Hace meses que los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de base de Barcelona mantenemos un proceso de movilización de carácter asambleario. La ola privatizadora llega ahora a los servicios sociales. La Ley 39/2006 de Promo- ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y la nueva Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 12/2007 de Servicios Sociales, que deberían ser una gran oportunidad para dignificar y universalizar los servicios sociales en Catalunya, están teniendo grandes dificultades para su adecuada implementación. Los presupuestos, claramente insuficientes, que se adjudican a su desarrollo y la deriva privatizadora al "mejor postor" de parte de los servicios de atención a la ciudadanía son claras barreras para que se pueda atender con una mínima calidad a las personas que demandan diversas prestaciones a los servicios sociales.
Os adjuntamos una carta de la Asamblea de Trabajadores y trabajadoras de servicios sociales de Barcelona a la ciudadanía:
Los/as trabajadores/as de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona manifiestan su malestar con la gestión municipal y alertan de la falta de recursos económicos que sufre el sistema social de la ciudad.
Los/as Trabajadores/as de los Servicios Sociales del Ayuntamiento se concentran el 25 de mayo para denunciar la saturación que se vive en los centros y la falta de recursos sociales para hacer frente a las demandas de la ciudadanía.
Las administraciones han asignado a los Servicios Sociales presupuestos insuficientes año tras año. El actual aumento presupuestario no es en absoluto suficiente, máxime ahora, cuando la actual crisis económica ha puesto de manifiesto los evidentes déficits del sistema público para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. Los profesionales constatamos y sufrimos a diario el creciente desajuste entre las demandas de la población y la capacidad de las exiguas plantillas. En algunos centros las trabajadoras sociales atienden el triple de casos de los que se considera idóneo para una buena pràctica social. A esto hay que sumar el desfase organizativo y funcional, debido a un planteamiento que se rige según políticas de mínima inversión y que no dota a los centros de recursos humanos y económicos suficientes para atender dignamente a las personas. Esta gestión imposibilita el cumplimiento efectivo de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 12/2007 de Servicios Sociales que otorga a todos los ciudadanos el derecho a beneficiarse de los recursos sociales.
Hoy los centros están colapsados y las listas de espera crecen. A menudo el tiempo de espera para una primera entrevista es de dos meses. Normalmente hay que sumar tres meses más para acceder a un servicio de atención a domicilio, o 5 meses para un comedor social. Se producen graves situaciones de exclusión y desatención social que rozan la irresponsabilidad institucional en casos de personas sin domicilio fijo o inmigrantes irregulares, así como en los que se tramita la Ley de Dependencia, para la que las diferentes administraciones no han dispuesto los medios económicos ni humanos suficientes. A menudo, el servicio público llega demasiado tarde o no llega, lo que provoca el deterioro de situaciones que se podrían haber evitado, así como un profundo desaliento en los profesionales que atienden a las personas desde sus puestos de trabajo.
Los responsables políticos y los gestores del Ayuntamiento no han tomado las medidas apropiadas para solucionar esta situación. Por el contrario, han diseñado un Nuevo Modelo de Servicios Sociales a espaldas de los técnicos de los centros, que son quienes mejor conocen las problemáticas de las personas y de los distintos distritos a través de la atención directa. Tal y como el Ayuntamiento plantea el desarrollo práctico de este Nuevo Modelo, aumenta la jerarquización y burocratización del sistema con la consiguiente reducción del tiempo de atención directa a las personas, a la vez que empeora las condiciones laborales actuales de los/las trabajadores/as y profundiza en la gestión privada de un servicio que es público. Los tres centros piloto que funcionan según el Nuevo Modelo desde este enero constatan ya un grave colapso.
En esta línea, la Administración trabaja en la creación de un Instituto Municipal de Servicios Sociales que supondrá la eliminación del control público a la hora de subcontratar empresas privadas y permitirá aumentar el número de cargos directivos con sueldos elevados poco transparentes. Aparte de la falta de transparencia hacia el ciudadano, esto conlleva también el deterioro de la calidad del servicio, a consecuencia de la precarización de los puestos de trabajo y la rotación excesiva de los/as trabajadores/as. Tampoco el Ayuntamiento vela por las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en estas empresas ni para que se planifique su formación con criterios de calidad. Está claro: el Ayuntamiento está subestimando la importancia de la atención directa al usuario al seguir prioritariamente criterios de rentabilidad económica.
Los/as trabajadores/as de los Servicios Sociales deseamos poder ofrecer un servicio de calidad y pensamos que es posible planificarlo y gestionarlo mejor, queremos denunciar la mentalidad empresarial que se esconde tras este modo de gestionar lo público, que prioriza el bajo coste frente a la calidad del servicio. Consideramos urgente solucionar algunos problemas enquistados, así como exponer las contradicciones del Nuevo Modelo que plantea la administración municipal y para ello proponemos las siguientes medidas:
- El aumento racional de las plantillas municipales de acuerdo a la demanda de cada zona y la sustitución inmediata de las ausencias de todos los profesionales, que actualmente pueden tardar en cubrirse hasta 60 días.
- El fomento real del trabajo social preventivo, que en la actualidad resulta ineficaz debido a la excesiva burocracia del sistema y a la precaria coordinación con los otros servicios de educación, salud, vivienda, ocupación, justicia, etc., que operan en la zona.
- Es necesario coordinarse con la red comunitaria y estar en constante diálogo con el tejido asociativo de la ciudad.
- Los Servicios Sociales no deben ser gestionados como un negocio por la Administración. Nos oponemos a la creación del Instituto Municipal de Servicios Sociales y a su política de externalización de servicios, que convierte las necesidades sociales en un negocio para unos pocos.
- Velar por las condiciones laborales y profesionales de todos los/as trabajadores/as fijos, interinos y contratados externos. Por la contratación directa de trabajadoras y trabajadoras de empresas externas
- El mantenimiento de todas las figuras profesionales en los centros como condición necesaria para la actuación social interdisciplinar e integral (caso de los psicólogos y asesores jurídicos).
Por todo ello exigimos que el Ayuntamiento y las demás administraciones asuman su responsabilidad y advertimos que si no se dedican más recursos económicos y no se revisa el Nuevo Modelo de Servicios Sociales, pronto la población de Barcelona no contará con unos servicios sociales dignos, que son un derecho de todas las personas reconocido en la Ley 12/2007.
Los/as Trabajadores/as de los Servicios Sociales del Ayuntamiento se concentran el 25 de mayo para denunciar la saturación que se vive en los centros y la falta de recursos sociales para hacer frente a las demandas de la ciudadanía.
Las administraciones han asignado a los Servicios Sociales presupuestos insuficientes año tras año. El actual aumento presupuestario no es en absoluto suficiente, máxime ahora, cuando la actual crisis económica ha puesto de manifiesto los evidentes déficits del sistema público para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. Los profesionales constatamos y sufrimos a diario el creciente desajuste entre las demandas de la población y la capacidad de las exiguas plantillas. En algunos centros las trabajadoras sociales atienden el triple de casos de los que se considera idóneo para una buena pràctica social. A esto hay que sumar el desfase organizativo y funcional, debido a un planteamiento que se rige según políticas de mínima inversión y que no dota a los centros de recursos humanos y económicos suficientes para atender dignamente a las personas. Esta gestión imposibilita el cumplimiento efectivo de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 12/2007 de Servicios Sociales que otorga a todos los ciudadanos el derecho a beneficiarse de los recursos sociales.
Hoy los centros están colapsados y las listas de espera crecen. A menudo el tiempo de espera para una primera entrevista es de dos meses. Normalmente hay que sumar tres meses más para acceder a un servicio de atención a domicilio, o 5 meses para un comedor social. Se producen graves situaciones de exclusión y desatención social que rozan la irresponsabilidad institucional en casos de personas sin domicilio fijo o inmigrantes irregulares, así como en los que se tramita la Ley de Dependencia, para la que las diferentes administraciones no han dispuesto los medios económicos ni humanos suficientes. A menudo, el servicio público llega demasiado tarde o no llega, lo que provoca el deterioro de situaciones que se podrían haber evitado, así como un profundo desaliento en los profesionales que atienden a las personas desde sus puestos de trabajo.
Los responsables políticos y los gestores del Ayuntamiento no han tomado las medidas apropiadas para solucionar esta situación. Por el contrario, han diseñado un Nuevo Modelo de Servicios Sociales a espaldas de los técnicos de los centros, que son quienes mejor conocen las problemáticas de las personas y de los distintos distritos a través de la atención directa. Tal y como el Ayuntamiento plantea el desarrollo práctico de este Nuevo Modelo, aumenta la jerarquización y burocratización del sistema con la consiguiente reducción del tiempo de atención directa a las personas, a la vez que empeora las condiciones laborales actuales de los/las trabajadores/as y profundiza en la gestión privada de un servicio que es público. Los tres centros piloto que funcionan según el Nuevo Modelo desde este enero constatan ya un grave colapso.
En esta línea, la Administración trabaja en la creación de un Instituto Municipal de Servicios Sociales que supondrá la eliminación del control público a la hora de subcontratar empresas privadas y permitirá aumentar el número de cargos directivos con sueldos elevados poco transparentes. Aparte de la falta de transparencia hacia el ciudadano, esto conlleva también el deterioro de la calidad del servicio, a consecuencia de la precarización de los puestos de trabajo y la rotación excesiva de los/as trabajadores/as. Tampoco el Ayuntamiento vela por las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en estas empresas ni para que se planifique su formación con criterios de calidad. Está claro: el Ayuntamiento está subestimando la importancia de la atención directa al usuario al seguir prioritariamente criterios de rentabilidad económica.
Los/as trabajadores/as de los Servicios Sociales deseamos poder ofrecer un servicio de calidad y pensamos que es posible planificarlo y gestionarlo mejor, queremos denunciar la mentalidad empresarial que se esconde tras este modo de gestionar lo público, que prioriza el bajo coste frente a la calidad del servicio. Consideramos urgente solucionar algunos problemas enquistados, así como exponer las contradicciones del Nuevo Modelo que plantea la administración municipal y para ello proponemos las siguientes medidas:
- El aumento racional de las plantillas municipales de acuerdo a la demanda de cada zona y la sustitución inmediata de las ausencias de todos los profesionales, que actualmente pueden tardar en cubrirse hasta 60 días.
- El fomento real del trabajo social preventivo, que en la actualidad resulta ineficaz debido a la excesiva burocracia del sistema y a la precaria coordinación con los otros servicios de educación, salud, vivienda, ocupación, justicia, etc., que operan en la zona.
- Es necesario coordinarse con la red comunitaria y estar en constante diálogo con el tejido asociativo de la ciudad.
- Los Servicios Sociales no deben ser gestionados como un negocio por la Administración. Nos oponemos a la creación del Instituto Municipal de Servicios Sociales y a su política de externalización de servicios, que convierte las necesidades sociales en un negocio para unos pocos.
- Velar por las condiciones laborales y profesionales de todos los/as trabajadores/as fijos, interinos y contratados externos. Por la contratación directa de trabajadoras y trabajadoras de empresas externas
- El mantenimiento de todas las figuras profesionales en los centros como condición necesaria para la actuación social interdisciplinar e integral (caso de los psicólogos y asesores jurídicos).
Por todo ello exigimos que el Ayuntamiento y las demás administraciones asuman su responsabilidad y advertimos que si no se dedican más recursos económicos y no se revisa el Nuevo Modelo de Servicios Sociales, pronto la población de Barcelona no contará con unos servicios sociales dignos, que son un derecho de todas las personas reconocido en la Ley 12/2007.
No hay comentarios:
Publicar un comentario