,….etc), un poder soberbio, que no admite críticas ni limitaciones, que no se mira en el espejo de los desposeídos ni de la degradación del medio ambiente y que desatado y autista ha sentado las bases de la actual implosión en los mercados financieros globalizados, de la cual saldrán perjudicados sobre todo los más débiles. Hay que poner límites al poder del dinero, hay que limitar la propiedad y ello supone asumir desde el poder democrático la necesidad de remover ordenamientos jurídico-administrativos y constitucionales si fuese necesario.

Limitar la propiedad, hoy globalizada, supone la coordinación de actuaciones nacionales, supranacionales e internacionales orientadas a: Crear unas reglas de comercio justas, posibilitar/crear una fiscalidad nacional e internacional necesariamente progresivas y orientadas a la justicia re-distributiva, acabar con las cuevas del delito que suponen los paraísos fiscales, el desarrollo de lo común – fomentando al mismo tiempo un fuerte sector público que limite lo privado y atempere la competencia – , el fomento de la solidaridad internacional en un clima de paz y el desarrollo efectivo de los derechos humanos fundamentales.

En el mundo globalizado en el que las corporaciones y grandes fortunas acumulan un poder capaz de sobreponerse a los poderes políticos constituidos, la libertad no debería entenderse fundamentalmente como libertad de negocio y para ello lo común o público debe de cumplir el papel garantista que le ha de corresponder en un Estado Social y Democrático de Derecho. En breve el Estado liberal ha de ser re-interpretado y acotado desde el Estado Social si no queremos que el libertarismo económico acabe con la política y con el mismo contrato social que posibilita al Estado.

Los políticos a quienes la ciudadanía otorgue en adelante su confianza habrá que interpelarles ¡O con la justicia y la democracia o con el dinero!. Esperemos que su decisión sea la adecuada para que podamos confiar en nuestras instituciones. Pero para ello habrán de combatir el poder del dinero, el poder real actualmente.