lunes, 30 de marzo de 2009

Manifestació a Barcelona:Que la crisi la paguin els rics 28-3-2009

Editem aquest vídeo de la manifestació de Barcelona amb motiu de la protesta mundial contra la crisi, dies avans de la reunió dels liders del G-20 a Londres.


Hem agafat les fotos per la confecció del vídeo de Kaosenlared, i la música a Manu Chao.


video

jueves, 26 de marzo de 2009

MANIFIESTO CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

EL PDI Y EL PAS ANTE ELPROCESO DE BOLONIA




Fuente original del manifiesto AQUÍ


Desde hace muchos años, con independencia de las respectivas adscripciones ideológicas, los hombres y las mujeres que trabajamos en la universidad sostenemos que resulta imprescindible e inaplazable una reforma que ponga fin a su progresivo deterioro. La implantación del Plan Bolonia, presuntamente, vendría a ser la respuesta a este deterioro. Eso es lo que se nos ha dicho. Lamentablemente, pensamos que no es así.

La implantación de este Plan es, en realidad, una imposición que no ha contado con los agentes y las agentes que están directamente implicados, y el deterioro se está abordando sin que se haya hecho un auténtico diagnóstico del estado actual de la universidad. A estas alturas, lo que se puede afirmar irrefutablemente es que se está desguazando la universidad pública, que se está supeditando el funcionamiento a los dictámenes del mercado y que se está derrochando el conocimiento en la medida en que es tratado como una mercancía. En definitiva, se está decretando un cambio del modelo de universidad sin que ninguno de sus impulsores y defensores haya explicado todavía cuál es el eje sobre el que pivota este modelo y hacia dónde debe llevarnos.

Lo único que hemos oído reiteradamente, cada vez en un tono más autoritario, es que el Plan Bolonia permitirá el avance del conocimiento científico, la compatibilidad de las titulaciones y la movilidad de estudiantes, PDI y PAS por todo el territorio de la Unión Europea, o la integración de los graduados universitarios en el mercado laboral europeo, en el cual se supone que prácticamente todo el mundo encontrará un trabajo cualificado al acabar los estudios.

¿Alguien puede disentir de estos propósitos? Obviamente, nosotros creemos que nadie. Pero lo que no nos dicen es que bajo una reconversión docente y pedagógica que, según afirman, ofrece innumerables oportunidades de reforma de los estudios universitarios y un cambio en los hábitos de trabajo del PDI, el PAS y los estudiantes, se nos sustrae, a los protagonistas de la vida universitaria, la posibilidad de reflexionar lúcidamente sobre las decisiones que se están tomando y las consecuencias que tendrán en la configuración de la universidad pública.

Los acontecimientos de este curso en varias universidades del Estado protagonizados por los estudiantes han tenido el acierto y el coraje de denunciar y de poner en la escena pública la carencia de recursos disponibles y el estado de precariedad intelectual y docente hacia el cual nos dirigimos, estado que pretende transformar el conocimiento en simples competencias y habilidades, evaluables principalmente según criterios de rentabilidad empresarial. Brevemente, estos acontecimientos y este coraje estudiantil han removido las expectativas y esperanzas privatizadas sacudiendo la pasividad de muchos de nosotros, que hemos decidido salir de nuestro aislamiento y, de manera colectiva, involucrarnos activamente ante los retos de futuro que la universidad habría de afrontar si quiere hacerlo con responsabilidad. Las protestas estudiantiles han sacado a la luz pública las críticas y reflexiones que hasta ahora sólo existían en los pasillos, a manera de ritual, exponiéndolas en un debate abierto de una manera valiente. Pero a la vez, la respuesta ofrecida por los órganos de gobierno de las universidades se ha orientado a menudo hacia el descrédito y el rechazo de sólidos argumentos y hacia la criminalización de las prácticas y de las personas implicadas en el proceso de discusión del Plan Bolonia con la intención de impedir la emergencia de alternativas y de abortar cualquier proceso de reflexión pública, compartida y democrática: son ejemplo claro las denuncias penales y el desenlace de las medidas sancionadoras a los alumnos de la UAB.

La historia demuestra que la comunidad universitaria no puede quedar al margen de ninguna situación crítica que la afecte. Por eso reclamamos participar en un debate colectivo sobre su futuro. Tantos años y tantos planes y cambios de toda clase, todos tan torpes, nos han vuelto por fuerza escépticos: el futuro de la enseñanza superior y de la investigación científica no puede estar consignado exclusivamente en espacios difusos de decisión ni en gabinetes tecnocráticos que sólo funcionan mecánicamente y rinden cuentas de una manera autárquica.

Es urgente y necesario mejorar nuestro sistema educativo de cabo a rabo, con la participación generosa de todo el mundo. Es por esto por lo que hace falta abrir un debate que no se haga de espaldas a los estamentos de la Comunidad Universitaria, sino que propicie la participación.

La tan reiterada crisis de la enseñanza, que tanto escandaliza a los políticos y que ayuda a llenar de polémicas los medios de comunicación, demasiado a menudo desfigura diferentes aspectos que, con el pretexto de una reforma pedagógica, enmascaran, verdaderamente, una reforma del modelo de universidad. Amparándose en el Espacio Europeo de Educación Superior como si fuera una fuerza de la naturaleza que nadie puede parar porque es resultado de las circunstancias, tampoco se nos dice que la implementación de este Espacio acentuará:

1. El progresivo secuestro de los espacios de pensamiento crítico y el embargo de las capacidades reflexivas y creadoras de estudiantes y profesorado, con la adecuación de contenidos y ritmos frenéticos de los planes de estudio a la lógica de un discurso capitalista de última generación, hoy en profunda crisis y posiblemente ridiculizado por mucho tiempo.

2. La adecuación de la producción y el uso del conocimiento a las leyes del mercado, transformando el pensamiento en meras habilidades, y convirtiendo la formación intelectual en simple mercancía.

3. La insuficiencia de transparencia en la planificación y gestión del día a día de la Universidad, a menudo inmersa en prácticas irrespetuosas con la legalidad vigente que obstaculiza la participación, convertida en un simulacro por la pura prevalencia de operaciones formales y de procedimiento. A manera de ejemplo, destacamos la irregularidad de determinadas figuras contractuales, el incumplimiento de la carga lectiva reconocida en los convenios o la recomendación de la Sindicatura de Cuentas de la UAB para que ajuste sus actividades contables a la legalidad.

4. La extralimitación de las relaciones jerárquicas y de las diferencias de condiciones laborales dentro del PDI y del PAS; la intensificación de las relaciones de poder; la extensión de la sumisión; la colisión de intereses que se resuelven arbitrariamente, prescindiendo de instancias formales; y la utilización de la institución pública para lucros privados, con la creación de un entramado de fundaciones y entidades participadas, másteres privados, etcétera.

Es por todo esto por lo que no nos resignamos a la oferta oficial de una pasividad cómplice y por lo que optamos, en cambio, por una actividad creativa, constructora de alternativas siempre abiertas. Queremos participar en la creación de un espacio abierto de discusión, no mediatizados por principios innegables ni por normatividades inmutables, para intervenir como agentes activos, como hasta ahora lo han sido los y las estudiantes, con la voluntad de ser interlocutores e interlocutoras.

Os emplazamos, pues, a trabajar para hacer realidad estas voluntades y hacemos un llamamiento a la participación activa en este diálogo. El próximo sábado 14 de mazo, a las 10.30 h, PDI y PAS de las universidades catalanas nos encontraremos nuevamente en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona para definir las actuaciones inmediatas. De igual manera, los abajo firmantes de este manifiesto también hacemos un llamamiento a la participación activa en las movilizaciones universitarias del próximo jueves, 12 de marzo.




martes, 24 de marzo de 2009

Attac España ante la detención de Enric Duran


Comunicado de ATTAC España

Hace unos días fue detenido Enric Durán, quien, según sus propias palabras, “expropió” 492.000 euros a 39 entidades bancarias del Estado Español a través de 68 operaciones de crédito que no pagará. Con ello, Enric quería demostrar, y vaya si lo logró, la ligereza y la facilidad con que las entidades financieras han concedido créditos a diestro y siniestro, sin la más mínima evaluación de la solvencia de los prestatarios y la viabilidad de los proyectos financiados, poniendo por delante de todo su codicia sobre la ruleta del casino en que han convertido la economía mundial. Enric no ha hecho esto para enriquecerse personalmente. Por el contrario, está dedicando el fruto de la expropiación a buenas causas, relacionadas con la lucha anticapitalista y altermundista (http://www.17-s.info/).

Desde ATTAC queremos solidarizarnos con Enric y su causa, muy cercana a la que persigue nuestra organización desde hace más de 10 años: el control democrático de los mercados financieros y el activismo ciudadano. En estos tiempos que corren, donde la crisis sistémica lo está inundando todo, acciones como las de Enric deberían ser objeto de reconocimiento social. ¿Por qué? Por que ponen al descubierto y en evidencia los mecanismos de dominación del gran capital sobre las vidas de buena parte de la población. Y lo que es peor, que esta tarea de empobrecer a la mayor parte de la población se está desarrollando con la connivencia de los poderes públicos, a través de planes de rescate multimillonarios para tapar agujeros negros de este universo financiero que sólo beneficia a unos pocos. Todavía estamos por ver gestores públicos o de entidades financieras responder ante la justicia por los daños reales derivados de su irresponsabilidad/ilegalidad. Mientras tanto, una familia hipotecada a la que le resulta imposible hacer frente al pago de su deuda, se le embarga su casa, se le desahucia y a otra cosa mariposa.
¡¡LIBERTAD PARA ENRIC DURÁN, YA!!

domingo, 22 de marzo de 2009

Por soñar que no quede




Antonio Fuertes Esteban
Ciudadano del Mundo


Una tarde cualquiera de primavera...

He soñado que otra forma de hacer política era posible...
que proponía otro mundo posible en todos los foros, municipios y parlamentos,
que llevaba en la cabeza y corazón al Mundo y no una Nación o grupo de interés...

He soñado que se constituía el Partido de la Ciudadanía Mundial, que fomentaba la organización de la sociedad civil mundial como base de su acción política.

Un partido que defendía mundialmente los intereses de los silenciados, vulnerables y desheredados, promovía la paz, la justicia e igualdad y el respeto al medio ambiente y la solidaridad con las nuevas generaciones.

Un partido que proponía y promovía la constitución de unas Naciones Unidas auténticamente representativas y con un Parlamento Mundial formado por políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de todo el mundo. Que resolvía sobre asuntos de interés común de la Humanidad.

Cuya razón de ser no era tomar el poder ni gobernar, sino difundir en foros sociales y políticos las ideas altermundistas, controlar a los poderes establecidos y contribuir a que tomaran mejores decisiones en beneficio de todos.

Era fundado en una gran asamblea de movimientos sociales de todo el Mundo con el propósito de defender mundialmente una carta de principios basados en valores de libertad, justicia, igualdad y solidaridad, y como salvaguardia de los derechos humanos.

En sus estatutos constitutivos figuraban normas claras para que en su seno nadie pudiera ejercer dominio sobre nadie, ni se lucrase en base a su condición de representante o electo. Los principios de lealtad, representación acorde con directrices mundiales establecidas y programas locales, responsabilidad y rendición de cuentas eran los que prometían, seguían y defendían los cargos electos del PCM en todos los parlamentos, consejos municipales..etc en que actuaban como representantes.

Su actividad política estaba libre de cualquier tipo de condicionamiento y no se debía a ningún tipo de poder externo, ya que sus únicos sistemas de financiación eran las cuotas o donaciones de sus afiliados y afiliadas y no podía recibir financiación de bancos o grupos económicos de presión ni subvenciones gubernamentales.

La representación de cargo estaba continuamente supeditada a la confianza ciudadana y la rotación era frecuente. En el currículum de los aspirantes figuraba la capacidad, pero sobretodo la lealtad y la honradez.

Los representantes del PCM exponían motivos y propuestas y se implicaban en los temas clave para el desarrollo de las políticas altermundistas en todos los niveles de representación y estaban por la faena, nunca por el teatro mediático o por la lucha fraticida o los contubernios políticos. Pronto la gente empezaba a distinguirlos de los demás y los representantes de los partidos nacionales tradicionales habían de ir copiando sus modos ante el prestigio que esta actitud daba.

En el PCM nadie miraba a los otros y se preguntaba ¿de donde vendrá? Sino que se preguntaba ¿qué podremos hacer juntos? Y todos los sectarismos habían desaparecido por medio del diálogo y la unidad en la acción.

Por otra parte los poderes fácticos y mediáticos mundiales ya no podían silenciar la voz de los ciudadanos y ciudadanas críticos, ya que esta voz estaba en los parlamentos y los principios y derechos humanos eran proclamados sistemáticamente desde las tribunas parlamentarias por dignos/as y valientes representantes. Estos/as podían denunciar sin temor la corrupción, ya que ellos no podían ser atacados por ese tema, en este sentido no hacían pactos de silencio.

Un día llegaba en que este partido lograba ya mayorías en algún parlamento nacional, en este momento - consecuentes con la decisión de no tomar el poder sino de ser la conciencia crítica, una voz de los silenciadas/os y desposeídas/os y un ejemplo práctico de comportamiento democrático – el partido renunciaba a gobernar y proponía y avalaba gobiernos mixtos y de amplias mayorías con las fuerzas de progreso.

Los ruidos de la Cumbre del G-20, las reuniones de nuestros gobernantes con insignes banqueros y las cargas policiales contra estudiantes me han despertado de este sueño, no obstante recreándome en él he llegado a una conclusión:

Luchar por él es necesario

Una nueva oleada de privatizaciones


María del Pilar Barceló - ATTAC Mallorca

Recién finalizadas las jornadas del III Foro Social de Mallorca dedicado a la defensa de los servicios públicos, nos topamos con las declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien en la clausura de unas jornadas organizadas por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha propuesto para España una Agenda Nacional de Reformas que incluye, entre otros, el recorte del gasto público, una “nueva oleada de privatizaciones de empresas públicas, sobre todo de ámbito local y autonómico”, la reforma laboral y la reapertura del debate sobre la energía nuclear . Con ello está siendo coherente con su propia historia ya que la privatización de las empresas publicas es una de las políticas que él aplico durante su mandato.

En realidad Aznar lleva años identificando el discurso del Partido Popular con el más puro neoliberalismo, la propuesta económica que considera contraproducente la intervención del Estado en materia social o en la economía y defiende el libre mercado capitalista como el mejor sistema para garantizar el crecimiento económico de un país, o lo que es lo mismo, “la creencia de que los mercados libres son instrumentos más eficientes que la política pública en la asignación de los recursos productivos de una economía”

En aplicación de esta doctrina el primer Gobierno de Aznar inició el desmantelamiento de la actividad económica del Estado mediante la privatización del sector público empresarial y la eliminación de la situación de monopolio en que operaban algunas de estas empresas (Viajes Marsans, Seat, Campsa, Transmediterránea, Gesa, Endesa, Repsol, Gas Natural, Telefónica, Argentaria…). Ahora que el sector público empresarial ha quedado reducido a mínimos se han de buscar nuevas áreas de negocio y el objetivo claro son las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en las cuales durante estos años (1985-2000) no sólo no se produjeron privatizaciones relevantes sino que se incrementaron notablemente las empresas públicas constituidas para gestionar las competencias que las Comunidades han ido asumiendo.

Así el XIV Congreso Regional del PP Madrid propone “el desafío de impulsar una tercera ola de modernización del sector público” abriendo la gestión de los servicios de titularidad pública a la competencia, fundamentalmente en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Educación, sanidad y atención a las personas dependientes se señalan como los objetivos prioritarios, ya que “baste señalar que el peso de la Sanidad y de la Educación sobre la economía es incluso superior al que hace una década tenían los monopolios de las empresas públicas en los sectores de las telecomunicaciones, la energía o el transporte aéreo”. Como indica George Lakoff, el lenguaje acaba dejando traslucir el marco conceptual que hay detrás, y aunque empiezan hablando de eficiencia en realidad lo que les obnubila es el volumen potencial de negocio, el peso económico de los sectores que pretenden privatizar. En la misma línea se sitúan las recientes declaraciones de Aznar, sobre la necesidad de una “nueva oleada de privatizaciones de empresas públicas, sobre todo de ámbito local y autonómico”.

Es evidente que este discurso privatizador no es de ahora, sino anterior a la crisis, y por tanto apelar a la necesidad de esta política por la actual situación económica de crisis constituye una mera excusa para pone sobre la mesa, una vez más, las propuestas neoliberales de privatización que nunca han dejado de aflorar.

Las privatizaciones que se avecinan ya no se ajustan a la mecánica tradicional de transferir pura y llanamente la propiedad de las empresas públicas al sector privado, sino que ahora en nombre de una mayor eficacia se propone la instauración de un nuevo modelo de regulación de la titularidad y gestión de los servicios públicos mediante diversos mecanismos jurídicos: la constitución de entidades públicas sometidas al Derecho privado, el desglose de la gestión de determinadas actividades o áreas de negocio, o la fijación de objetivos financieros anuales para cada unidad de negocio en base a principios de autofinanciación.

Sin embargo la evidencia empírica es que la privatización puede traducirse eventualmente en un costo económico menor de los servicios, pero ineludiblemente a costa de reducir la extensión y la calidad de los que se prestan. En expresión tradicional, nadie da duros a cuatro pesetas, y el servicio que se ofrece por cuatro pesetas no tiene la misma calidad que el que vale un duro. Se ahorra en personal, en condiciones laborales adecuadas, en medios necesarios para la prestación del servicio, en el listado de servicios que se proporcionan, y al final es el usuario quien paga los platos rotos.Por ello y tras la reflexión que nos ha permitido efectuar el III Foro Social de Mallorca, sería bueno que las organizaciones y movimientos sociales que en él hemos participado constituyéramos una Plataforma o Coordinadora de defensa de los servicios públicos, permanentemente amenazados por la pandemia neoliberal.

sábado, 21 de marzo de 2009

Por qué la desaparición de los paraísos fiscales va para largo



Juan H. Vigueras - Comité Científico de ATTAC España

Girando sobre su posición defensiva, la semana pasada tres países de la Unión Europea, Austria, Bélgica y Luxemburgo, anunciaban modificaciones en su regulación del secreto bancario. Y un anuncio similar hacían Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y hasta Hong Kong y Singapur; pero todos con matices despreciados por nuestros informadores, porque esas modificaciones serían sobre la base del caso por caso y apelando al artículo 26 del modelo de convenio bilateral de la OCDE para el intercambio de información fiscal entre países.

Aunque los titulares de prensa reflejen el gran éxito mediático de tales anuncios, no dejan de ser meros anuncios de reformas en estos países ante el temor de verse incluidos en una posible lista negra del G-20 en la próxima cumbre de Londres, tras las reiteradas declaraciones de nuestros gobernantes europeos contra los llamados paraísos fiscales. Pero ni unos ni otros prevén una inmediata regulación de la banca y los mercados financieros que toque los dos principios básicos, la libertad de movimientos del capital y la competencia fiscal, que generaron esos paraísos fiscales como un subproducto de la globalización financiera.

Esos dos principios de la libertad de movimientos mundiales del capital y de la competencia fiscal entre gobiernos, son los que nos han llevado a la actual crisis global, al sustituir los controles de los Estados por la desregulación, debilitando la autoridad de los gobiernos frente al capital financiero:

Sin embargo, ningún gobernante los cuestiona. En la UE los Estados miembros tienen prohibida cualquier restricción a los movimientos de capitales (art.56 TCE) no solamente dentro del mercado comunitario sino con terceros países, como Suiza, las Caimán y demás los centros offshore. E igual que hace más de quince años, los anuncios de medidas contra los paraísos fiscales apuntan a la reactivación del intercambio de información fiscal entre países, que asegure la libertad del capital en su forma financiera para que siga desplazándose allá donde obtenga a corto plazo mayor rentabilidad, con menores “costes fiscales” y menores costes de oportunidad, con mayor opacidad en sus transacciones.

Para garantizar la viabilidad de ese principio de libertad total del capital nació, con la crisis del sudeste asiático a finales de los noventa, el Foro de Estabilidad Financiera que ahora se pretende reanimar. Y aunque esta crisis financiera global haya mostrado la ineficacia de este Foro convertido en organismo internacional tecnocrático radicado en Basilea, recordemos que para lograr la estabilidad del sistema financiero realizó en el año 2000 el censo de los centros financieros offshore, revelando su contribución a aquella crisis de la periferia, según acreditaron los informes técnicos del FMI; otro organismo internacional que con su posterior política de evaluación de esos centros offshore les ha consolidado como un sector de las finanzas mundiales.

Y el principio de la competencia fiscal en la UE, que está integrado en su práctica política como hemos documentado, surgió con la introducción de la libertad de movimientos de capitales sin la simultánea armonización fiscal intracomunitaria como preveía el texto original del Tratado de Roma. Y la OCDE sigue defendiendo a ultranza esta competencia entre países en materia de impuestos, aunque fracasó con su proyecto contra la competencia fiscal perjudicial que pretendía acabar con los paraísos fiscales antes de 2006. Hoy, para cualquier observador informado es evidente que esa competencia entre las políticas fiscales europeas condiciona fuertemente las políticas económicas de los gobiernos en beneficio del capital, que ve generalizada la reducción de su tributación como las estadísticas muestran.Aún más, entre las propuestas sobre regulación financiera que concurren a la cumbre del G-20, es muy significativa la posición de los EEUU que no cuestiona lo más mínimo los principios mencionados y el documento es muy claro en su única referencia a los paraísos fiscales:

“Tenemos que reforzar la cooperación para combatir el lavado de dinero sucio y la financiación del terrorismo y aplastar (crackdown) a los que utilizan los paraísos fiscales extraterritoriales (offshore tax havens) para escapar del pago de su cuota de impuestos”.

Es la misma retórica de las dos últimas décadas como si no ocurriera nada; es decir, tras la cumbre de Londres del 2 de Abril tendremos más de lo mismo, por ahora. Según la información disponible en la web del Financial Times, únicamente cuatro países, EEUU, Reino Unido, Francia, y Argentina incluyen en sus propuestas para la cumbre del G 20 en Londres como prioritarias “medidas enérgicas con los paraísos fiscales” (crackdown on tax havens).

jueves, 19 de marzo de 2009

Represión policial en la concentración de protesta por el desalojo de estudiantes

Los Mossos siguieron ayer reprimiendo las manifestaciones de estudiantes durante todo el día. Para más información podeis ver las últimas noticias del diario "El País" incluido vídeo, vídeo, eso sí muy suave para la brutalidad y el despliegue policial impresionante que hubo, Barcelona estaba tomada. Para visualizar el vídeo acceder a: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/estudiantes/critican/brutalidad/policial/Barcelona/elpepusoc/20090319elpepusoc_2/Tes

miércoles, 18 de marzo de 2009

Desalojo policial y represión contra los estudiantes anti-Bolonia










¿Donde está la izquierda que gobierna Cataluña? ¡¡ Vergüenza!! ¡¡vergüenza!! . Hoy desalojo violento de los Mossos de los estudiantes encerrados desde hace 4 meses en la Universidad de Barcelona. Mañana huelga general de los enseñantes catalanes de la educación pública. El Conseller socialista Ernest Maragall se la ha ganado a pulso. Os adjunto a continuación dos vídeos de la represión hoy del Movimiento estudiantil. Para finalizar el Manifiesto de los estudiantes.










Avui, 18 de març del 2009, a les 5:30h de la matinada, els cossos repressius de la Generalitat han desallotjat el Rectorat ocupat de la Universitat de Barcelona.

A les 5:30h aproximadament, 12 furgonetes i 5 cotxes dels Mossos d’Esquadra han irromput a l’edifici històric del rectorat de la UB, que ha estat ocupat, sense incidents, durant 4 mesos pels estudiants mobilitzats. El desallotjament s’ha realitzat sense previ avís, de manera violenta, quan una centena d’estudiants estàven dormint a l’interior de l’edifici. Alguns estudiants han resultat ferits, i han hagut de ser atesos pels serveis mèdics. Al mateix temps, els Mossos d’Esquadra han grabat a tots els residents per a ser posteriorment identificats i hi han hagut 9 imputades per una desobediència civil dubtosa.

Un cop tots els estudiants han estat fora de l’edifici històric, davant la concentració d’estudiants, professorat, PAS i mitjans de comunicació, els antiavalots dels mossos d’esquadra no han dubtat en carregar violentament contra una assemblea pacífica realitzada com a acció simbòlica a la plaça Universitat. L’execució s’ha dut a terme amb contundència i una exagerada repressió, ja que han estat detingudes sis companyes i vuit retingudes segons fonts policials, i n’han ferit a una vintena durant la càrrega. A part, els cossos de seguretat de paisà s’han encarregat d’identificar i detenir de manera improcedent els estudiants que anaven posteriorment cap a la facultat de filosofia i lletres del Raval.

Avui, un cop més, s’ha fet palesa la repressió, política i policial, que estan patint de manera reiterada els estudiants crítics amb la reforma universitària. Ens trobem davant una situació límit, en una setmana hem vist com els Mossos d’Esquadra entraven a una universitat pública en quatre ocasions, la majoria de cops acompanyades d’una repressió violenta injustificada. Sembla mentida que a aquestes altures de consolidació d’un estat democràtic encara es registri un comportament del govern típic de l’època franquista, ja que situacions com aquesta sols venen encaminades per la repressió política de les veus dissidents, i no per un comportament autoritari que de forma manipuladora s’atribueix als estudiants.

Fins el moment, el rectorat ocupat pels estudiants ha estat un focus d’atenció per ser un espai de debat i diàleg amb les veus crítiques del moviment estudiantil, a part de que fins al moment s’havia mantingut una cordial relació amb l’equip rectoral. Aquest, prometia una vegada i una altra la seva voluntat de diàleg amb els ocupants, reiterant sempre que no permetria en cap cas l’entrada de les forces policials al recinte universitari. No obstant, avui s’han trencat aquestes relacions per sorpresa, deixant palesa que la voluntat conciliadora del rector sols rau en paraules buides de contingut i falses promeses.

Deixant de banda la veu dels estudiants que han utilitzat les vies democràtiques del referèndum per aconseguir el diàleg, el raonament del rector, Dídac Ramírez, és que l’entrada dels mossos d’esquadra queda totalment legitimada perquè s’estava fent malbé la imatge de la Universitat de Barcelona. En les urnes, el vot a favor de la paralització del procés per a obrir un debat real va ser el massiu, rondant el majoria dels casos el 90% amb una participació mai vista. Malauradament, aquests resultats han estat totalment desestimats per les institucions universitàries, deixant clar que tot i els intents d’accedir pels mitjans institucionals, la resposta a les demandes de diàleg és nul·la.

Després de la roda de premsa de dilluns 16, on tots els moviments socials, i gran part del professorat tant universitari com de secundària, van mostrar la seva solidaritat amb els estudiants, i la repulsa explícita de la repressió policial a les universitats, el rector fent cas omís a aquestes reivindicacions socials i populars, soluciona amb l’estètica i l’ètica franquista les veus contraries a les seves intencions.

Finalment, davant la situació viscuda en els últims dies, i especialment, les últimes hores. La Coordinadora d’Assemblees d’Estudiants exigim la dimissió immediata de el rector de la UB Dídac Ramirez, el president de l’ACUP Josep Joan Moreso, el conseller Josep Huguet i el conseller Joan Saura.

Anunciem que aquesta tarda es convoca una concentració protagonitzada per tota la societat a les 20h davant l’edifici històric de la UB.

No cedirem davant la repressió.



US CONVIDEM A ADHERIR-VOS AL MANIFEST PRESENTAT DILLUNS DIA 16 DE MARç CONTRA LA REPRESSIÓ A LES UNIVERSITATS, SIGNAT PER ESTUDIANTS, I MOVIMENTS SOCIALS, sumeu-vos aqui.

domingo, 15 de marzo de 2009

Andorra y otros: Cuando la democracia pierde su cara amable


Antonio Fuertes Esteban
Comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC España



En 1993 el Principado de Andorra culminó el proceso, iniciado en 1982, para democratizar sus instituciones de tradición feudal milenaria. La proclamada Constitución designa a Andorra como Principado Parlamentario. No obstante, a nivel político, la legitimidad democrática de su Consejo General y del Gobierno se la otorga un censo electoral que constituye la quinta parte de una población que ronda los 80000 habitantes. Los electores son mayoritariamente hijos de madre o padre andorranos, dada la gran dificultad para acceder a la nacionalidad de una mayoría de residentes en su mayor parte franceses, españoles o portugueses. La constitución niega los derechos políticos de una mayoría ostensible de la población, y es que el nuevo ordenamiento democrático fue diseñado a conciencia por la oligarquía local como salvaguarda de sus intereses.


Esta oligarquía local de empresarios y banqueros ha ido turnándose en los diversos cargos, bien como presidentes o como ministros del Gobierno. Desde que en 1982 se creó el cargo de Presidente de Gobierno, han sido 4 los electos, todos ellos pertenecientes a familias acaudaladas andorranas y que han sido propietarios de industrias importantes o presidentes de banco, eso sí con títulos universitarios obtenidos en acreditadas universidades Europeas. Los dos últimos presidentes pertenecen al PLA (Partido Liberal Democrático) y han gobernado desde un posicionamiento marcadamente neoliberal en lo económico. Son bien conocidas las declaraciones que prodigaba el anterior Presidente de Gobierno Marc Forné Molné,
del PLA, en defensa del libre mercado, de minimizar los impuestos y del Estado mínimo. No podía ser menos cuando los grandes empresarios acceden a la Presidencia del Gobierno.


Andorra es un país con una renta per capita superior a la media Europea, eso sí con grandes diferencias de renta entre los andorranos de origen y los residentes, que en su mayor parte son trabajadores o con pequeños negocios. Sus dirigentes han rentabilizado bien su privilegiada orografía y situación transfronteriza y han desarrollado en los últimos años una floreciente industria turística basada en sus pistas de esquí, encantos naturales y buenos servicios turístico-residenciales y comerciales. Todo ello constituye aproximadamente en la actualidad un 70% del PIB y ha sido posible por su legislación fiscal privilegiada, por la que ha podido imponer ciertas ventajas competitivas con respecto al resto de países europeos y hay que añadir con el consentimiento de Europa. Andorra es puerto franco y mantiene bajos aranceles, motivo por el que puede mantener un sector comercial muy competitivo. No existe IRPF ni impuesto de sociedades, estas pagan una tasa por su inscripción y otra anual. Tampoco IVA al no pertenecer a la Unión Europea, aunque haya adoptado el euro como moneda por lo que pertenece a la Eurozona. Los únicos impuestos son indirectos, de carácter por lo general municipal o parroquial y constituyen aproximadamente el 12% del PIB.


En lo que hace referencia a la constitución de sociedades, la legislación Andorrana exige, en una mayoría de sectores de negocio, que la propiedad sea mayoritariamente perteneciente a andorranos. Sin embargo esta norma es burlada por las facilidades que la propia legislación ofrece para la constitución de fideicomisos y hasta hace poco de testaferros (prestanoms en catalán) que recientemente han sido prohibidos explícitamente por la nueva Ley de Comercio. Pero muchos abogados y asesores andorranos se benefician de relaciones contractuales fiduciarias con empresas foráneas.


El tercer sector en importancia es el financiero, mayoritariamente representado por la banca, que constituye aproximadamente un 20% de su PIB debido a las ventajas competitivas que le proporciona su mercado financiero offshore, y del cual se benefician exclusivamente las clases acaudaladas ligadas a dicho sector. Este se asienta en la opacidad que le proporciona su secreto bancario y en su nula tributación.


Una vez dilapidados los intereses asociados al contrabando de mercancías en los años 90, son en especial los intereses asociados al sector de banca offshore de la economía andorrana aquellos de los que se puede afirmar, sin temor a equivocarse, son los causantes de que la joven democracia formal andorrana haya perdido en múltiples ocasiones su cara amable. Los intereses espurios de una parte de la oligarquía andorrana en mantener la opacidad ligada al secreto bancario en su propio beneficio, respecto a los cuales vienen cerrado filas, han conllevado prácticas comunes de evasión y fraude fiscal en España y muchos otros países europeos que no representan delito en la legislación andorrana, así como de lavado de dinero proveniente del terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. En este sentido Andorra figura en las listas de Centros financieros extraterritoriales u offshore del Fondo de Estabilidad Financiera, en la de paraísos fiscales no cooperantes de la OCDE junto a Mónaco y Liechtenstein así como en la legislación Española. Y esto aparte de por las particulares legislaciones de estos territorios, viene avalado por un conjunto de escándalos que la policía y agentes tributarios españoles han levantado, algunas veces divulgados en medios periodísticos.


Casos como el de la Operación Mármol Rojo denotan la ineficacia de las reglas antiblanqueo andorranas y delatan la connivencia para el lavado de dinero procedente del crimen de prestigiosos bufetes de abogados andorranos con la delincuencia organizada, en este caso mafia ucraniana. También el narcotráfico colombiano ha practicado a menudo el lavado de dinero en Andorra y algunas operaciones han acabado con imputaciones de colaboración de ciudadanos españoles en la Audiencia Nacional de España y andorranos en las instancias judiciales del principado y cárcel para los encausados, si bien es notorio que no siempre han pagado los máximos responsables dado el servilismo y complicidad de determinados jueces andorranos con ciudadanos insignes. Otros casos como el de la secta Moon están asociados a la venta de armas a la contra nicaragüense


Por otra parte es conocida la sangría que suponen para el fisco de distintos países europeos y en particular de España las cuentas secretas y numeradas de las entidades bancarias andorranas, que dedican una parte importante de su actividad a la Banca Privada o Personal y la gestión del patrimonio de personas acaudaladas. De todos es conocido que importantes artistas o deportistas han depositado grandes sumas de dinero en cuentas secretas en Andorra.


Pero en Andorra, si bien el lavado de dinero constituye delito y en teoría se crean organismos y cuerpos que lo persiguen, no sucede lo mismo con la evasión y fraude fiscal que no son constitutivos de delito. Este es un tema especialmente reprobable y en el que la Unión Europea no habría tenido que transigir. Juan Hernández Vigueras en su libro “ La Europa opaca de las finanzas” y en su blog denuncia el hecho de que países como Andorra, Suiza, Mónaco, Liechtenstein, San Marino y otros centros offshore europeos, ejercen una competencia desleal con los países de la UE en los que se ha de aplicar la Directiva Europea sobre la Fiscalidad del Ahorro Particular. Son países que no perteneciendo a la UE gozan de los beneficios de serlo y en concreto de ventajas aduaneras y comerciales por medio de tratados bilaterales con la UE, pero que en cambio no aplican las directivas Europeas y entre ellas la que regula la fiscalidad del ahorro. Dentro de los tratados bilaterales establecidos con la UE en materia de fiscalidad, Andorra y la mayoría de centros offshore europeos se comprometen a una retención fiscal del 15% sobre los intereses de los depósitos bancarios, que abonan a los estados respectivos de origen, y a cambio la UE aprueba que no cumplan con las normas de intercambio de información fiscal que, en el caso de los países miembros, dicta la directiva.


Y es que estos territorios, que incluso adoptan el euro y pertenecen en su mayoría a la eurozona, junto a otros países entre los que cabría situar a otros europeos con regímenes jurídicos, fiscales y financieros especiales, como Irlanda, Holanda, Luxemburgo o Bélgica, o la City de Londres, cumplen una función esencial en la arquitectura del actual capitalismo financiero. Ha sido necesaria la convergencia de una crisis sistémica y de credibilidad institucional de este tipo de capitalismo financiero, para que la comunidad internacional haya aceptado cambiar las reglas del juego, en cuyo tablero los centros offshore son considerados piezas claves para la activación de la globalización financiera y la reproducción del actual orden económico neoliberal.


Pero, volviendo a Andorra, es también necesario subrayar la corrupción en su sistema judicial, lógica consecuencia de un sistema de nombramiento por confianza, o sea a dedo, y que frecuentemente archivan denuncias por prevaricación, corrupción o blanqueo de dinero en que a veces están implicados empresarios, políticos o banqueros pertenecientes a la oligarquía andorrana que los mantiene. Estos mismos jueces, junto a la policía andorrana son los que persiguieron a la asociación ATTAC Andorra y a sus componentes, hasta que lograron su disolución en el Principado y el exilio español y francés de parte de sus miembros. En la actualidad no pueden volver a Andorra donde coleccionan denuncias por atentado al honor y difamación y también amenazas de muerte. Aunque algunos miembros siguen en activo, editan en catalán “Le monde diplomatique” e incluso han denunciado diversas prácticas fraudulentas y de lavado en la Audiencia Nacional. Todo esto convierte a Andorra en una democracia vigilada, donde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han sido copados por una minoría oligárquica autóctona.


Fue en febrero pasado que Nicolás Sarkozy, en su visita a Andorra se entrevistó con representantes de los 5 partidos andorranos y del Gobierno, su interés era manifestar que no se podía permitir a nivel personal, en este momento crítico, ser Coprincipe de un país como Andorra y que considera imprescindible acabar con el secreto bancario andorrano.


El tema de los paraísos fiscales se viene prodigando en los últimos meses en los medios a nivel internacional. Ello desde que los diversos mandatarios de la comunidad internacional efectúan declaraciones, de todo tipo, sobre como reformar la estructura del sistema financiero internacional. En efecto un tema de agenda obligado, respecto a medidas a tomar en la próxima cumbre del G-20 de Londres ha de ser el de qué se hace con el secreto bancario y los centros Offshore. Sin embargo las diversas declaraciones al respecto de diversos mandatarios de la comunidad internacional hablan, cuando lo hacen, de abolir los paraísos fiscales no cooperantes y ya se han estado haciendo listas negras.


Por otra parte aquellos territorios que se ven cuestionados están haciendo también declaraciones y tratan de reformar su funcionamiento, en el sentido de flexibilizar el secreto bancario para no verse en las listas negras del G-20 y prometiendo información en casos de delincuencia internacional o terrorismo. Aunque por lo general la evasión y el fraude fiscal no se contempla como delito en gran parte de las legislaciones de estos territorios. En este sentido se ha pronunciado Suiza recientemente y también el Gobierno Andorrano a través de su presidente Albert Pintat y su ministra de finanzas, que han anunciado su intención de dejar de ser paraíso fiscal antes de la Cumbre de Londres.


Hay que acabar con el secreto bancario y los centros offshore que solo sirven para realizar operaciones que en su totalidad deberían ser objeto de delito bajo un sistema auténticamente democrático. Sin embargo tampoco está claro en absoluto, más allá de las mediáticas declaraciones de Jose Luis Rodriguez Zapatero, que la aportación del Gobierno de España a la Cumbre abogue por medidas serias contra los paraísos fiscales, como dice Juan Tórres en un reciente artículo crítico con la posición que nuestro Gobierno lleva a la Cumbre.


Aunque ayer se reunieron, en un entorno de lujo al sur de Inglaterra, los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales de los países del G-20. Es esta una reunión preparatoria de la Cumbre en la que no se han puesto de acuerdo en temas básicos, eso sí hay una medida clara que es la de duplicar el presupuesto del FMI, ¡¡Indignante!!.


Habremos de ser los ciudadanos y ciudadanas, cada vez más castigados por su crisis, quienes presionemos a nuestros Gobiernos para que se tomen ya medidas necesarias. En este sentido ATTAC España planteó en una carta al Gobierno Español en 2005 que tomara medidas claras, en el sentido del no reconocimiento jurídico de las empresas pantalla y filiales bancarias establecidas en centros offshore o paraísos fiscales extraterritoriales. El Gobierno Español no ha hecho nada, hasta el momento, en este sentido, ¿lo harán todos juntos?, permitanme que lo dude.


Barcelona, 15 de marzo de 2009

miércoles, 11 de marzo de 2009

¿Cerrarán los Paraísos Fiscales?







Juan H. Vigueras
Diario Público

La pasada reunión en Berlín de siete países europeos, incluida España, para preparar la próxima cumbre del G-20 en Londres apunta, lo mismo que los anteriores acuerdos de Washington, hacia la transparencia financiera; pero la cruda realidad es que no plantean explícitamente la supresión de los centros offshore o paraísos fiscales, cuya desaparición antes de 2006 preveía la OCDE en su fracasado proyecto. Porque, más allá de la nula o baja fiscalidad, constituyen un sector de los mercados financieros globales, con la ventaja competitiva de la opacidad, y forman parte de la banca en la sombra que los gobiernos han respetado al concederles ayudas y avales a los bancos en dificultades.

Y es que la supresión de los paraísos fiscales requerirá tocar la libertad de los movimientos de capitales y otros aspectos del actual orden internacional. Eso se vio claramente en febrero de 2008 en el debate de la Cámara de los Comunes británica sobre si la nacionalización del Northern Rock Bank abarcaba o no también a la entidad Granite, domiciliada en la isla de Jersey y ligada al banco, pero propiedad de un fideicomiso benéfico registrado en otro paraíso fiscal. Esta empresa se había empleado para la emisión de bonos respaldados por el banco hasta que estalló la crisis en el verano de 2007 y quebró el negocio porque ya no podía refinanciar los préstamos.

El neoliberalismo aún dominante niega el papel de los mecanismos offshore en la crisis financiera, que ya se reveló en verano de 2007 con la quiebra de los dos fondos de alto riesgo o hedge funds del entonces quinto banco de inversiones, Bear Stearns. Dichos fondos estaban registrados en las Islas Caimán como simples letterbox companies (buzones de correos), a los cuales se les concedían préstamos apalancados, es decir, con un endeudamiento superior a su capital, para que especularan con valores respaldados por hipotecas subprimes. Operativas similares fueron utilizadas por los Landenbanken –los bancos regionales alemanes rescatados luego con dinero público–, por el franco belga Dexia, el conglomerado asegurador AIG de EEUU y los hedge funds de Madoff (véase www.laeuropaopacadelasfinanzas.com).

Los llamados paraísos fiscales son parte del denominado shadow banking system (sistema bancario en la sombra), como se denomina a un sector subalterno de la gran banca surgido para atraer a los grandes inversores con los fondos de alto riesgo y los instrumentos estructurados (ABS, SIV, etc.). La llamada “ingeniería financiera” desarrolló la titulización o conversión de créditos/deudas en activos financieros comercializables en los mercados mundiales, gracias a la libertad de los movimientos internacionales de capitales con escasa supervisión. Como en noviembre de 2007 denunciaba el fundador de la firma financiera estadounidense Pimco, Bill Gross, ese sistema bancario desregulado y oculto era “libre para crear mágica y místicamente préstamos hipotecarios subprime y luego empaquetar en una caterva de conductos (conduits) de tres letras que únicamente podían explicar los magos de Wall Street”.

En la larga etapa de crecimiento económico y finanzas globalizadas, esta operativa paralela permitía, en primer lugar, desvincular del banco matriz la propiedad de los activos financieros negociados mediante vehículos en los paraísos fiscales offshore. Así se gestionaba toda clase de operaciones opacas fuera de la contabilidad oficial de la banca con el fin de sortear la supervisión de los bancos centrales, con el catastrófico resultado final.

En segundo lugar, se diseminan los riesgos en las operaciones de compraventa de activos financieros encadenando transacciones que pasan por diversos centros offshore; facilitadas por el espacio financiero europeo sin fronteras para los fondos y sin supervisor comunitario. De modo que los impagos de deudas hipotecarias en Michigan, convertidas en títulos adquiridos por otros bancos, se convirtieron en pérdidas para ahorradores españoles.

En tercer lugar, para las grandes operaciones se practica, desde entidades en paraísos fiscales offshore, el denominado arbitraje regulatorio o legislativo, que designa la posibilidad de optar o de combinar diferencias entre las diversas legislaciones nacionales o jurisdiccionales, tanto en fiscalidad como en la regulación y el grado de control y supervisión financiera.

La banca en la sombra, responsable de la especulación y de las burbujas financieras e inmobiliarias en los años anteriores a la crisis, según los analistas críticos, habría producido la mitad del nuevo crédito generado en los EEUU; y la financiación de esos instrumentos innovadores ligados a centros offshore, que obtenían efectivo barato a corto plazo, alcanzaba el pico de los 1,2 billones de dólares en el verano de 2007, mientras que en años anteriores había oscilado entre los 600 y los 700.000 millones (Financial Times, 16-12-2007).

Obviamente, la crisis financiera produjo el progresivo desmantelamiento parcial de esa operativa bancaria offshore, reflejado en la contabilidad de los bancos matrices con pérdidas millonarias y reduciendo al mismo tiempo su volumen. Pero sin llegar a la desaparición de sus instrumentos bancarios opacos, porque ni las nacionalizaciones sui géneris ni las ayudas ni avales de los gobiernos de la Unión Europea han exigido a la banca la supresión de filiales y sociedades instrumentales en paraísos fiscales –como solicitó Attac-España al Gobierno en 2005– y que el G-20 tendrá que abordar en serio para superar la crisis del sistema.

martes, 10 de marzo de 2009

La izquierda en la crisis: ¿Despistada o a la deriva?


Gregorio López Sanz - ATTAC Albacete
Fuente: El Viejo Topo

El mundo está inmerso en una gravísima crisis sistémica, cuyas manifestaciones tienen el denominador común de crecientes desigualdades e injusticias sociales, y en cuyas raíces subyace una violencia estructural basada en la preeminencia absoluta de los beneficios monetarios privados a costa de valores como la soberanía alimentaria, la conservación de la Naturaleza, el acceso igualitario a recursos minerales y energéticos y el respeto a otras formas no hegemónicas de organización social diferentes a las del capitalismo neoliberal.

Con el término “izquierda” me referiré a los movimientos sociales y políticos entre cuyos objetivos prioritarios figura la reducción de las desigualdades sociales, el desmantelamiento de las concentraciones de poder en manos privadas y la consecución de la paz sobre la base de la justicia social (no a través del militarismo ni el belicismo). ¿Qué medios deberían utilizar dichos movimientos para perseguir los objetivos anteriores? Preferentemente la participación y actuación decisiva de la sociedad civil y del Estado a través de políticas públicas, tanto en el ámbito de los tradicionales estados-naciones como en el marco de organismos de carácter internacional.

La primera sorpresa que podemos llevarnos es constatar que, de acuerdo con los objetivos reales que persiguen, y lo que es más importante, los medios que utilizan para ello, determinados movimientos que convencionalmente se han considerado de izquierda, no quepa calificarlos como tales. Pero no es éste el tema que ahora nos ocupa. Además, cuando hablamos de izquierda tenemos que hacer una distinción adicional según se trate de planteamientos de los partidos políticos en el poder, en la oposición y los colectivos sociales, hasta el punto de que muchas veces, los programas y la acción de cada uno de ellos pueden diferir sustancialmente. Así, cabe constatar un serio problema de unidad de acción en el seno de “las izquierdas”, que son incapaces de ponerse de acuerdo en lo “básico”, lo cual no tendría que ser incompatible con la pluralidad del pensamiento que es otra de sus señas de identidad.

Lo que más llama la atención sobre cómo el Gobierno de España está gestionando la actual crisis es la incoherencia de las medidas adoptadas respecto de sus principios ideológicos socialistas , así como el no haber puesto en marcha un diálogo social ampliado más allá del tradicional entre Gobierno, patronal, sindicatos y banca, a pesar de tratarse de una crisis peculiar tanto por su globalidad como por la novedad de sus causas y consecuencias. A continuación se abordan algunas de las políticas aplicadas antes y después de la crisis, para valorar si al definir las mismas se han tenido en cuenta las distintas sensibilidades de los movimientos de izquierdas o si por el contrario, las inquietudes y las acciones siguen dispersas, despistadas o a la deriva, cada una en “su mundo”.

1) El acceso a la vivienda: germen de la crisis financiera y cadena perpetua a la sumisión. Los partidos políticos de izquierda en los gobiernos central, autonómicos y locales no han hecho nada para reducir la presión creciente a que se ha sometido la burbuja inmobiliaria desde hace más de una década. Y ello a pesar de que ha habido tiempo más que suficiente para frenar una dinámica constructora desbocada por la especulación financiera y aderezada de corrupción política en demasiados casos. Ello ha supuesto una concentración de poder en las entidades bancarias, materializado en el derecho a percibir un mayor porcentaje de las rentas de las familias por un período de tiempo más largo, lo que supone una fuente segura de beneficios empresariales. Antes de la explosión de la burbuja, la misma ha reportado beneficios ingentes a empresas promotoras y constructoras, que han utilizado para tomar posiciones en sectores estratégicos como el energético, y que ahora rápidamente se declaran en quiebra y proceden a despidos masivos de trabajadores/as de muy difícil recolocación a corto plazo.

Por su parte, la otra izquierda, la de los movimientos sociales de base, altermundistas y radicales en su empeño por evitar la marcha atrás en los derechos sociales, viene clamando en el desierto por una vivienda digna, pero no al precio de uncirse de por vida el yugo financiero de la hipoteca, que favorece la reducción a la mínima expresión de las inquietudes sociales de las personas, afectas ahora al régimen financiero-especulador en la tarea de alimentarlo acrítica y puntualmente, desviando hacia el mismo la mayor parte de la renta familiar. Al igual que la sanidad, la educación y las pensiones, cada vez más colectivos plantean que la vivienda debería ser provista preferentemente por el Estado en régimen de propiedad pública y bajo fórmulas de alquiler, cortando así de raíz espirales especulativas que hasta ahora se han reproducido con la connivencia de los poderes públicos, el capital especulador y las clases medias-altas, y cuyos costes han sido repercutidos hacia las clases más desfavorecidas en forma de mayores precios de la vivienda y más esfuerzo para acceder a la misma.

2) La estrategia energética: flirteo con el gran capital versus nacionalización. El suministro de energía, por sus implicaciones sobre la calidad de vida, es un asunto que debiera ser prioritario para la política pública. Y así ha sido, efectivamente, pero no para mejorar su control social y democrático, sino para favorecer concentraciones empresariales atendiendo a criterios de amiguismos políticos. Baste recordar cómo acabó la guerra por el control de ENDESA y la que se avecina a vueltas con quién controlará REPSOL. Un Gobierno verdaderamente de izquierdas hubiera sido sensible a una mayor intervención del Estado en el ámbito económico-energético, defendiendo una causa que hoy sólo apoyan movimientos sociales como los ecologistas y altermundistas.

Precisamente en tiempos de crisis resulta más fácil desplegar medidas de política económica tendentes a la nacionalización de grandes empresas energéticas, ya que su precio de mercado es más bajo, se cuenta con una opinión pública favorable a la intervención pública (incluidos los sectores más rancios del neoliberalismo económico que han llegado a pedir “un paréntesis” en la economía de mercado) y, además, se trata de sectores con capacidad para generar beneficios monetarios, por lo que en el caso que fueran de titularidad pública, permitirían aumentar los ingresos del Estado con el fin de mejorar los servicios públicos.

Mientras tanto, industrias amables con el medio ambiente y básicas para la reconversión energética que pide a gritos la conservación de la Naturaleza, generadoras de empleo en un entorno de paro masivo como el que nos rodea, corren peligro de quedarse raquíticas o de venirse abajo cuando apenas han echado a volar. Valgan como ejemplo las diferentes industrias ligadas a la energía solar fotovoltaica, porque los responsables del Ministerio de Industria y Energía, con la nueva regulación del sector fotovoltaico, han rebajado significativamente el apoyo público a la generación de este tipo de energía. Los muchos “rescates prioritarios” que se avecinan y los maltrechos ingresos fiscales estarían detrás de la negativa a seguir incentivándolas como hasta ahora. Pero por otro lado, paradójicamente, el Gobierno de España y muchos autonómicos, tanto de izquierdas como de derechas (aquí se iguala el pragmatismo de ambas opciones políticas en las tareas ejecutivas), no paran de renunciar a ingresos impositivos vía reducción y/o eliminación de impuestos directos que favorece principalmente a las rentas altas (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones).

3) ¿Qué plan de rescate público necesitan entidades financieras que están a la cabeza en el ranking mundial de beneficios? Una parte de la izquierda española, la que detenta el Gobierno Central, ha establecido un plan de rescate para las entidades financieras. Para ello se articula la compra de ida y vuelta de activos financieros en manos de las entidades bancarias, con el fin de facilitarles liquidez por un importe de hasta 50.000 millones de euros, y menos mal que hablamos de uno de los sistemas financieros más solvente del mundo. La medida se toma después de mantener una reunión con los representantes de los grandes bancos de este país, es decir, entre los que deciden el gasto (el Gobierno) y los que se benefician del mismo (los bancos), “olvidando” invitar a este proceso de toma de decisión tan “extraordinario” a quienes financiarán dicho gasto a través del pago de impuestos, es decir, a los contribuyentes organizados en la sociedad civil.

Aunque se afirma que se adquirirá a entidades financieras activos de máxima calidad, para garantizar que, a través de ellas, la financiación llegue a empresas y ciudadanos, por el momento nada se sabe sobre cómo se piensan deslindar los activos “sanos” de los “contaminados” y qué plazo de tiempo se da para contrastar que la financiación llegue a familias y empresas y no se desvíe a “tapar” otros agujeros más o menos ocultos de las entidades financieras, o incluso a engordar sus beneficios. Las entidades financieras españolas obtuvieron unos beneficios de 20.000 millones de euros en 2007 y la mayor de todas ellas espera unas ganancias de 10.000 millones de euros en 2008, por lo que resulta paradójico que precisen de un plan de rescate como el que se ha puesto en marcha. ¿No se habrá confundido el Gobierno respecto a quién lo está pasando mal en esta “crisis”?. Al igual que el plan aprobado en EE.UU., más que de rescate habría que calificarlo de “botín de piratería”, fruto del abordaje y del saqueo consentido de las arcas públicas por parte del gran capital.

Y es que, todo pirata necesita un refugio. Para eso están los paraísos fiscales, que ni se denuncian ni se propone suprimirlos, a pesar de ser la piedra angular sobre la que descansa la estructura financiera internacional, además de refugio financiero de actividades delictivas de lo más variadas (evasión de impuestos, narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de personas, terrorismo). En la Declaración de la Cumbre de Washington, suscrita por el Gobierno de España, se los denomina eufemísticamente como “jurisdicciones no cooperadoras y poco transparentes”, como si la cooperación y la transparencia hubieran sido la enseña del marco financiero que acaba de derrumbarse.

4) La política monetaria y la política fiscal: la inflación y la estabilidad presupuestaria como excusa; la asfixia financiera de familias y PYMES y el aumento de las desigualdades como resultado. Desde hace un año y medio, los principales Bancos Centrales del mundo están inyectando liquidez a las entidades financieras para paliar la “crisis de confianza” que existe entre éstas. Sin embargo, dicha liquidez facilitada en condiciones preferentes no implica más concesión de créditos o mejora cualitativa de las condiciones de los mismos.

Tras el empacho de desregulación pública y de hipotecas privadas de los últimos años, seguir guardando en una urna instrumentos potentes de política económica resulta antisocial. En cuanto a la política monetaria marcada por los intereses del capital especulativo, por la brutal erosión de las rentas de tantas familias con hipotecas ante una evolución del Euribor al alza durante tres años continuados entre agosto de 2005 y agosto de 2008, generando así una redistribución de renta desde las familias a los bancos, bendecida legalmente por la regulación que la Unión Europea confía al Banco Central. En Europa, la política monetaria expansiva vía reducción de tipos de interés sólo se ha comenzado a instrumentar recientemente, con más de un año de retraso, favoreciendo así una crisis de la economía real más profunda. Los criterios “técnicos” del Banco Central Europeo para atajar presuntas tensiones inflacionistas de origen especulativo (precios del petróleo y de los alimentos) han prevalecido sobre los criterios políticos que aconsejaban mejorar la renta familiar y la inversión.

En lo referente a la política fiscal, el Gobierno de España habla de regresar a un keynesianismo muy particular. Por un lado, se propone la reducción de impuestos pero sin señalar cuáles. Por otro lado, aunque no se dice, será preciso un mayor gasto público para atender las prestaciones de desempleo de los/as trabajadores/as que están perdiendo y perderán su puesto de trabajo.
Además, como la actividad económica retrocede por que ya se ha entrado en recesión (crecimiento económico negativo), los ingresos fiscales se reducirán aunque se mantuvieran los tipos impositivos. Y por último, se anuncia un paquete de medidas para estimular la inversión pública. ¿Cómo se piensa alcanzar la sostenibilidad fiscal (el equilibrio presupuestario) que se establece como meta en la Declaración de la Cumbre de Washington? ¿Por qué no se habla abiertamente de incurrir en déficit público para financiar gastos sociales y servicios e inversiones públicas en infraestructuras destinadas a los colectivos más desfavorecidos?.

5) El Gobierno de España pide silla sólo para él en la Cumbre de Washington, entrando en la lógica de que unos pocos decidan por todos. Y es que, cuando se trata de evaluar el desmoronamiento del sistema neoliberal, así como de sentar las bases de otro que lo supere, sería conveniente que en dicho proceso hubieran participado todos los pueblos de la Tierra en el marco de una conferencia auspiciada por Naciones Unidas. Sin embargo, la Cumbre de Washington ha sido convocada por Estados Unidos, la potencia militar y económica que ha conducido al actual “desorden mundial”, y más allá de los países con mayor PIB y/o renta per cápita del club de los más enriquecidos, sólo se ha ampliado el círculo para contar con las llamadas potencias económicas emergentes. ¿Quiénes han defendido y planteado en la Cumbre los intereses y los problemas de esa tercera parte de la población mundial ausente y, en particular, la de los pueblos empobrecidos y saqueados de África y el Magreb, Oriente próximo y Oriente medio, Asia Central o América Latina?.

Ahora más que nunca, la izquierda debería abogar por la puesta en marcha de un proceso incluyente, que incorpore la participación activa de todos los gobiernos del mundo, los representantes de la sociedad civil y los movimientos sociales en los foros de debate y decisión que deben abrirse en los próximos meses, con el fin de articular las demandas sociales, señalando a la ciudadanía y a los decisores públicos los caminos que entendemos ya están agotados así como las sendas que están por transitar en la búsqueda de alternativas.

6) Ante la crisis, el Gobierno de España y los sindicatos de clase mayoritarios no cuestionan el paradigma económico neoliberal productivista y consumista. Día tras día, conforme van viendo la luz diferentes medidas frente a la crisis, el Gobierno de España sigue planteando el objetivo de restaurar el crecimiento económico en los términos en que lo ha entendido el sistema capitalista durante el último siglo, sin considerar como un grave problema el agotamiento de los recursos naturales y el aumento de los niveles de contaminación que están poniendo en peligro la continuidad de la vida sobre el planeta. Ante este inmovilismo sería necesario desarrollar y aplicar conceptos emergentes como el “decrecimiento” y “la satisfacción austera de las necesidades básicas”, conectando la conservación del medio ambiente con la reducción efectiva de la pobreza. Sin embargo, se continúan poniendo como guía los principios del mercado libre en la forma de eliminación de obstáculos al comercio y la inversión, favoreciendo así unas mayores desigualdades entre los diferentes pueblos de la Tierra.

El 15 de noviembre pasado se convocó una manifestación un tanto anónima a través de Internet contra la gestión de la crisis que estaban haciendo la mayor parte de los países enriquecidos. Muchos colectivos altermundistas y anticapitalistas salieron a la calle. Los partidos políticos y sindicatos de izquierdas con mayor número de militantes ni apoyaron la manifestación ni hasta el momento han convocado otra con objetivo similar. Han dejado absolutamente de lado la movilización y concienciación social como base de la acción política, incluso en momentos de crisis sistémica como en el que nos encontramos. Las élites dirigen, y como mucho, de cara a la galería, se monta un comité de expertos con algún premio Nobel de prestigio.

7) Ante este panorama, ¿dónde debería dedicar sus esfuerzos la militancia de izquierdas para ser más eficaz en la transformación profunda que exige la actual crisis sistémica?. Si algo positivo puede tener el actual momento histórico es el hecho de ayudarnos a despertar de este sueño feliz en el que nos encontramos inmersos en los países enriquecidos, constatando que el mismo es el reverso de una permanente pesadilla para la mayor parte de la humanidad. El nuevo orden que estamos obligados a buscar no puede pasar de puntillas por asuntos esenciales de las relaciones humanas como el papel de lo público y la organización de las fuerzas sociales.

Muchas personas que nos sentimos de izquierda reflexionamos sobre cuál es la plataforma comunitaria o colectivo más adecuado para dedicar nuestro esfuerzo en pos de llevar a cabo iniciativas que hagan de nuestro entorno local y global un lugar más agradable para la vida. Y aunque sabemos que la tarea es ardua y que las cosas no cambian de la noche a la mañana, tampoco estamos dispuestos a perder energías en experiencias de participación ciudadana que en nada transforman nuestro mundo, es más, que incluso ayudan a mantener y consolidar el statu quo.

Cada vez más se extiende el sentir de que organizaciones sociales históricas como partidos políticos y sindicatos mayoritarios, que en los últimos dos siglos han sido claves para la consecución de derechos sociales, económicos y políticos para todos/as, en los últimos tiempos se están convirtiendo en instrumentos al servicio del verdadero poder fáctico: el gran capital transnacional que devora el mundo.

Así, ante esta constatación, caben al menos dos posturas:

Seguir militando activamente en los partidos políticos y sindicatos pero incentivando, desde dentro y desde la base, cambios en su funcionamiento, que los hagan más democráticos internamente, preocupados de verdad por los grandes problemas de la humanidad (la pobreza, el deterioro ambiental, las guerras). Es decir, seguir en los partidos pero para impulsar alternativas radicales que puedan llegar a convertirse en mayoritarias en el seno de los mismos. Nuevos horizontes que favorezcan la participación desde la libertad, que sacudan las conciencias, y no premien la obediencia ciega ni el mirar hacia otro lado. La provocación leal y sincera no debiera molestar a nadie, y menos a dirigentes políticos de izquierdas. Los partidos no deberían trabajar para domesticar a sus militantes, simpatizantes y resto de la sociedad, sino para darles alas y todo el protagonismo que merecen, y que desgraciadamente ahora no tienen.

Salir de los partidos políticos y sindicatos (o seguir en ellos vegetando) porque entendamos que lo expuesto en el punto anterior es una quimera absoluta (ni siquiera una utopía), de ahí que lleguemos al convencimiento de que el otro mundo posible que queremos hay que construirlo desde otras plataformas de participación ciudadana distintas. Porque existe un férreo control interno en los partidos, que ahoga cualquier intento de cambio desde dentro, primando la autocomplacencia y los intereses personales. Porque cada vez más, estas organizaciones políticas y sindicales son rehenes de los poderes económicos transnacionales y de los medios de comunicación, que exigen favores en forma de políticas públicas que les beneficien por acción u omisión.

La duración y profundidad de la crisis va a ser clave para que el nuevo escenario que salga de ella consista en un simple lavado de cara del capitalismo neoliberal o bien devenga en nuevas formas de organización social, económica y política. La unidad de acción de las izquierdas será más factible cuanto peor se pongan las cosas… desgraciadamente. Pero sólo a través de esa unidad podrá articularse una respuesta con garantía de futuro… afortunadamente.

lunes, 9 de marzo de 2009

El País censura un artículo de Le Mon Diplomatique




LO QUE EN PRISA ENTIENDEN POR OBJETIVIDAD,TRANSPARENCIA PROFESIONALIDAD, LIBERTAD DE PRENSA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN




El departamento de publicidad del diario El País transmitió el jueves 5 de marzo a la administración de Le Monde diplomatique en español la decisión siguiente:
"El anuncio contratado por Le Monde diplomatique para insertar en Babelia el próximo día 7 de marzo, no se va a publicar. El motivo, es que no ha dado su autorización la redacción de EL PAIS".
Desde hace tiempo (más de cuatro años), cada mes, nuestra publicación contrata, en páginas de El País, un anuncio en el que se destacan los principales artículos publicados en Le Monde diplomatique en español del mes en curso. Hasta ahora estos anuncios nunca habían sido vetados. La redacción de El País no ha considerado necesario dar una explicación a este flagrante acto de censura.

Sin embargo la causa del veto parece evidente. En el anuncio (publicado este domingo de marzo de 2009 en el diario Público) se hace alusión al artículo titulado "El grupo PRISA se tambalea" cuyo autor, Pascual Serrano, revela la verdadera y gravísima situación económica del grupo PRISA. Una situación que, hasta ahora, el diario El País ha ocultado a sus lectores.

El artículo, se publica en la portada del número de marzo de Le Monde diplomatique en español (actualmente en venta en los quioscos). En él Pascual Serrano disecciona al detalle la situación del grupo mediático español. Entre sus conclusiones señala que “uno de los errores de PRISA podría haber sido buscar a toda costa un fuerte crecimiento que le garantizase ser un agente de poder político en España y América Latina, algo que sin duda logró, pero a costa de perder solidez empresarial”. Según el analista, con su actual línea editorial en América Latina de agresividad permanente contra los gobiernos progresistas, que ha superado a los medios tradicionales de derechas, “el futuro del grupo se encuentra más en peligro que nunca”.

La dirección y la redacción de Le Monde diplomatique en español encuentran sorprendente que un diario como El País, que pretende ser una referencia en materia de ética periodística, le oculte a sus lectores el verdadero estado de su situación económica y que ese afán le conduzca a cometer un claro acto de censura.

Cumbre del G-20. Decepcionantes propuestas del Gobierno Español




Juan Torres López
Sistema Digital


La próxima reunión del G-20 sobre la crisis financiera se está haciendo esperar con razón. Desde la anterior de Washington prácticamente no se han tomado medidas que pongan freno definitivo a los problemas financieros, salvo las que ya se habían adoptado para rescatar bancos y, en otro orden, para tratar de paliar sus efectos en la economía real.

Es una reunión que debería ser trascendente y en la que sería muy necesario que se plantearan y adoptaran medidas no solo coyunturales sino de medio y largo alcance. Aunque los que allí se van a reunir representan mucho poder pero no a todos los intereses afectados del planeta, lo cierto es que constituye un escenario apropiado para que los gobiernos pudieran mostrar no solo preocupaciones inmediatas sino propuestas de vías definitivas de solución a problemas y modos de funcionamiento que de no atajarse pueden convertirse en amenazas crónicas para la estabilidad económica y mundial en todo el planeta.

Hubiera sido muy importante, pues, que el gobierno español que tanto ha luchado por estar presente se hiciera notar allí con ideas renovadoras y eficaces pero las diez propuestas que llevará son francamente decepcionantes.

La primera de ellas se refiere a la necesidad de que los estados dispongan de información más transparente sobre las operaciones de alto riesgo, sobre las cuestiones más relevantes de la actividad bancaria y, en general, sobre las transacciones extrabursátiles o interbancarias que hasta ahora se llevan a cabo.

Es una medida necesaria pero a estas alturas totalmente insuficiente. No es la falta de información lo que ha constituido y constituye un peligro para la economía mundial sino la realización de ese tipo de actividades que se pueden hacer gracias al régimen de plena libertad del que disfrutan los propietarios de capital. Y lo que hoy día se necesita no es solo que los gobiernos puedan saber que se llevan a cabo operaciones de altísimo riesgo, sino desincentivarlas y limitarlas poniendo límite a esa libertad de movimientos que no tiene otra justificación que no sea la de facilitar la obtención rendimientos financieros elevadísimos pero con el altísimo coste general que estamos sufriendo.

La segunda propuesta es la de que se establezcan provisiones anticíclicas como las españolas para que las entidades financieras no dejen de lado su función en momentos críticos como los actuales.

Por un lado, cabe señalar que nuestro régimen de provisiones no ha sido capaz de evitar serios problemas en algunas entidades y que quizá no lo evite en un futuro próximo, de modo que quizá en unos meses nuestro sistema de supervisión no resulte ser tampoco el más ejemplar. Lo que ha empantanado a la banca mundial no es que no hubiera realizado provisiones suficientes sino que ha llevado demasiado lejos la titulización, el apalancamiento y la asunción de riesgos, llevada como ha estado por una irrefrenable búsqueda de beneficios en los mercados especulativos.

La propuesta de nuestro gobierno consiste en pedir que los bomberos (entre los cuales, por cierto, hay algún que otro pirómano) acumulen más agua en sus depósitos cuando lo que ocurre es que una banda de desalmados incendia irresponsablemente la ciudad. Es verdad que habrá que hacerlo, pero si al mismo tiempo no se ponen límites a esto último incluso el incremento de provisiones llegará ser insuficiente, como ahora mismo estamos viendo que sucede en casi todo el mundo.

La tercera propuesta se refiere a la fijación de mejores estándares contables que eviten la sobrevaloración de activos. Una propuesta por supuesto imprescindible pero difícilmente calificable si se tiene en cuenta que el gobierno que ahora la propone fue el que permitió hace pocos meses (siguiendo la norma de la Unión Europea) que las entidades financieras contabilicen sus activos al precio de adquisición y no de mercado para ocultar las pérdidas patrimoniales y la insolvencia que, en consecuencia, se pueda estar produciendo.

La cuarta propuesta habla de "conferir poderes a los clientes minoristas" pero a través de propuestas que para nada tienen en cuenta los medios más eficaces con los que este objetivo puede alcanzarse de veras: empoderando a la sociedad civil y a sus instituciones de participación y denuncia y fortaleciendo los mecanismos de control y la disciplina a la que debe estar sometida la banca, más que confiando en medias que nazcan de esta última o en su propio sentido de la responsabilidad, cuyo verdadero alcance ya se ha podido comprobar.

La propuesta de controlar las retribuciones es un brindis al sol que puede agradecer la grada pero poco operativo. Las entidades privadas que se juegan su capital propio tienen todo el derecho a establecer la retribución que mejor consideren. Otra cosa es lo que ocurra con las que disponen de capitales públicos y ahí sí que ha podido intervenir ya el gobierno y no lo ha hecho. Podría haberlo hecho recientemente cuando ha establecido condiciones para apoyar a las que están en peor situación y podría hacerlo con las cajas de ahorro controladas por personas afines al poder político y en cuyos consejos de administración se sientan docenas de altos dirigentes de los partidos disfrutando de ingresos y dávidas que provocarían un escándalo social mayúsculo si se hicieran públicas.

Una siguiente propuesta del gobierno se orienta a que las entidades financieras asuman los costes sociales derivados de su fracaso. Algo que es también prácticamente imposible de asumir en las condiciones en que se lleva a cabo hoy día la actividad bancaria, al menos a corto plazo. Una cosa sería el fracaso inherente a cualquier actividad económica y otra el que se está produciendo actualmente, como resultado de un régimen global de actuación que en sí mismo no puede llevar sino a ese fracaso porque es materialmente insostenible. ¿No sería más lógico también en este caso hacer frente al tipo de actividad que se permite y que está condenado a provocar la inestabilidad permanente, en lugar de limitarse a establecer una proposición sobre sus resultados que sería prácticamente imposible de llevar cabo si no es a lo largo de muchos años?

En cualquier caso, no parece que el gobierno haya sido muy coherente consigo mismo pues podría haber establecido algún tipo de cautelas en el sentido al que apunta esta propuesta cuando ha apoyado a los bancos y cajas españolas en los últimos meses.

Finalmente, otras propuestas hacen referencia al funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y al de los bancos multilaterlaes, instituciones sobre las que el gobierno español propone que asumen un mayor protagonismo con medios más potentes y flexibles.

En resumen, se trata de propuestas verdaderamente inocuas ante la gravedad de la situación financiera en la que estamos y, sobre todo, que dejan de lado aspectos fundamentales que incluso algunos gobiernos más conservadores están dispuestos a asumir ante el fracaso del fundamentalismo de mercado imperante en los últimos años.

El gobierno español no propone nada sobre las cuestiones que hoy día son las que verdaderamente han provocado la debacle financiera: la inestabilidad y el riesgo sistémico que provoca la libertad de movimientos del capital, el privilegio de las actividades especulativas, la existencia de paraísos fiscales y de secreto bancario que permite operar con la falta de transparencia que se denuncia, la casi nula contribución fiscal de los beneficios financieros, la desnaturalización de la actividad bancaria, al dedicarse los bancos a alimentar los flujos especulativos en lugar de a financiar la actividad productiva, la carencia de impuestos internacionales cuando toda la actividad financiera y mucha de la económica ya es global, la falta de supervisores financieros globales (e incluso a nivel europeo) y, por supuesto de un auténtico y cada vez mas necesario gobierno global.

Tampoco hay un ápice de autocrítica sobre la actuación de los propios gobiernos ni sobre la de la Unión Europea que en todos estos años han alimentado políticas que han dado alas a la especulación financiera, que han debilitado la actividad productiva y que han renunciado expresamente a la una supervisión rigurosa y estricta. Y para colmo vuelve a recurrir a los mismos tópicos de siempre, a pesar de que hoy día la realidad más evidente ha vuelto a ponerlos en cuestión de forma más clara que nunca, como cuando afirma que lo que se necesita es "un compromiso político renovado con el libre mercado".

En fin, una oportunidad perdida para que nuestro gobierno hubiera mostrado que en el trascendental campo de las finanzas internacionales y de la respuesta a la crisis es menos fundamentalista y está más a la izquierda que incluso gobiernos conservadores que han ido mucho más lejos que el nuestro en sus propuestas transformadoras.

(El texto completo de la propuesta española puede verse aquí:

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada (Universidad de Sevilla).
Su página web: http://www.juantorreslopez.com